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dijous 26 d’agost de 2004 | Miguel Amorós
Urbanización y defensa del territorio


URBANIZACIÓN Y DEFENSA DEL TERRITORIO


"Digan ustedes lo que quieran, llámenlo tonto, infantil, lo que quieran,
pero ¿no les entran ganas de vomitar a veces de ver lo que estan
haciendo con Inglaterra, con sus estanques de cemento y sus enanitos
de yeso, con sus duendes y sus basuras en los lugares donde antes
estaban los hayedos? ... ¡Subir a por aire! Si no hay aire"
(George Orwell, Subir a por aire)

Toda sociedad, en la medida en que reposa sobre un hábitat, es una
apropiación del territorio. Éste, en el curso de los años, es modificado
lentamente por la actividad humana, y a su vez, debido a sus peculiaridades
geográficas, determina dicha actividad. No hace falta recalcar el papel que
los lugares han tenido en la formación de las sociedades para afirmar que
Historia y Geografía —o Sociedad y Naturaleza— se han condicionado
mútuamente. La Revolución Industrial alteró profundamente esa reciprocidad,
liberando a la sociedad de los condicionantes territoriales, pero a muy
alto precio. Por un lado, la ordenación territorial, gracias al urbanismo, se
convirtió en un medio de acumulación de capital; por el otro, la posesión
del territorio por el capital, es decir, su transformación en mercancía,
acarreó su arrase. Recuérdense por ejemplo el estado deplorable de las
zonas
industriales o mineras de antaño. Bajo el dominio del capital, la
liberación
de la sociedad de las constricciones impuestas por la naturaleza fue
terrorista. Sin embargo, el proceso no se desarrolló simultáneamente en
todas las direcciones. En sus inicios, el espacio del capital era
fundamentalmente territorio urbano. Las gentes que vivían en el campo, no
realizando sino ocasionalmente intercambios con dinero, quedaban en gran
parte fuera de las leyes de la economía. Pero en un periodo relativamente
corto de la Historia esto dejó de ser así, de forma que, en la actualidad,
todo el territorio sufre las consecuencias de la mundialización de la
economía y, por consiguiente, todo el territorio es real o potencialmente
urbano. Europa se convierte en una red de manchas metropolitanas en
expansión, tendiendo a formar una megalópolis continental dispersa. En esas
condiciones, la apropiación social del territorio es inseparable de su
degradación y de su destrucción.

El fin de la agricultura tradicional, la última barrera a la
descomposición territorial, significó la constitución de un mercado global
del territorio. Arrancado a su existencia casi extraeconómica —como el
agua
o el aire—, el territorio será "clasificado" y entregado al mercado. La
motorización de la población y la apertura de accesos posibilitaron que las
ciudades perdieran sus límites y que las segundas o terceras residencias,
reflejo de la prosperidad de determinados sectores, desplazaran a las
actividades rurales. De este modo, irían cayendo todos los obstáculos
físicos, lingüísticos, culturales, psicológicos, morales, etc., que
definían
la identidad territorial, dando como resultado la desaparición del lugar,
la
muerte de su carácter y de su singularidad. En un espacio integrado, el
territorio no urbano es, o bien, reserva "no programada" de lo urbano, o
bien decorado naturalista de lo urbano. Ello ha comportado tal dislocación
en las formas de vida, tal trivialización de lugares y gentes, tales
amenazas a la seguridad o a la salud, que el cuestionamiento de los
responsables ha sido inevitable. La voluntad de resistir al proceso de
banalización generalizada (a la proletarización del hábitat) y a sus
consecuencias nocivas subyace en cada contienda territorial, pero no
obstante, esa voluntad casi nunca llega a expresarse con claridad, ya que
se
halla mediatizada por los intereses creados en las primeras fases del
conflicto, en el tránsito de una economía agrícola a una economía de
servicios. Estos intereses parciales redefinen una "identidad local" que
trata de presentarse como auténtica, tras la que se esconde un grupo social
concreto. En efecto, el cambio económico en el campo ha supuesto a la vez
que la desaparición del campesinado strictu sensu, la aparición de una
clase
media neorrural formada a partir de la compraventa de tierras y de la
economía generada por los habitantes de las urbanizaciones residenciales
(los "domingueros"). No se trata de un campesinado de nuevo cuño, ni tiene
demasiado que ver con el sindicalismo agrario, aunque sí con la política
local. La componen tanto pequeños productores como funcionarios,
estudiantes, comerciantes o trabajadores por cuenta propia. Esta nueva
clase
es consciente de su origen, la terciarización de la economía, por lo que no
cuestiona el proceso que la hizo nacer, pero sí, en cambio, cuestiona sus
excesos. Ni siquiera desea volver atrás, a situaciones menos ruinosas. La
destrucción presente vale, la futura, ya no; sí a los adosados, no a su
proliferación más allá de un límite y así sucesivamente. La dinámica
uniformadora y destructora de los procesos urbanísticos pone en peligro su
prosperidad y la impulsa a la acción, canalizada por un tipo de
organización
determinado llamado "plataforma cívica".

De modo general, las plataformas consideran el territorio como
naturaleza y no como lugar donde vive gente. Por eso para ellas lo
importante es "conservar el paisaje como un elemento clave de la identidad
colectiva" (Declaración de Figueres, Primera Trobada d’Entitats i
Plataformes en Defensa del Territori, octubre 2003) y no recrear las
asambleas comunales y las formas de cooperación no capitalistas, la
verdadera base de la identidad perdida. La identidad parece no ser un hecho
histórico, sino un acontecimiento intemporal y eterno. Sobre los espacios
naturales reposa algo así como una denominación de origen. Así pues, el
territorio puede soportar cualquier actividad económica extraña, a
condición
de ser planificada y diversificada por un consejo asesor, amparándose en
leyes proteccionistas y financiándose con tributos verdes. Los
incumplimientos deberían ser perseguidos por una fiscalía específica y
castigados por un juzgado ambientalista. Según tal programa, no parece que
haya conflicto territorial, sino alteraciones sin demasiada importancia de
la buena marcha de la economía que pueden corregirse con una burocracia
juridicopolítica. Más concretamente, con la presencia de las plataformas en
los centros de decisión. No piden, por lo tanto, éstas, el cese de las
decisiones tomadas desde el exterior por la administración y las empresas,
y
mucho menos la toma asamblearia municipal de decisiones, sino "la
participación ciudadana en la toma de decisiones que afectan al territorio
como elemento clave de un modelo realmente democrático". Esta
democratización "completa", definida en las agendas 21, a la vez que ahoga
la posibilidad de una expresión directa legitima la destrucción del
territorio, evitando el planteamiento de la cuestión social en el seno del
conflicto, y, por lo tanto, evitando la formulación de una estrategia
defensiva. Las plataformas no aspiran a mediar en el conflicto territorial,
sino a sublimarlo. Y ya que no desean enfrentarse a nadie, no van a
fomentar
la autoorganización de los afectados, cosa que equivaldría a promover la
revuelta territorial, sino a institucionalizar un diálogo con los
responsables de la destrucción. Se trataría pues, de negociar los niveles
de
degradación "racionalizando" la oferta territorial; en suma, de homologar
la
destrucción, determinar el grado de la misma y garantizar el control.
Retocar la forma, respetar el fondo. Los mismos responsables del poder
dominante han de corregir las consecuencias de su desarrollismo urbanizador
con paliativos consensuados con los dirigentes de las plataformas, como por
ejemplo reservas naturales, turismo rural, auditorías y moratorias
urbanísticas, subvención de cultivos, plantas de reciclaje, revisión de
planes, etc., pero sin afrontar las verdaderas causas, comenzando por el
citado desarrollismo, ni atacar a los verdaderos responsables, los
promotores, las inmobiliarias, la administración, los operadores turísticos
y los compradores de las ciudades. La defensa del territorio queda reducida
a simulacro merced a la desaparición de los enemigos, meros símbolos
abstractos (p. e. la contaminación, la especulación, el incivismo), y
merced
a la evaporación del combate, sustituido por gestos afectados y momentos
teatralizados (p. e. los almuerzos, las claxonadas, la entrega de firmas,
etc.). La acción de las plataformas tiene más de campaña de sensibilización
comercial, mediática, que de lucha efectiva. Esa clase de actuación
transforma a los afectados en espectadores de su propia causa el control de
la cual está en manos de portavoces o de alcaldes, en el redil asociativo o
en el político. Sus verdaderos intereses, esencialmente antieconómicos, no
llegan a formularse. Desde el principio la opinión plataformil acepta la
mercantilización del territorio, pero exige una gestión más eficaz a largo
plazo (un nuevo modelo de crecimiento, de movilidad, de urbanismo, etc.) y
una reinversión de parte de los beneficios producidos, por así decir, un
reciclaje de las plusvalías. La "nueva cultura del territorio", o nueva
manera de uso y consumo territorial, eslogan en boca tanto de los
ecologistas como de los ejecutivos, simplemente proclama que en la nueva
economía global el impacto medioambiental ha de incluirse en el precio.

El hecho de que políticos y empresarios sostengan un parecido lenguaje
indica que el poder económico esta dispuesto a dirigir la defensa del
territorio, es decir, a controlar su destrucción, puesto que su
conservación
paisajística es tan rentable como lo fue antes su devastación. No es por
casualidad que las mayores inversiones después de las del AVE sean las
destinadas a la energía eólica. El poder se crece con las crisis. Si la
destrucción del territorio mediante la urbanización es el principal recurso
para la formación del capital, también lo está empezando a ser su
reconstrucción ajardinada. Poder y plataformas comparten un espacio común.
Por eso las plataformas de La Noguera (Lleida), que trabajan "por una nueva
cultura de la energía, han solicitado a los diferentes responsables de los
departamentos de Medio Ambiente y de Industria poder colaborar en una
comisión conjunta, entre empresas, municipios y Generalitat, que
racionalice
la oferta energética" (Xavier Garcia, Catalunya es revolta). Las
plataformas
ecologistas imploran un diálogo con el poder en el momento en que éste se
vuelve ecologista; forzoso es que se encuentren, primero en los
consistorios, después en la administración (p. e. en los gabinetes de medio
ambiente), finalmente, en las asesorías privadas y en consejos de empresa.
La destrucción, sin embargo, no se detiene, sólo que ahora se la califica
de
"sostenible", y, en la medida en que los representantes de las plataformas
la fiscalizan, "gestión democrática". Es la nueva cultura del territorio.
Las plataformas se interesan en la democracia cuando no es más que un
espejismo. Porque si algún adjetivo merece el actual régimen político de
las
sociedades donde reina el espectáculo, es el de fascista. No vivimos en una
sociedad de ciudadanos, sino en una de masas, en las que los impulsos
consumistas y la asistencia tecnológica desempeñan el papel controlador y
movilizador otrora atribuido al Estado totalitario y al partido único. Esta
nueva modalidad de fascismo no se sostiene con un expansionismo bélico al
servicio de un Estado cualquiera, sino mediante un expansionismo económico
en guerra contra el territorio y sus habitantes, vigilado por un Estado
policía. En estas circunstancias, la formulación de un interés público
desde
instancias estatales es pura falacia. Bajo el fascismo, todos los partidos
son piezas de un único partido, el del orden. Y todos los políticos
defienden el predominio de los intereses privados sobre el interés público,
o dicho de otra manera, la economía de mercado. En consecuencia ni la
política ni la administración pueden ser neutrales y mediar entre dichos
intereses. Ambas forman parte de la clase dirigente. Ambas acostumbran a
financiarse con la recalificación del suelo. El capitalismo globalizador se
basa en la gestión y no en la propiedad, igual que los partidos, por lo que
cuando nos paramos ante la política o ante la administración, nos paramos
ante empresas. Ahora mismo nos lo podrían decir los trabajadores de Parques
y Jardines de Barcelona, puesto que el ayuntamiento va a privatizar la
institución municipal de la que dependen. Ante una realidad así, los
habitantes no son dueños de su territorio ni de sus ciudades: son clientes
de quienes los gestionan. Clientes sin opción a elegir, con un solo plato
en
el menú.

La administración no es parte de la solución, sino parte del problema.
En la mayoría de los casos, esté en manos de la derecha o de la izquierda
política, es la principal valedora de las agresiones al territorio, sean ya
túneles, trazados para la alta velocidad, pistas de esquí o megapuertos.
Una
defensa del territorio —una defensa de sus habitantes— ha de tener claro
que la administración es el enemigo y abandonar toda tentación política.

Los partidos y las
instituciones administrativas no pueden representar el interés público
porque forman parte del sistema, porque ellos mismos representan intereses
privados, y porque son instrumentos contra la formación de los mecanismos
de
decisión colectiva y las movilizaciones. Aseguran el mango de la sartén.

Con
ellos nunca podrán afrontarse las medidas necesarias para reducir
severamente la movilidad de la población o acabar con el despilfarro de
agua
y energía. Mucho menos se podrá recuperar el mundo rural y se podrá poner
límite a las ciudades. Tal como están hoy los movimientos en defensa del
territorio, contaminados hasta las cejas de esporas políticas y
ciudadanistas, no tienen demasiado porvenir. Si aquéllas germinan y se
desarrollan, convertirán la defensa del territorio en un factor subalterno
de su destrucción más o menos encauzada. Pero si saben sacudirse tales
deshechos, si se convierten en polos de agrupación y llegan a formular un
interés general apoyado en las medidas antes mencionadas, pueden ser un
factor determinante de cambios revolucionarios. Han de aprender de los
fracasos del movimiento obrero y no caer, ni en la trampa gestionista
vecinal, ni en el sindicalismo territorial. Nunca enajenar su voluntad en
manos de representantes no elegidos y ni revocables. No permitir la
especialización política, excluir a los dirigentes. En eso consiste la
autoorganización. La defensa ha de iluminar bien la lucha por el
territorio,
reflejar los antagonismos, señalar con nombres y apellidos a los
adversarios, ensanchar los puntos de ruptura. No ceder al acoso ni a la
seducción. Su irrenunciable objetivo ha de ser la liberación del territorio
de las determinaciones mercantiles, y eso significa acabar con el
territorio
como territorio de la economía. A fin de cuentas, ha de establecer una
relación respetuosa entre el hombre y la naturaleza, sin intermediarios. En
definitiva, se trata de reconstruir el territorio y no administrar su
destrucción. Esa tarea compete a los que viven en él, no a los que
invierten
en él y el único marco donde esto es posible es el que proporciona la
autogestión territorial generalizada.

Miguel Amorós
30 de julio de 2004.
Charla en la Acampada contra el TAV de Alonsotegui
(Bizcaia).


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