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divendres 15 de desembre de 2017 |
Impuestos de plusvalías y financiación local: ¿Cómo lo arreglamos?

Cristian Garcia Palomo

La mayoría de los municipios ha estado, desde el estallido de la crisis del 2008, en una situación crítica en lo que a ingresos se refiere. Como bien explica el Informe de la Comisión de Expertos para la Revisión del Modelo de Financiación Local, el crecimiento diferencial de los impuestos municipales, del 31%, ha sido muy superior con respecto a las Transferencias Corrientes del Estado, que fue del 2’1%. Es decir, los municipios se han visto obligados a aumentar sus ingresos a través de tasas e impuestos locales ante la falta de crecimiento de las transferencias del Estado.

Sin duda una de los impuestos que más ha crecido y que bien nos sirve como ejemplo ha sido el de las plusvalías y, que de forma torticera e interesada, ha sido confundido con el Impuesto de Sucesiones en pos de la agenda política neoliberal. Este impuesto ha afectado especialmente a las clases medias debido a la estructura de ingresos y ahorro de nuestro país: la compra de bienes inmuebles, siempre en alza nos decían, era una inversión garantizada y favorecida por préstamos baratos. Inversiones de la que se desprendieron las familias golpeadas por la crisis que en demasiadas ocasiones ni siquiera terminaron de pagar.

El impuesto de Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, IIVTNU o Plusvalías, entre el año 2004 y 2015 aumentó un 125’4%. Este impuesto se abonaba al traspasar una propiedad como, por ejemplo, una casa: si alguien tenía un bien inmueble en suelo urbano, al traspasarlo abonaba una tasa que iba en incremento en función al tiempo que había sido de su propiedad, porque se supone que el ayuntamiento ha invertido en mejorar ese suelo y con el paso de los años su valor ha ido en aumento. Esta cantidad debía abonarse incluso si el inmueble valía menos de lo que le costó en el momento de adquisición porque, al fin y al cabo, se gravaba el valor del suelo, no el valor del inmueble.

UN IMPUESTO DOBLEMENTE INJUSTO

Este impuesto es doblemente injusto: en primer lugar porque, al contrario que el impuesto de Sucesiones, todo el mundo debe abonarlo, incluso si hay pérdidas en la compraventa, como ocurrió efectivamente con toda vivienda adquirida antes de la crisis y traspasada posteriormente. En segundo lugar porque los cálculos para valorar el aumento del valor del suelo muchas veces han sido inexactos o, directamente, no acordes a la legislación vigente. Así lo ha reconocido el Tribunal Constitucional y varios tribunales ordinarios, que han tumbado este impuesto incluso si hay beneficios. Sin duda un duro golpe para las arcas locales por dos cuestiones: la primera, que dejará de ingresar una suma importante de dinero. La segunda, que tendrá que empezar a realizar devoluciones de impuestos que no debería haber ejecutado en los últimos cuatro años. Más allá han prescrito.

Para que nos hagamos una idea, el presupuesto del ayuntamiento de Málaga preveía ingresar 46 millones de euros a través de este impuesto a lo largo del 2017. Aunque siga ingresando una parte considerable por el mismo concepto, es obvio que esto afectará de forma directa a los ingresos locales y a las partidas a las que siempre afecta cualquier recorte en los ingresos: las inversiones reales y los derechos sociales.

Y es que el margen de maniobra de las finanzas locales suele ser reducido. Siguiendo con el ejemplo de Málaga, los gastos fijos como la remuneración del personal (capítulo 1) suponen 159 millones de un presupuesto cercano a los 600 millones, sin tener en cuenta organismos autónomos o empresas públicas. Así que los recortes provocados por una reducción de los ingresos vienen normalmente en las partidas relacionadas con los servicios sociales y las inversiones reales (capítulo 6). En Málaga esta partida supone únicamente 12 millones de euros para el año 2017. Los polideportivos, las guarderías o las bibliotecas se construyen a costa del capítulo 6.

En resumen, la mayor parte de los ayuntamientos han tenido que capear el estancamiento de los ingresos estatales, recordemos que solo han subido un 2%, aumentando los ingresos propios. Cuando decimos que los ayuntamientos son las instituciones más cercanas a la gente, lo son en el doble sentido: dan servicios a la mayoría, pero también cobra a la mayoría. Y como la mayoría de los impuestos progresivos están en manos del gobierno central, solo quedan impuestos indirectos, o directos que no discriminan, como las plusvalías, para todas y todos.

A esto hay que sumar lo injusto de la regla de gasto, que impide a los pocos ayuntamientos con beneficios invertir el superávit en mejorar la vida de la gente. Mucho se ha escrito contra la Ley Montoro y el ataque que supone a la democracia local. Cualquier cosa que se haga para acabar con ella es algo positivo y que hará de nuestras ciudades un lugar mejor. Afortunadamente en el día de ayer se aprobó la tramitación de una ley que modifique la tramitación del techo de gasto gracias a la torpeza del gobierno y al trabajo de las fuerzas del cambio, como Unidos Podemos, ayuntamientos como Madrid o Cádiz, etc.

Un primer paso imprescindible pero insuficiente. El combate central para tener unas ciudades y un país más democrático es, necesariamente, el que se de en torno a los ayuntamientos y, en última instancia, su financiación. Garantizar su suelo de ingresos, especialmente los de aquellos municipios más pequeños, más endeudados por una deuda ilegítima y cruel y en zonas poco poblados es vital. Porque aunque las grandes ciudades tienen importantes ingresos, los municipios pequeños solo subsisten gracias a los ingresos de transmisión estatal. También es fundamental imaginar una mayor participación de los entes locales en los ingresos tributarios del Estado. Mejorar las competencias y los ingresos a la vez que se mejoran sus capacidades de gobernanza.

Porque, como se ha explicado en numerosas ocasiomes, los ayuntamientos son las instituciones más cercanas a la gente. Son a quienes se dirige la ciudadanía en busca de auxilio, protección o ayuda. Garantizan algo tan sencillo pero necesario como calles limpias e iluminadas. Estos ingresos sólo pueden garantizarse a través del Estado central, no de los impuestos indirectos que gestiona lo local: salvo que sean los propios municipios los que lleven a cabo la recaudación de los impuestos directos. En este sentido es esencial reformar radicalmente las haciendas centrales, autonómicas y locales, así como sus competencias. Tenemos que acercarnos a un modelo de haciendas integradas de corte federal donde las haciendas locales puedan tener un mayor peso tanto en las funciones de recaudación como en la lucha contra al fraude.

Durante los años anteriores han existido problemas de gestión, corrupción, mala praxis y capitalismo de amiguetes. Por esto necesitamos llevar a cabo auditorías ciudadanas para poner nombres y apellidos a quienes nos han empobrecido. A quienes con sus políticas se han apropiado del común.

No se trata solo de reformular las reglas fiscales, se trata de cambiar las prioridades de la administración de la “cosa pública”. A los intereses de los bancos y de las oligarquías financieras hay que imponer los intereses de la gente. Ir, en suma, hacia una democratización real de la gobernanza de nuestros municipios. Más democracia, más transparencia, más cercanía, más gestión vecinal, para tener, en suma, mejores ciudades.

15/12/2017

Cristian Garcia Palomo, politólogo y miembro de la Red municipalista contra la deuda ilegítima y los recortes.

elsaltodiario

+ Info:

Hacienda cambió el criterio con el que evaluó las cuentas del Ayuntamiento de Madrid. Manuela Carmena acatará la decisión de Montoro pero no renuncia a la batalla judicial por discrepancias en el cálculo de la regla de gasto. La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), aprobada en 2012 con los votos de PP, CiU, UPyD y UPN, impide a las administraciones aumentar el gasto público más allá de una tasa de referencia basada en el crecimiento de la economía española, lo que se conoce como ’regla de gasto’. La tasa de referencia (denominada ’techo de gasto’) la establece el Ministerio de Economía sobre la media móvil del crecimiento del PIB. Según esta misma ley y la resolución enviada por Hacienda el pasado 6 de noviembre al Ayuntamiento en la que le informa de la intervención de sus cuentas, el cálculo de la regla de gasto se determina teniendo en cuenta "el gasto real realizado", es decir, la liquidación del gasto ejecutado del año anterior, a lo que habría que sumarle el techo de gasto. Es la manera con la que se impide a los ayuntamientos y diputaciones incrementar la inversión a pesar de que cierren sus cuentas con superávit.

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