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dissabte 18 de novembre de 2017 |
Pérez Royo: "Son presos políticos, y no por sus ideas, sino por las de la jueza"


El jurista Javier Pérez Royo ha manifestado en un debate en Barcelona, que los consellers del Govern y Jordi Sànchez y Jordi Cuixart son presos políticos no por las propias ideas sino ’’por las ideas del fiscal y la jueza’’, y cree que el componente político en la decisión judicial muestra que se están escogiendo ’’atajos incompatibles’’ con el funcionamiento de una sociedad democrática.

Pérez Royo, que reconoce que la lucha por parte del Estado español contra el ’’desafío independentista’’ no está respetando la legalidad, también ha afirmado que, viendo el auto del juez del Tribunal Supremo para justificar la rebelión hay suficiente con el hecho de ’’estar en la calle’’ porque se considera que ya se están creando las condiciones para acabar en situación violenta y por lo tanto, concluye que es ’’la existencia de los nacionalistas catalanes lo que los constituye en rebeldes’’. Pérez Royo ha lamentado que tampoco existe una respuesta jurídicamente ordenada ’’para salir de aquí, y eso es grave’’.

La mesa ’Derechos y prisiones’, organizada en la prisión Model por el Ayuntamiento de Barcelona, ha hecho debatir a Pérez Royo al lado de la también jurista Victoria Rosell y el teniente de alcaldía del Ajuntamiento, Jaume Asens. Los tres han coincidido para advertir de la deriva poco democrática del Gobierno español y han puesto en duda de que se puedan atribuir delitos de sedición y rebelión al Govern y a los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural.

Rosell ha recordado que según el Estatut, el órgano que tendría que juzgar estos supuestos delitos sería el TSJC y que sólo en caso de que el delito se haya cometido fuera de Catalunya, tendría que pasar a juzgarse en el Tribunal Supremo. Por ello, critica que la Audiencia Nacional se haya hecho cargo del caso, ya que para instruirlo en el TS se ha utilizado que ’’tiene efectos’’ fuera de Catalunya, el delito que se imputa, cuando hay otros casos similares, en la jurisprudencia, donde no se ha seguido este criterio.

Con respecto al proceso judicial, en el caso de los miembros del Govern, Rosell también ha criticado que no se garantizara el derecho de defensa y ha hecho referencia a las declaraciones del fiscal Maza en que apuntaba que si aceptaban la Constitución española, aceptarían la libertad condicional, lo que es uno ’’argumento político’’. También ha alertado que les hace renunciar a cualquier actividad política futura si no está dentro del marco constitucional. Rosell ha puesto en duda que no se pueda superar el marco actual constitucional, más allá de renunciar a la violencia.

Por su parte, Jaume Asens ha recordado que los delitos de rebelión y sedición ya estaban a la ley de amnistía, como delitos con intencionalidad política y por lo tanto son dos delitos que están ’’manchados de sangre’’ porque los utilizaron los golpistas del 36 y por lo tanto, es una ’’ofensa a la memoria antifranquista’’ cuando se utilizan para encarcelar personas que lo único que quieren es defender el derecho de votar del la gente.

Asens ha hecho referencia a que ningún país quiere tener presos políticos, ni reconoce tenernos, y ha ha recordado que el referéndum del 1 de octubre supuso un ejercicio de empoderamiento de la ciudadanía y que permitió crear ’’sentido común de país’’ en un escenario que está más "legitimado que nunca’’. Por eso ha lamentado la amenaza del Estado al repetir la aplicación del 155 si no salen los resultados ’’correctos’’ a las elecciones del 21-D, y lo ha tildado de ’’día de la marmota’’.

15/11/2017

elnacional


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