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dilluns 13 de novembre de 2017 | Manuel
Alacant: 25.000 casas vacías, políticas de alquiler social mínimas e ineficaces, abandono de los bancos de parte de su parque inmobiliario, ocupación ilegal

Andrés Valdés

(Aclaración: el enfoque del artículo no va contra la banca y en defensa del derecho a techo de las familias afectadas, y no habla del marco legal -ni del estatal que protege la propiedad privada de los que más tienen, ni del autonómico que van a tumbarlo por la vía del Constitucional-)

J. aguanta el tipo hasta el final de la entrevista, pero se rompe en la última frase. «Tenemos derecho a una vivienda según el artículo 42 de la Constitución Española, pero para los políticos hay otros asuntos y otros artículos más importantes. Las personas en riesgo de exclusión no les importamos nada», alcanza a decir antes de esconder un sollozo a la cámara. Respira, se ríe. «¿En riesgo? Eso es un eufemismo. Yo estoy excluido y marginado hace tiempo». Sobre la cajonera de este pequeño inmueble de la avenida de Novelda de Alacant hay montones de papeles, cargadores y cables, juguetes sucios y botes de productos de limpieza. J. extrae de la pila el contrato de alquiler, los recibos de haber pagado tres meses de renta y la notificación del juzgado comunicándole el inminente lanzamiento para el día 20 de noviembre. Para Bankia, entidad que ha denunciado la usurpación del inmueble y para el juzgado que ordena el desahucio, no hay diferencia entre J. y la persona que rompió la puerta, cambió la cerradura y le enseñó el piso antes de firmar el contrato haciéndose pasar por el propietario. «Me han estafado y ahora me van a tirar a la calle. Estoy en paro y sin dinero, tengo dos hijos, nadie me escucha, no puedo presentarme en el procedimiento como parte afectada y todo el mundo me dice que no puede hacer nada», explica. Su mujer y el pequeño de dos años esperan en los colchones de la habitación del fondo. «Pero voy a luchar, y si al final me echan de aquí, en 48 horas vuelvo a estar dentro». Tiene clara la diferencia entre lo que es legal y lo que es legítimo.

Esther Judith no se atreve a salir. Fuma tranquila en el contraste de su salón: bonitos acabados y mobiliario rescatado de la basura. Sabía que era pobre, pero descubrió que también es una ocupa porque se lo gritó un vecino cuando fue a pedirle la llave del cuarto de contadores, días después de empezar a sospechar algo sobre ese presunto dueño del piso que no cogía el móvil desde hacía semanas. «Okupa y sudaca me dijo. Trato de pasar desapercibida hasta que sepa algo más», cuenta a los visitantes.

«Este señor me pidió cuatro meses por adelantado. Tenía que asegurarse porque no tengo nómina», cuenta esta venezolana de 60 años que habita una vivienda nueva en el bario de La Florida. Había decidido irse a vivir sola con la ayuda de 1.700 euros que había cobrado por ser víctima de violencia de género y así poder salir del circuito de pisos tutelados del Centro Mujer 24 horas.

Ha denunciado su caso a la policía y al juzgado y en los dos sitios se limitan a certificar que los datos del arrendatario son falsos pero que a efectos legales, ella sigue siendo una ocupa. Sólo el propietario del piso puede denunciar la situación. «Me han mandado el lanzamiento, pero hablan del número 37 y esta casa es el número 35. Yo creo que los bancos no saben ni las casas que tienen ni lo que hace su gente con ellas. Estoy segura de que este señor tenía la llave y que la puerta era la original».

La única bombilla que tiene Nelly en su casa cuelga desenchufada de la pared. Rechaza una llamada del móvil y vuelve a dejarlo cargando en una regleta que recibe energía a través de dos pinzas apretadas en los bornes de una batería de coche. Una linterna para ir a las otras habitaciones completa el extraño bodegón que atrae la vista hacia la única esquina amueblada de su sala de estar. «Luz no gasto, y abro el grifo pero con mucho cuidado. Sé que la paga la comunidad», cuenta esta ilicitana madre soltera de 36 años. Lleva dos años en esta casa vacía del Banco Popular en Carolinas Altas esperando a que la desalojen o a que le digan que han encontrado al estafador.

Alacant, con 25.700 viviendas vacías según el último censo del INE, realizado en 2011, está siendo devorada por la ocupación ilegal de viviendas. Casos como los de J., Esther o Nelly son una pequeña muestra de la sofisticación y la impunidad que han alcanzado las mafias que se reparten las casas y edificios deshabitados de la ciudad. Trabajan a plena luz del día, arrancando puertas y ventanas a la vista de todos, enganchando cables de luz y picando acometidas de agua, cerrando tratos en bares y esquinas, con más temor a los delincuentes rivales que a la autoridad. Retratamos una compleja enfermedad que se ceba con la gente sin recursos y paraliza a policías, bancos, plataformas, jueces y políticos mientras las ciudades se pudren.

Materia prima

Nadie -nadie- sabe con exactitud cuántas viviendas vacías hay en la capital. La edil de Vivienda y Acción Social, Julia Angulo, se despide del gobierno municipal sin haber realizado el censo de viviendas de grandes tenedores que se marcó el tripartito PSOE-Comprimís-Guanyar como medida a tomar en los 100 primeros días de mandato. Su objetivo era amenazar a bancos, fondos e inversores inmobiliarios con subidas fiscales si no colaboraban en la creación de un parque de vivienda social. Se defiende presentando gestiones internas -«hemos convocado la primera mesa de la vivienda con entidades de crédito y plataformas en abril de este año»-, reactivaciones de planes ya redactados de rehabilitación y agitando la ley Montoro de congelación del empleo público como culpable de la falta de personal del Patronato y la Concejalía. La opinión compartida de colectivos y asociaciones vecinales -algunos afines políticamente a Guanyar- es que la izquierda ha perdido la oportunidad de corregir la inercia y la ineficacia en política de vivienda social en Alacant. Angulo asegura antes de irse que todo está preparado para que quien venga detrás lo ponga todo en marcha.

Tampoco el bipartito en la Generalitat sabe el número todavía, pese a que un censo autonómico era una cuestión de emergencia en el Pacte del Botànic firmado hace ya dos años y medio. «Se están creando los registros de viviendas de protección pública que forman parte del activo de los grandes tenedores y el registro de viviendas deshabitadas», contesta la Conselleria por email.

Mientras se toman su tiempo, la coexistencia de numerosas redes de ocupación, el repunte de la degradación que experimenta la deprimida Zona Norte y el avance del deterioro desde barrios como Nou Alacant y Carolinas hacia el centro son síntoma de que el dato del INE puede ser fiable dentro del error estadístico. Además, pequeños focos de ocupación laten en otros distritos como San Blas, La Florida o Babel como advertencia a los alicantinos que todavía piensan que la suciedad y los ruidos son los principales problemas de sus calles.

Los diferentes tipos de usurpadores que operan en la ciudad buscan espacios deshabitados y poco vigilados por sus dueños: saben que el Código Civil establece que sólo el propietario de un inmueble puede denunciar la usurpación. Así, buscan pisos de desahucio o abandonados en zonas degradadas; edificios nuevos que quedaron atrapados en el limbo legal por impago de sus promotores; viviendas públicas destinadas al alquiler social; inmuebles baratos adquiridos por fondos de inversión que aguardan una revalorización; apartamentos olvidados por los herederos del difunto propietario y zonas con stock de casas de bancos que quieren deshacerse de ellas. Espacios que se gestionan según tiempos administrativos y financieros, morada de gente que vive al día y no sabe qué va a comer mañana.

Es el perfil del cliente. Personas sin recursos que se han hartado de esperar hasta diez años sin avanzar en el registro de solicitantes de alquiler social del Patronato de la Vivienda del Ayuntamiento o del Ente de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), víctimas de la crisis como J., Nelly o Esther que son estafados buscando pisos a un precio acorde a su situación, familias al borde del desahucio sin plan b y también personas excluidas del sistema -y automarginadas- que simplemente no tienen intención de pagar por una casa.

No todos son engañados con un alquiler fraudulento: muchos de los ocupas saben que están contratando a una trama delictiva para que por cantidades que oscilan entre 200 y 1.000 euros les den una llave o una patada en la cerradura de una casa vacía. Es una buena opción; en el peor de los casos tardarán meses en ser desalojadas.

Vecinos

«Es deprimente. Borrachos gritando por la noche, gente tirando la basura por los balcones, enganches a los postes de electricidad, música a todas horas, peleas... Vamos a la Policía o al Ayuntamiento y nos dan una palmadita en la espalda», denuncia un miembro de la asociación de vecinos de Carolinas Bajas. Interrumpe la conversación; un compañero dice que hay un coche de la Policía Nacional en la calle Sevilla y que pueden haber pillado al «ocupa de la sábana». Sale corriendo porque es un momento importante: la única manera de que los agentes puedan detener a un usurpador sin tener una orden judicial es estando allí cuando rompe la puerta o trepa para colarse en un edificio. Una de mil.

Dos patrullas contemplan la ventana de un primero de donde cuelga una especie de cortina. El trapo salva la distancia entre la ventana y la reja del negocio que hay debajo. «Esa es su escalera. No le hemos visto bajar», lamenta uno de los agentes. Nada que hacer: otro vecino cuenta que el piso es una herencia abandonada y que los hijos del propietario viven en el norte. En los últimos dos años, esta casa ha tenido tres ocupas diferentes. «Este no es malo, sólo nos asusta cuando baja. Antes tuvimos a uno que sí estaba metido en temas de droga», explica una empleada de la zona.

Una viuda vecina de la calle vive aterrada: un ocupa entra en su casa a coger agua y un tipo se pasea por el barrio mirando puertas con un enorme manojo de llaves.

Mientras que la ocupación no es ninguna novedad para los vecinos de la Zona Norte, en Carolinas Bajas llevan dos años comprobando cómo lo que empezó como una solución ciudadana al problema de la vivienda y los desahucios está poniendo a prueba la convivencia y la actividad regular en el barrio. Aquí anidó el núcleo duro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca alicantina tras la ruptura que se produjo en esta organización en 2015. Una mitad se negó a seguir dando patadas, haciendo chapuzas en contadores y llevando el seguimiento de la gente sin recursos y abandonada por las administraciones que metían en casas de bancos para concentrarse en la lucha administrativa. «En 2015 la ocupación se nos había ido de las manos: resulta que los servicios sociales del Ayuntamiento se habían resignado a que nosotros hiciéramos el trabajo que no estaban haciendo ellos y pensamos que si seguíamos ocultando el problema de la pobreza y la falta de viviendas en casas vacías que no reclamaba nadie nunca iban a tomar cartas en el asunto», explica Desiree Gómez, cabeza visible de su coordinadora.

Son PAH Alacant, pero se les conoce más por promover protestas en edificios públicos y asesorar a los afectados por la falta de vivienda cada domingo en la Plaza de la Montañeta bajo el logotipo de Stop Desahucios. Hace un mes consiguieron que el alcalde Gabriel Echávarri encontrara una casa por la vía de urgencia para una mujer con hijos que iba a ser desalojada. Un éxito para la plataforma que revela un tremendo fracaso político: «Es una muestra de la arbitrariedad con que funciona el Patronato, un agravio comparativo para quienes esperan en la lista a que les concedan un alquiler social y una prueba de que irrumpir en un pleno es el único lenguaje que entiende el tripartito para moverse por esta gente», analiza una concejala de Alicante.

La otra mitad de la escisión funciona como PAH Obra Social. Con Celeste Daello y Marisol Yáñez a la cabeza, este grupo optó por continuar aplicando de forma radical su doctrina de «ni gente sin casa ni casas sin gente». Confían más en la acción directa que en los sempiternos planes políticos.

Están transformando Carolinas. Controlan ocho edificios completos propiedad de bancos, muchos de ellos concentrados en las dos mitades de este distrito, y otras 90 viviendas esparcidas por la ciudad, algunas del propio EIGE. Son ocupas, otros sólo activistas. Rompen puertas y enganchan luces y tuberías a la red de empresas como Aguas de Alacant e Iberdrola. Son conscientes del deterioro que provocan pero lo justifican con su función social: garantizar casas para personas que estarían durmiendo al raso. El mal menor. Justicia, en última instancia, según creen. «La vivienda es un derecho tuyo. Si nadie te lo da, tómalo, es tuyo. Patada a la puerta y para adentro. La vida se abre camino mientras nadie hace nada por arreglar esto», razona Ramón, muy serio, en el salón de la casa de Cajamar que ocupa desde hace dos años.

Vive con su pareja en uno de los pisos de un edificio nuevo de Cajamar que este grupo convirtió en la CorralaPAHtots: es el buque insignia de la marca PAH Social, el primero de este gobierno paralelo que funciona a cien metros del ADDA a base de «compañerismo», bancos de tiempo, trueque, intercambio de ñapas y una «Red de Solidaridad Popular» que aporta electrodomésticos, utensilios, muebles y ropa de hogar a sus miembros.

Se ha apoderado de los inmuebles de manera física y conceptual: Puchero, Pokémon, El Foc, Tirititrán, La Clau, Porquet son algunos de los nombres con que han rebautizado estos bloques que siguen en calles como General Espartero, Pelayo o Jazmín a nombre de Liberbank, Sareb y otras marcas conocidas de la economía oficial, que han iniciado procedimientos legales para recuperar el control de sus propiedades con diferente suerte e idéntica lentitud.

Ahora ha aparecido un intermediario que trata de quedarse con la Corrala. Ofrece mil euros a los ocupas por marcharse. Ramón se lo está pensando: acaba de ganar un juicio penal por la casa que ocupa. El del segundo ya se ha ido.

Celeste Daello aguanta la repetición de las quejas sobre inseguridad, pelas, suciedad, impagos en comunidades y ruidos que la ocupación que promueve está generando en Carolinas, pero se aferra a su ideario. Carga la ametralladora y dispara a los malos del imaginario colectivo.

Primero contra los políticos: «Tengo claro que somos molestos, pero es que en 20 años no ha se ha construido vivienda protegida. No hay viviendas sociales para alquilar ni se presiona a los bancos para que ceden su parque. El Ayuntamiento tampoco ha hecho el censo. El problema es que no hay voluntad política», afirma la líder de la PAH Social. «Las molestias en el barrio son menores: a muchos lo que les da rabia es que algunos ocupas cobren una ayuda de 400 euros. Al final lo que hay es un enfrentamiento de pobres contra pobres», asegura por teléfono.

Después carga contra los bancos: les acusa de estar acumulando vivienda que no tiene salida en el mercado para envolverla como titulizaciones. De estar convirtiendo activos malos en productos financieros que mantienen su valor abstracto si se dejan como están y al precio al que fueron tasadas en el boom. Es una tesis que comparten agentes inmobiliarios del barrio y también algunos miembros de las juntas de distrito más afectadas por la usurpación de casas huecas.

Mafias y víctimas

En Alacant, como en todas las ciudades de la provincia afectadas por este problema, están los ocupas por necesidad, los ocupas ideológicos y los mafiosos. Los segundos hacen esfuerzos por distanciarse de los terceros porque florecen a su lado, aprovechan su discurso cuando les pillan los vecinos y saben que, aunque tengan mando en la zona, los activistas aún no han sustituido a la policía: la PAH Social no controla demasiado lo que hacen en las casas a las que llegan primero. «Vivir de ocupa nos es fácil; no es agradable. Yo no voy a echar a nadie del edificio si no tiene casa, pero aquí abajo teníamos música de madrugada, broncas, peleas de gallos con apuestas... En un 20 de noviembre de madrugada trataron de echar a arder el edificio con papel y gasolina», asegura Ramón.

Las acusaciones hacia la PAH Social de estar haciendo negocio con la ocupación son constantes y tratan de defenderse. «Ninguno de nosotros cobra por abrir puertas o hacer enganches. Hasta hemos denunciado a uno por entrar a casa de un ocupa y agredirle porque quería echarlo para entrar él», asegura Daello.

Entre las tipologías de ocupas hay también una pequeña categoría que se diferencia de las demás por su modus operandi; el ocupa «freelance». El tipo de las llaves de Carolinas tiene su propia cartera de casas vacías, hace los apaños pertinentes -cambio de cerraduras- para poder abrir con llave y aloja a quien se lo pide «a cambio de cantidades mínimas, por los gastos», según un miembro de este colectivo de activistas. Al parecer, no lo consideran lucro.

El negocio de la especulación de vivienda ocupa genera ya hasta una industria auxiliar. Existe una red de «profesionales» que cobra por servicios de cerrajería, fontanería e instalación eléctrica. También se habla de inmobiliarias que venden llaves de casas de venta imposible y de explotadores que piden hasta 300 euros por acompañar a personas analfabetas o extranjeras a Estadística para hacerles el empadronamiento en los mismos pisos ocupados. También sale a cuenta pese a ser un servicio gratuito. Es un papel que abre las puertas de la ciudadanía, la escolarización, la sanidad, las ayudas sociales o las becas comedor a cambio de indicar una dirección real de residencia.

Stop Desahucios ha desarrollado un servicio de seguimiento de solicitudes tras comprobar que los trámites son una verdadera barrera para la gente que atienden. «Fui al EIGE a preguntar por mi casa y me dijeron que me tenía que meter en la lista otra vez y hacerlo yo. Me pusieron en un ordenador a poner mis datos pero no sé escribir bien ni cómo usarlo», contaba ante sus compañeros y durante una protesta la joven que fue al pleno a pedir casa. «Nos ha venido gente con una orden de desahucio que decía que eso no era posible, que ellos habían comprado la casa por 600 euros», asegura Gómez.

En el nivel criminal que está diversificando su actividades con la ocupación impera la ley del silencio. La policía mantiene vigilados a varios grupos: uno que opera en la zona de avenida de Novelda estafando a personas como J. con alquileres fraudulentos y a un clan de Virgen del Carmen que controla numerosas viviendas públicas de la zona.

En los barrios de la Zona Norte hablar de ocupación es hablar de uno de los varios tumores que mantienen a Virgen del Carmen, Colonia Requena o el segundo sector de Juan XXIII enfermos de manera crónica. Sus vecinos resisten en lo que queda de un barrio obrero que hace quince años ya tenían bloques calificados de «infraviviendas» según el paralizado Plan Integral de la Zona Norte. «Hoy ya ha evolucionado a chabolismo vertical», afirma un policía que conoce bien las calles de Colonia Requena.

«Aquí hay unas mil viviendas, de las cuales el 40% por ciento están ocupadas ilegalmente». Los miembros de la plataforma vecinal que aglutina a las barriadas que forman la Zona Norte empiezan a hablar de cómo les afecta la ocupación. Afirman que la mitad del barrio no paga la luz y que al distribuidor le resulta más aceptable asumir las pérdidas que tener que contratar seguridad privada para desenmarañar unos enganches que se repondrán en cuanto suban a la furgoneta. Con el agua ocurre algo similar: se pican las tunerías y se calzan tuberías. Ha habido incendios, electrocuciones y aguas fecales fluyendo por la calle sin que a ninguna de las administraciones y empresas «les importe absolutamente nada», como denuncia la presidenta vecinal de uno de los barrios.

Comprar una casa en Colonia Requena cuesta entre 6.000 y 14.000 euros. Una parte de la oferta de páginas de inmobiliarias bancarias como Servihabitat, Solvia, Casaktua o Anida vende en esta zona de la capital. Existen grupos de «inversores» que compran las casas y las convierten en pisos patera: 60 metros cuadrados divididos hasta en diez habitaciones para alquilar a inmigrantes y personas con pocos recursos. Existen pisos de patada que nadie reclama donde se meten parejas jóvenes con hijos que comparten escalera con vendedores de droga al menudeo y casas vigiladas por yonkis que se turnan para consumir.

El problema de la ocupación se funde con lacras como el desempleo, la venta de drogas y la estigmatización y con problemas como la práctica inexistencia de tejido comercial, la incapacidad de los mal dotados proyectos de mediación social o de la inseguridad aumentada por la remodelación del sistema de vigilancia policial local que ha convertido a los agentes en funcionarios que van cuando se les llama pero no están en las calles. Con realidades como la existencia teórica de un parque de viviendas públicas que en la práctica están controladas por mafias ocupas.

A las Mil Viviendas, un parque propiedad del EIGE convertido en un gueto, los técnicos van poco y siempre acompañados de la Policía Nacional. Cuando descubren a alguien viviendo en una casa adjudicada a otra persona, toman nota, se despiden y se van. No suelen haber desahucios.

«Aquí vivió la misma familia durante 15 años. Protestábamos por su poco civismo al EIGE pero nunca venían a hacer seguimiento. Se fueron hace dos y ha estado ocupada dos veces desde entonces. Hemos tenido que poner cola en la puerta y vigilarla nosotros. La Generalitat da las casas y se olvida de ellas», denuncia Alberto, presidente de escalera de una comunidad en Nou Alacant. Un poco más arriba, en la calle Alcolecha, un vecino cuenta que el banco propietario de la casa vacía con la que comparte puerta le dio la llave para «abrir y cerrar las persianas» y estar pendiente. La comunidad de propietarios es un eficaz y barato sistema de vigilancia: si se les cuela un ocupa que causa problemas, deberán convivir con él mientras buscan al dueño para que denuncie. «Esto no es Alacant: Alacant es lo que hay de Plaza de Toros para abajo», lamenta un vecino de Colonia Requena.

El tripartito no ha tenido tiempo para aportar ninguna solución a la pesadilla de la vivienda en la ciudad. Los bancos no son capaces de controlar todas sus casas. La policía seguirá observando escaleras y puertas rotas sin poder hacer nada por los vecinos. Los juzgados continuarán trabajando con leyes y tiempos de otro siglo. Y dentro de ocho días J. no dudará ni un segundo cuando tenga que darle una patada a una puerta.

13/11/2017

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