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Anticapitalistes
  
dimarts 10 d’octubre de 2017 | Manuel
9 d’octubre: CGT-PV condena la violencia fascista y exige la asunción de responsabilidades


Los hechos ocurridos en el día 9 de octubre en la ciudad de Valencia han sido de una violencia extrema y con claros componentes fascistas.

Desde la Confederación General del Trabajo queremos denunciar estos actos que nos traen tristes recuerdos de tiempos pretéritos que esperábamos no volver a ver. Está claro que las actuaciones de la derecha política de nuestro país han alimentado la proliferación de los grupos ultras, al paraguas de la inacción premeditada y orquestada de los medios policiales, dedicados a perseguir a pacíficos ciudadanos en lugar de a los violentos.

La tolerancia hacia emblemas, banderas, saludos, cánticos y gestos fascistas son una vergüenza para la gente de bien de todos los espectros llamados democráticos, que sumado a los actos reales contra las personas que recibieron no solo insultos y golpes, sino incluso auténticas palizas demuestran en su conjunto una carga de odio visceral y sectario que debería ser rechazado con contundencia por la sociedad en su conjunto, sin medias tintas ni ambigüedades.

Debemos recordar que el compadreo de los partidos políticos democráticos con el fascismo nos llevó a terribles situaciones en el pasado. Ninguna razón puede justificar dar cobertura a estas actuaciones, cuya no denuncia y persecución es simplemente complicidad.

Ante lo ocurrido, debemos exigir como primer responsable de lo ocurrido, al permitir una contramanifestación cuyo contenido era sobradamente conocido y cuyas consecuencias eran previsibles si no se impedía, la inmediata dimisión del delegado del Gobierno. La inacción, en este caso, de la policía, solo se puede entender como premeditada.

La administración Valenciana también debe actuar, exigiendo responsabilidades y persiguiendo la presencia, exhibición y demostración de símbolos fascistas/franquistas, los cuales también son anticonstitucionales, pero en este caso no parece molestar ni a la fiscalía ni al Gobierno de la Nación.

Debemos también recordar a los funcionarios públicos su obligación de servicio al interés general, su compromiso con las personas, y que las actuaciones marcadas por directrices políticas al margen de ello no eximen de responsabilidades. La obediencia debida no sirve para realizar actuaciones desproporcionadas, injustas e injustificadas, cuyas consecuencias finalmente solo las sufre la población civil, al margen de ideologías.

Exigimos también la actuación inmediata contra los agresores y las organizaciones que los amparan, y cuyas imágenes están perfectamente documentadas, y deber ser la propia fiscalía la que actúe ante lo que es un claro delito, y un atentado a la convivencia.

Llamamos por último a la unidad de todas las personas y organizaciones contra los que usan el odio y la violencia para imponer su manera de pensar.

10/10/2017

Secretaría de Comunicación CGT-PV


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