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dilluns 5 de juny de 2017 | Manuel
Portugal: ¿Hay un “modelo portugués” para Pedro Sanchez?

Jorge Costa

En su visita a Lisboa, a finales de 2016, Sánchez aseguró querer “inspirarse en el modelo portugués” de acuerdos entre partidos. De inmediato puntualizó que rechazaría acuerdos con los que “cuestionaran la unidad de España”. Ahora, el regreso de Pedro Sánchez al liderazgo del PSOE recoloca en el centro del debate político en el Estado español las referencias a la actual experiencia de mayoría parlamentaria en Portugal. Es por ello un buen momento para compartir con los y las lectoras de viento sur un breve balance de los acuerdos entre el gobierno del Partido Socialista (PS) y la izquierda, así como de casi dos años con presupuestos del Estado aprobados con los votos del Bloco de Esquerdas y del Partido Comunista de Portugal (PCP), además de algunos elementos de debate sobre el trabajo del Bloco.

El inicio, un desafío público y una derrota electoral del PS

Las negociaciones entre el PS y los partidos a su izquierda se iniciaron después de las elecciones de octubre de 2015, pero el desafío público ya había sido lanzado antes por Catarina Martins (la coordinadora del Bloco de Esquerdas) en el debate televisivo con António Costa, secretario general del PS (y actual primer ministro). El PS presentaba el programa electoral más liberal de su historia y Catarina estableció en directo las condiciones previas a una negociación post-electoral: el PS debía retirar del programa la congelación de las pensiones, la facilitación de los despidos y el descuento a los empresarios en la contribución a la seguridad social. Concentrándose en cuestiones sociales que desafiaban la lógica del programa del PS y eran inmediatamente comprendidas por una parte importante de la población, Catarina desplazó el debate y tomó la ofensiva, obligando al PS a pronunciarse sobre sus propuestas. Además, las tres condiciones que colocaba - retirada de la congelación de las pensiones, de la facilitación de los despidos y de la reducción de la contribución empresarial a la seguridad social - eliminaban medidas neoliberales propuestas por los economistas del PS.

Lo que siguió es ya conocido. La elección de 36 diputados de la izquierda (19 del Bloco, 15 más del PCP y 2 de los Verdes, ambos en la Coalición Democrática Unitaria (CDU), la alianza electoral del PCP) sirvió no solo para arrebatar la mayoría absoluta a la derecha sino que también, evitando que el PS fuera el partido más votado, impidió su alianza con los partidos de la derecha. Segundo partido en número de diputados, el PS estaba condenado, en caso de aproximación a Passos Coelho, a la función de quinta rueda del coche de la derecha. Esa opción dejaría a António Costa fuera de escena y tendría enormes riesgos de pasokización de una alternancia ya degradada. En una maniobra de supervivencia, más que de giro a la izquierda, el PS buscó salvarse del destino de varios de los partidos de su familia europea e inició negociaciones con los partidos de izquierdas.

Esta alternativa de António Costa cogió por sorpresa a buena parte de la dirección socialista que nunca había hecho (o siquiera valorado) cualquier acuerdo parlamentario con las fuerzas a su izquierda. Ese era hasta entonces un tabú absoluto en la política portuguesa. Esta desestabilización del esquema de gobernabilidad establecido fue traumática para la derecha y desencadenó una campaña prolongada de hostilidad, no solo del entonces presidente de la República, Cavaco Silva, que intentó rechazar la opción que tenía mayoría parlamentaria, sino también de representantes patronales y comentaristas escogidos por las televisiones.

Establecidas las precondiciones de Catarina, se iniciaron negociaciones paralelas con el Bloco y con el PCP, resultantes en acuerdos separados (aunque acabaron por referirse a un texto igual) y que definieron, en primer lugar, el freno de la ruta de empobrecimento: no habría recortes de salarios y pensiones, ni aumento de la tributación directa del trabajo o de los bienes esenciales. El acuerdo estableció igualmente que no habría nuevas privatizaciones y que, siendo legalmente posible, las privatizaciones más recientes del gobierno de derecha serían revertidas (las concesiones de los transportes de Lisboa y Oporto a entes privados). En segundo lugar, en el caso del Bloco, se acordó un conjunto de medidas para los cuatro años, fijando objetivos para el aumento del salario mínimo y otras medidas sociales, y también la anulación de la sobretasa en el impuesto directo sobre el trabajo y sobre las pensiones.

Así, de ese acuerdo resultaron medidas que orientaron el primer Presupuesto de Estado, elaborado poco después de la toma de posesión del nuevo gobierno. En el Presupuesto siguiente, para 2017, este camino continuó con otro aumento del salario mínimo y con un aumento de emergencia para las pensiones más bajas. Ese aumento del salario desencadenó un enfrentamiento con el gobierno, que buscó compensar a la patronal con una reducción de sus cotizaciones a la Seguridad Social. Sin embargo, la izquierda llevó esa medida al parlamento y la rechazó, obligando al gobierno a recular en el acuerdo que ya había firmado con la patronal.

Otras dos cuestiones han demostrado las diferencias y conflictos entre el gobierno y la izquierda. En primer lugar, la de las leyes del trabajo: solo ha sido posible hasta ahora un acuerdo sobre medidas circunstanciales y de alcance limitado, pero el gobierno rechazó persistentemente la abolición de las medidas introducidas en el periodo de la troika (reducción de los subsidios de desempleo, de las indemnizaciones por despido, del valor de las horas extraordinarias, etc.). En segundo lugar, la gestión de las crisis bancarias tuvo siempre la oposición de la izquierda, que se opuso a la venta de dos bancos intervenidos (Banif y Novo Banco) a dos entidades privadas, el Santander y el Lone Star, un fondo especulativo norteamericano.

¿Qué conflicto social en un “Portugal de moda”?

Desde la victoria en el campeonato europeo de fútbol, hace un año, una sucesión de acontecimientos facilitó la invocación por los mass medía de un clima de optimismo en el país. En pocos meses, el antiguo primer ministro socialista António Guterres fue elegido secretario general de la ONU, una canción en lengua portuguesa venció en el festival de Eurovisión, la Comisión Europea retiró a Portugal del proceso por déficit excesivo tras haber sido confirmado un déficit del 2 %, Wolfgang Schauble elogió al ministro Mário Centeno cómo “Cristiano Ronaldo de las finanzas” (dando pábulo a algunos rumores, aunque dudosos, sobre el nombramiento de Centeno para la presidencia del Eurogrupo, donde sustituiría al odioso Dijsselbloem). Todos estos episodios fueron utilizados por el gobierno y por los medios de comunicación como pruebas de que pasó la fase de sacrificios impuestos por la austeridad.

En el mismo periodo, la recuperación económica se hizo visible, con un descenso de los números oficiales de desempleo por debajo del 10 % y con las contribuciones para la Seguridad Social en máximos desde 2008. Esa recuperación se explica en buena medida por circunstancias externas que favorecen las exportaciones portuguesas: el aumento de la demanda europea; la relativa devaluación del euro; el descenso de los tipos de interés europeos; la promoción del turismo en Portugal, favorecido por la inseguridad en otros destinos (los beneficios de la hostelería crecieron más del 20% en los últimos dos años). Pero los 150 mil puestos de trabajo creados en el periodo del actual gobierno no están solo en el turismo, como se puede ver, por ejemplo, en la rehabilitación urbana, como ha demostrado un aumento del consumo de cemento en un 20% en el primer trimestre de 2017 con respecto al año anterior.

Estos resultados son interpretados de modo diferente por el PS y por el Bloco de Esquerdas. Para el PS, prueban que la subordinación a las reglas europeas es compatible con el crecimiento económico y con la creación de empleo y que esa “disciplina” (es decir, el cumplimiento de las metas de déficit impuestas por el Tratado Presupuestario y la aceptación de los actuales términos de la deuda) crea una reputación que flexibiliza a Alemania y “atrae inversiones”.

Para el Bloco, los resultados prueban el acierto de haber forzado al gobierno a abandonar el programa electoral del PS. La principal explicación para este modesto repunte económico está en las medidas introducidas por los acuerdos de la izquierda, comenzando por el aumento del salario mínimo, por la devolución de los recortes salariales a la función pública y por la anulación de la sobretasa en el impuesto sobre el trabajo, factores todos que aumentaron la demanda agregada y la confianza social. Esa recuperación de rendimientos del trabajo fue garantizada por los acuerdos, incluso bajo la presión y las amenazas procedentes de las instituciones europeas. La lección que el Bloco extrae es otra: el gobierno acertó cuando resistió a las presiones europeas y tendría mejores resultados si hubiera sido, como defiende el Bloco, más osado en la devolución de rendimientos al trabajo.

Finalmente, ¿hay una lectura inteligente del Tratado Presupuestario?

Tras los años de la troika y del trauma social que provocó -casi medio millón de personas forzadas a emigrar- existe una sensación de alivio, incluso en sectores aún poco beneficiados por el cambio político. Para mucha gente, el simple hecho de poder oír las noticias sin esperar disgustos mayores es una compensación.

Por otro lado, esta situación comporta un serio riesgo político para la izquierda: el resultado de su fuerza negociadora puede ayudar a popularizar la tesis “obediente” de los socialistas en relación a la cuestión europea. De hecho, los sondeos indican que el PS está conquistando parte del electorado que, rendido a la “austeridad inevitable”, aún votó a la derecha en 2015. Por su parte, el Bloco mantiene su apoyo electoral, pero no supera la barrera de los 10%.

Las previsiones para el crecimiento del PIB se aproximan ya al 3% para 2017. De cara al desarrollo de la economía, el propio grupo parlamentario del PS “reivindicó” en mayo un mayor alivio de la carga fiscal sobre el trabajo, tal como establecen los acuerdos de la izquierda, y el aumento de salarios y prestaciones sociales. Por su parte, el Bloco además de la prioridad en la aceleración de la reposición de las rentas, pone como objetivo a alcanzar, durante el mandato del gobierno, metas exigentes como la restauración del nivel de carga fiscal sobre el trabajo anterior al “choque” de la troika o la regularización de todos los precarios del Estado (cerca de 80.000, un quinto del total). Ese proceso de regularización ya comenzó, y tanto la izquierda como el movimiento popular presionan al gobierno desde varios sectores sociales para cumplir su promesa y terminar con el falso trabajo autónomo en funciones permanentes del Estado. Así, los profesores y funcionarios de las escuelas que son precarios, o enfermeras u otro personal en el servicio nacional de salud, por ejemplo, siguen reivindicando la regularización contractual de su situación.

Para el Bloco, el Tratado Presupuestario constituye una doble amenaza: no es aplicable sin austeridad, y la sumisión a las instrucciones y reglas de la Unión Europea constituye un camino de liberalización y de destrucción de la capacidad de decisión democrática en la defensa de los derechos sociales de la población trabajadora que vive y trabaja en Portugal. O sea, cada uno de los temas en que se disputa la organización social, como la integración de los precarios que, al margen de la ley, están trabajando actualmente para el Estado y reivindican su contratación, es un choque con el Tratado Presupuestario.

Recuperar condiciones de lucha

La cuestión de la precariedad es central para el Bloco. No solo el nuevo empleo creado en este periodo es mayoritariamente precario, sino que, estratégicamente, a la par que la distribución de las rentas, la gran cuestión para la izquierda es la reconstrucción de las condiciones del conflicto social. El combate contra la precariedad en el sector privado, la retirada de las normas introducidas por la troika en la legislación laboral y la recuperación de la contratación colectiva (prácticamente destruida en pocos años) son elementos esenciales para la organización de los trabajadores, en los viejos y los nuevos sectores, y para la supervivencia del movimiento sindical.

Es por ello que el Bloco busca desarrollar una base social movilizada, consciente de la posibilidad de recuperar la posición del trabajo en la correlación de fuerzas social y que confronte al gobierno con esa expectativa. Contenida por ahora la ofensiva patronal bajo la troika, se trata de crear condiciones para nuevos avances, que dependen de la capacidad de lucha de la clase trabajadora y - como sucede ya en el caso de los precarios del Estado - de su autoorganización.

Transformar un acuerdo político defensivo - hecho para impedir nuevas medidas de austeridad e iniciar la devolución de lo que fue robado por la política de la troika - en un proceso de acumulación de fuerzas -ganando influencia para la izquierda y mejores condiciones políticas y sociales para la autoorganización y la lucha de los trabajadores-, tal fue el desafío asumido por el Bloco en 2015, cuando obtuvo un 10% de los votos frente a un PS debilitado pero aún hegemónico en la contraposición a la coalición del Partido Social Demócrata (PSD) y el Centro Democrático Social (CDS). En el contexto europeo, un acuerdo entre partidos de izquierda y un gobierno de centro es un proceso difícil y de disputa permanente. Es por lo tanto pronto para un balance final sobre este proceso, que es ciertamente difícil y contradictorio.

¿Y por qué no ministros?

En los últimos meses, el Bloco y el PS concluyeron los trabajos de seis grupos constituidos en diversas áreas (pobreza, precariedad, deuda, impuestos, energía, vivienda) que presentaron informes con propuestas, algunas de ellas sin embargo concretadas en los Presupuestos nacionales. Pero lo más destacado y que suscitó mayor debate fue el informe sobre la sostenibilidad de la deuda externa.

Ese informe, cuya elaboración incluyó, además del Bloco y del PS, al propio gobierno y diversos economistas independientes, presentaba dos tipos de medidas: decisiones de gestión de la deuda pública para alterar a corto plazo la balanza de pagos a través de la reducción del peso de los intereses; y una medida estructural de renegociación y reestructuración de la deuda directa del Estado, con alteración de plazos e intereses de referencia, además de la monetarización de la deuda retenida por el BCE. El efecto combinado de estas últimas medidas sería una reestructuración de la deuda que la reduciría inmediatamente del 132% al 91% del PIB nacional.

Hay varias lecturas sobre los motivos que llevaron al PS a suscribir esta propuesta. Crece la opinión pública favorable a una reestructuración efectiva, sobre todo considerando que, incluso en los escenarios más optimistas para la economía, se mantiene el efecto bola de nieve en el nivel de la deuda (el interés medio es superior al crecimiento económico). O se puede considerar que la dirección del PS o sus diputados responsables de este informe aceptan que la deuda pública es insostenible y que una reestructuración es por lo tanto ineludible, siendo la única alternativa a más austeridad.

A la vez que el PS firmaba este informe, el gobierno se distanció y no se comprometió a presentar la propuesta a las autoridades europeas, mostrando reservas. En todo el caso, este proceso demuestra tanto la capacidad de iniciativa y de articulación del Bloco como la dificultad de llegar a un acuerdo básico sobre las grandes cuestiones en las que las decisiones de un gobierno marcan la diferencia.

Además de otras consideraciones estratégicas, se comprende por qué razones este acuerdo del PS con la izquierda no condujo a la presencia de ministros del Bloco (o del PCP). En realidad, ni el PS lo pretendía (porque eso dificultaría su relación con las autoridades europeas) ni la izquierda lo aceptaba (por no haber acuerdo suficiente para un gobierno de coalición). Los conflictos en torno a la estrategia para el sector bancario demostraron que la decisión fue correcta: si hubiera habido ministros de la izquierda, habrían entrado en contradicción con la decisión de venta de los bancos y así la coalición no hubiera resistido. Permanecen otras diferencias de fondo que justifican la no participación en un gobierno. Pero, como el primer ministro siempre reconoce, para las medidas que desafiaran el fatalismo de la austeridad, “ninguno de los partidos tuvo que cambiar de opinión en cuanto a la naturaleza de la Unión Europea, del euro o de la OTAN”.

Sin embargo, existen por lo menos dos importantes diferencias inmediatas entre la situación política en España y en Portugal. En primer lugar, en Portugal, la cuestión de la “unidad del Estado” (como diría Pedro Sanchez) no existe, no habiendo nacionalidades distintas ni ninguna cuestión histórica de autodeterminación no resuelta. Ese “pequeño” problema democrático que es el derecho a la autodeterminación parece, de por sí, un problema de peso para una política hegemonizada por el PSOE. En segundo lugar, las relaciones de fuerzas son distintas en los dos países, en la medida en que Podemos estuvo cerca de alcanzar el PSOE en las últimas elecciones y ha estado casi siempre por delante en los sondeos desde entonces, lo que tiene una implicación en una disputa inmediata por la hegemonía electoral.

Visto desde la izquierda portuguesa, la buena noticia que Madrid podría dar a Europa sería la caída de Mariano Rajoy y la superación del centro por parte de las fuerzas del cambio, con una mayoría a favor de políticas movilizadoras de izquierda. En lugar de inspirarse en un inexistente “modelo portugués”-un caso ciertamente específico, en el que la izquierda explora las posibilidades abiertas por el debilitamiento electoral de la hegemonía del PS, que persiste-, necesitamos, a ambos lados de la frontera, de más lucha social y de capacidad de ofensiva política. Son éstas las que pueden colocar a las fuerzas del cambio al frente de una ruptura con la austeridad y hacer posible un plan B para Europa.

31/05/2017

Jorge Costa es diputado del Bloco de Esquerda

vientosur


Deuda insostenible

Antonio M. Vélez

Con Costa, la prima de riesgo de la deuda portuguesa se ha duplicado. Las tres grandes agencias la califican como ’bono basura’ desde hace más de tres años. El país tiene acceso a los mercados y se beneficia de la barra libre de liquidez del BCE gracias a la canadiense DBRS, única agencia que ha confirmado el grado de inversión para sus bonos.

El año pasado, la deuda pública subió al 130,4% del PIB, por encima del 125% previsto por el Gobierno. De entre las 35 mayores economías desarrolladas, sólo Japón (239,2%), Grecia (181,3%) e Italia (132,6%) están por encima. Y el FMI considera insuficiente el crecimiento de la economía portuguesa para atender el servicio de esa enorme deuda.

En esta materia, también parece imponerse el pragmatismo. Un grupo de trabajo sobre la sostenibilidad de la deuda pública creado por el PS y el Bloco acaba de proponer que el Ejecutivo defienda en Europa un programa de reestructuración basado en extender los plazos de madurez de la deuda de los 15 actuales a 60 y una reducción de los intereses, entre otras medidas. Ni hablar de quitas.

Los problemas del sector financiero luso están pendientes de resolverse. Hace unos días, el FMI volvía a situar a la banca portuguesa como la más vulnerable de la zona euro junto a la italiana, con una tasa de impagados o dudosos del 12,6%, la más alta de la región. Tras la conmoción que supuso la nacionalización del Banco Espírito Santo, cuyo agujero llevó durante unos meses de 2015 a prisión a su expresidente Ricardo Salgado (antaño conocido como "el dueño de todo esto"), la entidad resultante, Novo Banco, ha sido vendida por cero euros al fondo buitre Lone Star, que se ha comprometido a inyectar 1.000 millones en dos años, con el rechazo del Bloco y los comunistas.

El otro gran problema está en la Caixa Geral de Depósitos, primer banco del país, 100% público, que en marzo presentó pérdidas récord de 1.859 millones en 2016. Para recapitalizarla, el Gobierno inyectará 2.500 millones (que no serán considerados ayuda de Estado por Bruselas) y aprobará una emisión de deuda de 900 millones. También se jubilará al 25% de la plantilla y se cerrará el 27% de sus sucursales.

Pese a las dudas sobre la deuda y la situación de la banca, la mejora económica se ha traducido en el nivel más alto para la rentabilidad de las empresas lusas desde el rescate de 2011, según datos publicados en abril por el Banco de Portugal, y en máximos históricos en la confianza de los consumidores.

29/04/2017


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