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Anticapitalistes
  
dimarts 2 de maig de 2017 | Manuel
Alacant: En el ayuntamiento el Partido Socialista se une al PP para rechazar una moción de la plataforma ’No som delicte’ pidiendo la absolución de los 7 del AVE.


Los 7 del AVE fueron detenidos días después de los sucesos. Los incidentes ocurrieron en la inauguración de la linea de AVE Madrid-Alicante, ese día varias organzaciones convocaron una protesta en la que cientos de personas se manifestaron contra las obras faraónicas que destruyen las líneas de cercanías, el descontrol policial provocó un tumulto en el que se vieron implicados las personas ahora acusadas.

La Plataforma No Som Delicte en apoyo a los Siete del AVE presentó el 27 de abril una moción en el pleno del ayuntamiento de Alacant pidiendo que se absuelva a "los 7 del AVE" y en defensa de una amnistia social.

Durante el pleno, una representante de la plataforma presentó la moción, la cual fue rechazada con los votos del patido socialista, del PP. Compromís y Guanyar votaron a favor. En una primera votación hubo un triple empate y en una segunda todo el PSOE cambió de la abstención al rechazo y votó en contra, algo que no hizo Ciudadanos que también se había abstenido en la primera votación. La argumentación esgrimida por el señor alcalde fue la de no interferir en las decisiones judiciales, pero... ¿alguien le pedía eso?

Durante la lectura del texto de presentación de la moción, el alcalde intenrrumpió repetidamente a la representante de la plataforma para que acabara la lectura de presentación de la moción. Fue estricto con los tiempos, tan estricto que no se pudo leer ni la mitad de la argumentación, argumentación que quizás no gustaba al Sr. Alcalde (reproducimos el texto completo al final esta entrada).

La moción en este enlace

A continuación el texto de presentación de la moción:

Buenos días.

Estoy aquí en representación de una serie de colectivos que desde hace casi dos años luchamos por la Amnistía social y que desde hace unos meses llevamos a cabo una campaña por la Absolución de las Siete personas encausadas por los sucesos de la inauguración del AVE Madrid-Alacant en el año 2013, y que el pasado 30 de marzo presentamos en el registro de este ayuntamiento la Declaración Institucional que se debate hoy en este pleno.

Desde hace varias décadas en los países llamados democráticos, en consonancia con los cambios económicos ocurridos (globalización, precariedad, crecimiento masivo del desempleo, aumento de las desigualdades, perdida de importancia del sector público,...) se ha instalado una nueva forma de abordar el delito y desarrollar la justicia penal.

En lo que sigue no me refiero a los delitos de los ricos como los derivados de la corrupción, del fraude y evasión fiscal o los crímenes del franquismo, delitos suficientemente amparados en su legislación. Tampoco a los "delitos" en los que se hace caer a aquellas instituciones que buscan la reversión de los servicios públicos privatizados o que buscan ejercer el derecho democrático a decidir. Voy a referirme al cambio de la concepción de los "delitos" que se aplican fundamentalmente a la gente trabajadora. Frente a una visión del delito como un producto de privaciones sociales y económicas, el delito ha pasado a ser considerado, como un problema de indisciplina, de falta de autocontrol o de control social, un asunto de individuos malvados que deben ser disuadidos y merecen ser castigados. En lugar de ser un indicador de necesidades o privaciones, el delito se considera una cuestión de culturas o personalidades "antisociales", y en consecuencia, las formas actuales de actividad policial, de persecución penal, de imposición de condenas y de ejecución penal no se basan en el concepto de rehabilitación y reinserción, sino en el de retribución y encarnan intereses sociales concretos.

Actualmente, el temor al delito es el centro de muchos debates y ha llegado a considerarse como un problema en y por sí mismo, claramente distinto del delito y la victimización reales. Se invocan con frecuencia los sentimientos de la víctima o de la familia de la víctima o de un público temeroso e indignado para legislar nuevas leyes o políticas penales que no apuntan a reducir el delito, sino los niveles de temor. El nuevo discurso de la política criminal, en vez de buscar una solución justa de carácter social, se centra en un público lleno de ira, cansado de vivir con temor, al que se le hace exigir medidas fuertes de castigo y protección.

La respuesta a la delincuencia de la gente trabajadora (empezando por la definición misma de lo que se considera “delincuencia”) es el fruto de unas decisiones políticas y de unas determinadas estructuras sociales.

La imagen del delincuente como una persona merecedora de ayuda, ha desaparecido prácticamente en la actualidad. En cambio, las imágenes que acompañan a la nueva legislación son las de jóvenes ingobernables, depredadores peligrosos y delincuentes de carrera incorregibles. La prisión se ha reinventado como medio de contención que apunta supuestamente a los delincuentes violentos y a los reincidentes peligrosos, pero que sobre todo afecta a quienes cometen delitos menores o a quienes protestan frente a la arbitrariedad. Se ha vuelto al uso de la cárcel como una institución central en la gestión de la pobreza.

Las teorías que ahora moldean el pensamiento y la acción oficial son teorías del control. Controles sociales, controles situacionales, autocontroles: que consideran el delito como un problema de control inadecuado. El control ha recobrado su importancia en todas las áreas de la vida social, con la particular y sorprendente excepción de la economía, de cuyo dominio desregulado emergen habitualmente la mayor parte de los riesgos contemporáneos.

Gran responsabilidad en este proceso la han tenido los amos de los medios de comunicación, que han enardecido los sentimientos más punitivos de la gente y han ejercido una presión sobre los legisladores para que endurezcan las penas. La sobrerrepresentación de los crímenes violentos, su creciente presencia en el tiempo de las noticias, el cuestionamiento de las decisiones judiciales, divulgando los casos de presos que reinciden en los permisos (y no mentando que la inmensa mayoría no lo hace), o dando demasiada voz a las víctimas. Todo ello ha generado un clima de inseguridad alejado de la realidad cotidiana. Cotidianeidad marcada más por el aumento de las desigualdades sociales que por la delincuencia.

El Estado español no ha sido ajeno a esta dinámica, como lo demuestra la evolución de su sistema penitenciario, con una población penitenciaria que no ha parado de aumentar en los últimos años, Con los 162 presos por cada 100.000 habitantes que habitaban sus cárceles el 1 de enero de 2010, el Estado español se convirtió en el país europeo (occidental) con la mayor tasa de encarcelamiento (excluyendo Suiza y Luxemburgo), cuando tradicionalmente había sido de los que la tenían más baja (en el año 1985 dicha tasa era de 24) algo acorde con su baja tasa de delitos y de delitos violentos.

¿Por qué se ha producido este incremento en el número de presos, cuando según las estadísticas policiales la delincuencia durante esos se mantuvo estable?

El aumento de presos en Estado español está relacionada con la aprobación del Código Penal de 1995 (y sus treinta posteriores reformas) que ha aumentado las penas para los delitos que más comunes (hurtos, robos, tráfico de drogas, lesiones), que ha duplicado el tiempo medio de estancia en prisión, que ha reducido el uso de la libertad condicional y ha suprimido la redención de penas por trabajo. Un Código Penal que, a efectos de cumplimiento de las penas, es más punitivo que el vigente en los últimos años del franquismo

Pero no solo el Código Penal ha influido en esta situación, otras leyes vinieron a recortar libertades y derechos (la Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero, de protección de la seguridad ciudadana, más conocida como ley Corcuera y la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.)

Leyes que en cierta medida quedaron sobrepasadas por la situación social generada por la crisis económica de 2007-2008 que elevó el nivel de protesta ante la verdadera delincuencia que desde puestos de poder, tanto políticos como económicos, se estaba llevando a cabo.

Ante esta situación el legislativo el legislativo respondió con nuevas leyes, las reformas llevadas a cabo en los años 2014 y 2015 por el gobierno del partido popular. Reformas que ahondan más aún en esta tendencia represora y de limitación de derechos y libertades, que responden a un intento de acallar la protesta ciudadana y de dotar al ejecutivo de herramientas de control más expeditivas, y que son:

- La Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada
- La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal,
- La Ley Orgánica 2/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de delitos de terrorismo
- La Ley 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana,

Los sucesos de la inauguración del AVE son un ejemplo más de los muchos que han ocurrido en los últimos años. Sucesos rodeados de sospechosos montajes que buscan desviar la atención sobre lo verdaderamente importante, el expolio y la corrupción como forma de gobierno. En este sentido, cabe recordar la manifestación de las Marchas de la Dignidad, con cerca de dos millones de personas protestando pacíficamente por las calles de Madrid y como una discutida actuación policial generó unos altercados, justo a la hora del telediario, que fueron utilizados mediáticamente para desprestigiar un acto de soberanía popular.

Sabemos que un cambio de tendencia no puede venir meramente de un cambio legislativo sino que dicho cambio debe de estar propiciado por un cambio social de la percepción del delito, de qué es delito en definitiva. En ese proceso se enmarca la campaña por la Amnistía social y en concreto la petición de la Absolución de las Siete personas encausadas por los sucesos del AVE.

La Aprobación de la declaración institucional que hoy se debate es un paso más en ese proceso, pues no es delito protestar contra la corrupción, no es delito buscarse la vida en el top manta, no es delito escarbar en las basuras, no es delito cruzar una frontera huyendo del hambre, no es delito parar un desahucio, no es delito ir en un piquete para difundir una huelga, no es delito hacer un escrache, no es delito acampar en un banco para defender a una familia que va a ser desahuciada, no es delito la desobediencia civil ante una ley injusta ... son respuestas a realidades injustas, realidades en las que una minoría expropia a una mayoría la posibilidad de una vida digna, roba derechos y exige resignación y silencio.

Por todo ello les pedimos que aprueben dicha declaración institucional.


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