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Anticapitalistes
  
dilluns 27 de març de 2017 | Manuel
EEUU: Una guerra contra 11 millones

Danny Katch

EN FEBRERO, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) publicó dos memorandos en los que expone qué medidas implementará para cumplir una orden ejecutiva, emitida bajo el engañoso título de "Mejorar la seguridad pública al interior de los Estados Unidos".

Pero en realidad, la orden presidencial presenta una clara amenaza a la seguridad de millones de personas, inmigrantes o no, e indocumentados o no.

Los memorandos del DHS son escalofriantes. No sólo sus directivas podrían destruir la vida de muchos, sino que además su lenguaje legitima y convierte un mito racista, que los inmigrantes son una horda que temer, en política oficial del gobierno.

"Elemento criminales foráneos han demostrado su desprecio por el imperio de la ley y representan una amenaza para las personas que residen en Estados Unidos", dice un memorando, como si hubiera sido cortado y pegado directamente de un discurso en Breitbart News.

LAS NUEVAS directrices amplían el grupo de inmigrantes indocumentados considerados una prioridad para ser deportados por Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), incluyendo inmigrantes indocumentados condenados por delitos menores, no importa cuán menores sean; personas que no han sido condenadas, sino que simplemente acusadas; y otros que ICE determine han cometido un crimen, independientemente de que hayan sido formalmente acusados, o no.

También incluye a cualquiera que haya "participado en un fraude o declaraciones falsas intencionales" relacionadas con cualquier asunto gubernamental (como el uso de una identificación falsa para obtener trabajo, por ejemplo), que "haya abusado cualquier programa relacionado con beneficios públicos", o que un agente de ICE considera un "riesgo para la seguridad pública o nacional".

Los memorandos además llaman por una serie de otras medidas represivas, entre ellas:

- Ampliar drásticamente los poderes de los agentes de ICE para realizar "remociones expeditas", facilitando deportaciones sin audiencia legal. Hasta ahora, las remociones expeditas sólo podían aplicarse a inmigrantes arrestados a menos de 100 millas de una frontera y que han permanecido en el país por menos de dos semanas. Pero ahora podrían ser aplicadas a inmigrantes en cualquier lugar de EE.UU. que han estado en el país por hasta dos años.

- Restablecer el programa 287 (g) que permite a la policía local trabajar como agentes de ICE dentro de las cárceles locales.

- Contratar 10.000 agentes de ICE y 5.000 agentes de la Patrulla Fronteriza.

- Aumentar las penas para padres indocumentados que son atrapados tratando de traer a sus hijos al país; y,

- Divulgar los delitos cometidos (o supuestamente cometidos) por inmigrantes indocumentados.

El vocero de Trump, Sean Spicer, afirmó que las nuevas medidas simplemente "liberan" a los agentes que trabajan para ICE y el control fronterizo para aplicar adecuadamente las leyes y políticas existentes.

Pero cualquier charla de respeto por la ley de la boca de una administración liderada por un evasor de impuestos y agresor sexual es una broma.

En realidad, la administración Trump busca liberar a sus agentes de tener que acatar la piedra angular de la ley, el "debido proceso", que requiere audiencias y representación legales.

Así, Trump busca fortalecer las dos agencias federales que más apoyaron su racista y xenófoba campaña presidencial y su promesa de ser juez, jurado y destructor de millones de familias inmigrantes.

LA SEMANA previa a la publicación de los memorandos del DHS, una serie de reportajes ilustró el deformado sentido de la justicia entre los agentes a quienes se les está dando más poderes draconianos.

En Seattle, funcionarios de inmigración detuvieron a Daniel Ramírez Medina, quien tiene estatus legal a través del programa Acción Diferida por Llegadas Infantiles (DACA, por sus siglas en inglés). Su detención fue justificada, sin evidencia, sobre la base de que él es un "pandillero".

En El Paso, Texas, los agentes de ICE arrestaron a Irvin Gonzáles, una mujer transexual que salía de un tribunal después de solicitar una orden de protección contra una pareja abusiva. Gente cercana a la situación sospecha que su abusador la denunció a ICE.

Y en Virginia, el ICE sitió un refugio hipotérmico en una iglesia para arrestar a seis inmigrantes indigentes, al salir por la mañana.

Es imposible saber cuántos inmigrantes corrieron el riesgo de morir de frío o de ser golpeados por su pareja en la última semana porque las noticias de estos arrestos les disuadieron de buscar ayuda.

Un número de editoriales en la prensa objetaron la "contradicción" en las políticas de inmigración de Trump. Como lo puso New York Daily News:

Por un lado, Trump continúa pintando un endurecido núcleo de inmigrantes indocumentados criminales—"hombres malos", como él ha calificado a violadores, asesinos y pandilleros—como una amenaza urgente que requiere su rápida e implacable remoción.

Por otro lado, Trump está ampliando la red para dar prioridad a la expulsión de muchos otros inmigrantes indocumentados, incluyendo millones que son respetuosos de la ley, que contribuyen a las comunidades locales y que no presentan ningún peligro para el público.

Esta contradicción no existe para Trump y su minoritaria base de partidarios, quienes ven a todo inmigrante, especialmente aquellos que no son blancos, como intrínsecamente peligrosos, violentos y criminales.

Esta política, típica de los partidos europeos de extrema derecha, es la que Trump y su principal estratega Steve Bannon, el ex editor de Breitbart, están tratando de imponer desde la Casa Blanca. Esto podría explicar la extraña referencia de Trump a un falso reporte de Fox News afirmando que los inmigrantes están causando una ola de delincuencia en Suecia.

Pero la deportación masiva es profundamente impopular en EE.UU. Según una encuesta realizada por el Instituto de Investigación de Religión Pública durante la elección de 2016, sólo el 16 por ciento de la población las apoya como la principal política de inmigración, incluyendo sólo el 31 por ciento de republicanos conservadores, mientras que el 64 por ciento apoya lo que generalmente se conoce como "un camino hacia la ciudadanía" para la mayoría de los inmigrantes indocumentados.

LO QUE enfrentamos es un brusco giro derechista en la política de inmigración, llevado a cabo por un presidente y un partido que tratan de reclamar un mandato que no tienen.

Pero mientras millones de inmigrantes y sus partidarios exploran cómo resistir este ataque, una mirada a los últimos 10 años, que nos trajeron a este punto, nos muestra lo que no nos ayudará: depender en los demócratas.

Las deportaciones comenzaron a subir después de 1996 cuando el presidente demócrata Bill Clinton quiso demostrar que podía ser duro con los "extranjeros ilegales" al firmar la Ley de Inmigración y Reforma de la Inmigración Ilegal.

Siguieron aumentando bajo George Bush y un congreso republicano, culminando en la legislación introducida por el representante por Wisconsin James Sensenbrenner, que habría clasificado a todos los inmigrantes indocumentados, y a cualquier persona ayudándoles permanecer en el país, como delincuentes.

El proyecto de ley Sensenbrenner desató el gigante poder de los inmigrantes en la primavera de 2006, con una serie de "mega-marchas" que culminaron en el 1° de mayo en un "Día Sin Inmigrantes", uno de los mayores paros laborales en la historia de Estados Unidos.

Las mega-marchas derrotaron el proyecto de ley Sensenbrenner, pero el gobierno de Bush respondió con aún más deportaciones, y con altamente publicitadas redadas, diseñadas para causar pánico.

Frente a esta represión, en 2008, muchos inmigrantes y activistas cambiaron las protestas por la campaña electoral de Barack Obama.

SUS ESPERANZAS en Obama fueron amargamente traicionadas. Durante los dos primeros años de su presidencia, Obama, con los demócratas con el control de ambas cámaras del Congreso, no hizo nada para reducir las deportaciones o para proporcionar una oportunidad de legalización y ciudadanía.

Después de que los republicanos recuperaran el Congreso y se dedicaran a bloquear cada uno de las posibles legislaciones, Obama pudo haber tomado acciones ejecutivas, como Trump lo hace ahora. Obama pudo haber perdonado a la mayoría o todos los inmigrantes indocumentados, o emitido una moratoria a las detenciones y deportaciones hasta que el Congreso elaborara una legislación.

Pero en su lugar, Obama aumentó el ritmo de las deportaciones, alcanzando un máximo de 434.000 durante el año 2013, al tiempo que insistía en que no tenía la autoridad legal para hacer nada sin el Congreso. Fue sólo cuando los estudiantes inmigrantes comenzaron a protestar su campaña de reelección que Obama descubrió que tenía algún poder ejecutivo y creó DACA.

En su segundo mandato, Obama ordenó a ICE concentrarse en inmigrantes con antecedentes penales y, cerca de la frontera, en los recién llegados. Muchos de estos eran refugiados que no tuvieron la chance de alegar su caso en corte debido al uso relajado que Obama hizo de la política de remoción expedita, la que hoy Trump está ampliando aún más.

En su último año, el monto de deportaciones bajó a "sólo" 333.000, aún mayor que cualquier año previo a 2008, pero por supuesto los republicanos lo encontraron escandalosamente bajo.

Pero incluso mientras Obama reducía ligeramente las deportaciones, lo hizo usando la afirmación falsa y reaccionaria de que se trataba de inmigrantes "criminales". Muchos liberales aceptaron esto como un compromiso, sin preguntarse por qué, si ya habían cumplido su condena, debían enfrentar una segunda pena.

Obama dijo que su política prioriza "delincuentes, no familias", una caracterización que asume que las personas con antecedentes penales son marginados, sin seres queridos o dependientes.

En un país en el que el racismo y el encarcelamiento masivo han dejado a una de cada tres personas con antecedentes penales, y seguramente una tasa más alta entre negros y latinos, esta deshumanización sentó las bases para la más reaccionaria postura de Trump de que todos los inmigrantes son criminales.

AHORA, TRUMP está implementando gran parte del proyecto Sensenbrenner con órdenes ejecutivas, sin siquiera pasar por una votación del Congreso. Es una forma apropiadamente autoritaria de declarar lo que efectivamente es una guerra contra 11 millones de personas que viven en este país.

Sin embargo, no es claro que Trump será exitoso. Frente a una fuerte resistencia, es posible que los federales retrocedan algunos de estos planes. Eso es lo que parece haber ocurrido con la idea, flotada en un borrador, de movilizar a la Guardia Nacional como una fuerza de deportación.

Por otra parte, si el régimen de Trump puede efectuar estas políticas a pesar de la oposición popular, su crudeza puede aumentar; quizás resucitar la idea de la Guardia Nacional, o rescindir DACA, la cual podrían eliminar en dos años negando la renovación a aquellos ya en el programa.

Como queriendo subrayar la naturaleza cobarde de sus planes, la última atrocidad de Trump fue anunciada por una burocracia sin rostro, a través de un comunicado de prensa y una conferencia telefónica con tres funcionarios del DHS, que pidieron el anonimato.

En la llamada, los funcionarios afirmaron que no están planeando deportaciones masivas. Tuvieron el coraje de afirmar que aquello era "una ficción de la imaginación popular", como si Trump no hubiera dicho exactamente eso durante su campaña presidencial.

Este es un ataque contra la integridad de 11 millones de personas que viven en Estados Unidos sin documentos, las decenas de millones más que los aman y todos los que tenemos un interés en luchar contra un gobierno autoritario y racista.

Habrá resistencia, en las cortes y, más importante, en las calles y plazas laborales. Después de una década de cabildeo infructífero, el movimiento por los derechos de los inmigrantes finalmente está volviendo a las protestas que organizó en 2006, primero con un casi improvisado "Día sin inmigrantes", a mediados de febrero. Como Orlando Sepúlveda escribió para SocialistWorker.org:

Es notable que, en contraste con los meses y semanas de planificación que llevó a lograr esto hace una década, la acción del 16 de febrero fue organizada con sólo un par de días de preparación.

El próximo paso para que el movimiento demande dignidad y respeto para los inmigrantes será el Día Internacional de los Trabajadores, el 1° de mayo, y con más de nueve semanas de anticipo, estas acciones tienen el potencial de ser masivas muestras de resistencia y solidaridad".

También es importante señalar que ahora hay millones de no inmigrantes dispuestos a salir a la calle en apoyo de la igualdad, o que quieren construir redes comunitarias en respuesta a las redadas de ICE, y que buscan presionar a los políticos locales a no colaborar con esta nueva versión de caza esclavos que invaden nuestras ciudades. En todo el país, millones queremos mostrar nuestra resistencia a Trump; es crucial que entendamos el antiguo lema del movimiento obrero: Una injuria contra uno es una injuria contra todos.

Mientras construimos resistencia a la embestida de Trump, los socialistas debemos estar argumentando que nuestro movimiento debe abandonar los putrefactos compromisos presentados por los líderes políticos, y pedir nada menos que la plena ciudadanía y la igualdad para todos los inmigrantes de hoy y de mañana.

27/3/2017

socialistworker


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