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Anticapitalistes
  
divendres 21 d’octubre de 2016 | Manuel
Escrache en la Univerisdad Autonoma de Madrid: Ante Felipe y Cebrián, ¡silencio, por favor!

Sebastián Martín

Rodrigo Rato conferenciando sobre economía financiera, Miguel Ángel Fernández Ordóñez tratando de disciplina bursátil, Lucía Figar exponiendo las últimas innovaciones en educación pública, Miguel Blesa deponiendo sobre buenas prácticas empresariales, Pedro Solbes lanzando recetas para aumentar los ingresos del Estado, Luis Bárcenas en una alocución sobre la transparencia presupuestaria de los partidos, Florentino Pérez hablando de los procedimientos competitivos de contratación de la gran obra pública, Mario Draghi explicándonos cómo reducir la deuda…

Ante estas situaciones imaginarias, al respetable le corresponde guardar silencio, tragarse la soflama y aplaudir, y si alguien quiere disentir, que lo haga discretamente quedándose en casa o practicando mientras su deporte favorito. El ejercicio pacífico de la protesta encaminado a visibilizar la impostura y la corrupción debe ser una práctica desterrada en una democracia como Dios manda.

Lo vivido esta semana en la Universidad Autónoma de Madrid, con la concentración estudiantil a las puertas de una conferencia de Felipe González y Juan Luis Cebrián, revela cómo nuestra cultura pública y constitucional va haciéndose cada vez más autoritaria. Acuden en manada opinantes, periodistas, políticos y expertos escandalizados por tan intolerable sustracción de la libertad de expresión nada menos que a un expresidente y al mandamás del principal grupo mediático del país, ante los que debería guardarse en todo caso reverencia. No es momento de abundar en el historial acumulado en política por González y en el periodismo por Cebrián para explicar cómo se han hecho acreedores de un intenso desprecio popular. Tampoco entraremos en detalles sobre el silencio mantenido por esas voces conturbadas ante el reciente golpe sufrido por la democracia española, protagonizado, entre otros, precisamente, por Felipe González y Juan Luis Cebrián; golpe que ha logrado redirigir varios millones de votos contrarios al PP hacia el apoyo a la investidura de Rajoy.

Detengámonos solo en el acto. Por mucha genuflexión que algunos consideren debida a los poderosos, puede convenirse en que titulares de libertad de expresión para difundir sus opiniones son tanto los conferenciantes como los estudiantes que mostraron su repulsa. Si hay diferencias a la hora de ponderar a quién proteger en el ejercicio de su libertad de expresión, arrojan un saldo favorable para los manifestantes. La notoriedad pública de los artistas invitados, y la trascendencia social de las decisiones por ellos tomadas comprende, a mi entender, la ingrata exposición a la censura del público. Les va en el sueldo, que diría aquel. Además, los ponentes aludidos dominan medios de comunicación masiva donde colocan editoriales, entrevistas y columnas a discreción, orientadas en exclusiva por sus directrices. No deja de ser irónico (y grueso) interpretar entonces la protesta de marras como un liso y llano silenciamiento de Felipe y Cebrián.

La libertad de expresión es una garantía constitucional especialmente consagrada frente a su posible cercenamiento por parte de poderes gubernativos. Debe ser una limitación implacable de los poderes estatales de censura, históricamente orientados hacia el acallamiento de la disidencia. Y si de profundizar en la libertad de expresión se trata, el foco debería colocarse sobre la merma que ya sufre a manos de los poderes socioeconómicos, con su monopolio e instrumentalización propagandística de los medios. Recordémoslo: la libertad de expresión, contemplada en su genealogía, fue reivindicada como inmunidad institucionalmente garantizada de la crítica contra el poder. Y no hay poder sin poderosos. Convertirla entonces en un parapeto contra la protesta frente a los poderosos, que es su razón histórica de ser, supone desnaturalizarla y recaer en una cultura autoritaria que acabará por negarla.

El autoritarismo cultural reflejo que nos invade se ha tornado especialmente evidente en la siguiente exclamación puritana: “¡No en la Universidad!”. Diríase que para estos guardianes de lo correcto el espacio público está distribuido en parcelas, por no se sabe bien qué planeación dada de antemano, según la cual al espacio universitario no le corresponde en absoluto ser escenario del derecho a protestar. ¿Le competerá tan solo producir saber rentable para las empresas? Muchos parecen anhelar en el fondo unos buenos “manifestódromos” situados a las afueras, donde los pataleos de la plebe apenas puedan sentirse. La historia, sin embargo, desmiente esa ecuación que expulsa la protesta del recinto universitario. No ha habido trance de transición política en este país, desde la salida de la dictadura de Primo a la de Franco, en que la rebelión no se haya producido, muy destacadamente, en las aulas. Si algo hay que lamentar a día de hoy no es este episodio anecdótico de protesta estudiantil contra dos oligarcas corruptos, sino el débil pulso que ésta tiene después de la resaca del 15M.

De hecho, lo verdaderamente peligroso para nuestra desmejorada democracia no son los desprecios proferidos contra los dos “ilustres” conferenciantes. Lo que bordea la práctica autoritaria de la exclusión del enemigo por razones políticas es la criminalización de la protesta a la que se han lanzado todos los medios del régimen. Tachar de “violentos” a quienes protestaron, equipararlos a terroristas y recurrir al expediente infame de la autoría intelectual con el artero propósito de criminalizar a todo un partido político supondría un deleznable intento de estigmatizar al adversario si no resultase una irresponsable incitación al odio contra todo un sector de nuestro país. Se ha llegado a leer, en el tuiter de un conocido periodista supuestamente progresista, que no condenar la protesta de los estudiantes implicaría “banalizar el mal”, consentir algo parecido al frío y burocrático exterminio de una entera comunidad racial. No estamos solo ante un disparate desproporcionado. El desafortunado comentario constituye también una inversión elocuente: el mal se banaliza precisamente cuando se calla ante la tentativa de criminalizar al disidente.

Dos palabras para terminar. No faltarán colegas de profesión que me preguntarán: “¿Y tú cómo te sentirías si un grupo de neonazis reventase una conferencia tuya?”. Creo que resulta evidente la diferencia entre protestar ante alguien que encarna el poder o tratar de acallar a un ciudadano raso, sin más capital cultural acumulado que el que le confiere su trabajo, por razones de discrepancia ideológica. Pero hay más. No figuro entre los que piensan que la democracia constitucional sea un sistema político relativista en el que quepan las posiciones que desean eliminarla. Por el contrario, es un régimen con requerimientos éticos sustantivos irrenunciables. No es casual que se fundase tras la derrota de los fascismos, y como reacción contra los mismos. Defender la democracia supone proteger el derecho a la protesta frente a los poderosos tanto como inmunizarla frente a los neofascismos rampantes, los cuales, en última instancia, aspiran a abolirla eliminando también al diferente. Y es que los parentescos con el autoritarismo son justamente los opuestos a los que en estos días han ocupado las cabeceras de los diarios.

Ahora bien, este alegato de defensa no implica ni la confesión de una opción personal ni el abrazo incondicional a un método de actuación política. Sobra, a mi juicio, todo atisbo de intimidación, amenaza o insulto en cualquier acto de protesta. Incurrir en ellos desautoriza a quienes la protagonizan. Ir más allá de la visibilización simbólica, reventando irreversiblemente un acto, también supone un flaco favor a la propia causa, como ha podido comprobarse desde el primer momento. Y, la verdad, nuestra dirigencia ha llegado ya a tal punto de descrédito y sinvergonzonería, que no hay modo más eficaz de seguir hundiéndola en su desprestigio que permitirle hablar sin parar, haciendo cada vez más transparente su aborrecible impostura.

21/10/2016

Sebastián Martín es profesor de Historia del Derecho en la Universidad de Sevilla.

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