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dilluns 16 de maig de 2016 | Manuel
Venezuela: Socialismo siglo XXI, crisis y poder militar

Rolando Astarita

La crisis del modelo chavista “socialismo siglo XXI” parece irreversible. La situación del país es desesperante. El propio gobierno de Maduro admitió que en los 12 meses a septiembre de 2015 la economía cayó 7,1%. Oficialmente la inflación en 2015 fue del 180%, y los salarios aumentaron un 97% (BCV). En lo que va de 2016 se establecieron aumentos salariales del 56%, y la inflación enero-abril es de 275%. El FMI pronostica que la inflación podría llegar al 700% en 2016 y el PBI caer un 8%. Según CEPAL, la caída sería del 6,9%. La Encuesta Condiciones de Vida (ENCOVI), realizada por tres universidades nacionales, dice que el 73% de los hogares cayeron por debajo de la línea de la pobreza (en 2013 era el 31%). Fuentes privadas y de las universidades sostienen que el venezolano medio ha disminuido considerablemente el consumo de calorías y proteínas. El Banco Central de Venezuela y el Instituto Nacional de Estadística han dejado de publicar datos sobre pobreza.

En algunos rubros el panorama es dramático. La carencia de medicinas alcanza al 85% y el Ministerio de Salud no publica estadísticas de mortalidad desde hace tres años. El presidente de la Federación Médica de Venezuela dice que los hospitales cuentan con solo el 4 o 5% de los medicamentos que necesitan los pacientes. Las colas para conseguir alimentos, medicinas, pañales u otros productos de primera necesidad, insumen muchas horas por día a los venezolanos, y en varios casos han terminado en violencia, saqueos o intentos de saqueo. En el mercado negro el dólar se paga más de 100 veces más caro que en el mercado oficial. La corrupción vinculada al mercado externo (importaciones fraudulentas con tipo de cambio oficial para fugar divisas) es una fuente de grandes negociados para funcionarios y allegados al chavismo. A su vez, los “bachaqueros” (personas que compran los productos a precios regulados para revenderlos en el mercado negro o destinarlos al contrabando) conforman la capa de “trabajadores de la economía informal” de mayor expansión.

Lógicamente, el clima que se vive en Venezuela es de extrema tensión. Una preocupación central de la oposición burguesa, agrupada en torno a la MUD, es que la bronca social acumulada estalle y se transforme en un movimiento incontrolado. El Gobierno, por su parte, responde a la crisis acentuando el control represivo. Durante años el chavismo se ocupó de debilitar, dividir y controlar al movimiento obrero, y reprimir a toda vanguardia o movimiento de activistas y dirigentes que llevara adelante alguna política independiente con respecto al Estado. Listas negras, asesinato de dirigentes sindicales, despidos de trabajadores estatales no afectos al chavismo, manipulación de elecciones gremiales, fueron algunos de los medios empleados. Pero ahora también limita y ataca la autonomía de la Asamblea Nacional, dominada por la oposición. A lo que se suma el reciente decreto que establece el estado de excepción y emergencia “para derrotar al golpe de Estado”. Así, el Ejecutivo, apoyado fundamentalmente en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la burocracia estatal, se coloca por encima no solo del Legislativo, sino también, y más importante, por encima de cualquier expresión de poder popular independiente que pueda incubarse al calor de la crisis.

Se trata de un avance hacia una forma de Estado más represiva, que se desarrolla a la par del ahondamiento de la crisis del capitalismo estatista y rentístico promovido por el chavismo.

Socialismo siglo XXI basado en la FANB

Durante años los apologistas de izquierda del chavismo han batido el parche (NT: han alardeando) con el cuento de que el proceso revolucionario venezolano tenía su pilar en los consejos comunales, una supuesta democracia directa, que sería la expresión avanzada del socialismo siglo XXI. Esos consejos creaban en los barrios bibliotecas o centros sociales, o ambulatorios u otros proyectos, canalizando la iniciativa popular. Se los consideraba entonces bastiones del poder “de los de abajo”. Por supuesto, los apologistas de izquierda disimulaban el hecho de que eran controlados desde el Ministerio de Poder Popular para las Comunas y Protección social y por medio del financiamiento estatal.

Ahora, con la crisis, aquel discurso sobre el “poder popular” se revela como lo que es: parloteo y cartón pintado. Los consejos y el poder popular no tienen ningún poder efectivo. Más aún, a medida que la crisis se ahonda y afecta más y más el nivel de vida del pueblo, aparece con mayor claridad el resorte último del poder estatal venezolano: es la clásica “banda de hombres armados”, que están separados y por fuera de cualquier control de “los de abajo”, de los explotados y humillados. La realidad es que el chavismo se conforma como un frente de hecho entre la lumpen burguesía aliada, la alta burocracia estatal y, muy en primer lugar, la FANB y los mandos militares. Como sucede siempre que las tensiones sociales se intensifican y se agotan las maniobras de distracción y conciliación, la elevación del poder de las fuerzas armadas y represivas es la alternativa a mano de los que dominan. Los datos sobre la extensión y el poder de los militares constituyen la refutación más directa y contundente del relato “progre” sobre el “poder de las bases” en el chavismo.

Efectivamente, los militares encabezan aproximadamente un tercio de los 28 ministerios de Venezuela y gobiernan casi la mitad de sus 23 estados. Hay nada menos que 4000 generales, entre activos y retirados. Los militares pueden comprar en mercados exclusivos (por caso, en bases militares), tienen acceso privilegiado a créditos y compras de automóviles y departamentos, y han recibido sustanciales aumentos de salarios. También han ganado lucrativos contratos, explotando los controles cambiarios y los subsidios. Por ejemplo, vendiendo en los países vecinos la gasolina comprada barata en Venezuela, con enormes beneficios.

Pero también tienen un fuerte poder económico, ya que la FANB dirige y controla toda una serie de empresas: el banco BANFANB; AGROFANB, de agricultura; EMILTRA de transporte; EMCOFANB, empresa sistemas de comunicaciones de la FANB,; TVFANB un canal de TV digital abierta; TECNOMAR, empresa mixta militar de proyectos de tecnología; FIMNP, un fondo de inversión; CONSTRUFANB, constructora; CANCORFANB empresa Mixta Bolivariana; Agua Tiuna, embotelladora de agua; y CAMINPEG, compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas, la última creada, el 10 de febrero de 2016, y que algunos han llamado la PDVSA paralela. El decreto presidencial que dispuso su creación dice que la duración de la sociedad será de 50 años; que será “autónoma”, no estará sujeta al Ministerio de Petróleo ni a PDVSA, y no estará sujeta al control del Parlamento.

Represión al pueblo

En forma paralela al fortalecimiento del aparato militar se ha producido un avance represivo sobre la población, principalmente los sectores más pobres y marginados (lo que sigue se basa en denuncias de Provea y Human Rights Watch, división Americas). Con el argumento de combatir a la delincuencia (en 2015 la tasa de homicidios oficial fue de 58 cada 100.000 personas, una de las más altas del mundo, y estimaciones privadas la consideran más elevada), el Gobierno ha lanzado la “Operación de Liberación y Protección del Pueblo”. Consiste básicamente en redadas y represión indiscriminada, con blanco muchas veces en las comunidades populares más empobrecidas. En estas operaciones han participado la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y las policías estatales. Según la fiscal general Luisa Ortega Díaz, en 2015 murieron 245 personas en operativos en los que “intervinieron funcionarios de los diferentes cuerpos de seguridad”. Los funcionarios dicen que las muertes ocurrieron durante “enfrentamientos”, pero las organizaciones de derechos humanos encontraron que al menos en 20 casos no hubo tales enfrentamientos. Además, la marcada disparidad entre el número de personas cuya muerte fue provocada por miembros de las fuerzas de seguridad y la cantidad de personal de seguridad que resultó herido o que murió en redadas de la OLP sugiere que el uso ilegítimo de la fuerza letal podría ser muy superior a la cantidad de casos analizados por PROVEA y Human Rights Watch. Por otro lado, varias víctimas fueron vistas con vida por última vez cuando estaban bajo custodia policial. Distintos informes de prensa asimismo se refirieron a agentes de seguridad que mataron a personas que no habían opuesto resistencia.

También según testigos, las fuerzas de seguridad detienen indiscriminadamente: unas 14.000 personas fueron detenidos en esos operativos, pero menos de 100 fueron finalmente imputadas. En algunos casos examinados por PROVEA y Human Rights Watch, los agentes sometieron a los detenidos a abusos físicos, incluidas golpizas, según señalaron testigos. Algunos agentes también habrían robado dinero, computadoras portátiles, teléfonos celulares y artículos de primera necesidad, como alimentos y pañales, de las viviendas, mientras realizaban los allanamientos o detenían a sus residentes. Los testigos y otras fuentes también hablan de desalojos forzosos, la destrucción de viviendas y la deportación arbitraria de ciudadanos colombianos, a menudo acusados, sin ninguna prueba, de tener nexos con “paramilitares”. Unos 1700 colombianos de zonas fronterizas fueron deportados y al menos otras 22.000 personas habrían abandonado Venezuela por temor. En muchos casos, mientras las personas eran expulsadas, los militares se apropiaban de sus pertenencias y derribaban sus viviendas. Los organismos de derechos humanos dicen que con frecuencia las víctimas y sus familiares se han visto impedidos de cuestionar los abusos de poder y han sentido que no tienen dónde acudir para que se protejan sus derechos fundamentales.

En conclusión, hay que acabar con ese relato fantástico del “poder popular en el socialismo siglo XXI venezolano”. El poder militar venezolano en ascenso no es el producto de un “error” de “honestos compañeros revolucionarios confundidos”. Por el contrario, es el producto inevitable de la lógica rentística del capitalismo burocrático estatal, ahora en descomposición cuando se acabó la bonanza de los altos precios del petróleo. La conclusión central para los socialistas es que el “poder popular” no se construye en base a subvenciones del Estado burgués, manejado por milicos advenedizos y burócratas arribistas, en alianza con la lumpen burguesía enriquecida de la noche a la mañana. Y no hay “táctica entrista” ni “apoyo crítico táctico” que cambie la naturaleza social de semejante entramado, y menos que desarme la fuerza de ese poder burocrático militar. Solo por la vía de la lucha de clases los explotados podrán cambiar esta situación. Para eso, el primer paso es caracterizar a los burócratas y milicos como lo que son, y no como lo que quisiera que fueran los “marxistas nacionales” y similares.

15/5/2016

rolandoastarita.wordpress.com

+ Info:

Anomia. Carlos Carcione

Estado de Excepción: De relato heroico a farsa grotesca. Carlos Carcione

Ejecutivo vasco muestra en Facebook como son los supermercados de la clase alta en Caracas: no falta nada. Su primera conclusión es que se trata de dos países, donde aunque "haya mucha gente pasándolo mal y a la cual no le llega el dinero para vivir", hay "una clase alta que viva con estandares de vida superiores a los europeos.Riqueza mal repartida.", "Si tienes dinero hay Whisky 18 años, Exquisito Ron Venezolano, Champagne Frances, Vodka ruso o sueco, bombones belgas, carnes sabrosas, langosta, ropa de marca, restaurantes exclusivos, discotecas espectaculares, playas con yates, clubs de golf, de Hipica, de Tenis, de futbol y todo un país dentro de otro país donde no hay pobres, las mujeres y los niños son rubios, van a colegios exclusivos, universidades exclusivas, y se divierten en la Isla Tortuga o el Archipiélago de Los Roques, donde los unicos negros o pobres son los camareros, el servicio o los de seguridad" Y agrega que "el universo de la Tintori y de sus acólitos no es de escasez precisamente. Y no hay un éxodo como el de los ÑUS en el Serenguetti por escapar del país, los aeropuertos no estan colapsados de familias de clase alta huyendo del país. Los ricos y acomodados siguen en sus casas, en sus urbanizaciones, que no estan despobladas, precisamente.". En sus comentarios Otxotorena explica que hay un sector privado que juega al desabastecimiento, y al que no le importa vender menos o no vender, ya que hay una alta concentración de la oferta y saben que volverán a recuperar mercado cuando se den las condiciones que ellos quieren. Por una parte, explica, mientras los supermercados de lujo importan directamente y fijan sus precios tomando como referencia el valor del dólar, las tiendas "normales" recurren a los mayoristas, a los pequeños importadores, a lo que el gobierno distribuye ahora, que es menos por la escasez de dolares y la bajada del petroleo...y sobre todo se surte del producto nacional. "Mientras el precio del petroleo aguantó, el gobierno venezolano trajo y trajo comida y de todo, y dio dolares a los importadores que básicamente estafaban al gobierno poniendo sobreprecios en dolares y de mil formas y maneras, corrompiendo a los funcionarios para que certificasen que por ejemplo habian traido tres contenedores de repuestos de automoviles...cuando solo habian traído uno y lo habian pasado tres veces por la aduana", explica el ciudadano vasco. "Todo vale para tumbar al Chavismo. Como sea, lo que sea, cuando sea... Lo unico que les importa, así quede el pais destrozado es sacar a los negros, pobres, indios, a la "gente fea" o "tierruos" del poder. Son muy racistas y muy clasistas...lamentablemente..."


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