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dilluns 2 de maig de 2016 | Manuel
Prohibición de despidos, Venezuela y un ejemplo instructivo

Rolando Astarita

En una nota anterior planteé que es utópico pretender acabar, o reducir significativamente, la desocupación con una ley que prohíba los despidos (aquí). En esta nota amplío el argumento a partir del ejemplo de Venezuela. En este país rige desde mayo de 2002 una medida de inamovilidad laboral y doble indemnización. Según esta disposición, los trabajadores no pueden ser despedidos, desmejorados ni trasladados sin causa justa, calificada previamente por el inspector del Ministerio de Trabajo. El amparo se extiende a los trabajadores a tiempo indeterminado después del primer mes al servicio de un patrono; a los contratados por tiempo determinado mientras no haya vencido el término establecido en el contrato o, en el caso de que el contrato sea para una labor u obra determinada, mientras no haya concluido la totalidad o la parte de la misma que constituya su obligación.

En diciembre de 2015 la medida se prorrogó hasta diciembre de 2018. En esa ocasión Maduro dijo que el decreto “es el complemento de una serie de medidas para impulsar el trabajo y la producción nacional”. Los trabajadores temporarios u ocasionales no están beneficiados por la disposición (el 41% de los ocupados tiene empleos informales o precarizados). Además, los inspectores de Trabajo no están facultados para ordenar, como medida preventiva, la reincorporación del despedido durante el tiempo que dure el procedimiento. Aunque se establece que deberán proceder “con la mayor eficiencia y eficacia en salvaguarda y protección de los derechos laborales”.

Pues bien, dejando de lado ahora el hecho de que la ley parece haber contribuido poco para “impulsar el trabajo y la producción nacional” (pobreza en el 73%, caída del PBI este año del 7%, casi 30% desde 2013, retroceso de la industria y reprimarización de la economía, entre otros datos), tampoco ha permitido frenar los despidos. Las inspectorías (adscritas al Ministerio de Poder Popular) encargadas de aplicar los procedimientos por inamovilidad son acusadas de permanecer en silencio cuando hay denuncias de despido injustificado, o son inoperantes cuando las patronales no cumplen las órdenes de reenganche.

Los datos que tomamos del sitio de Provea, referidos a 2014, son elocuentes. Ese año, en el sector educativo se denunció el despido de más de 3000 docentes en ocho municipios del estado de Lara “por falta de matrícula y presupuesto”. En Valencia hubo protestas por la misma causa, con 800 trabajadores a los que no se les renovó el contrato; incluso el Sindicato Único Municipal de Empleados Públicos denunció que había trabajadores con más de tres contratos continuos, que ya debían haber sido incorporados a la nómina fija. En el Consejo Municipal de Zamora también hubo despidos. En el Ministerio de Servicios Penitenciarios en dos años hubo más de mil cesanteados, violando la inamovilidad laboral e incumpliendo, posteriormente, las órdenes de reenganche. En el sector privado también hubo cesanteados. Por ejemplo, 250 obreros de la empresa Wrangler. En Pepsi hubo protestas por despidos. En la empresa Daka se despidió obreros en represalia por haber denunciado irregularidades ante la Inspectoría del Trabajo; después muchos fueron obligados a renunciar. Además, en muchas ocasiones las empresas se niegan a reenganchar a los trabajadores, y el Estado no hace cumplir las disposiciones. Por ejemplo, sucedió en la Hotelera Guaparo, en el municipio de Naguanagua; en la Alcaldía Metropolitana de Caracas ex trabajadores reclamaron el reenganche de 1.158 despedidos; en la empresa privada Mikro 760. Trabajadores despedidos de la empresa Carbones del Zulia tras 11 años de servicio como contratados señalaron que cumplieron todos los pasos pertinentes, incluida la consignación de la denuncia ante la Inspectoría del Trabajo, y no recibieron respuesta. A trabajadores de Puerto Cabello, estado Carabobo, que intentaban denunciar ante la Inspectoría del Trabajo las irregularidades en las empresas portuarias, no sólo se les impidió la entrada al ente sino que se les informó que la Inspectoría no contaba con suficiente personal para atender sus denuncias por el despido de 75 trabajadores de la Almacenadora de Contenedores (Almaco).

En Valencia, estado Carabobo, movimientos sindicales y consejos de trabajadores denuncian que las Inspectorías se parcializan hacia los patronos, apuntando que mientras se emiten cientos de calificaciones de despido, los pliegos conflictivos introducidos son “deliberadamente retrasados”. “Las demandas de los trabajadores son demoradas en detrimento del sector obrero, en una inaceptable parcialización hacia el patrono”, denunció el secretario de la Federación Unitaria Bolivariana de Trabajadores en Carabobo, Julio Polanco. (…) “Cada día se aprueban despidos en complicidad con las autoridades nacionales del Ministerio [del Trabajo] y sobre todo del viceministro Elio Colmenares, que es quien protege a estos funcionarios, cuando su deber es proteger a los trabajadores”, denunció en otra protesta por despidos –en diciembre– el diputado a la Asamblea Nacional (AN), Douglas Gómez. En octubre, los trabajadores entregaron al procurador del Trabajo, Ramón Huiza, un documento en el que exigieron la “depuración y transformación profunda” del Ministerio y sus entes adscritos. En el documento solicitaron respeto a la estabilidad en el trabajo, a la inamovilidad y a los fueros de Ley, así como el cese de la criminalización de la protesta. El director del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo (MPPPST) en el estado Carabobo, Miguel Aponte, criticó que algunos funcionarios defiendan los intereses de los patronos en detrimento de la masa laboral y se hayan convertido en “instrumentos de persecución a la clase obrera” (aquí).

Agreguemos que según la Federación de Trabajadores de Anzoátegui (Fetranzoátegui), en 2015 se tramitaron en la entidad cerca de 6.000 casos de ambos procedimientos, “de los cuales al menos 25% no se ejecutaron debido a la lentitud con que operan las dependencias del Ministerio del Trabajo”. Tito Barrero, presidente de la organización sindical, dice que “la mayoría de los reenganche en la administración pública no se procesan. El que más incumple la inamovilidad es el Gobierno. Ejemplos hay de sobra, comenzando por el despido masivo de 22 mil trabajadores de Petróleos de Venezuela en 2002, entre ellos dirigentes sindicales y mujeres embarazadas”. Ana Yanez, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores (Unete) pidió al nuevo ministro de Trabajo Oswaldo Vera ‘que le meta el pecho a los múltiples casos de despidos, pues tanto del sector público como privado hay ordenes de reenganche que no se ejecutan y en las inspectorías no las hacen cumplir’. Y agregó que el decreto de inamovilidad laboral “se ha irrespetado en los últimos años por patronos públicos y privados’ (aquí). En lo que va de 2016, el sindicato de Trabajadores de la Cantv (Teléfonos Venezuela) denunció que la directiva de la empresa estatal viene realizando despidos masivos de trabajadores en todas sus áreas, sin ninguna justificación. Trabajadores de la TV estatal también denuncian despidos, Abastos Bicentenario despidió 660 trabajadores en un día, el diario El Carabobeño suspendió personal. La empresa Polar acaba de despedir 400 trabajadores y amenaza con aumentar la cifra. Por supuesto, los trabajadores que están yendo a la calle porque hay empresas que cierran, ni siquiera tienen el recurso de apelar.

No estamos hablando de un gobierno “neoliberal y títere de los grandes grupos concentrados”, sino de la quintaesencia del “capitalismo de Estado nacional y popular” (y constructor del “socialismo siglo XXI”, para más datos). ¿Cómo es entonces que la ley de inamovilidad laboral no solo no ha generado empleo y producción en Venezuela (van a ser 14 años de vigencia), sino ni siquiera puede frenar los despidos que se producen, en la práctica, por todos los poros de la economía? Obsérvese, además, que las denuncias se refieren a grandes empresas privadas, y al Estado. ¿Qué decir sobre lo que está sucediendo con los millones de asalariados que están precarizados? Una vez más: acabar con el flagelo de la desocupación y las crisis no depende de leyes y parlamentos capitalistas, ni de los Estados, sean estos dirigidos por milicos y burócratas, o CEOs y políticos tradicionales. Para construir una perspectiva socialista es imprescindible romper ideológica y políticamente con todas las variantes burguesas. Hay que confiar solo en la fuerza de la clase trabajadora y su movilización, y no en “Inspectorías” de burócratas que defenderán siempre el orden establecido. No hay atajos oportunistas (aunque se disfracen de “alta táctica política”) para solucionar los problemas de fondo que afectan a los explotados.

1/5/2016

rolandoastarita.wordpress.com


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