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dijous 7 d’abril de 2016 | Manuel
Los conciertos educativos: ¿una perversión que debe desaparecer?

Rosa Cañadell / Agustín Moreno

¿Deben desaparecer los conciertos educativos?

Rosa Cañadell

En Catalunya, y también en el resto del Estado, pocas veces se pone en cuestión que existan los conciertos educativos: centros privados que funcionan con dinero público. Pero no deja de ser curioso que un fenómeno, casi inexistente en la mayoría de países de la Unión Europea, lo consideremos ya como normal e incuestionable.

¿Es positiva, para nuestro sistema educativo, esta doble red? ¿Cómo es que se pone en cuestión constantemente el funcionamiento de los centros públicos y, en cambio, nunca se habla del funcionamiento de los centros privados-concertados?

¿Se ha hecho alguna evaluación sobre las consecuencias de esta doble red? ¿Es normal que un servicio público como es la educación esté gestionado en un 40% o un 60% (como en la ciudad de Barcelona) por patronales privadas? ¿Es decente que en momentos de recortes a la educación pública se destinen 25 millones de euros al año, sólo en Catalunya, a subvencionar 16 escuelas vinculadas al Opus Dei que, además de cobrar cuotas impagables por las clases populares, segregan por razón de sexo?

En un país democrático tendría que existir una sola red educativa, pública, laica y abierta en todo tipo de alumnado, como tienen la gran mayoría de países europeos. La media europea del alumnado escolarizado en centros públicos es del 90%, mientras en el Estado Español no llega al 70 % y, en ciudades como Barcelona, es sólo de un 40%. Y, de hecho, los países que tienen mejores resultados escolares, como por ejemplo Finlandia, tienen un sistema público que escolariza al 97% de su alumnado.

Los centros privados concertados nacen con la democracia, cuando se expande el sistema público, muy deteriorado e insuficiente en tiempo de la dictadura. Ante la dificultad de construir suficientes centros públicos frente a la gran demanda de plazas escolares, el PSOE aprueba una ley en 1985, la LODE (Ley Orgánica del Derecho a la Educación), en la cual se establece que allá donde no lleguen los centros públicos, el estado podrá “concertar” (subvencionar con dinero público) los centros privados que cumplan una función social y que funcionen bajo los criterios de gratuidad y no segregación en la admisión del alumnado.

Sin embargo, el objetivo inicial de estos conciertos se ha desvirtuado con el paso del tiempo y, finalmente, los centros concertados (excepto algunas honrosas excepciones) acaban siendo centros privados que funcionan como tales, que cobran cuotas a los padres y madres, que seleccionan al alumnado y que hacen de la educación un negocio.

Durante mucho tiempo, desde la transición, quedaba claro que el sistema público educativo estaba formado por centros de titularidad pública, pero, en este afán para “normalizar” una situación que, de hecho, era muy “anormal”, las nuevas leyes se han empeñado en “legalizar” esta situación: la LEC ya introduce el “sistema educativo catalán” que incluye tanto los centros públicos como el privados concertados, como si fueran iguales. Ahora, con la LOMCE, la situación empeora todavía más.

Así, pues, el hecho de existir la fórmula del concierto no hace más que aumentar las posibilidades de los centros privados que, a pesar de tener asegurada su financiación pública, continúan teniendo sus propias patronales, se escapan del control público y pueden seleccionar, activamente o con subterfugios, a su alumnado, pueden (y la inmensa mayoría así lo hacen) cobrar cuotas a los padres y madres (normalmente bajo la fórmula de “donaciones voluntarias” a una fundación del propio centro), seleccionar el profesorado con sus propios criterios y tener un “ideario propio”, muchas veces claramente reaccionario. Todo esto hace posible lo que se llama “fractura social” dentro de la educación, que se concreta en la existencia de centros diferentes según la renta familiar. La consecuencia es una disminución de la diversidad del alumnado, un deterioro progresivo de los centros públicos y una peor calidad de todo el sistema educativo.

Contrariamente, los centros públicos de titularidad pública escolarizan a todo el alumnado sin ningún tipo de excepción, funcionan con el dinero público y su patronal es la propia administración. El profesorado accede a partir de unas oposiciones que valoran los conocimientos y aptitudes de forma pública y objetiva (al menos hasta ahora!!). Esta diversidad es una de las grandes riquezas de estos centros y una de las condiciones para una buena socialización de todo el alumnado así como de un aumento de los resultados escolares.

El rendimiento escolar de los centros públicos es igual o mejor que la de los centros privados concertados: todos los indicadores (PISA incluido) demuestran que, en igualdad de condiciones socioeconómicas, el alumnado obtiene resultados similares en centros públicos o privados. Pero, aunque los centros concertados no ofrecen mejores resultados académicos, últimamente hemos asistido a un progresivo abandono de la educación pública por parte de las clases medianas y altas en favor de la concertada, así como un abandono de su defensa por parte de la izquierda política. Esto obedece a una campaña de desprestigio de todo aquello que es público, también de la educación, por parte del discurso dominante. Se trata de “convencer” a las familias que se lo pueden permitir que es mejor que paguen por la educación de sus hijos y abandonen el servicio público, lo cual es muy negativo para todo el sistema educativo y es una fuente de segregación educativa, al mismo tiempo que favorece el negocio privado en la educación.

Con la excusa de la crisis todo esto se ha agravado y vemos como continúan disminuyendo los recursos en los centros públicos, mientras se mantienen los de los centros concertados. Los recortes en la educación, se han centrado en todo aquello que va dirigido al alumnado con más dificultades, o sea, todo lo contrario de lo que sería una buena política educativa que favoreciera la igualdad de oportunidades. Entre 2009 y 2011, el gasto global por estudiante en Catalunya se reduce en 493€, mientras que la reducción del gasto por estudiante en centros concertados lo hace sólo en 227€. De hecho, la única partida que se ha mantenido estable (e incluso ha crecido el 2011) es el gasto público en enseñanza concertada. Del mismo modo, vemos como se van cerrando aulas públicas, mientras se mantienen las de los centros privados-concertados.

Hay que recordar, además, que la Constitución permite a los padres y madres escoger la escolarización de sus hijos/se y a crear centros privados, pero en ninguna parte de la Constitución se menciona la “obligatoriedad” del Estado de subvencionar con dinero público estos centros privados. Se trata, pues, de una opción claramente política que favorece directamente a las familias con más recursos, a las patronales y a los intereses de las cúpulas eclesiásticas.

Ante esta situación, es urgente abrir de nuevo el debate sobre la inconveniencia de esta doble red educativa que es injusta, favorece la desigualdad, aumenta la privatización y no aumenta la calidad. Si queremos mejorar nuestro sistema educativo, es urgente plantearse la reducción y progresiva eliminación de los conciertos de centros privados, y ampliar la red de centros de titularidad y gestión pública. Desgraciadamente, esta no es la línea de las políticas actuales que están apostando por la privatización de los servicios públicos, incluida la educación. Sin embargo, también está aumentando la resistencia ciudadana a estas políticas privatizadoras, lo cual nos señala el camino, que será largo, pero no imposible.


Los conciertos: una perversión educativa

Agustín Moreno

La finalidad de la educación es conseguir el amor y el gusto por el saber, el desarrollo moral y la formación de ciudadanos críticos y comprometidos con la mejora de la sociedad en la que viven. Al igual que no se puede educar para la democracia desde un sistema educativo autoritario, es muy difícil conseguir mayor cohesión social si el sistema educativo es segregador.

Hace unos días apareció en la prensa esta información: “Barcelona tiene centros concertados sin ningún alumno inmigrante” y añadía: “Un colegio público de Ciutat Vella tiene un 76% de estudiantes extranjeros; un concertado, cercano el 6%”. En febrero conocimos la “sublevación” de las familias de Vitoria contra la segregación social de los colegios. Todas las AMPAS, sindicatos y organizaciones sociales denunciaban la situación de guetización y empobrecimiento de unos centros frente al clasismo y elitismo de otros. La cuestión es que todos están financiados con fondos públicos. Responsabilizaban al departamento de Educación de no hacer nada ante la concentración muy elevada de alumnado de origen extranjero. Las complicaciones no se plantean por la existencia de alumnos de origen inmigrante, que pueden ser muy competentes, sino por la situación socioeconómica familiar que suele estar asociada, y porque funcionen en régimen de apartheid.

El caso de Madrid, aún es más grave porque las autoridades educativas fomentan la segregación y competencia entre centros. Esto se logra con el modelo bilingüe, la zona única de escolarización y los centros de excelencia y/o especializados. Pero sobre todo, con una descarada desviación de recursos públicos a la concertada. Por ejemplo, en 2015 le dieron 43 millones de euros que no se gastaron en educación compensatoria. Y estamos hablando de la comunidad donde más ha crecido la enseñanza concertada y donde más se ha recortado el gasto por estudiante durante la crisis: un 24,9% en la educación pública no universitaria. La política del PP en Madrid conduce a la subsidiariedad de la educación pública respeto a la privada. Para ello ha aplicado un proceso nada sutil de privatización: cierre de grupos y centros públicos, al tiempo que se regala suelo público y conciertos, a veces incluso en condiciones delictivas.

No son casos aislados, es el sistema. El problema lo crea la doble red existente (pública-concertada) que pervierte nuestro sistema educativo. No se pueden dedicar recursos públicos a un modelo que instaura un tipo de escuela que discrimina en vez de integrar. Esta injusta política tiene graves consecuencias: pérdida de alumnado en la pública, creación de guetos y deterioro de la calidad global al negar la heterogeneidad del alumnado. Desde el punto de vista educativo y constitucional es intolerable porque quiebra el principio de igualdad de oportunidades, la equidad y la cohesión social.

La privada-concertada ofrece básicamente la selección del alumnado e idearios religiosos para quien le interese. Aunque haya centros concertados que cumplen la función educativa de forma correcta, suele haber una ausencia de control sobre ellos por la administración educativa en cuanto a los resultados, al cobro de cuotas ilegales y a la no participación de las familias. Pero lo más escandaloso es que lo estemos pagando todos. Es como si pudiendo ir gratis a un precioso parque público como El Retiro, algunos se empeñasen en que les paguemos entre todos el club de golf porque no se quieren juntar con sus conciudadanos.

Frente a este modelo, la escuela pública tiene calidad por muchas razones. Asegura la gratuidad, la coeducación, la ausencia de ideario religioso, un profesorado bien seleccionado tras una dura oposición, es más democrática en el funcionamiento y abierta a la participación de las familias y el alumnado. Y sobre todo, es el modelo que atiende a la diversidad. Quizá la escuela pública adolece de no hacer suficiente propaganda de sus valores y sus muchos proyectos innovadores. Como muestra comparto alguno de los preciosos vídeos que ahora circulan en plena campaña de matriculación.

Conviene recordar que España es una anomalía en Europa en cuanto a la existencia de centros concertados. Somos el tercer país de Europa en este tipo de centros, detrás de Bélgica y Malta; y el gasto privado en educación (0,6% PIB) es el doble que en la UE (0,36% PIB). En todos los demás países (Francia, Alemania, la católica Italia o la envidiada Finlandia, entre otros) la educación es inmensamente pública (89,2% en educación primaria y un 83% en secundaria en la UE-28, frente a un 68% de España). Y es un factor de cohesión social y política al ir juntos a la escuela pública los hijos e hijas de los ciudadanos pertenecientes a todos los sectores sociales.

No vale el argumento del supuesto menor coste de la concertada respecto a la pública. Es un mito que se ha venido abajo según diferentes estudios. El Observatorio por la Educación Pública de 2014 ha demostrado que la diferencia es solo de un euro (4.184 € en la concertada y 4.185 € en la pública). Y eso que en la educación pública se incluyen las 4/5 partes del alumnado con mayores necesidades educativas (integración, origen extranjero, Formación Profesional Básica, Diversificación Curricular, etc.). Como dice Manuel Menor, “si la diferencia entre lo que cuesta un puesto escolar en la privada-concertada y la pública es nula, la cuestión es si ha de subvencionar el Estado la distinción social”.

La actual financiación pública de una doble red conduce al desmantelamiento del modelo de escuela pública como un proyecto solidario de vertebración social. No es compatible un sistema público de calidad con el crecimiento de la red privada, necesariamente selectiva y generadora de un mercado educativo que multiplica las desigualdades. A ningún empresario se le puede prohibir crear centros privados, ni a ninguna familia llevar allí a sus hijos, pero nunca a costa del presupuesto público. El dinero público no debe financiar un sistema segregador. Los contribuyentes no pueden pagar una educación separada para los hijos y las hijas de la clase alta, es algo paradójico: supone dar dinero a los que ya lo tienen.

¿Soluciones? El Foro de Sevilla -en el que participo-, junto con otras muchas organizaciones educativas y sindicales, propone como un eje fundamental en todo pacto para una nueva ley de educación la supresión progresiva de la financiación pública de los centros privados concertados. La apuesta por una red única de centros de titularidad y gestión pública que, progresivamente, y de manera voluntaria y negociada, integre los centros privados concertados. Mientras tanto, no debe haber ni un solo concierto más para la educación privada y debe suprimirse de inmediato la financiación a centros que practiquen cualquier tipo de discriminación o no aseguren la gratuidad.

El acuerdo social, político y territorial que necesita el sistema educativo en España debe abordar de una vez por todas la existencia de los centros concertados que tienen como función principal el negocio ideológico y/o económico. La posición los ciudadanos debería de ser muy clara: Yo no financio el clasismo en la escuela. Podría ser un lema contra un modelo educativo que atenta contra la equidad.

4/4/2016

+ Info:

Marzà: "Se ha terminado la barra libre para los conciertos educativos". El conseller autoriza 44 nuevas aulas concertadas para este curso, 20 más que Català en su último año. 11/8/2015

Gasto público destinado a conciertos educativos por Comunidad Autónoma Año 2013 (miles de euros)

Financiación de la educación

DE L’ENTREBANC A LA INVOLUCIÓ. Informe sobre l’ensenyament en valencià STEPV, 2011

Privatizar la educación, ¿con qué fines?

Pais Valencià: ¿Tiene motivos la escuela concertada para protestar?. 27/5/2016


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