contacte: anticapitalistes@anticapitalistes.net

 



 

Anticapitalistes
  
dijous 9 d’abril de 2015 | Manuel
¿Cómo abordar una auditoría de la deuda?

Daniel Albarracín

1. Entre la auditoría y la evaluación de políticas públicas

El Parlamento Griego ha iniciado la apertura de una comisión de auditoría de la deuda griega a instancias de las recomendaciones de las instituciones europeas y respaldado por el gobierno de Syriza con el mayor peso institucional que se puede prestar, en el que los ministros, el presidente de la República Griega y el Primer Ministro Alexis Tsipras han dado todo su apoyo a la iniciativa.

Yendo más allá de las auditorías convencionales, que simplemente se circunscriben a indagar posibles desviaciones de fondos o corrupción esta auditoría procurará evaluar el peso de las deudas ilegítimas, odiosas, así como la sostenibilidad de la deuda griega. Los resultados de la comisión se conocerán en el verano y no serán vinculantes.

Sobre esta materia ha habido y habrá diferentes criterios de aproximación a esta tarea. Este documento sirve para ofrecer una muy concreta que persigue desbrozar posibles confusiones y que se sujeta a un objetivo político: cuestionar el endeudamiento que ha sido contraído fruto de unas políticas económicas a favor de las clases privilegiadas, sean del país que sean, y la banca privada en particular, en buena parte centroeuropea, y que ha supuesto el empobrecimiento del pueblo griego, y la inanición de su sector público.

Conviene comenzar advirtiendo de una diferencia necesaria. Los procesos de auditoría recurren al análisis de balances contables, al análisis presupuestario, pero, cuando aspiran a determinar los orígenes de un crecimiento ilegítimo de la deuda –de una auténtica socialización de las deudas privadas- no pueden conformarse con un mero ejercicio de revisión contable. Ese análisis quedaría encerrado en el estrecho estudio de las partidas de gasto público, y aunque sin duda esta fase es necesaria para determinar posibles gastos inapropiados, o para determinar el peso de un tipo u otro de partidas, estaría dejando al margen otros capítulos necesarios.

En primer lugar, la política fiscal, que determina los ingresos, la recaudación, su procedencia, y el esfuerzo fiscal de unos grupos sociales y económicos en comparación con otros.

En segundo lugar, la comparación entre ingresos y gastos a lo largo del tiempo, porque la política económica, también en parte responsable de la gestión y respuesta ante el ciclo económico, determina parcialmente el crecimiento económico, y especialmente afecta a la generación de superávits o déficits primarios públicos, estos últimos causantes de la elevación de la deuda pública.

En tercer lugar, el esquema de financiación y los tipos de interés con los que se contrae la deuda pública. Para esta dimensión es preciso indagar acerca de la política monetaria y financiera, en la que en el contexto actual tanto la regulación de los mercados financieros, de la banca, como la política seguida por el Banco Central Europeo, va a fijar un marco y costes del servicio de la deuda comprometida. En este ámbito financiero y monetario se pueden observar un sistema de discriminación de tipos de interés que implica un trato desfavorable de algunos actores endeudados respecto de otros. Como bien es sabido, los tipos aplicados a la banca privada son mucho más favorables que los costes financieros que contraen los Estados, parte del tejido productivo, las hipotecas o los créditos al consumo. Y no rigen únicamente lógicas de mercado “inevitables” sino que hay actuaciones institucionales, regulatorias, o simplemente de poder empresarial de los oligopolios financieros, de carácter político, que suponen decisiones de trato perjudicial para cierta parte de la sociedad. A este respecto, cabe recordar que el BCE presta de manera muy barata a la banca privada, pero no lo hace a los Estados, y que las políticas de flexibilidad cuantitativa no están al alcance ni de la banca ni del Estado griego, precisamente para perjudicarles.

En suma, se trataría de conjugar esta evaluación macroeconómica con una auditoría contable en sí. La primera determinaría los porcentajes de devaluación de la deuda /1, la segunda serviría para ilustrar públicamente algunas circunstancias inaceptables del uso de dicha deuda, formando casos jurídicos que avalasen la decisión, identificando responsables y obligaciones de devolución de gastos inapropiados inclusive con las sanciones y resultados penales que correspondan. Por último, esta auditoría podría identificar beneficiarios del gasto público que conducirían a encontrar criterios de aplicación de porcentajes adicionales a determinados tenedores en vistas a una redistribución de la carga del impago selectivo, que supondría dejar intactos a pequeños ahorradores, fondos de pensiones y de la seguridad social.

2. El origen del endeudamiento de los países del Sur. Insostenibilidad e Ilegitimidad.

Una de las estrategias de aproximación a la cuestión de las deudas de los Estados entra en la valoración de su posible sostenibilidad. Esta parte de una pregunta diferente a otras que podrían formularse. Esa pregunta es ¿se puede seguir haciendo frente al pago de la deuda contraída? ¿En qué medida?.

Para responder a esta pregunta se hace abstracción de la trayectoria pasada, los procesos anteriores y el origen del problema, y se estudia las condiciones macroeconómicas que permitirían seguir pagando los servicios y el principal de la deuda. Aquí entran variables tales y como pueden ser el crecimiento económico que influye en la relación Deuda Pública/PIB, las previsiones de superávits público primario, o los tipos de interés de la deuda contraída. De ahí puede determinarse hasta qué punto y a qué ritmo puede seguirse respondiendo.

La pregunta anterior es macroeconómicamente apropiada, pero políticamente inadecuada, al menos desde un punto de vista progresista. En primer lugar, porque considera como dado el objetivo de pagar la deuda, sin cuestionarlo. En segundo lugar, porque no se pregunta sobre el origen de ese endeudamiento, la atribución de responsabilidades a los acreedores, ni a qué sirvió. En tercer lugar, porque pone como variable dependiente las consecuencias sociales que ocasiona. Dicho de otro modo, si se parte de que las deudas hay que pagarlas, aun cuando se planteen soluciones para modular la devolución, o se propongan políticas económicas que mejoren el marco macroeconómico, estaremos dispuestos a dar por inevitable que hay que poner por encima de las necesidades sociales los derechos de los acreedores y, por tanto, asumiendo las consecuencias sociales derivadas de esta decisión.

Naturalmente, hay políticas económicas alternativas que son mejores y más justas que otras. Si bien, si aceptamos al monstruo de la deuda en su totalidad, por un lado, aquellas sólo aliviarán parte del problema. Es preciso admitir que la política económica no es suficiente por sí misma si lo que queremos es superar un cuadro sistémico de crisis, que, en gran medida, está sujeta tanto a los privilegios y poder de mercado de los oligopolios financieros e industriales, a las condiciones institucionales y políticas establecidas en el marco del Sistema Euro (BCE, Pacto de Lisboa, Moneda única sin políticas de redistribución, etc…) como a la propia dinámica de acumulación capitalista.

De tal modo que parece necesario formularse otro tipo de preguntas. En particular, ¿cuál es el origen del endeudamiento?, ¿a quién benefició?, ¿quién tomó esas decisiones?, ¿es apropiado pagar las deudas en todo caso?, ¿qué responsabilidad tienen los acreedores y, de haberla, es igual la responsabilidad de todos?. En suma, se cuestionaría qué perímetro de la deuda puede considerarse como ilegítima, y por tanto esto impugnaría el origen en base al marco político institucional generado por los beneficiados por el proceso de endeudamiento; o en su caso odiosa si hay pruebas legales de corrupción, autoritarismo político o desvíos de gastos que perjudican el interés general.

Siguiendo este otro esquema hay que tomar una decisión política: ¿qué dimensiones institucionales vamos a discutir, qué periodo y que marco y decisiones de la política económica vamos a evaluar, y qué objetivos se propone para la auditoría?.

3. ¿Son precisas medidas de acompañamiento que protejan el proceso de evaluación?.

La auditoría puede circunscribirse a un ejercicio de buena gestión y control del gasto o tener otros propósitos impugnatorios. Aunque ambos objetivos son necesarios y complementarios, no son equivalentes.

Si se persigue ir más allá de una mera auditoría en términos contables, o incluso si hubiese la menor sospecha de que esta trascendiese de ese propósito, el riesgo que se corre es bien alto. De hecho, esto es lo que está pasando en Grecia. Mientras se dice que se persigue lo primero, los mercados financieros y las instituciones europeas sospechan sobre lo segundo. Basta con que cunda ese riesgo para tener que tomarse en cuenta medidas serias en lo que refiere al control de las fugas de capitales y depósitos /2 que se están produciendo.

De hecho, una auditoría que, aún siquiera sin pretenderlo, sufriera este tipo de sospechas, quiera llevarse a cabo sin el chantaje o sangría de los mercados financieros, debiera contar, para garantizar su independencia, con medidas, cuanto menos transitorias, que incluyesen una moratoria de la deuda y un estricto control de movimiento de capitales, al mismo tiempo que los poderes públicos interviniesen la operativa de la banca privada.

4. Algunos objetivos adicionales para la auditoría.

La auditoría griega no prevé, de momento, incluir estas medidas de acompañamiento, ni tiene competencias para adoptar decisiones, dado que sólo conciernen al gobierno. Sin duda alguna, los resultados de la auditoría pueden servir para lanzar una campaña pública, de carácter pedagógico, que prepare las condiciones para otras decisiones. Mientras estas decisiones no están sobre la mesa, sí puede afirmarse que la auditoría tiene efectos.

En primer lugar, en su lado positivo, mete presión para negociaciones venideras, porque la contraparte sabrá que hay quien ha podido sentar las bases para un escenario diferente al de la sumisión. En su lado negativo, al no contar con las medidas de acompañamiento que hemos señalado, supone un tiempo en el que las fugas de capitales y de depósitos van a ser enormes, e incluso incentivadas por las instituciones comunitarias. Eso puede precipitar una bancarrota incluso cuando no se quiera asumir decisiones unilaterales, en condiciones peores en tanto que los recursos disponibles se habrán agotado.

En nuestra opinión, la auditoría debe escudriñar la realidad de la deuda griega, y explicar a la sociedad europea sus conclusiones. Pero también debe construir las rutas y mecanismos para un plan B que deba, en suma, incluir medidas unilaterales, al tiempo que lo haga con una alianza internacional que permita que los escenarios alternativos sean viables.

Notas

1. Michel Husson apunta a un 56% siguiendo criterios afines a los de este artículo.

2. Tan sólo en febrero 7,6 mil millones de euros en fugas de depósitos.

28 de Marzo de 2015

Daniel Albarracín es miembro del comité de auditoría de la deuda que se está realizando en Grecia i militante de Anticapitalistas.


A la mateixa secció:


Baix Segura: Más de 1000 personas acuden a la manifestación en defensa de las pensiones públicas en Torrevella


Dejemos de pensar que sabemos más que los pobres y apliquemos de una vez la renta básica


Estado español 1985-2017: 32 años avanzando en la destrucción del sistema público de pensiones


El negocio del rescate: ¿Quién se beneficia de los rescates bancarios en la UE?


Alacant: Mediación intercultural en peligro


La ceremonia de la confusión: el copago de las medicinas por los pensionistas.


La gran crisis de las pensiones privadas


21 D 2016: #NoMásCortesDeLuz


Grecia: El Comité para la Verdad sobre la Deuda, la capitulación de Tsipras, y las perspectivas internacionales para la lucha contra las deudas ilegítimas


Al ataque de las pensiones

Creative Commons License Esta obra est� bajo una licencia de Creative Commons by: miquel garcia -- esranxer@gmail.com