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Anticapitalistes
  
dimarts 6 de gener de 2015 | Manuel
Sobre rentas básicas y trabajo garantizado: Hacia un esquema de trabajo libre y solidario en una sociedad emancipada.

Daniel Albarracín

Publicado originalmente en la Revista Laberinto (2014) nº43, en esta versión revisamos y corregimos algunas valoraciones acerca de la RBU (Renta básica univerdal) respecto de aquel artículo, tras estudiar últimas aportaciones del equipo de Raventós, Torrens y Arcarons, que reestiman muy a la baja el coste de la RBU mediante un diseño específico del IRPF como vehículo idóneo de transferencia de rentas. Este texto ha sido redactado sin considerar el debate nuevamente abierto por Torres y Navarro, que parecen escoger por alguna modalidad de renta mínima no universal, pero es igualmente útil para dialogar con dicha aproximación.

1. Proposito:

Hemos asistido a un revival en los últimos meses de un viejo debate sobre la Renta Básica (RB). La irrupción de nuevas fuerzas sociopolíticas, nutridas por propuestas de movimientos sociales, lo ha lanzado a la arena pública. Se ha extendido este debate tanto por la defensa, no sin matices, de estas iniciativas políticas como por las críticas que han arreciado desde los medios de comunicación. Se han multiplicado críticas y comentarios despectivos en torno a la Renta Básica, desde las opciones conservadoras. Entre las filas de los movimientos populares, se ha abierto una discusión que ha comenzado por contrastar la RB con el Trabajo Garantizado.

El propósito de este texto es tratar de esclarecer algunos esquemas, términos y líneas de proyecto que portan esas líneas de propuesta, tratando de llegar más lejos a partir de ellas. Lo que perseguimos no es tanto caracterizar u oponer ambas formulaciones, sino aprovechar esta discusión para abrir un camino alternativo al modelo de relaciones laborales, entendiendo que este asunto es central en la configuración de una sociedad que supere la vigente.

2. ¿Qué papel para el trabajo, qué modelo de sociedad?

Detrás de las reformas planteadas -rentas básicas/1, trabajos garantizados- se parte de un diagnóstico, concepción y orientación respecto a la cuestión del trabajo que atañe a su papel en las relaciones y el modo de vida social general. A este respecto, debemos recordar y poner en contraste diferentes posiciones críticas respecto al mundo del trabajo: la socialdemócrata, la socialiberal, la postmoderna y la marxista.

En la época de la posguerra mundial en el campo socialdemócrata se abrazaba el programa keynesiano para impulsar los instrumentos del sector público para promover el empleo en un contexto de organización productiva fordista y de capitalismo en su fase más vigorosa desde el punto de vista de la acumulación, una situación que era compatible con la extensión de algunos derechos sociales.

En los años 70 y 80, cierta izquierda liberal, o socialiberal, cuyos presupuestos han influido enormemente en el ámbito sindical mayoritario de hoy, estimaba que el trabajo estaba siendo sustituido por la industria robotizada, y que las sociedades del futuro requerían menos trabajo humano, abocándonos, de seguir las cosas así, a tasas de desempleo estructuralmente crecientes. Según este esquema, el curso de la economía seguía su lógica de crecimiento, pero cada vez la proporción entre este crecimiento y la creación de empleo es más débil. Ante esas circunstancias apenas quedaba más remedio que transaccionar moderaciones salariales y reducciones de jornada para minorar el impacto en las tasas de paro. Esta izquierda liberal no perseguía alterar la lógica socioeconómica sino paliar sus consecuencias más extremas. Cerca de esta línea es en la que las sugerencias de Jeremy Rifkin (2005) –reparto del trabajo y promoción de un sector de voluntariado-, o las viejas recetas de los años 90 de Jacques Delors sobre los nuevos yacimientos de empleo –en tanto que puedan aflorar en el mercado desde un apoyo medido del sector público, en forma de subvención, intermediación o cheques servicio-, encajarían.

Fue ya a partir de finales de los 90 que empezaron a tener predicamento otras interpretaciones originadas, principal pero no únicamente, en Italia, en torno a la corriente postoperaria y postmoderna del inmaterialismo, que, entre otros, fue impulsada por autores como Toni Negri, John Halloway, Sergi Bologna o Maurizzio Lazzarato. Para esta corriente, el mundo del trabajo ha mutado. El postfordismo ha abandonado las viejas formas de producción, y en estas nuevas formas laborales lo determinante es el conocimiento, la formación del valor no emana tanto del trabajo como de aquel. El poder no se origina, a su juicio, tanto en instancias de dominación social, institucional e ideológica, sino que se circunscribe a un poder físico de control, el poder de mando, en el ámbito de la fábrica o de la oficina. El empleo estable ha sido sustituido por figuras laborales precarias, que ocasionan salidas y entradas permanentes del trabajo y una mayor movilidad laboral, con efectos paradójicos: el mundo del trabajo impide cualquier emancipación, multiplica el general intellect, y ese saber social se extiende al mundo de la vida, donde los tiempos de desempleo o inactividad, que procuran tiempos libres, arraigados en la ciudad pueden comportar una palanca para el antagonismo. Un espacio social desde el que irrumpan alternativas emancipadas en la que el precariado emerge como nuevo sujeto antagonista.

Esta estrategia de investigación parte de la impugnación de la teoría laboral del valor, propuesta por Karl Marx, no sin dejar de inspirarse en parte de su obra (Gründisse) y recurre a las ideas de Spinoza. Reconstruyen a partir de otras interpretaciones –entre una aproximación ricardiana, postregulacionista e inmaterialista (Albarracín, D., 2003)- , al entender como unidades determinantes el valor-afecto, el valor-saber (enfatizando la importancia de la información, algo en lo que coinciden con autores convencionales –Daniel Bell, Alain Touraine, Manuel Castells, etc.-). La estrategia política no consiste en tomar ningún poder en los espacios laborales, plenamente dominados por la clase empresarial, sino emprender un éxodo, una huida del mundo laboral, para ocupar el espacio social desde el cual sortear al poder y generar ámbitos de autonomía social. En suma, una política que construye y apuesta por la vida social fuera del trabajo y propugnando soluciones al margen del ámbito laboral clásico, dado que el trabajo colisiona con la vida. Derivado de este esquema se trataría de desarrollar iniciativas autogestionarias, proyectos autónomos de segunda generación y ocupar el espacio político de lo social a través de un desbordamiento del poder y la agregación de multitudes.

Entre medias hubo también otros intelectuales, como André Gorz, Clauss Offe o Dominique Medá, que perseguían apostar por la vida sea bien por una crítica moral al trabajo como forma de alienación o por la constatación del desplazamiento de su centralidad. No coincidían en el papel a conferir al sector público –unos fueron más hostiles al Estado, otros daban mayor confianza a una versión democratizada del mismo-, pero estaban conformes en el declive del trabajo como centro social.

Estos presupuestos interpretativos inspiran, sin dar soluciones únicas, a las problemáticas tratadas. Si bien todas ellas abordan la cuestión social del trabajo asalariado de un modo que conduce a prácticas políticas muy diferenciadas.

En particular, la actitud socialdemócrata construye una línea en torno a una ciudadanía laboral, en la que empleo y derechos sociales son posibles, sin cuestionar el trabajo asalariado, que representa la centralidad social, desde el corazón de la fábrica. Aquella fórmula se reservó para una fracción amplia de las clases trabajadoras del Norte, en su fracción masculina, y acabó por agotarse con la crisis capitalista de los años 70, en la que finalizaron los márgenes para compensaciones significativas.

Las propuestas socialiberales y postmodernas no interpretan de igual modo la situación, pero comparten una estrategia de distanciamiento del trabajo como fuente de solución, porque en ese espacio se generan los problemas. Unos procurarán mitigarlos, otros directamente se desentienden, señalando la futilidad de operar en ese campo.

Ahora bien, desde el marxismo, en su versión más viva, abierta y menos dogmática, y por tanto enriquecida y articulada por otros esquemas como los que atienden la dimensión reproductiva –que amplifica el concepto de trabajo hacia las actividades no remuneradas- o como los que parten de la economía ecológica y la ecología política – que advierten que el origen de la riqueza proviene de la naturaleza-, viene señalándose la importancia de los procesos de generación y expropiación del valor, surgidos desde el mundo del trabajo –sea asalariado, sea económicamente dependiente, sea de la autoexplotación-. En esta perspectiva, la dominación social precede a la explotación y disciplinamiento laboral. La estructura de clases es la consecuencia de un modelo de relaciones sociales en las que una minoría dispone de los medios de producción de la vida y que, mediante un aparato institucional, ideológico y un marco de relaciones laborales hacen dependientes a las clases laboriosas –que requieren de la consecución de un empleo disponiendo su fuerza de trabajo. Disciplina incluso mucho más el miedo al desempleo, o la necesidad de obtener un ingreso para sufragar la vivienda familiar, que otros condicionamientos. La relación salarial es la forma básica en la que se gobierna el mundo del trabajo y se procede a extraer el valor proporcionado por la fuerza laboral económicamente dependiente. La relación salarial es la contrapartida de un sistema de propiedad privada de los medios económicos fundamentales. Ha sido armada de manera diferente a lo largo del tiempo histórico con una mutación compleja que exige mapear su trama siempre en lo concreto. En este sentido, mientras que los salarios de los managers resultan más bien de una remuneración a partir del excedente extraído del valor de la masa laboral, no sin impedir que también aporten algún tipo de valor, no cabe incluírseles entre las clases subordinadas. A su vez, los trabajadores económicamente dependientes (desde el falso autónomo al pequeño empresariado subalterno) aportan un valor que es apropiado por el gran capital en el campo mercantil, incluso con menos derechos y garantías que el régimen general de la condición del trabajo por cuenta ajena.

En suma, según esta última aproximación, de lo que se trata es de superar el modelo de sociedad y trabajo que se funda en la relación salarial, el trabajo asalariado principalmente y otras formas económicamente dependientes. Es por este motivo que las reformas que se planteen deben perseguir no sólo la erradicación de la pobreza, la liberación personal o la dignificación a través del trabajo como actividad, sino, antes que nada, superar el modelo de relaciones sociales y laborales levantado por un sistema de dominación y explotación. Esto implica una estrategia sociopolítica, que necesita de herramientas sindicales, que abarca los espacios sociales, las dinámicas políticas e institucionales, como su intervención en los espacios laborales. A este respecto, también conviene prevenirse de lecturas vulgares y mecanicistas del marxismo, que han insistido en insostenibles desarrollos de las fuerzas productivas, o que han concentrado toda la acción en las situaciones de trabajo concretas, con iniciativas centro a centro. El planeta no puede soportar una mayor emisión de gases de efecto invernadero, ni seguir con el recurso a energías fósiles, ni el agotamiento de las zonas fértiles y habitables del planeta al superarse desde los años 80 la capacidad de carga ecológica. Pero tampoco podemos simplificar la intervención en el espacio productivo a una mera acción en centros de trabajo fragmentarios, desde la mera negociación. Los espacios laborales han amplificado su dinámica a lo largo de empresas red transnacionales y cadenas de valor transectoriales, al mismo tiempo que los y las trabajadoras son polifuncionales, cambian de empleos y actividad, y las solidaridades se forman más allá de comunidades en permanente disolución, obligando a que esta solidaridad sea general, internacional, transectorial, y, muchas veces, entre desconocidos, si no quieren reducirse a prácticas microcorporativas.

Esta aproximación también nos previene de algunos errores, no sólo conceptuales o metodológicos sino también empíricos, de los paradigmas socialdemócratas, socialiberales o postmodernos.

En primer lugar, apunta, en relación a los que añoran el pasado del fordismo socialdemócrata, a que aquel viejo modelo no regresará. Ni se dan las condiciones ni sería extensible a nivel general. El capitalismo ha entrado en una larga fase de embarrancamiento (en el que las condiciones para superarlas no se han encontrado y de hacerlo sería en un escenario indeseable) y no hay márgenes para dotarle de una mochila de derechos a la condición salarial.

En segundo lugar, el ejercicio de los socialiberales por sostener el empleo, a costa de degradarlo, no ha impedido unos niveles de paro históricos ni poner límites a la subordinación. Su confianza en el crecimiento, la recuperación de los beneficios para animar las inversiones y ver si luego parte del excedente puede aliviar la pobreza, ha fracasado. Fundamentalmente, se equivocan en una percepción: el que la proporción de capital –en su versión mecánica, o capital físico- aumente en su relación con el capital variable, o trabajo humano, no ha impedido que el trabajo potencie y extienda su centralidad social comportando casi un 48% la fuerza laboral respecto a la población mundial en 2012 (datos de la UNCTAD) cuando en 1980 se encontraba en torno al 42%, lo que implica que casi 3,5 mil millones de personas dependen de su trabajo directo para vivir –sin contemplar las personas que dependen del ingreso de aquellas-. Una acumulación incesante lo ha permitido, aún a costa de poner en peligro la biosfera. En nuestro país, un 85% de la fuerza laboral eran en 2012, en base a la EPA, personas asalariadas o en busca de un empleo. Si el desempleo asciende, parece reflejo tanto del fracaso de determinadas políticas económicas de austeridad o del castigo social para doblegar voluntades para que se acepten peores condiciones de empleo, más que del desinterés por seguir acumulando.

En tercer lugar, las diferentes líneas postmodernas, aún a pesar de su relativa heterogeneidad interna, coinciden en ese abandono de las trincheras del ámbito de la producción. Para ellos el dominio se ejerce en la jaula de los centros de trabajo, como si el que consume no estuviese condicionado por el imaginario de los noticiarios, la publicidad o la oferta comercial preestablecida; como si los espacios y tiempos de nuestra socialización cotidiana no estuviesen bajo la presión de pautas donde el poder se despliega sobre el imaginario, el territorio y las instituciones. Ni que decir tiene que los tiempos fuera de lo laboral están extraordinariamente heteronomizados. Resulta difícil afirmar que las personas desempleadas se sienten libres, cuando –salvo aquellos que tienen cubiertas las espaldas por su grupo familiar, o no tengan personas a cargo-, y no padecen el tiempo en el que están en el paro como una losa, un periodo repleto de exigencias y señalamientos que cuestionan la dignidad para más pronto que tarde tener que aceptar un empleo. Y el resto de la población que no busca empleo suele depender de otros. Aquellos que afirman que el conocimiento, la tecnología y la información, el “cognitariado”, constituyen la base del valor en una sociedad de los servicios, no suelen tomar en cuenta que una sociedad de servicios es posible porque estamos sobre bases superindustriales, que el sistema robotizado semiautomático se diseña por ingenieros e informáticos, que se opera y repara el sistema maquínico con trabajo humano, y que la fuerza de trabajo liberada se destina a trabajos de servicios (desde los más degradantes a los cualificados) imprescindibles parar el circuito de la valorización del capital, o que producir conocimiento es un resultado del tiempo de trabajo socialmente necesario para crearlo. Que, en suma, el capital constante, el robot o el ordenador no es otra cosa que trabajo humano condensado y acumulado en el tiempo. Pero lo que es más importante, que, aunque sea preciso ocupar los espacios de lo social, lo laboral –entendido de manera amplia- sigue configurando el terreno de lucha donde al capital le duele más, desde el cual es posible disputarle el control de los medios económicos, y donde conviene intervenir, con estrategias desde la cogestión al control de los y las trabajadoras, para alterar las prioridades y formas de la producción y la distribución.

Las estrategias de superación de este modelo de relaciones sociopolíticas pasa por introducir transformaciones que cuestionen el trabajo asalariado, mecanismo social de extorsión trituradora de voluntades. En esta tarea, las reformas institucionales, y el cambio de paradigma en las relaciones de poder, política económica, política de empleo y políticas sociales que se promuevan, deben tomar en cuenta este objetivo.

Ahora bien, este criterio superador de las relaciones sociales en vigor no debe bloquear, a mi modesto juicio, aquellas medidas que contribuyan a mejorar las condiciones de vida en tanto que esta situación se enlace con procesos de empoderamiento y cuestionamiento del modelo capitalista, aunque no supongan un cambio inmediato a este respecto. Lo importante es la orientación de esas medidas. Porque, es justo señalarlo, craso error sería impedir medidas que son beneficiosas para las mayorías subordinadas simplemente por la razón de que no lo puedan resolver todo a día de hoy.

3. En torno a las propuestas en discusión: sobre modelos de provisión de rentas o empleos garantizados

Parece necesario comenzar sucintamente con una breve caracterización de algunos términos y medidas, para emprender, sin malentendidos, un debate sobre propuestas concretas.

3.1. Sobre Rentas de Ciudadanía

En torno a la renta básica se han producido, al menos tres aproximaciones que plantean soluciones diferentes.

La primera de ellas, se originaría, entre otros puntos de partida, en la obra de John Stuart Mill, en la que se refiere a las rentas mínimas. Los antiguos liberales plantearon la posibilidad de introducir rentas por debajo del nivel de subsistencia de cara tanto a apaciguar el conflicto social como para no desincentivar que las personas prosiguieran disponiéndose para la búsqueda de un empleo. De algún modo, las diferentes rentas o ingresos mínimos de inserción han desempeñado este papel y han tenido cierta extensión en el Estado español desde los años 90 a nivel autonómico, apelando a razones de miseria, discapacidad ante el trabajo, o prolongación duradera de desempleo (Raventós, 2014)/2. En España, cada autonomía establece una renta con su propio criterio, fijando una cuantía y duración diferentes, oscilando “entre los 300 euros de Murcia o Ceuta a los 641 de Navarra o los 621 del País Vasco”/3. Quizá convenga reflejar que este gasto (855 millones de euros), al duplicarse los beneficiarios, se ha multiplicado por dos entre 2008 y 2012, y casi por cuatro, en comparación con 2002 (251 millones). Esta fórmula quizá haya limitado las bolsas de miseria, sin resolver la pobreza, y queda muy lejos de una solución ante el crecimiento de familias con todos sus miembros en paro /4.

Ahora bien, las propuestas relacionadas con la renta básica plantean superar esta visión miserabilista, con proyectos distintos. En unos casos, con el objetivo de acabar con la pobreza; o, más allá, procurar garantizar la dignidad y la libertad de las personas; o bien separar el tándem trabajo-remuneración básica, para superar la dependencia social de las mayorías trabajadoras ante una relación salarial dominada por una minoría privilegiada y explotadora. En cualquier caso, y bajo diseños diferentes, hay dos esquemas que han predominado.

El primer esquema se ha denominado Renta Garantizada de Ciudadanía. Sería un subsidio condicionado ex-post para los grupos sociales que lo requieran; procura paliar la escasez de las personas garantizando una renta mínima, que sustituye otras prestaciones. Es una medida que acarrea algunos costes administrativos para su asignación en cada caso –y quizá ocasione estigmatización a quien lo solicita-, y puede desincentivar la búsqueda de empleo, porque puede desincentivar escoger empleos de baja remuneración, al hacer incompatibles ambas rentas (Arcarons et al, 2014).

El segundo esquema ha intentado subsanar el anterior modelo en base a lo que se ha llamado Renta Básica Universal. Se trata de una renta ex-ante proporcionada como devolución en el momento de la declaración de hacienda y exenta de imposición del IRPF, para todas las personas por igual, sea cual sea su condición, lo que ahorra costes administrativos de asignación, previene la exclusión social e intenta “garantizar la existencia material de toda la población”, y no incompatibiliza la percepción de la renta con el trabajo (Arcarons et al, 2014) evitando entrar en la trampa de la pobreza (Ros, M. 2014). Su cuantía, según Raventós, estaría por encima del umbral de la pobreza, que según el IDESCAT, para Cataluña, en base al 60% de la renta mediana ascendía a 7.968 euros anuales (664 euros mensuales), fiscalmente exentos, y siendo de una quinta parte para los menores. Esa cuantía sustituye cualquier otra prestación pública inferior complementándola, y dada la linealidad de la propuesta –un tipo único del IRPF en torno al 49%- tendría consecuencias redistributivas significativas (Raventós, 2013). Supondría emplear el IRPF como mecanismo de transferencia de rentas de una fracción de la sociedad con altas rentas hacia los que no alcanzan ese umbral.

3.2. Trabajo Garantizado y Modelos alternativos y solidarios de Trabajo

En el debate se ha planteado esquemas de solución que refieren a actuaciones no tanto sobre la provisión de rentas, sino que intervienen directamente sobre el empleo. En particular, se ha tratado acerca del Trabajo Garantizado /5. Este esquema no opera únicamente desde la demanda y bajo una formula meramente monetaria, sino desde la garantía de empleo para las personas desempleadas, en áreas de utilidad social y financiadas por el sector público como empleador de última instancia. De tal manera, actúa como un amortiguador automático al mismo tiempo en la oferta –mayores prestaciones focalizadas sobre áreas de necesidad social (acompañamiento de ancianos y personas dependientes, protección de bosques, atención infantil, reparación de áreas públicas o comunitarias, etc.)- y en la demanda, al compensar ese trabajo con un salario digno/6, aunque no elevado. El esquema introduce entre las responsabilidades del sector público la garantía de impedir el desempleo involuntario y de generar actividades demandadas que permitan aprovechar a personas con capacidad y disposición a trabajar. Lo que mejora la actividad económica al incrementar el consumo, más aún en tiempos de crisis del sector privado, y de resolver problemas sociales o medioambientales al mismo tiempo.

Otras derivaciones, no equivalentes pero semejantes, han sido las tradicionales que referían al Tercer Sector (Rifkin, J., 1995), al voluntariado, la economía cooperativa o los nuevos yacimientos de empleo. La consideración de esta estrategia parte del diagnóstico de que, en un mundo en el que las máquinas sustituyen al trabajo humano, no hay tareas para todos, o de haberlas refieren a actividades de servicios (a las personas, al entorno,...). De tal modo que procuran combinar medidas de reparto del trabajo, conjuntamente al impulso de la sociedad civil para cubrir empleos en torno a tareas de economía social. En estos últimos esquemas, no siempre se trata ni de la titularidad ni la financiación, así que estas actividades bien pueden ser desarrolladas a iniciativa propia de la comunidad o bien financiadas por el sector público a favor de un sector de organizaciones voluntarias, o bien directamente por el sector público.

3.3. ¿Rentas Básicas vs Trabajo Garantizado?. Alcances y limitaciones

Últimamente se ha desarrollado un fuerte debate que ha procurado antagonizar las rentas básicas al trabajo garantizado. No cabe duda de que son propuestas diferentes que operan sobre ámbitos distintos, con costes y consecuencias no equivalentes, pero en modo alguno puede afirmarse que no sean articulables.

Son propuestas que no se oponen, aunque como apuesta política no guardan el mismo diseño, formas y espacios de intervención y efectos. Y está claro que no hay consenso sobre si cabría priorizar una sobre la otra en el tiempo. Ambas, comparten aspiraciones de superación de la pobreza o la exclusión social. Mientras que las rentas básicas casarían mucho mejor con el diagnóstico de las estrategias que procuran resolver la cuestión social desde un desplazamiento o huida del trabajo, el trabajo garantizado equivaldría a una medida que, compatible con la superación del modelo fordista, encajaría con un esquema de intervención socialdemócrata avanzada. En este segundo caso, la solidaridad propia de los servicios de este tipo de trabajo se circunscribiría a los mismos, sin tener por qué extenderse al conjunto del modelo de relaciones laborales, y operaría sobre los defectos sistémicos, en especial sobre los excesos de capacidad y la destrucción de empleo del sector privado, sin modificar los criterios y lógicas que caracterizarían al conjunto del modelo de relaciones laborales bajo el trabajo asalariado y sin impedir la lógica dominante.

La discusión, revitalizada por Eduardo Garzón (2014) y replicada por el equipo en torno a Daniel Raventós (2014) en la revista sinpermiso.info, en una serie de misivas de enorme interés, han fijado la atención sobre los alcances y límites de ambas medidas.

Por un lado, se advertía que las rentas básicas podrían causar mayor inflación, en comparación con el trabajo garantizado. Sin duda alguna, puede ocasionar un efecto de esa naturaleza, pero no en el momento presente donde predominan tendencias deflacionarias, aún menos en un contexto de infrautilización de los factores productivos, inclusive en un contexto de trampa de la liquidez.

En relación al desincentivo a trabajar, la Renta Básica Universal aventaja a la Renta Garantizada de Ciudadanía al compatibilizar renta básica y empleo, aunque seguiría requiriendo que el ingreso por trabajar fuese sustancialmente alto. Aquí el trabajo no se realizaría necesariamente por un compromiso de reciprocidad con la sociedad, sino por voluntad de cada individuo en pos, en la mayoría de casos, de un estímulo crematístico.

La Renta Básica comporta una aportación monetaria, con un efecto redistributivo –a partir de una propensión al consumo y una satisfacción básica mayor entre las personas con menor poder adquisitivo- que reactiva el mercado y la oferta privada. Ese impulso no tiene porque venir acompañado de una oferta pública determinada de servicios, ni garantiza que las actividades potenciadas sean de utilidad general, pues ninguna instancia colectiva y democrática las seleccionaría. Pero tampoco lo impide. Seguramente sería un consumo comprensible, pero podría derivar en un desequilibrio en la composición de servicios ofertados y, además, dificultaría una estructuración de ofertas que satisficiese economías de escala y diversidad logrando eficiencias que exigen grupos mínimos. En algunos casos, necesidades reales ahora con solvencia quizá no encontrarían una oferta que, para determinados servicios, sólo afloraría en caso de haber un monopolio natural.

También se han observado problemas, en los esquemas propuestos en relación a la Renta Básica Universal, en particular que afectan al ámbito de la inequidad de género. Patricia Merino (2014)/7 ha señalado que una provisión de una quinta parte inferior para menores implica, en un contexto donde la crianza suele ser atribuida a las mujeres, una situación donde recaería entre ellas mayor carga, menos disponibilidad respecto al empleo y menores recursos económicos, podría generar círculos viciosos en el margen de la pobreza. Por sí sola la Renta Básica no puede resolver esta cuestión. Requiere cambios en el reparto del trabajo reproductivo, porque de otro modo exigiría una cuantía por menor a cargo muy superior.

En términos redistributivos, a su vez, el trabajo garantizado, sin otras prestaciones básicas, no garantizaría la obtención de rentas para vivir a las personas sin capacidad para trabajar, lo que hace necesario complementar esta medida. La RBU permitiría cubrir una capacidad adquisitiva para todas las personas, independientemente de su capacidad y voluntad de trabajar, algo que congeniaría con acabar con la dependencia económica del trabajo asalariado, aunque sin resolver el dilema de qué modelo de trabajo alternativo lo sustituiría –si lo hace-, dado que eso estaría a instancias únicamente de la elección personal y de una cultura comunitaria por definir.

La RBU y el trabajo garantizado pueden ser medidas que pueden desarrollarse al unísono, aunque conllevarían movilizar recursos públicos y alterar el sistema fiscal y presupuestario, de manera sustancial si bien viable /8. Si bien, aún cuando se pusiesen ambas en práctica, más allá de las resistencias del poder, sus implicaciones no garantizarían la erradicación de un modelo laboral basado en la relación salarial. Contribuirían a mejorar las condiciones de negociación del empleo asalariado al impedir situaciones de pobreza o de desempleo involuntario. Constituirían mecanismos de redistribución y de amortiguación respecto del ciclo, que admitirían combinaciones de provisiones públicas, en segunda instancia, y despliegue de la iniciativa privada en el mercado. Así vistos, por sí solos, ocasionarían una división del trabajo entre la oferta pública, a modo de coche-escoba, y otra privada, que parecería la locomotora, aunque esta división dependería del contenido de las actividades del trabajo garantizado y su proporción en la economía. Se daría la paradoja que actividades industriales y financieras estratégicas seguirían en manos privadas, y el sector público podría estar proporcionando empleo en actividades sociales sobre todo en el ciclo bajista para abandonarlas en el alcista. Dicho de otro modo, aún cuando encerraría una fórmula que redefiniría la condición de ciudadanía de manera muy importante, y de por sí merecería la pena en un largo trecho de transformaciones, aún así el grueso de la economía seguiría dependiendo de los estímulos de la rentabilidad, de la lógica de la mercancía (Husson M; 11:2011), no impediría procesos, por sí mismos, de acumulación incesante, y no evitarían la crisis estructural de onda larga en curso. No irían más lejos de ser unos buenos amortiguadores automáticos en clave keynesiana. Asimismo, ambas provisiones, sea empleo o renta, seguirían dependiendo de un Estado del que no podemos hacer abstracción de su naturaleza social. Un modelo de trabajos selectivo o condicionados, con un diseño distinto en manos de un gobierno autoritario podría obligar a trabajar sin criterio democrático, o establecer una renta que, si se establece con criterios arbitrarios, podría generar relaciones clientelares. Medidas así debieran ser puestas en pie por un gobierno democrático- popular para ser admisibles. Y, en cualquier contexto nos queda un importante interrogante por contestar: ¿las clases populares contando el gobierno podrían poner en marcha medidas así sin controlar o influir decisivamente en los medios productivos estratégicos?. ¿Será posible controlar plenamente el Estado a favor de las mayorías, por sí sólo, sin alterar las relaciones de poder que residen en el mundo del trabajo?

En cuanto a costes, estimamos que la aplicación de la Renta Básica Universal comportaría, si fuese una mera provisión de renta en base a gasto público, si descontamos el resto de prestaciones sociales de cuantía inferior a las que suple y mejora, el 14,57% del PIB –dato que revisaremos sustancialmente a la baja si se vehiculiza como mecanismo de transferencia de rentas en la declaración del IRPF-; para la Renta Ciudadana Garantizada, sin costes administrativos, su coste adicional efectivo sería de apenas el 0,3% del PIB adicional al gasto social actual; mientras que invertir en Trabajo Garantizado redundaría en un coste equivalente al 7,37% del PIB, y sólo del 4,37% como coste neto al ahorrarnos las prestaciones de desempleo (Garzón, E.; 2014) /9.

Tras diversos contrastes y aportaciones en fechas recientes /10 (Arcarons et al, 07/12/14), algunos de estos cálculos han de verse matizados y corregidos. Según estos autores, la microsimulación aplicada en base al IRPF implica que el coste de la RBU no debe entenderse en tanto que gasto, sino que al ser un mecanismo de transferencia de rentas, debe aproximarse por el incremento en la presión fiscal que comporta que, según este estudio, no supone una elevación mayor al 3,5% del PIB. Es preciso notar que, según Daniel Raventós, esta medida podría implementarse en un año, mientras que el TG tardaría años en llevarse a efecto, y las experiencias conocidas no han conseguido alcanzar el pleno empleo.

Emplear el instrumento de la declaración de Hacienda /11 es una fórmula ágil y apenas costosa administrativamente –aunque también cabría preguntarse por qué no recurrir a otras figuras más directamente ligadas a las rentas del capital y del patrimonio-. El coste de la RBU sería muy inferior a otras deducciones existentes (en el IRPF en 2011, entre reducciones, deducciones y mínimos personales y familiares, se restaron ingresos de 300.000 millones de euros) y, por otro lado, sustituiría otras prestaciones menores (80.000 millones de euros en 2014). El impulso de una oferta para garantizar el trabajo en áreas de utilidad social podría ascender a 6,27 mil millones de euros /12, que estimularía actividades de interés general, algunas con efectos multiplicadores y sostenibles si se busca este perfil (energías renovables, actividades de cuidados, etc.). El coste de la medida de trabajo garantizado dependería del momento del ciclo, pues a menor paro menor carga para el Estado, y además tendría efectos contracíclicos de reactivación del consumo y de mejora de la oferta existente en momentos de alto desempleo. En 2014, habría que destinar el 7,37% del PIB para dar empleo a todas las personas paradas, sólo un 4,37% más al ahorrarse prestaciones de paro (3% del PIB). Por su parte, el coste efectivo, tras remover prestaciones de cuantía inferior, de la RCG sería apenas del 0,3% del PIB, si bien sin removerlas ascendería al 8,08% del PIB. En suma, la combinación de TG más RCG tendrían un coste neto adicional aproximado (sin costes administrativos) del entorno al 4,67% del PIB, mientras que solo la RBU ascendería al 7,87% del PIB. Sea como fuere, una elevación de la presión fiscal en España hasta la media europea sería capaz de financiar el TG y el RBU.

Y, una vez examinado, ¿son suficientes estas medidas o tratamos de mirar más allá?

3.4. Superar la relación salarial y configurar un modelo social alternativo y solidario de relaciones laborales

Entonces, ¿qué medidas podrían ser adecuadas?. Debemos conjugar varios objetivos: erradicar la pobreza, garantizar la provisión de servicios públicos esenciales de manera universal, poner en cuestión la relación salarial y superar el modelo de relaciones laborales basándonos en otro de carácter democrático, solidario, ecológicamente sostenible y alternativo. Lo que implica que necesitamos varias medidas articuladas y congruentes entre sí.

El modelo de trabajo y sociedad alternativa que perseguimos seguiría el postulado de Karl Marx, “de cada uno según su capacidad, para cada uno según su necesidad”/13 – asumiendo la finitud de un planeta exhausto-, lo que entraña articular un compromiso con la sociedad de toda persona, y de la sociedad con cada uno de sus miembros, en términos de obligaciones y derechos. Sin impedir que este contrato de curso al libre desarrollo de las personas en libertad, según las condiciones socioeconómicas y acuerdos democráticos de cada momento.

Esta estrategia no se opone a tomar algunos de los mecanismos de la renta básica y el trabajo garantizado. Aún si bien, resultan por sí solos, en el diseño que se plantean, insuficientes. Para alterar la naturaleza y orientación social del modelo de relaciones laborales se precisa una transformación política de primer orden que suponga acabar con el dominio soberano de los capitalistas sobre los medios de producción estratégicos y la organización sobre las políticas de empleo de la fuerza de trabajo y de la misma producción. Nada nos ahorrará esta disputa, porque la oligarquía, más aún en una situación de decadencia económica, se resistirá a cualquier pérdida de sus privilegios.

De poder emprender tamaño desafío habría que comenzar por regular de un modo alternativo las relaciones laborales, basado en la reciprocidad y la solidaridad, que extienda la democracia en el trabajo, e intervenir en la línea siguiente:

• Se habría de impulsar no sólo un trabajo garantizado sino la garantía de pleno empleo de las personas disponibles y en condiciones para trabajar. Para eso, un organismo público asumiría la intermediación del empleo (Husson, 2011) y tendría competencias en materia de preselección del personal presentado y disponible, en razón al mérito, experiencia y capacitación profesional. El empresariado trasladaría sus necesidades de fuerza de trabajo, con el perfil requerido, y habría de elegir entre el personal preseleccionado.

El empleo ha de ser estable. Para el caso de trabajos en misión, de naturaleza puntual o de duración determinada, el empleador será preferentemente el sector público, para garantizar sus derechos y para facilitar la continuidad en el empleo en otro puesto posterior de cara a la finalización del proyecto. Si una iniciativa privada o comunitaria que se sostiene económicamente emplea personas de forma eventual tendrá que planear una recolocación a la persona en otra actividad, proyecto o área, a la finalización. Para trabajos estacionales se formalizarán empleos fijos-discontinuos que garanticen a lo largo del año al menos el SMI anual, que concentrará en los periodos de baja actividad las acciones de formación y que no impedirá el desarrollo de otros empleos en ese tiempo.

• Se establecería una regla: la escala móvil de horas de trabajo /14 (Trotsky, 1938), es decir a más desempleo se aplicaría una reducción de la jornada laboral general, que podría adecuarse a la distribución más apropiada a cada sector y tipo de puesto (presencial o a distancia, ante o tras el público, de atención a personas, de operación de sistemas, etc.). En caso de déficits de mano de obra en ciertas áreas se activarían mecanismos de formación profesional para el empleo.

• La garantía de empleo, un derecho de toda persona capaz para trabajar, y la opción a la candidatura a los puestos de trabajo ofertados, ha de conducir a la aceptación de un contrato solidario con la sociedad, en el marco de derechos y obligaciones consagrados a lo largo de la biografía de las personas. En tanto que hay tareas sociales que son imprescindibles (limpieza, mantenimiento y protección del entorno natural y urbano, cuidado de ancianos, atención domiciliaria, preparación y actuación ante catástrofes, etc. -su abanico de contenidos debiera ser una decisión democrática y colectiva-) pero que es probable por su dureza o desagrado no se suelan escoger, las personas en su etapa juvenil, debieran realizar una prestación social, tal y como sugiere Jorge Riechmann (Abásolo, 2009), con una formación previa al efecto, con una dedicación durante una serie de años, que todo el mundo debiera realizar – atendiendo a razones de proximidad, capacidad y elección entre las actividades necesarias-. Esta prestación solidaria habría que realizarla antes de los 25 años, a elegir cuándo hacerlo antes de cumplir dicha edad. El sector público puede reservarse la ampliación de plazas a personas de mayor edad en caso de que las actividades sean urgentes y requieran refuerzo.

La prestación solidaria debe hacerse en ámbitos comunitarios e interpersonales donde pueda reconocerse simbólicamente su satisfacción. En suma, las personas a lo largo de su biografía, a cambio de obtener bienes y servicios públicos esenciales universalmente garantizados (alimentación, cobijo, sanidad, educación, atención a la dependencia, etc.) y la garantía de empleo estable, a cambio asumirían un compromiso a lo largo de la vida, que ha de ser preferentemente realizado en la etapa juvenil, desarrollando actividades comunitarias socialmente útiles en periodos determinados o en situaciones excepcionales de urgencia social.

• La garantía de empleo a lo largo de la vida profesional no implica que se asegure un puesto de trabajo concreto, pues esto dependerá de las necesidades globales establecidas democráticamente, de cada organización, del proyecto de trabajo del periodo, de la capacitación y mérito (si hay varios candidatos al puesto determinado), y de la elección de cada persona. El despido sólo cabrá por razones de negligencia, comportamiento graves, o determinación de inviabilidad económica del proyecto.

Los trabajos y servicios estratégicos de la economía estarían en manos públicas, bajo control social, y se desarrollarían con empleo público. El gobierno puede desarrollar estudios de identificación de necesidades sociales y productivas /15 que orienten al empresariado, del ámbito privado y comunitario, en su toma de decisiones, a modo de plan indicativo. En el ámbito no público, las personas pueden ser libres de emprender proyectos empresariales, bajo fórmulas autogestionarias, cooperativistas, si bien bajo el respeto a la legislación laboral, la atención a la regulación sectorial y los convenios colectivos; proyectos que el sector público primará si cumplen esquemas sociales y democráticos.

El funcionamiento de mercado estará regulado, principalmente por la vía fiscal sobre el destino y cuantía de los excedentes, y la posible transferencia de recursos si las iniciativas empresariales se orientan al desarrollo de los planes indicativos del gobierno.

Empoderar a los y las trabajadoras en los ámbitos laborales para que puedan protagonizar su influencia en la dirección de las empresas. Esto implicaría que la gerencia tendría que ser seleccionada por razones de mérito, capacidad, propuesta de proyecto, contando con la elección del personal laboral. La dirección habría de interlocutar con la representación sindical en materia de organización de trabajo.

En los consejos de administración, el personal por cuenta ajena habría de estar presente, con el objeto de codeterminar los objetivos de producción y los destinos del excedente.

En la forma del ingreso, habría que estudiar diferentes posibilidades:

1. En primer lugar, la administración pública debe garantizar que se respeta el derecho a usufructo de vivienda, el desarrollo de servicios de sanidad, educación y atención a la dependencia, con las especializaciones necesarias para atender la diversidad de casuísticas, y los servicios de transporte colectivo, entre otros propios del sector público.

2. Por otro lado, habría que establecer un Ingreso Personal Garantizado para las personas inactivas –excedencias, periodos de formación, atención a personas dependientes, etc.-, fuera de edad o condición para trabajar –periodos de enfermedad o situación de discapacidad inhabilitante-, en un primer periodo, que podría ampliarse bajo fórmula de RBU cuando se determinen todas las prioridades que cabe atender (en particular el impulso a políticas de transición energética y cambio de modelo productivo). Debiera cubrir los mínimos existenciales y su provisión podría calcularse y activarse a propósito de la declaración de la renta, garantizando que la persona, si con otras prestaciones no alcanza el mínimo, se le cubra con un complemento. A estos efectos se arbitraría una transición para sustituir todas las prestaciones por debajo del umbral de la pobreza por este nuevo ingreso. Las personas menores tendrán cubiertos servicios de educación infantil y obligatoria, ayudas de manutención, transporte colectivo y vestido, las familias contarán con ayuda a domicilio (prestación social) y servicios públicos en general, que harán compatible el cuidado de los hijos con el empleo, y un cobijo apropiado para el tamaño familiar. Las personas jubiladas dispondrán de este ingreso, ayudas de transporte colectivo y ayudas apropiadas a sus necesidades sanitarias en el domicilio con personal de prestación social obligatoria coordinado por personal profesional.

3. Las personas que desarrollen la prestación solidaria tendrían cubierta la vivienda, los servicios públicos, su formación al efecto de su actividad y el equivalente a un sueldo de 800 euros mensuales, 14 pagas. Su duración estaría determinada por el gobierno, y podría prestarse en varios periodos, de una duración mínima de seis meses cada uno.

4. Para el desarrollo del resto de profesiones se regularía por convenio colectivo sectorial, con un salario mínimo interprofesional y un salario máximo, con un máximo de abanico de razón de 1 a 5 a lo sumo, remunerando de manera igual trabajos de valor equivalentes, con un sistema de selección, clasificación y promoción profesional definido y objetivable, con regulaciones laborales que impedirían el despido en empresas con beneficios operativos, que regularía el despido económico vía ERE negociado.

• La forma de financiación sería a cargo de un sistema fiscal progresivo soportando las cargas fundamentalmente en las grandes fortunas, el patrimonio y el suelo –exceptuando la primera vivienda-, el excedente empresarial, las rentas del ahorro y las rentas más altas; con gravámenes inferiores a los actuales sobre el consumo que sólo se apliquen para desincentivar los productos no sostenibles ecológicamente –ecotasas-. Tengamos presente que el excedente empresarial comportaba para 2013 un 44,78% del PIB/16, que se suele destinar a dividendos y rentas financieras, y no se reinvierte plenamente ni lo hace en áreas de interés general. La parte que no se destine a una reinversión en áreas de interés general, debiera ser altamente gravada. Sea como fuere, la Renta Básica, los empleos públicos y la financiación de los empleos bajo prestación social pueden ser financiados por este mecanismo, naturalmente no sin colisionar con el sistema desigual en vigor.

En suma, como comprobamos, este esquema para alcanzar un modelo de sociedad emancipada, sólo puede ser desarrollada a partir de una transformación sociopolítica, un cambio de correlación de fuerzas en el ámbito político, económico y laboral. Sin ella no será posible.

Notas

1/ Entre los defensores de la Renta Básica Universal (RBU) se ha asumido que la Renta Básica refiere estrictamente a este derecho y modalidad de provisión de renta –tal y como se hizo apreciar en las jornadas celebradas los pasados 10 y 11 de diciembre en la Universidad de Sevilla sobre la RBU-, frente a cualquier otra ayuda, que califican de mero subsidio. Ahora bien, en el conjunto de la sociedad esta apreciación no se ha consolidado, y aunque nosotros consideremos como correcta esta distinción, este texto atenderá a las rentas básicas en tanto que diferentes modalidades de provisión de renta, atendiendo a la diferencia de diseño y objetivos que persiguen.

2/ “La confusión va en aumento: ¿rentas mínimas, rentas garantizadas, renta básica?” Daniel Raventós, Sergi Raventós www.sinpermiso.info 13/04/14

3/ Ana Requena, 19/09/2014. http://www.eldiario.es/economia/minimas- insuficientes-paliar-exclusion-social_0_303770420.html

4/ En la actualidad, CCOO plantea que habría que garantizar un subsidio mínimo equivalente a “la pensión no contributiva vigente en cada momento”, actualmente de 5.180 euros anuales, unos 420 euros mensuales, y si se percibe otra prestación esta ayuda podría complementarlo hasta garantizar esa cuantía. Coincidiendo con esta organización sindical, la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) propone “que cualquier trabajo a tiempo parcial o temporal pueda ser compatible con hasta un 50% de la cuantía anual otorgada en el Sistema". Así, “la prestación sería incompatible con un trabajo cuando este sea a tiempo completo y suponga una remuneración por encima del salario mínimo y por encima del indicador AROPE, que fija el INE para medir la pobreza”.

5/ Sobre Renta Básica www.attac.tv/2014/09/19173
y Trabajo Garantizado, Jorge Amar.

6/ El economista Jorge Amar (2014) apunta una cifra de 800 euros mensuales, en 14 pagas.

7/ http://blogs.publico.es/econonuestra/2014/09/12/renta-basica-precariedad-y- sistema-de-genero/

8/ “Los cálculos dan que la RB en España se podría financiar con un IRPF a tipo único sobre todos los rendimientos inferior al 50% y, según los supuestos, cercano al 40%. Y se mantendría intacta la capacidad recaudatoria actual del impuesto para seguir financiando el gasto público estatal y autonómico” (Torrens, Ll., 2013).

9/ http://eduardogarzon.net/que-es-el-trabajo-o-empleo-garantizado/

10/ http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=7535

11/ “Para los trabajadores el sistema de cobro sería similar al actual: los sueldos bajos tendrían un retención negativa (combinación del impuesto sobre la renta más la RB) que les incrementaría el sueldo líquido por encima del bruto, los sueldos medios tendrían una retención similar a la actual y los salarios más elevados tendrían una retención mayor (pero inferior a las actuales para los sueldos más altos). Los rentistas pagarían más y todo el mundo tendría un ingreso.” (Torrens, Ll., 2013)

12/ Arcarons et al. (2014), calcula un coste superior, al incluir población desanimada y empleo involuntario a tiempo parcial, a un coste de 10 euros la hora, un total de 140.000 millones de euros

Diciembre 2014

Daniel Albarracín es Doctor en Ciencias Políticas y Sociología y Ldo. en Ciencias Económicas y Empresariales. Investigador social especializado en economía, relaciones laborales y políticas sociales. Ha sido Profesor de Sociología del Trabajo en el Dpto. de Sociología III de la Fac. de CC.EE. y EE. de la UCM y ha sido técnico en el ámbito sindical.

2 de enero de 2015

http://vientosur.info/spip.php?article9689


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