contacte: anticapitalistes@anticapitalistes.net

 



 

Anticapitalistes
  
dijous 27 de novembre de 2014 | Manuel
Quita de la deuda, ¿a favor de las élites o de las clases populares?

Carlos Sanchez Mato, Enric Llopis

La historia se repite. Aunque no se sabe muy bien si a modo de farsa, de tragedia o de drama. Si alguien se toma la molestia de rebuscar entre la bibliografía del Banco Mundial o del FMI, podrá comprobar que las estrategias, etapas y terminología que se diseñaron a finales de los 80 del pasado siglo respecto a las crisis de deuda en América Latina coinciden con las actuales en la periferia europea. Se consideraba en una primera fase que había una crisis momentánea de liquidez, lo que llevaba a conceder nuevos préstamos (a intereses más caros) para de ese modo refinanciar la deuda. Al mismo tiempo se aplicaban los conocidos programas de “ajuste estructural”. Tres décadas después los mismos mecanismos se han implementado en Grecia, Portugal, Irlanda y en el Estado español con el Memorándum de Entendimiento. Entonces y ahora se desarrollan programas de deflación y devaluación interna.

Pasados unos años, el FMI consideró que se había equivocado y que el problema de los países latinoamericanos no era de liquidez (imposibilidad momentánea de pago), sino de solvencia (incapacidad de afrontar la deuda). “Pero no se trata de un error”, afirma el economista Carlos Sánchez Mato, “sino de una estrategia perfectamente calculada que busca, en la primera fase de la crisis, rescatar a los acreedores, es decir, el sistema bancario”. Ocurrió en América Latina y sucede hoy en la periferia europea. “El problema es que salvados los acreedores hay que afrontar el verdadero problema: el sobreendeudamiento”, ha declarado el presidente de ATTAC-Madrid y miembro de la Plataforma por una Banca Pública en una jornada organizada por la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute de València.

Nos adentramos, por tanto, en la segunda fase de la crisis de la deuda y en un escenario de quitas. “Las habrá con toda seguridad”, subraya Sánchez Mato. Pero la pregunta capital es: ¿A favor y en detrimento de quién? Es una interrogante que pone de manifiesto que no se trata de un problema técnico, sino político. Lo que actualmente se está haciendo, explica Carlos Sánchez Mato, son políticas monetarias (la máquina de fabricar billetes pero limitada al circuito bancario y sin que llegue a empresas y familias) y de aplazamiento de pagos. Son medidas no neutrales y que tienen beneficiarios muy claros: Los acreedores; y, por otro lado, los que más se endeudaron (todo el sector bancario y grandes empresas como FCC o El Corte Inglés), ya que se pueden ir refinanciando a largo plazo. Además, estas medidas han ido acompañadas de políticas de ajuste y contracción del gasto público.

Todo esto es bien conocido. “Pero hay otro tipo de políticas que sin duda se van a producir”, apunta el economista de la Plataforma Auditoria Ciudadana de la Deuda. A propósito de un informe solicitado por la Comisión Europea, se está trabajando en un programa de desendeudamiento (PADRE) que plantea “salvar” la deuda soberana de los países de la periferia europea. La operación, explica el economista, consistiría en que el BCE compre esa deuda y se la quede sin eliminarla. El banco central la mantendría “congelada” y prolongaría su amortización “sine die”. “En ello están trabajando actualmente los think-tanks y la facción más poderosa del capital europeo”. Otra posibilidad consiste en utilizar la inflación como herramienta para diluir la deuda, aunque será esta la principal vía. Además, existe la opción de “titulizar” la deuda, como se hizo en su día en los países latinoamericanos con el Plan Brady.

Asentado el principio de que habrá quitas, la alternativa consiste en que los beneficiarios de la reducción de deuda sean la población en general. Es una vía que los medios oficiales consideran “populista” y “heterodoxa”, pero que Sánchez Mato considera tan “ortodoxa” e inmersa en el sistema como las anteriores (incluido el impago de la deuda). Ahora bien, esta alternativa tildada oficialmente como “populista” y defendida por economistas “gamberros” puede llevarse a término de manera “ordenada” o “desordenada”. Carlos Sánchez Mato se muestra partidario de la primera opción.

El impago unilateral “desordenado” requiere una prolija explicación. La deuda pública de las administraciones con los diferentes acreedores responde básicamente a préstamos y títulos de deuda. Si un nuevo gobierno decidiera el impago de una parte o el total de la deuda, se produciría una insolvencia de las entidades financieras (aclara Sánchez Mato que se precipitaría “la insolvencia que ya tienen: las entidades españolas, europeas y las del conjunto de los países desarrollados están en quiebra, tal como se desprende de sus balances”). ¿Qué nexo une el impago de la deuda y la insolvencia de los bancos? Un 15% (400.000 millones de euros) de los activos del sistema bancario español corresponden a deuda pública o préstamos concedidos a las administraciones públicas.

Para afrontar ese posible impago de 400.000 millones de euros, las entidades financieras cuentan con un patrimonio neto que no supera los 80.000 millones de euros. En plata, “sólo con decir el ejecutivo que a lo mejor no paga, el conjunto del sistema bancario haría crack”, apunta el coautor de ¡Banca Pública, rescatemos nuestro futuro! (Icaria). El 26 de octubre se publicarán las pruebas de “estrés” a la banca. “Ha habido una batalla tremenda para que no se les penalicen los activos de deuda pública o se prevea un posible deterioro de las carteras de deuda; tienen que hacer ver que es un activo libre de riesgo”, explica Sánchez Mato.

Tampoco es cierto que las entidades financieras privadas, como suele argüirse, jueguen con el dinero de sus accionistas, pues, señala el economista, “éste representa una cantidad ridícula en comparación con las deudas que tienen; las deudas de los bancos son fundamentalmente los ahorros de la sociedad, sobre todo en forma de depósitos”. Es cierto que todos los Estados apoyan a las entidades bancarias garantizando los depósitos (en la eurozona, hasta una cantidad de 100.000 euros por titular).

Pero ocurre que en el estado español el Fondo de Garantía de Depósitos está en quiebra técnica, pues tiene un patrimonio neto de -5.000 millones de euros con los que debe garantizar ahorros en depósitos por valor de 800.000 millones de euros. Así esta la cuestión. La activación de los avales en caso de quiebra iría directamente contra el Estado, de manera que éste tendría que asumir los 800.000 millones de euros agregados a la deuda pública (un billón de euros actualmente). Para llegar a este escenario “desordenado”, reitera Sánchez Mato, “bastaría con un mero anuncio de impago”.

Las cifras, siempre áridas, reflejan en este caso la magnitud de la “bola” de la deuda en el Estado español. El volumen de la deuda total de la economía española (8 billones de euros) es 20 veces superior al conjunto de la deuda externa de los países no desarrollados en 1980 (415.000 millones de euros al cambio actual). Otro ejemplo. En 2013, la deuda externa bruta de la economía española ascendía a 1,7 billones de euros (de ella, la pública era de 0,5 billones de euros), mientras que la deuda externa pública de todos los países no desarrollados suma 1,5 billones de euros. Eso significa que sólo las administraciones públicas españolas representan un tercio del total de la deuda externa pública actual de todos los países de la OCDE.

El problema del impago “desordenado, a juicio de Carlos Sánchez Mato, es que la gente común perdería sus ahorros (incluso las pequeñas sumas que hubieran podido ingresar a comienzos de mes), previsiblemente se impondría un “corralito” y podrían darse enfoques erróneos: A esta situación se ha llegado por el impago, podría aducirse. La segunda posibilidad, el impago “controlado, es técnicamente sencillo y tendría un coste para los poseedores de mayor renta. Consistiría en un impago de la deuda pública al tiempo que se nacionaliza el sector bancario sin coste para el erario público (actualmente la banca privada tiene deuda pública o préstamos a las administraciones por valor de 400.000 millones de euros, mientras que los depósitos avalados por el Estado ascienden a 800.000 millones de euros). Si se produjera una nacionalización, esos depósitos no serían retirados.

Son medidas realizables, ahora bien, advierte Carlos Sánchez Mato, “los accionistas de las entidades bancarias perderían la propiedad y eso no les va a gustar”. Añade el economista que, dado que el sobreendeudamiento es general, las quitas no deberían limitarse a las administraciones. Habría que articular quitas en las deudas hipotecarias de las familias de renta media y baja (igual que las empresas privadas pueden ir ahora al concurso de acreedores), y ello no tendría dificultades técnicas recurriendo a los datos del Banco de España.

También las entidades financieras deberían establecer quitas. Y ello requiere otra prolija explicación. Hasta ahora los bancos han podido reducir la deuda que tenían con otros bancos, fondos de inversión y fondos de pensiones mediante un mecanismo de “trileros”, es decir, el acreedor ha pasado a ser el BCE (todos los ciudadanos). Además de los depósitos, la deuda de los bancos asciende a un billón de euros, que no pueden pagar. Se ha intentado, para ayudarles a afrontar parcialmente esa deuda, ceder a los bancos determinados segmentos de negocio.

Por ejemplo, el BCE les presta dinero a los bancos al 0,15%; ese dinero se lo prestan los bancos al Estado al 3% y en algunos momentos al 7% (cuando los tipos oficiales se situaban en el 0,5%). “Algunos sostenemos que esta deuda es ilegítima”, zanja Carlos Sánchez Mato. Este mecanismo ha supuesto en los últimos cinco años un sobrecoste para el Estado español de 105.000 millones de euros (lo que equivale a cuatro años de pago de prestaciones por desempleo).

En conclusión, “las entidades bancarias nacionalizadas tendrían que hacer una quita de la deuda que tienen con otros bancos, fondos de inversión y de pensiones, con el objeto de proteger los ahorros de la gente”, afirma el economista. También propone (“sería aconsejable modo medida redistributiva”) una quita a las cuentas con ahorros superiores a los 100.000 euros; y otra quita sobre las deudas de las empresas no financieras, vinculadas a la creación de puestos de trabajo. “Todo ello –insiste Carlos Sánchez Mato- dentro del sistema capitalista, y como solución del problema de la deuda… Durante un tiempo”.

20/10/2014

http://cadtm.org/Quita-de-la-deuda-a-favor-de-las


A la mateixa secció:


El Fondo de Reserva y las pensiones


L’Assamblea per una Renda Básica al País Valencià presenta en Les Corts Valencianes la seua proposta alternativa a l’avantprojecte de llei de Renda Valenciana d’Inclusió.


Romper las cadenas de las deudas privadas ilegítimas (II)


Romper el círculo vicioso de las deudas privadas ilegítimas (I)


Un balance: 10 años de la ley de protección contra la dependencia


Baix Segura: Más de 1000 personas acuden a la manifestación en defensa de las pensiones públicas en Torrevella


Dejemos de pensar que sabemos más que los pobres y apliquemos de una vez la renta básica


Estado español 1985-2017: 32 años avanzando en la destrucción del sistema público de pensiones


El negocio del rescate: ¿Quién se beneficia de los rescates bancarios en la UE?


Alacant: Mediación intercultural en peligro

Creative Commons License Esta obra est� bajo una licencia de Creative Commons by: miquel garcia -- esranxer@gmail.com