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Anticapitalistes
  
dissabte 1 de novembre de 2014 | Manuel
La Caixa: negocio privado, desposesión pública.

Albert Recio Andreu

I

La privatización fraudulenta de lo público forma parte del modelo de acumulación neoliberal, tal como señaló el geógrafo marxista David Harvey. En cierta medida, y por vías diferentes, el neoliberalismo ha desarrollado prácticas de acumulación privadas parecidas a las de la acumulación primitiva de los orígenes del capitalismo. Prácticas en las que el papel del poder político es crucial para conceder a determinados grupos privados una enormidad de recursos imposibles de obtener por medios normales.

El desguace de la economía soviética constituye seguramente la mayor expresión, por su escala, de este proceso de concentración de riqueza por medios políticos. La crisis actual ha posibilitado nuevas oportunidades a este tipo de acumulación. La que más ha centrado la atención en nuestros lares ha sido el proceso de salvación de cajas de ahorro y bancos con dinero público que, una vez saneados, han sido entregados a bajo precio a grupos privados. Pero la crisis bancaria ha propiciado otra forma de “privatizacíón-desposesión” menos obvia pero igualmente relevante en aquellas cajas de ahorro que no habían experimentado el mismo tipo de problemas económicos pero que al convertirse en fundaciones bancarias han culminado de facto un proceso de privatización que las ha dejado en manos de unos pocos actores. De hecho, constituyen una variante de capitalismo en el que un pequeño grupo social toma el control de un gran grupo empresarial sin necesidad de invertir ni un euro, simplemente mediante un cambio institucional adecuado a sus intereses. El caso de la Caixa es un ejemplo paradigmático, y particularmente ostensible, de lo que supone la privatización total de una caja de ahorros.

A diferencia de otras entidades, la Caixa no experimentó problemas de la misma magnitud que otras entidades. Su política crediticia había sido más cauta (no había concedido con tanta ligereza hipotecas a los pobres), ha tenido una gestión financiera bastante ortodoxa y supo retirarse a tiempo de sus veleidades inmobiliarias. De hecho, ha podido expandir su actividad aprovechando las gangas que la crisis ha ido generando y adquiriir a precio de saldo Caixa Girona, el Banco de Valencia y Banca Cívica (el grupo formado por Caja Navarra, Caja Burgos, Caja Sol y Caja Canarias), así como la división minorista de Barclays en España. Todo ello le ha convertido en la primera entidad bancaria en territorio español (Santander y BBVA son mayores por su actividad exterior). Es, además, uno de los líderes en seguros a través de Segur Caixa Adeslas (asociada a Mutua Madrileña) y Vida Caixa. Como el resto de cajas de ahorro, la Caixa tenía un estatuto legal sin propietarios y controlado por un consejo del que formaban parte diferentes estamentos sociales, incluídos representantes de sindicatos y de los impositores. Sin duda un sistema imperfecto pero que posibilitó cierto control social. Los directivos de la Caixa fueron hábiles en eludir este control y actuar como un núcleo autónomo. De hecho, llevaban años preparándose para la privatización y crearon una filial, Criteria, que operaba en los mercados financieros y bajo la que se agruparon buena parte de las principales filiales del grupo. El mecanismo que ha permitido un salto adelante en esta privatización ha sido el de la creación de las fundaciones bancarias.

La coartada para la creación de las fundaciones bancarias ha sido que las intromisiones políticas en las cajas de ahorro han posibilitado la corrupción y la mala gestión de muchas de estas instituciones. Si bien es cierto que estas prácticas han existido y han dado lugar a situaciones de bancarrota en varias entidades (Caja Madrid, Bancaja, la CAM, Caja Castilla la Mancha, Caja Sur, Nova Caixa Galicia...) también lo es que otras entidades con el mismo modelo institucional han conseguido sobrevivir con bastante acierto (la misma Caixa, Unicaja, las cajas vascas agrupadas en Kutxabank). Incluso es más que dudoso que pueda atribuirse el crac de Catalunya Caixa a las presiones políticas. El argumento además cae por su propio peso cuando se observa que los mayores fiascos bancarios se produjeron en grandes entidades con esquemas de gestión previamente capitalista, y que otros (como Santander y BBVA) han podido sortear la situación de su elevado endeudamiento gracias a los generosos y baratos créditos del Banco Central Europeo.

Lo que resulta evidente es, más bien, que se ha aprovechado la excusa de la crisis para acabar con una forma de entidad que molestaba por carecer de una estructura de propiedad plenamente capitalista. Lo curioso es que la forma adoptada (la creación de fundaciones bancarias) lo que ha creado de facto es un nuevo tipo de “propietarios” sin capital, pero que en la práctica tienen o pueden tener el control del banco. La fórmula adoptada ha sido la de determinar el valor del banco y obligarle a atraer capital privado para alcanzar los niveles de capitalización determinados por las instituciones europeas. En el caso de entidades saneadas, como sus necesidades de capital han sido menores se ha considerado como capital propio los fondos que ya contaban y se ha transferido la propiedad de esta parte del capital a una Fundación bancaria (el 56% en el caso de la Caixa), que hereda además la obra social. Donde está el meollo del tema es que de facto la determinación del patronato de la entidad, lejos de establecerse por un sistema representativo como el que regía en las antiguas entidades, se ha fijado por un sistema de autonombramiento y cooptación, con la salvedad de la obligada participación de las instituciones que promovieron la creación de la caja, lo que en la práctica ha supuesto que un reducido número de autoelegidos pase a constituir el grupo de control de la entidad.

En el caso de la Caixa este proceso es bastante evidente. La única entidad que figuraba como promotora de la entidad es la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País, una tradicional institución burguesa fundada en 1822 y que en la práctica constituye uno de los puntos de encuentro de las élites económicas locales (en su junta participan personas tan notorias como Roca Junyent, el conde de Godó o Macià Alavedra, procesado en el caso Pretoria). El núcleo del nuevo patronato lo forman personas, a su vez, del antiguo núcleo de la Caixa, como el mismo presidente Isidre Fainé, Jaime Lanaspa (ambos con una trayectoria común en los Bancos Atlántico y Unión, ligados al Opus Dei), Salvador Alemany (presidente de Abertis), Teresa Bassons y Alejandro Garcia Bragado (uno de los directivos de los servicios jurídicos de la entidad). Y luego figuran diversas personalidades cooptadas, como el mexicano Carlos Slim (el hombre más rico del mundo según la revista Forbes, que de ser un propietario de un conglomerado empresarial pasó a gran empresario de telecomunicaciones gracias a las privatizaciones en su país, con una modesta participación en el capital de Caixa Bank), Francesc Homs (ex conseller de Economía con Pujol, quien tras dejar la política pasó a trabajar para el grupo Abertis), César Alierta (presidente de Telefónica gracias a la privatización, hijo de uno de los alcaldes franquistas de Zaragoza, exculpado de un caso de uso de información privilegiada cuando era presidente de Altadis gracias a que se declaró la prescripción de la causa), Javier Solana (ex ministro del PSOE, ex secretario de la OTAN, ex comisario europeo), el notario Juan J. López Burniol (colaborador del Grupo Godó) y, para dorar la píldora, dos representantes de entidades sociales (Cáritas y Cruz Roja) y una científica mediática (Josefina Castellví). O sea, un verdadero conglomerado entre la burocracia interna de la empresa, las grandes familias políticas (CiU, PP, PSOE) y económicas y los inevitables invitados que dan legitimidad al proyecto. Eso sin que los estatutos estén disponibles en internet, sin ninguna capacidad de control de impositores e instituciones sociales. La cooptación es el único mecanismo de acceso a esta cúpula y mientras Caixa Bank siga realizando una política ortodoxa la supervisión del Banco de España la dejará tranquila. De modo que una cúpula autonombrada se ha hecho con el control del mayor grupo bancario local sin que la sociedad haya podido ejercer influencia alguna.

II

En el caso de la Caixa su poder real va mucho más allá del simple control de un grupo financiero: hunde sus raíces en el control de aspectos clave de la economía, especialmente de la catalana. En el nuevo esquema, el grupo queda estructurado en tres grandes bloques: la Fundació Bancaria la Caixa, el holding Criteria y Caixa Bank.

La fundación, además de detentar el control del capital de las otras dos, tiene a su cargo la gestión de la obra social. Ésta administra diversas actividades, las más vistosas y propagandísticas —los Caixa Forum— y las menos vistosas pero socialmente relevantes —las políticas sociales—. En Catalunya, en la medida que se ha reducido el gasto público social se ha apelado a la Caixa para realizar una política más activa. Y resulta palpable que allí donde interviene impone sus propios criterios, produciendo el efecto de que parte de las políticas sociales, lejos de estar diseñadas a partir de un debate social abierto, se orientan por lo que deciden los tecnócratas de la Fundació la Caixa. Falta por analizar los sesgos que generan estas decisiones.

Criteria es cabeza de un holding que controla empresas con un papel social clave y que, como veremos, condicionan aspectos esenciales de los servicios públicos locales.

En primer lugar está Abertis, gestora de la mayor parte de las autopistas del país y de un volumen creciente de redes y satélites de comunicación (este negocio lo inició cuando se privatizó Retevisión, la red pública de emisión de señales de telecomunicación). Abertis es rentable por el nivel de sus peajes (recientemente se ha abierto una investigación al respecto en sus filiales francesas) y su capacidad de alargarlos, cuando está próximo su vencimiento, a cambio de ampliar algún tramo de autopista. Si se tiene en cuenta que una de las cosas que ha ayudado a radicalizar el nacionalismo catalán ha sido la proliferación de peajes en Catalunya, en comparación con otras zonas, no cabe duda que Abertis ha contribuido poderosamente a alimentar recelos.

En segundo lugar aparece Saba, dedicada a la gestión de aparcamientos urbanos y espacios logísticos. Otro negocio rentable que corría peligro de naufragar en Barcelona a causa del fin de la concesión. Saba jugó sus bazas y consiguió un acuerdo con el ayuntamiento de Barcelona, en manos de CiU, pr el que se crea una empresa mixta (controlada por Saba) que gestionará los aparcamientos más rentables de la ciudad.

En tercer lugar Gas Natural Fenosa, una de las grandes energéticas del país, empresa que consiguió impulsar un ambicioso plan de gasificación (que se ha mostrado excesivo y entre uno de cuyos efectos colaterales estuvo la construcción de la plataforma Castor que ahora pretenden que nos cueste 1.350 millones) y que mantuvo una clara actitud de hostigamiento a la difución de energía eólica en Catalunya.

En cuarto lugar figura Suez Environment, la multinacional francesa del agua. Una participación reciente, producto de la venta a Suez de las acciones que la Caixa mantenía en Agbar. Esta es una de las operaciones que explican más la desposesión. Agbar, la empresa privada (controlada inicialmente por la Caixa y Suez) que por tiempo inmemorial había gestionado el suministro del agua en Barcelona, tenía el permiso caducado y corría el peligro de que se produjese una municipalización del servicio tal como ya ha ocurrido en Berlín y París. Después de un largo y oculto proceso conspirativo, la empresa consiguió que CiU y PSC se pusieran de acuerdo en crear una empresa mixta (con el 80% controlado por Suez) que gestionará el suministro y el tratamiento del agua residual de veinte municipios. Todo lo que sabemos apunta a que no se planteó ni siquiera un concurso de empresas que quisieran formar parte de esta nueva corporación por temor a que pusiera al descubierto el exceso de costes que Agbar carga a nuestro recibo del agua, y que los activos que aporta Agbar a la nueva compañía han estado claramente sobrevalorados. Un verdadero robo a la población. Pero éste sólo ha sido el principio. Con posterioridad, la Generalitat ha decidido ceder a esta nueva empresa la gestión de gran parte de las actividades que venía haciendo la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) y ha autorizado a Agbar a crear una filial que realizará las tareas de intermediaria financiera. Con toda esta transición atada, la Caixa ha anunciado que toma el 15% de la nueva empresa (Aigües de Barcelona). Los efectos de toda esta privatización han sido inmediatos: las entidades metropolitanas han aprobado un aumento del 2% de las tarifas para el año próximo alegando entre otras razones “que se ha rebajado el consumo”. Y, con todo, la voracidad de Agbar-Suez-Caixa es insaciable y siguen pleiteando para hacerse con el control de la privatizada Aigües Ter Llobregat (la empresa que gestiona la traída de aguas al área de Barcelona desde las altas cuencas). En definitiva, toda una voluntad de control completo del ciclo del agua en Catalunya, Un proceso que bien puede generalizarse a otras Comunidades donde el grupo tiene una presencia importante.

Criteria participa además en el grupo hospitalario privado Vithas, en el grupo inmobiliario Servihabitat y en Mediterranean Beach & Golf Club, un centro de recreo junto a Port Aventura (de hecho es uno de los grandes propietarios de suelo sobre los que se promueve la construcción del complejo de casinos Barcelona World).

Caixa Bank es, en este sentido, un grupo bancario más ortodoxo, con cierta presencia internacional (el portugués BPI, el austríaco Erste Bank, el francés Bousarama, el mexicano Inbursa y el oriental Bank of East Asia). Pero su impronta social tampoco es inocua. Como propietario de una de las mayores aseguradoras de salud del país (Segurcaixa Adeslas) es claramente favorable a la privatización de la sanidad, o de parte de ella.

Y hace pocos días acaba de obtener el control de otra actividad clave de la vida cotidiana de Catalunya: la gestión del nuevo sistema tarifario del transporte público. Una operación clásica del modelo “smart city”. Con la excusa de introducir un cambio que mejora la eficiencia, se cuela una costosa operación que beneficia a un grupo privado concreto. No deja de ser curiosa la forma como se ha gestionado este proceso. Primero la Autoridad Metropolitana del Transporte (ATM) abrió negociaciones privadas con cinco consorcios sobre la introducción del nuevo sistema. Posteriormente, se abrió el concurso pero en la fase final sólo se evaluó al ganador (es posible que los rivales no se presentaran o se retiraran, pero lo cierto es que la evaluación final solo tenía un candidato). El consorcio ganador, en el que figuran las tecnológicas Indra y Fujitsu y el grupo Moventis (uno de los mayores operadores de transporte público en Catalunya) será el encargado no sólo de poner en marcha el nuevo sistema de pago (el cual requiere una fuerte inversión que sin duda se cargará a las nuevas tarifas), sino que además lo gestionará, lo que supone de facto dejar bajo el control de la Caixa la liquidez que genera el transporte urbano en toda Catalunya. Por si esto no bastara, esta última semana se anunció que la Caixa lidera el consorcio de la nueva financiación de la ATM, una entidad ampliamente endeudada debido fundamentalmente al recorte de financiación por parte de Gobierno central y Generalitat. Las fuertes alzas de los últimos años van a continuar, porque ya nos han explicado que este acuerdo financiero en la práctica pone el control de la política tarifaria bajo el poder de los acreedores.

III

La Caixa es un ejemplo bastante completo de cómo una combinación de decisiones políticas ha permitido que un puñado de notables se haga con el control absoluto de un gran grupo financiero y de buena parte de los servicios esenciales de la comunidad. No ha seguido el mismo modelo que el desguace y robo de la economía rusa, pero se emparenta con ella. El resultado final es que un grupo financiero incontrolable tiene el poder sobre decisiones básicas de la comunidad. Lo ha vivido en directo mucha gente en los tiempos recientes, no sólo la que se ha movilizado en contra de los desahucios y por la recuperación del dinero evaporado en las preferentes. También los activistas de Aigua És Vida que han denunciado el regalo de la gestión del agua a Agbar y el encarecimiento injustificado de las tarifas. O la red contra la pobreza energética, que ha podido mostrar la injusticia social de los cortes de agua y luz a familias sin recursos y la opacidad de estas compañias a la hora de aplicar los “bonos sociales”. O los activistas de Stop Pujades y sus aliados, que han identificado en el poder financiero la causa principal de un sistema tarifario social y ecológicamente injusto.

Con la Caixa, con sus tentáculos, con el modelo de sociedad que está construyendo, topamos a menudo. Quizás la vía de la independencia catalana pasa porque la Caixa complete la compra del país y ayude con ello a reducir el déficit del estado español. Porque lo que es cierto es que el grueso de la población hace tiempo que hemos perdido el control sobre recursos y servicios básicos. Y no nos hemos dado cuenta que una parte sustancial del esto nos ha sido desposeída por las élites locales. Aunque seguramente el caso de la Caixa sea más un ejemplo de lo sucedido en otros muchos lugares que no un caso excepcional. Es un episodio más del capitalismo de saqueo que inauguraron Pinochet, Thatcher y Reagan, y que se ha acelerado tras la última debacle financiera.

31/10/2014

http://www.mientrastanto.org/boletin-129/notas/la-caixa-negocio-privado-desposesion-publica

+ Info:

El poder de La Caixa


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