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Anticapitalistes
  
dimarts 14 d’octubre de 2014 | Manuel
La deuda de la Generalitat de Catalunya bajo la lupa de la ciudadanía.

Iolanda Fresnillo, Gina Argemir / Sonia Farré

La política neoliberal europea ha empujado a los países del sur de Europa a un callejón sin salida. El fracaso de las políticas de austeridad expansiva —recortes de políticas públicas sociales y devaluación interna vía salarios— más la asunción del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, han provocado tal asfixia de la economía que, a día de hoy, son inalcanzables niveles de crecimiento de PIB y de inflación suficientes para reducir el nivel de deuda soberana en los años futuros. Si bien el Pacto Fiscal Europeo plantea como objetivo la rebaja de la deuda soberana hasta el 60% del PIB en el plazo máximo de 20 años, la realidad es que el neoliberalismo está siendo víctima de sus propias recetas, pues la deuda soberana no hace más que crecer.

Paralelamente, la ciudadanía estamos siendo testigos directos de las consecuencias de la imposición legal de la priorización del pago de la deuda y sus intereses, por encima de las garantías de los derechos humanos y sociales. Y esto, en un contexto de falta total de transparencia de las finanzas públicas y de sus enlaces con el mundo del capitalismo financiero.

El próximo octubre, la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD) en Catalunya publicaremos un informe que analiza la composición de la deuda pública catalana y su volumen en comparación con otras comunidades autónomas. Este trabajo responde a la necesidad de conocer dónde se están destinando los recursos que deberían garantizar derechos como el de la salud o la educación, y los porqués de este proceso. No se trata de una auditoría propiamente dicha, sino que tiene como objetivo poner en marcha procesos de auditoría ciudadana a nivel catalán y en otros territorios del estado, en la medida en que grupos y movimientos sociales promuevan procesos participativos y de fomento de la transparencia, además del análisis y la denuncia de las deudas que puedan considerarse ilegítimas.

Una auditoría ciudadana de la deuda debería permitirnos identificar deudas ilegítimas: para entender cuánta deuda pública deriva de la socialización de deuda privada; qué volumen de endeudamiento se ha generado para pagar vencimientos de deuda y no para cubrir gastos corrientes; cuál es el saldo por habitante entre lo que ha “pagado” por el rescate bancario frente a lo que ahora “debe” presumiblemente a la banca; qué deuda ha sido generada por inversiones que, lejos de perseguir el bien común, han supuesto el enriquecimiento de agentes particulares, etc.

Pero más allá de los datos que nos pueda aportar la auditoría, desde la PACD entendemos que, en un contexto de emergencia social como el actual, es del todo ilegítimo priorizar el pago de la deuda por encima de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales. Entendemos que el pago de la deuda debe estar supeditado a la garantía de los derechos de la ciudadanía, o de lo contrario se convierte en ilegítima.

Del informe que haremos público, podemos extraer algunas conclusiones: nos encontramos ante un crecimiento irrefrenable de la deuda; su pago prioritario va en detrimento del gasto social; el ajuste vía fiscalidad es inapreciable en consonancia con la voluntad política de no tocar privilegios de clase; existe una elevada dependencia de los mercados financieros; pocos bancos concentran la mayor parte de la deuda; y hay alternativas realistas a las medidas que se están aplicando en la actualidad.

En el informe también se analizan los factores que han llevado a un incremento importante del endeudamiento de la Generalitat de Catalunya. Entre ellos destacamos: un sistema fiscal regresivo agravado por el fraude y la elusión fiscales; un incremento del gasto derivado del pago de intereses de la deuda, que lleva a una espiral de nuevo endeudamiento para poder afrontar la deuda acumulada; y deudas que antes no se consolidaban pero que existían, como las de algunas entidades públicas o la deuda comercial con proveedores.

Hay que repensar cómo se financia el sector público para romper la dependencia de los mercados financieros. El impago de la deuda ilegítima, la construcción de una banca pública —a partir de la nacionalización de la banca rescatada— y una profunda reformulación del sistema fiscal, acompañado de medidas de control de capitales, promoción de la economía social y otros sectores para cambiar la matriz productiva del país, serían medidas adecuadas para romper esta dependencia a largo plazo.

En cuanto la falta de transparencia, si bien la PACD hemos podido acceder a datos disponibles para la ciudadanía —como los presupuestos públicos—, hemos topado con cierta opacidad a la hora de obtener información relacionada con el mercado financiero. Los datos no hechos públicos por la Generalitat de Catalunya, a las que finalmente la PACD ha podido acceder a través de la Candidatura d’Unitat Popular – Alternativa d’Esquerres, demuestran la elevada dependencia de las finanzas públicas de un grupo muy reducido de acreedores, con capacidad de influir y determinar la política pública de la Generalitat de Catalunya.

Sólo quince entidades concentran la mayor parte de la deuda. Los mayores bancos españoles y catalanes (CaixaBank, BBVA, Bankia, Banco Santander y Banco Sabadell, entre otros) agrupan el 41% de la deuda (el 25% de los cuales está en manos de bancos españoles y el 16% en manos de bancos catalanes), mientras que el ICO, dependiente del Estado español, aparece como principal acreedor individual con el 31% de la deuda catalana. En cuanto a los bancos extranjeros, éstos concentran el 19% de la deuda (entre los que se encuentran Crédit Agricole, Deutsche Bank y Depfa-ACS Banco, entre otros) y un 9% está en manos del Banco Europeo de Inversiones y otras entidades públicas.

Entendemos que existen evidencias suficientes para cuestionar la legitimidad de la deuda de la Generalitat de Catalunya, así como la de otras comunidades autónomas, pero hace falta avanzar en el análisis colectivo para concretar y compartir estas evidencias, así como para hacer propuestas, incluyendo un posible impago de partidas de deuda pública. Hacen falta auditorías ciudadanas para acabar con la opacidad, la ilegitimidad y la dependencia del capitalismo financiero.

Artículo publicado el 29 de septiembre de 2014 en el blog de la PACDd

http://cadtm.org/La-deuda-de-la-Generalitat-de


El espejismo de la independencia

Sònia Farré , Iolanda Fresnillo

La independencia de Catalunya, eso que parece cada vez menos lejano, es para muchas personas sinónimo de libertad y de plena soberanía, de emprender un vuelo libre de vínculos impuestos. La mayoría sabemos, pero, que la realidad es mucho más compleja, y que la soberanía y la independencia reales tienen que ir mucho más allá de un cambio de fronteras físicas. En Catalunya tenemos delante la oportunidad de construir un nuevo marco de referencia, y en este viaje que emprendemos la cuestión de la deuda tiene que ser un eje central de los debates sobre hasta donde queremos llegar.

Hasta ahora, se ha prestado atención en la deuda que Catalunya heredaría del Estado español. Pero hay que poner atención también a decidir qué haremos con las deudas “propias”, las generadas por las administraciones públicas catalanas, y en especial la astronómica deuda acumulada por la Generalitat de Catalunya. Unas deudas acumuladas hacia los mercados financieros (principalmente bancos nacionales, españoles e internacionales), pero sobre todo hacia el mismo Estado español.

Desde el inicio de la crisis, la deuda pública y el déficit han sido las razones esgrimidas para la imposición de recortes en el gasto social, privatizaciones y ventas de patrimonio. Los poderes políticos nos reclamaban esfuerzos patrióticos para ajustar las cuentas públicas. Aun así, la deuda de la Generalitat no ha dejado de crecer. Una deuda supuestamente “nuestra” que casi nadie se atreve a cuestionar.

Desde la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda creemos firmemente que no todas las deudas se tienen que pagar, y que hace falta una revisión a través de auditorías ciudadanas de qué y a quienes pagamos, para decidir qué deudas consideramos justas y cuales ilegítimas. Unas auditorías que nos guiarán también en la regeneración democrática y la recuperación de la soberanía.

Si bien la deuda ilegítima no es un concepto legalmente reconocido, sí que tiene sus bases sobre principios y normas de la legislación internacional. Pero se trata sobre todo de un concepto político, que tenemos que definir democráticamente entre todas. Un concepto a través del cual el pueblo no solamente puede definir qué es justo pagar y que resulta totalmente ilegítimo, sino también a través del cual debatir cómo queremos que se estructuren las finanzas públicas.

Partimos, además, del aprendizaje de experiencias históricas de impago y procesos de reestructuración de deudas, que nos muestran las consecuencias que pueden tener las decisiones que tomamos en este proceso. Ante el planteamiento de no pagar las deudas públicas, muchos nos tildan de inconscientes, puesto que la consecuencia inmediata sería el cierre del grifo del crédito por parte de los mercados internacionales. Pero, ¿no es precisamente esto lo que queremos? Independencia quiere decir que dejen de ser los acreedores quienes dicten las políticas públicas, sean estos CaixaBank, el BBVA, el Deutsche Bank o el Estado español.

Soberanía quiere decir también romper las cadenas con los mercados financieros. En definitiva, para definir unas nuevas reglas del juego, necesitamos comprender qué debemos y a quienes, como se ha generado esta deuda y a quien ha beneficiado. Si no queremos caer en una falsa independencia, atados de pies y manos al Estado español y la banca nacional e internacional, tenemos que empezar auditando las deudas desde la ciudadanía. Y para que la independencia no sea un simple espejismo, habrá que romper las cadenas con los acreedores y poder así emprender, de verdad, el vuelo hacia la libertad.

Publicado en Sentit Crític el 18 de septiembre de 2014


Disseccionar el deute, per saber què ha passat…

Quim Arrufat

…i què està passant i què passarà previsiblement. I en conseqüència què hem de fer.

El deute –el públic en primer terme, però també el privat- s’ha tornat els nostres dies una qüestió clau per entendre l’economia i la política dels nostres temps. Hores d’ara, i llevat dels desequilibris fiscals que caracteritzen els paupèrrims pressupostos públics als Països Catalans, el deute suposa el major traspàs de rendes de les classes populars cap a una minoria –una immensa minoria- d’inversors capitalistes.

El nivell d’endeutament de les institucions municipals (d’un nombre considerable d’elles), de les institucions autonòmiques (la Generalitat de Catalunya ho està tant que ja no té crèdit als mercats) i a l’Estat Espanyol (que d’ençà de la crisi ha passat de deure el 40% del seu PIB a deure pràcticament el 100%) converteixen aquestes institucions en instruments inútils per a pensar, planificar i executar els canvis necessaris cap a un nou model econòmic. Ras i curt, l’enorme dependència dels mercats es tradueix, a la pràctica, en una intervenció dels mercats financers sobre les institucions públiques. Avui per avui, qui dicta la política, amb el beneplàcit dels governs, és el mercat financer.

El deute, més enllà de representar un volum d’inversions ja fetes que cal, en principi, retornar, representa principalment la generació d’uns interessos bancaris quasi infinits, que en molts casos, i degut a la incapacitat de retornar el deute per manca de suficiència pressupostària, dobla, triplica o multiplica el volum dels diners prestats. La L9 del metro, línia encara no oberta però ja quasi feta (i aturada per manca de pressupost) va ser planificada per uns 4.000 milions d’euros, i és previsible que quan l’acabem de pagar, en 20, 30 o 40 anys, ens hagi costat una xifra total d’entre 20.000 i 25.000 euros. El desdoblament de la C-25 o Eix Transversal, construïda pel sistema de pagament diferit (una altra forma de deute) tenia un pressupost de 700 milions d’euros i hores d’ara ja costa 2.000 milions, encara que previsiblement n’acabarà costant més per l’etern refinançament a què es veu abocada una administració sense prou recursos.

Una part de les retallades en serveis públics es deu a la caiguda dels ingressos que tota baixada de l’activitat econòmica provoca. Però una part més important i dolorosa de les retallades es deu al capítol d’interessos bancaris. Enguany la Generalitat de Catalunya, incapaç d’amortitzar el seu deute, que creix exponencialment cada any, destinarà 2.600 milions d’euros al pagament d’interessos. És a dir, destinarà una part important de les nostres taxes i impostos a “donar” diners a la banca privada. Sense poder retornar el deute i, per tant, condemnada a pagar més interessos cada any a costa dels nostres drets socials i de l’asfixia tributària de les classe spopulars i de l’economia productiva. L’Estat Espanyol va abonar a la banca privada el 2013 40.000 milions d’euros en concepte d’interessos del deute. Deute que també creix cada any a un ritme vertiginós i que, per tant, cada any exigeix és sang i més dolor en concepte de més interessos bancaris. És el major atracament a les classes populars dels nostres temps i és la major operació de reconcentració del capital en menys mans, molt més poderoses.

El mecanisme del deute és, per tant, el principal mecanisme del capital financer per dominar les institucions públiques i, per tant, per dominar les polítiques i públiques i la democràcia institucional. És també un sistema pràctic, ràpid i inexorable d’empobriment de les classes populars en benefici d’una cada vegada més petita i poderosa minoria capitalista. I, finalment, és la pitjor estratègia econòmica per a cercar una sortida “democràtica” a la crisi. És a dir, una sortida que no es basi en l’extorisió d’una majoria i el traspàs massiu de rendes i poder a una minoria.

És imprescindible en aquesta situació exigir una transparència i coneixement absolut de com s’ha generat aquest deute, qui l’ha generat i com evoluciona. És imprescindible saber qui se’n beneficia enormement i quanta vida ens costa mantenir el seu pagament religiós. Cal la màxima informació sobre aquest negoci que el capital financer continua fent amb el nostre patiment i la nostra misèria perquè només així podrem discriminar entre deute legítim i il·legítim, reclamar responsabilitats als polítics –que en el cas de la Generalitat eren del Tripartit principalment-, i sobretot exigir polítiques conseqüents amb aquesta situació. L’auditoria ciutadana del deute és, a dia d’avui, una de les claus de volta dels programes polítics de la transformació social i d’empoderament polític de les classes populars.

21/10/2013

+ Info:

Informe sobre el deute públic a Catalunya. 15/10/2014. PACD

La Generalitat recorta el gasto en 7.715 millones de euros en cuatro años

Catalunya: El Parlament insta el Govern a "col·laborar" amb una auditoria ciutadana del deute però no a impulsar-la.. 22/5/2016


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Romper las cadenas de las deudas privadas ilegítimas (II)

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