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dimecres 24 de setembre de 2014 | Manuel
Presentación del Índice DEC 2014: entre 2011 y 2013 el presupuesto para servicios sociales se redujo en 2.200 millones de euros.

Laura Díez

Los datos del Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales 2014, presentado este viernes, vuelven a ser demoledores: entre 2011 y 2013 el presupuesto para servicios sociales se redujo en 2.200 millones de euros, pasando de 354 euros por habitante y año en 2011 a 306 en 2013, una caída del 13%. Aunque por primera vez se han utilizado datos de las tres administraciones -hasta ahora no se conocían los de las Entidades Locales-, los profesionales del sector siguen alertando de una tendencia negativa que puede resultar nefasta para la atención social precisamente cuando la crisis genera mayores dificultades entre la población.

La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha destacado que el gasto se ha reducido en todas las administraciones, pasando de un 1,60% del PIB en 2011 a un 1,41% en 2013, y explica que en términos absolutos, han sido las Comunidades Autónomas quienes más han metido la tijera, aunque señalan que la mayor parte de esos 1.253 millones de euros que éstas han reducido en sus presupuestos en estos dos años son consecuencia de la reducción de la financiación estatal. Además, las Entidades Locales habrían duplicado el recorte respeto a las Comunidades Autónomas: un 20,8% las primeras por un 10,5% las segundas, algo que según los expertos supone la pérdida de unos 10.000 puestos de trabajo directos en el sector público local.

Este índice refleja además una enorme disparidad entre las diferentes comunidades. Según los indicadores utilizados, País Vasco obtendría la mejor puntuación (7,5), seguida de Castilla y León (6,65), mientras que la Comunidad Valenciana se mantendría como farolillo rojo en lo que a servicios sociales se refiere, con apenas un 0,6 de puntuación en una escala sobre 10. Sin embargo, es Castilla-La Mancha la que más habría recortado en este presupuesto -144 euros menos por habitante y año-.

Los profesionales del sector defendían una vez más que el gasto en estos servicios supone una inversión, y calificaban los recortes como "criminales". "De cada millón de euros que se invierten, 400.000 revierten al Estado en forma de impuestos, cotizaciones y demás, y se generan entre 26 y 40 empleos directos estables. En estos dos años se ha despedido a 20.000 trabajadores de los servicios sociales públicos. Cuando ocho millones de usuarios acuden a los servicios sociales y se demuestra que éstos son la mejor vacuna para evitar un tránsito de la pobreza a la exclusión social, los gobiernos recortan y los dejan al borde del precipicio. Si esto sigue ocurriendo se puede quebrar la cohesión social en España", decía José Manuel Ramírez.

Además de reclamar desde hace tiempo una normativa estatal básica para unificar criterios, la Asociación critica una vez más la opacidad con que el Ministerio de Sanidad actúa, ya que no facilita el acceso a la información y los datos más actualizados que ofrece son de 2011. Algunas Comunidades Autónomas, como Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana directamente se niegan a aportar estos datos. "El problema es del Ministerio, que no comunica estas cifras desde 2011 pero que tenemos constancia de que las tienen. Lo que pasa es que evidencian que se están recortando estos derechos. Si ocurriera lo mismo con los datos de paro que ofrece el Ministerio de Empleo, ¿qué pasaría? ¿No habría paro entonces? Aquí llevan tres años sin presentar datos", se quejaba Ramírez, que mantiene una perspectiva poco optimista por la tendencia que se está instaurando desde hace años.

DIFERENCIAS TERRITORIALES

- Hay un trabajador de plantilla en los servicios sociales básicos municipales por cada 720 habitantes en Navarra. Uno por cada 7.916 en Madrid.

- El 2,50% de la población entra en el Sistema de Atención a la Dependencia en La Rioja. El 0,54% en Canarias.

- Una de cada 16 personas del País Vasco recibe Rentas Mínimas de Inserción. Uno de cada 355 en Castilla-La Mancha.

- Un 1,7% de personas con derecho reconocido de Atención a la Dependencia están a la espera de recibirlo en Castilla y León. Un 52,7% en Canarias.

- País Vasco destina 541 euros a servicios sociales por habitante y año. La Comunidad Valenciana 196 euros.

- El gasto de Comunidad Autónoma y Entidades Locales de Extremadura en servicios sociales fue en 2013 del 2,57% de su PIB regional. En Madrid, del 0,93%.

- El Gobierno de Asturias financiaba el 47,5% del gasto en servicios sociales en 2013 de sus Entidades Locales. Aragón un 8,05%.

FUENTE: Directores y Gerentes de Servicios Sociales

+ Info:

Anexo Económico del Indice DEC 2014


Recortes en la última red

Alberto Senante

De la noche a la mañana me vi durmiendo en la calle”. Vicente Ramón cuenta su experiencia de quedarse sin nada en una ciudad como Madrid, y salir de esa situación gracias a los escasos servicios sociales que se mantienen en la capital. La reforma local propuesta por el Gobierno puede suponer una drástica reducción de las ayudas a ese número creciente de personas que lo han perdido todo.

Vicente no es una persona corriente. Eso uno se da cuenta desde que le estrecha la mano. Y lo confirma apenas se le pide que diga su nombre a cámara. “Vicente Ramón, Ramón es el primer apellido, todo el mundo cree que es compuesto”. Y ya no para de contar sin interrupciones su vida. Adelantándose a cualquier pregunta, hilando palabras como sólo lo saben hacer los que tienen alma de niño o de cuentacuentos.

Desde luego, Vicente Ramón no es una persona corriente. Como tampoco lo era su profesión hasta hace dos años, vendedor de juguetes y objetos antiguos por internet. Aunque por desgracia, su historia es la de miles. Su negocio se hunde con la crisis, y después de no pagar varios meses el alquiler una noche de septiembre se encuentra “durmiendo en la calle con lo puesto”.

Hijo único, sin familiares cercanos, pidió ayuda a los que hasta entonces habían sido sus amigos, pero no obtuvo respuesta. “Había dejado de ser Vicente Ramón y me había convertido en un problema. Y la gente no quiere problemas”, razona. Duele, más de lo habitual, imaginar a este hombre de 55 años que desborda sensibilidad pasarse tres meses sobreviviendo por las calles de Madrid, haciendo cola en los comedores, tocando en las puertas de los abarrotados albergues. Y cuesta creer a este sonriente licenciado en Geografía e Historia cuando recuerda que trató de suicidarse en dos ocasiones. “Ahora puedo decirlo, felizmente sin resultado“, añade sin dramatismo.

Vicente puede contarlo. Vive en uno de los pocos albergues de la capital que no tienen límite de estancia. Participa en el blog colectivo que ha puesto en marcha la ONG Realidades. Con retraso, pero ha conseguido los 375 euros mensuales que concede la Renta Mínima de Inserción (RMI), esos que le permiten pagarse su café, o “incluso invitar de vez en cuando”. La Red Europea de Lucha contra la Exclusión (EAPN) en Madrid denunció el pasado noviembre en un informe retrasos de hasta un año y medio en la aprobación de unas ayudas que por ley deben tramitarse en menos de 3 meses.

Vicente culpa a uno de esos retrasos de la muerte de su amigo José Manuel. Pidieron esa ayuda a la vez, pero él murió hace cuatro meses después de más de un año sin tener una respuesta. La renta mínima suele ser el primer peldaño en que se impulsan muchas de las personas que lo han perdido todo para empezar a recuperar su vida, o al menos no seguir perdiéndola. “Seguro que hay muchos más casos, pero yo al menos conozco este”, lamenta Vicente, en el único momento de la conversación que pierde la alegría en la mirada.

Reforma local, recorte general

Según la EAPN, en España más de 3 millones de personas, el doble que antes de la crisis, están en “situación de pobreza severa”. Es decir, sobreviven con menos de 307 euros al mes. Mientras que más de 13 millones, cerca del 30% de la población, se encontrarían en riesgo de pobreza o exclusión social. Datos que encierran historias como la de Vicente, o la de José Manuel… Mientras las personas que las necesitan aumentan, casi un tercio de las ayudas se han evaporado. Según el Consejo General de Trabajo Social, los presupuestos en servicios sociales desde el 2011, han descendido en más de 700 millones de euros. El presidente de la EAPN-España, Carlos Susías, los califica como “un ataque directo al eslabón más débil de la sociedad”.

Para ellos, cualquier recorte en los servicios públicos, significa dejar de poder ir al médico, ir al colegio, comer tres veces al día, dormir bajo techo. O perder la vida. Desde el comienzo de la crisis en 2008, el número de suicidios ha subido de forma moderada, incluso con una reducción en 2010. Pero en 2012, cuando las situaciones de pobreza se estabilizan, 3.529 personas se quitaron la vida según el Instituto Nacional de Estadística. Un incremento del 11%.

Nada hace pensar que próximos datos serán mejores. Con la Reforma Local aprobada el pasado diciembre, y de aplicación a partir de 2015, unas Comunidades Autónomas ya endeudadas tendrán que asumir los servicios sociales, entre ellos los programas para personas sin hogar. Hasta ahora, todos los municipios de más de 20 mil habitantes se encargaban, mejor o peor, de estos recursos.

Con el cambio de competencias, nos limitaremos a dar información, pero no podremos intervenir”, lamenta Concha Vázquez, portavoz de la Marea Naranja, plataforma ciudadana en defensa de los servicios sociales, en la ciudad de Sevilla. Para ella, tras el desmantelamiento de la Ley de Dependencia, la reforma local es el golpe de gracia al sistema de protección social, y que sin embargo, para la mayoría “pasa inadvertido”.

Desde esta plataforma denuncian que desde el comienzo de la crisis “la prioridad para recortar han sido los servicios sociales”, llevándose por delante los derechos que protegían. Concha ilustra la gravedad de la situación. “Antes atendíamos individuos, ahora son familias completas”. Esta trabajadora social advierte que uno de los objetivos de la reforma local es “potenciar la privatización de los servicios que puedan ser un negocio”, como las residencias de mayores. El Gobierno de Mariano Rajoy la presentó como un éxito que permitirá un ahorro de 8.000 millones de euros entre 2013 y 2015.

Decía el sociólogo Pedro Cabrera que la atención a las personas sin hogar es una como una red de circo, que debía estar siempre para cualquiera que se resbalase en la cuerda floja en la que nos obliga a caminar esta sociedad. Hace años, se criticaba que esa red solo fuera capaz de amortiguar algo la caída, y apenas impulsara a volver a agarrar la cuerda… Ahora, que es más difícil que nunca mantener el equilibro, resulta que esa red de seguridad se vuelve cada vez menos resistente, no aguanta el peso de tantos caídos, y sus nudos están cada vez más separados. Por uno de esos agujeros se coló José Manuel hace unos meses. Con sólo un trozo de esa frágil red se ha agarrado Vicente a la vida.


“No cobramos, no cotizamos, no consumimos, desaparecemos del mapa”

Alberto Senante

Mientras que el desempleo no deja de crecer, cobrar el paro o una pensión es cada vez más más difícil después de cada reforma. Miles de jóvenes deben elegir entre emigrar o conformarse con una precariedad sin límite de tiempo. A los mayores de 50 años sin trabajo parecen negarles incluso esas opciones.

Hablar de empleo en España es hablar de cifras y porcentajes escandalosos. Los desempleados registrados en el INEM se acercan a los 5 millones, mientras que la Encuesta de Población Activa habla de entorno a 6 millones de personas en España que no encuentran trabajo. Dicho de otros modo, en varias Comunidades Autónomas uno de cada tres adultos no consigue empleo.

Pero algunas cifras son más que cifras, porque es sencillo imaginarse las historias personales que llevan consigo. Como ese dato que habla de los 1.821.000 hogares en los que ninguno de sus miembros tiene trabajo. O esos dos millones de personas que ya han agotado la prestación de desempleo y se les ha dejado fuera de cualquier tipo de ayuda.

En estos últimos años, a medida que el desempleo crecía, el apoyo a los parados se reducía en cada nueva normativa laboral. Los recortes empiezan desde el mismo momento de quedarse sin trabajo: la última reforma laboral redujo las indemnizaciones por despido a menos de la mitad, de 45 a 20 días de sueldo por año trabajado. A los seis meses: los nuevos parados solo cobrarán el 50% del último sueldo, en vez del 60% anterior. Y cuando se agota el paro: en julio de 2012 se endurecieron las condiciones para cobrar el subsidio de 426 euros tras agotar la prestación de desempleo.

Además, tampoco han mejorado las alternativas a la suerte de milagro en que se ha convertido ser contratado. No se ha aprobado ninguna medida que alivie realmente los obstáculos a los que se enfrenta quien trata de crear una pequeña empresa o ser trabajador autónomo. Y por otro lado, la reforma de las pensiones que aprobó el anterior Gobierno ya está ampliando la edad que da derecho a la jubilación. Un aumento progresivo que concluirá en 2027, cuando la edad para acceder a una pensión será de 67 años.

“Fuera del mapa”

Pero hay realidades que no caben en ninguna cifra. El desamparo de los jóvenes obligados a elegir entre precariedad y exilio. La tristeza de miles de personas que vuelven a sus países de origen con las manos vacías, o llenas de deudas. La desesperanza de los que acaban de formarse para su vocación, la apatía de los que renuncian a su vocación sin ni siquiera intentar cumplirla.

Como la rabia de José Félix. Con 54 años, en paro desde hace más de dos, que ve cómo el sistema le va dejando fuera poco a poco. “No cobramos, no cotizamos, no consumimos, desaparecemos del mapa”, resume.José Félix explica con orgullo su vida laboral. Durante 26 años se convirtió en “el hombre para todo” en un estudio de urbanismo. Pero la desesperanza asoma en su voz cuando reconoce que en dos años no ha conseguido una sola entrevista de trabajo. “Ni siquiera te llaman por la edad”, protesta ante lo que califica de una “clara discriminación”, frente a la cual propone cuotas para mayores de 55 años en las grandes empresas.

Los puños de este hombre tranquilo se cierran al hablar de las recientes reformas del Gobierno. “A mí personalmente la que más afecta es la última, el decreto del 15 de marzo”, dice con el convencimiento del que sabe de lo que habla. Explica que justo le pilló en medio la ampliación de los 52 a 55 años como edad mínima para recibir una pensión. Y cuando llegue a esa edad, al computarse ahora los ingresos de la unidad familiar tampoco recibirá ninguna ayuda. “A lo mejor tengo que separarme para cobrar algo”, bromea resignado.

La situación de los miles de casos similares a José Félix se puede comparar a tener cada pie en dos barcos que se separan: la dificultad de encontrar trabajo en los últimos años de vida laboral por un lado, y la ampliación de la edad de jubilación por el otro.

Pero en el momento en el que parece imperar la ley de la selva y el todos contra todos, José Félix y tantos otros como él, han decidido formar la Asociación de Mayores por el Empleo (Ampem). Además de participar en protestas, organizar recogidas de firmas contra las leyes que les recortan derechos, AMPEM se ha convertido en un grupo donde se comparte información sobre posibles trabajos, se intercambian cursos y se debate cómo les van a afectar cada nuevo recorte en materia laboral. En definitiva, se echan una mano en lo que pueden.

Por ahora las firmas recogidas por AMPEM no han conseguido cambiar ninguna de las leyes a las que se enfrentan. Puede que muchos de sus miembros no logren encontrar un trabajo. O tal vez sí. Pero lo que es seguro es que cuando José Félix habla de la asociación, de la necesidad de unirse ante los recortes, de luchar juntos, aleja unos cuantos metros el fantasma de sentirse un hombre rendido.


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