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Anticapitalistes
  
diumenge 17 d’agost de 2014 | Manuel
¿Qué criterios deben presidir la acción institucional de las representantes de las fuerzas sociales que pretenden transformar y no solo gestionar?

Andreu Tobarra

Hi ha una possibilitat real i propera de que les persones que es diguen representants de les necessitats reals de la societat i dels moviments socials entren a les institucions de l’Estat. Quin és el seu paper?, Sota quins criteris i principis han de realitzar la seua actuació? Andreu Tobarra ens ofereix una primera aproximació. Es tracta clarament d’un esborrany, per definició incomplet.

Per exemple, el text dóna per fet que s’ha d’entrar a governar, però és així? si hi ha una majoria de vots, s’ha d’entrar a governar? calen objectius i cr¡teris clars; el criteri de gènere i el repartiment de tot el treball hi és absent; com es materialitza aquest programa a nivell de País Valencià (i, en aquest sentit, com avançar cap a un estaut sobirà?); com dir que no paguem el deute i no morir en el intent?; com es fa un municipalisme alternatiu?

Aquesta proposta ha de ser considerada com un ’work in progress’, un treball no acabat ni definitiu, un projecte en vies de realització i que ha de ser d’elaboració col·lectiva en el debat i en la construcció práctica (nota de la redacció d’anticapitalistes.net)

A) PRINCIPIOS Y CRITERIOS GENERALES

Los principios que deben presidir la acción institucional de las representantes de las fuerzas sociales que pretenden transformar y no solo gestionar son el de la satisfacción de las necesidades sociales y el de la reducción de las desigualdades (con crecimiento económico o sin él).

Los criterios que deben presidir la acción institucional de las representantes de las fuerzas sociales que pretenden transformar y no solo gestionar, deberían moverse en torno a los siguientes propósitos éticos y de acción cotidiana:

1. Paralizar los recortes y todas las medidas regresivas

El debate a realizar no es esa necesidad obvia de suspender todos los recortes. El debate está en torno a la reversión de las medidas aplicadas desde que se inicia la crisis en el 2008. ¿Hay que volver a la situación social del “punto de partida”? o ¿Hay que ir más allá del “punto de partida”?

Es una discusión que implica necesidades y medios, que hoy no existen y hay que crear y poner en marcha, contraviniendo el actual modelo de reparto y contribución social.

Pero, ¿cuál es el “punto de partida” al que se debería volver?, ¿es la situación social existente durante el gobierno socialista de Zapatero, en el que este inicia su giro antisocial? O ¿nos estamos situando en un tiempo anterior de construcción y reconocimiento de multitud de derechos sociales apenas existentes en el postfranquismo y el inicio de la transición?

Sea cual sea la referencia a considerar, dos consideraciones:

• No hubo nunca un momento al cual volver, en el que el marco social fuese de amplio reconocimiento en derechos y prestaciones concretas. Cualquier tiempo pasado fue incompleto e insuficiente (no resiste ninguna comparación con otros países de nuestro entorno europeo)

• Siempre han convivido, incluido los primeros gobiernos socialistas de Felipe Gonzalez, los avances sociales fruto de presiones ciudadanas importantes con los recortes, en los breves periodos en que esto ha sido posible. La parte más importante de las luchas han sido defensivas, intentando evitar pérdidas y retrocesos sociales importantes.

2. Gestionar ”lo público” de forma realmente pública y al servicio de las necesidades sociales.

Transparencia absoluta: Ni techos de cristal, ni paredes de cristal, la transparencia que abogamos tiene un contenido bidireccional y es atravesable, no nos conformamos con poder ver que es lo que hay al otro lado.

Control social efectivo: No simbólico, ni formal, ni mucho menos con representantes como los que han situado sindicatos obreros y partidos de izquierda en las cajas de ahorro, por ejemplo (que respondiendo a la crítica de que si hubiesen sido privadas las Cajas de Ahorro, esa mala gestión corrupta no hubiese ocurrido, la realidad no confirma en absoluto esa afirmación, y la respuesta sigue siendo la misma, el problema de las Cajas era que nuca han sido realmente públicas, la alternativa es y era que lo fueran realmente en el sentido de estas líneas)

Impedir la existencia de “caballos de Troya” dentro del sector público. Son generalmente cargos de designación y altos funcionarios de la administración pública, que no trabajan a favor del sector público, se dedican a deteriorarlo, a privatizarlo y a desplazar fondos públicos a manos privadas (contratos, concesiones…. que generalmente saldrían más económicos si lo hiciese la función pública y si en algún caso consiguen reducciones del gasto, estas se producen a costa de importantes quebrantos laborales y salariales, así como de las prestaciones y la calidad del servicio, que se añaden al botín obtenido por el sector privado, detraído de lo público).

Para ello: Rotatividad, Limitación temporal, Techos salariales, Eliminación de privilegios, Formación de equipos (en la línea del funcionamiento de una parte de la sanidad pública que transmiten experiencias y conocimientos al nivel más alto evitando igualaciones a la baja) … etc.

Una orientación general de Más Servicios (los actuales son muy insuficientes) y de Más Calidad (los actuales carecen muchas veces de esa necesaria calidad), y solo dentro de esta orientación, con plenos derechos laborales, caben las necesarias propuestas de racionalización, eliminación de lo superfluo y del despilfarro que acompaña la mala distribución de recursos.

3. Desplazar la “Frontera” entre el mundo privado y el mundo público.
Cada año es más grande el territorio privado y contiene la mayoría de las “cosas” más valiosas. Los bienes comunes (energía, territorio, costa, agua…) están ya mayoritariamente en el territorio privado.

Es condición necesaria si queremos recuperar una verdadera democracia (con mayúsculas, repleta de empoderamiento social, secuestrado por las élites): una sanidad pública (y de calidad), una enseñanza pública (y de calidad) y, al menos, una banca pública.

Remunicipalizar/nacionalizar los servicios y bienes públicos es un objetivo ineludible de buen gobierno y la única forma de salir de la gestión de lo posible, ya que si no se conquistan herramientas que permitan la verdadera gestión de todo lo social, sólo se ejerce la acción social allí donde existen herramientas que es en las parcelas que menos cuestionan el sistema y desde donde menos podemos reequilibrar las desigualdades.

B) TAREAS CONCRETAS

Recordemos, "los principios que presiden las tareas a llevar a cabo son el de la satisfacción de las necesidades sociales y el de la reducción de las desigualdades (con crecimiento económico o sin él)".

La concreción de estas tareas tiene tres escenarios que pueden llegar a suponer expresiones bastante diferentes de estas tareas (con tamaños y realidades muy diferentes): el ámbito municipal, el ámbito autonómico y el ámbito estatal. Legislaciones y competencias van a suponer un obstáculo añadido no desdeñable. A partir de hoy en unos veinte meses se van a recorrer los tres escenarios.

Los seis campos que deben ser el epicentro de nuestra acción concreta son los siguientes:

1. EL TRABAJO

El trabajo crea la riqueza y no al contrario. Para nosotros es y está en el centro de nuestra mirada y de nuestra acción social, es la auténtica medida de la crisis. Si no se produce una recuperación de la ocupación (de calidad), no es la recuperación que queremos.

Hace ya al menos dos décadas, nuestras compañeras norteamericanas que analizaban la realidad desde las ciencias sociales, como la economía y la sociología, tuvieron que crear un concepto nuevo para una realidad nueva que afloraba continuamente. El concepto que acuñaron fue el de trabajador pobre, y el sentido que tenía era que dos mundos que hasta hacía poco permanecían bastante separados, ahora se estaban intersectando. Anteriormente se consideraba que si tenías trabajo no eras pobre y si eras pobre era porque no tenías trabajo, es decir una lectura social de dos mundos teóricos con un escaso territorio común.

Sin embargo, esto dejó de ser así, por tanto, debía ser considerado como una nueva constante del sistema y no un accidente aleatorio, no era en absoluto una situación anecdótica. Incluso con las lentes sociales de las ideologías más pro capitalista ya no se podía dejar de ver ni negar la evidencia cuantitativa. Cada vez más gente que trabajaba era al mismo tiempo pobre, su trabajo o trabajos, apenas les permitían mantener un nivel de vida aceptable que no estuviera entrando y saliendo de determinadas bolsas de pobreza.

Los salarios que percibían, cada vez mayores grupos de trabajadores, sólo les permitían, en el mejor de los casos, llevar una vida aceptable en alguna parcela, si aceptaban en casi todas las demás vivir por debajo de los umbrales de cualquier baremo de dignidad. Comer todos los días sin criterios nutricionales correctos y poder tener un vehículo, a cambio de no poder pagar estudios, no tener un seguro médico, ni de poder atender los deterioros de unas viviendas de muy bajas calidades con unas dotaciones, mobiliario y enseres, escasísimos y pobrísimos. Ejemplos similares, marcados por unos mecanismos de condicionamiento social que se mueven claramente en el terreno de la extorsión más o menos hipnótica, como la publicidad (uno de los mecanismos más aberrantes y odiosos de la sociedad actual), podemos encontrar demasiados.

Esta realidad, ahora está evidenciándose entre nosotros, este es el presente y el futuro que nos ofrecen.

Nuestro objetivo es hacer “progresar” la masa salarial en detrimento de los dividendos. Estos no tienen justificación económica ni utilidad social. Si consideramos una empresa no pública, una parte de las ganancias que obtiene van destinadas al mantenimiento de todo lo que interviene en la producción, pago de salarios, sostenimiento de las instalaciones y maquinaria (incorporando en ella la depreciación en prevención de la futura sustitución de los medios de producción cuando acabe su vida útil). Otra puede destinarse a planes de expansión y mejora del negocio, así como a la obligatoria contribución social a través del pago de cargas, cotizaciones sociales e impuestos.

La parte restante se destina a los dividendos que obtiene la parte propietaria (individual o colectiva, accionistas). La eliminación de esta parte no afecta para nada a la producción, aunque sí altera el carácter capitalista del sistema. De hecho, el consumo de estos propietarios tiene que ver muy poco en cantidad y contenido con el consumo de la mayoría social para que este se vea afectado lo más mínimo por el hecho de que se pierda el consumo que realizan las élites a partir de la remuneración que reciben como propietarios como consecuencia de la reasignación de los dividendos a otros grupos sociales.

Una posibilidad (simplemente orientativa) de la conveniencia de no centrarse en exclusiva en el salario directo, sería aplicar la “regla de los tres tercios”, de tal forma que hacer progresar la masa salarial en detrimento de los dividendos supondría: 1/3 para los salarios directos, 1/3 para los salarios indirectos (salarios socializados, protección social…) y 1/3 para crear ocupación:

• La creación de ocupación sólo es concebible como creación de trabajo socialmente útil (no queremos ponernos a decorar rotondas en las carreteras y núcleos urbanos, por ej…)

• La creación de ocupación supone la reducción del tiempo de trabajo (vieja y necesaria propuesta a volver a poner ya encima de la mesa, con toda su carga de eficacia técnica y simbólica).

2. LA REFORMA FISCAL

Una reforma fiscal más progresista es bastante fácil de aplicar, al menos técnicamente, dado lo regresivo que es sistema recaudatorio del estado español y su escasa capacidad recaudatoria. Las comparaciones con los países europeos son obvias e incontestables. Desde las primeras etapas de los gobiernos socialistas, con Felipe Gonzalez, empiezan a implementarse medidas que una tras otra van haciendo retroceder los primeros pasos mínimamente progresivos en la construcción de un estado fiscal que de democrático sólo tenía el nombre.

La ocultación de la lista de contribuyentes fiscales bajo la excusa del peligro de extorsiones y atentados, fue una de las primeras medidas que de la mano del PSOE, iniciaron la regresión de algo que apenas había dado algún paso. Desde hace al menos 30 años, los grandes capitales y fortunas, las grandes empresas, se han rodeado de asesores especializados en conseguir desgravaciones, declaraciones negativas, subvenciones… apoyados decididamente por una casta política del PPSOE, que les ha garantizado y mejorado sus escasas o nulas aportaciones fiscales, por no hablar de cuando han sido ellos los que han recibido aportaciones sociales, en diferentes formas como subvenciones, exenciones o simplemente mirando a otro lado, permitiendo y no investigando el fraude fiscal, las coerciones e incumplimientos laborales y la evasión a paraísos fiscales.

Las compañeras que impulsan la renta básica, hicieron un trabajo de investigación con ese motivo, por el que investigaron unas 200.000 declaraciones de IRPF del 2012, de tres grupos: maestros/as de primaria, profesores/as de secundaria y catedráticos de universidad.

El sueldo bruto anual se situaba en poco más de treinta mil euros para el primer grupo, ligeramente por debajo de los cuarenta mil euros anales para el segundo, y finalmente unos cincuenta y siete mil en promedio para los catedráticos.

Si situamos en una escala social, basada en esa estructura salarial, a los tres grupos, resulta que los/as maestros/as de primaria se sitúan en el octavo decil, es decir que ellos se encuentran, en función de las declaraciones de renta de toda la sociedad, en el 20 por ciento más rico y por tanto, por debajo de los/as maestros/as de primaria, hay un 80 por ciento de ciudadanos.

Los profesores de secundaria, en esa misma escala se situaban en el noveno decil, es decir, formaban parte del 10 por ciento más rico de la sociedad y por debajo de ellos quedaban el 90 por ciento de ciudadanos.

Finalmente, el tercer grupo de catedráticos de universidad se situaba ni más ni menos dentro del centil 95, lo que significa que estaba en el club del cinco por ciento más rico de la sociedad, y por debajo de ellos estaba el 95 de la sociedad, de acuerdo a lo que contribuyen al estado en la declaración de la renta.

¿Qué significa esto? Que algo va muy mal. Efectivamente, si un catedrático de universidad con unos 57.000 euros brutos anuales forma parte del cinco por ciento más rico, esto sólo puede significar que con el actual estado fiscal, los más ricos no están, ni se les espera.

Significa que la gran mayoría de la recaudación proviene del trabajo y el consumo de los ciudadanos y no de las rentas del capital ni de los beneficios de las empresas. La casta de las grandes fortunas, capitales y corporaciones no forma parte de los contribuyentes a la caja común.

• El estado español recauda poco, siete puntos por debajo de la media europea

• Las familias aportan casi 50 veces más a las arcas públicas que las grandes empresas (Se trata de una de las conclusiones del informe sobre el sistema tributario español denominado Tanto tienes, ¿tanto ganas? Fiscalidad justa para una sociedad más equitativa, que ha presentado Oxfam).

• De los beneficios fiscales concedidos a las empresas en 2011, 28.210 millones, el 80% correspondió a las grandes empresas y éstas, sin embargo, abonaron 3.012 millones en impuestos de sociedades (datos Informe Oxfam).

• Las familias aportan alrededor del 90% de la recaudación y las empresas el resto, el 10%, y de ese porcentaje menos del 2% corresponde a las grandes compañías (datos Informe Oxfam).

• Las grandes corporaciones tributan menos de 3,5 por ciento y un ochenta por ciento de ellas tienen “filiales” en los paraísos fiscales.

• El número de grandes fortunas creció un 3% en España durante 2013, hasta sumar un total de 3.475 al cierre del ejercicio, lo que además implica un incremento del 39% respecto a diez años antes.

De entre este total de grandes patrimonios españoles, 538 son millonarios, esto es, cuentan con un patrimonio de 100 millones de dólares de activos netos (unos 73,8 millones de euros), y otros 23 pueden considerarse como multimillonarios por superar esa cota.

Este número de grandes patrimonios seguirá aumentando y se elevará un 22% en los próximos diez años, cuando en el estado español habran 4.250 grandes fortunas (datos del informe WealthReport 2014 de la consultora Knight Frank).

Queda pendiente a desarrollar las consecuencias fiscales y las posibilidades existentes desde los tres terrenos de juego, municipal, autonómico y estatal.

3. DEUDA PÚBLICA

Sin la eliminación de la hipoteca que supone la Deuda, no es posible ninguna alternativa.

Las opciones se sitúan entre la anulación de la deuda y una amplia reestructuración.

Al mismo tiempo, se hace evidente la necesidad de investigar y sacar a la luz todas las malversaciones y gestiones fraudulentas de las últimas décadas. Algún tipo de comités o tribunales públicos (en la línea del Bertrand Russell) habrá que crear, con competencias y capacidades de revisar exhaustivamente, el comportamiento de la casta política y altos cargos de la administración, así como sus conexiones con el sector privado, de tal forma que sean expuestas a la luz todas sus responsabilidades.

Como contenido general de este apartado nos remitiríamos a las posiciones y análisis que sustenta la Plataforma Ciudadana de Auditoria de la Deuda (PACD), que sin duda es el enfoque más holístico y preciso.

4. SISTEMA FINANCIERO

La desaparición de las cajas de ahorro (o mejor dicho, absorción muy barata por los grandes grupos bancarios), junto a los rescates bancarios (rescatarlos a cargo del erario público, para semiregalarlos a la banca privada una vez saneados) son otra oportunidad perdida para crear una banca pública (frente al rescate, nacionalización o municipalización).

No es posible hacer una política financiera, si no se dispone de una herramienta para hacerla. Hoy todas ellas son privadas, el sector público no tiene ningún instrumento para realizar un objetivo central de la acción política.

El debate necesario se sitúa entre nacionalización y regulación o ambas.
Algunas aportaciones importantes las encontraremos en los análisis que sustenta la Plataforma Ciudadana de Auditoria de la Deuda (PACD), y el Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM).

5. FRAUDE FISCAL, ECONOMIA SUMERGIDA Y PARAISOS FISCALES:

La fiscalidad realmente existente es la forma tremendamente injusta y desequilibrada de contribuir inversamente a la riqueza que se posee, y representa la legalidad, es decir la cara visible.

Pero, para entender cómo funcionan las élites y el sistema, hay que incluir la otra cara de la misma moneda, que es la cara oculta, la ilegal, cuyo volumen a medida que se van estimando datos resulta estremecedor. Desde todos los ámbitos institucionales, municipal, autonómico y estatal, puede y debe lucharse contra esta cara oculta del sistema:

Fraude fiscal:

59.500 millones. Como dato comparativo todo el gasto de la sanidad pública española se queda por debajo, supone unos 57.000 millones. El 72% (43.000 millones) corresponde a las grandes empresas y fortunas y el 28% (16.500 millones) corresponde a las pymes, autónomos y particulares.

Economía sumergida:

Actualmente, supone el 25% del PIB (253.135 millones) mientras que al principio de la crisis, en el 2008, suponía el 18%. FUNCAS evalúa en 80.000 millones la cantidad que el estado deja de ingresar.

Paraísos fiscales:

144.000 millones (de los cuales la mitad están en Suiza) y supone 7.400 millones menos de recaudación fiscal.

6. DERECHOS REALES PARA UN BUEN VIVIR:

• VIVIENDA, nadie sin un techo.

• DEPENDENCIA Y CUIDADOS

• POBREZA Y EXCLUSIÓN

• RENTA BÁSICA

• DECRECIMIENTO

EPILOGO

Estamos a punto de entrar en una bifurcación, un cruce de caminos: gestionar, aceptando el marco institucional-legal-ideológico, o por el contrario, modificando el marco.

La gestión de lo posible es volver a repetir los mismos pasos de las organizaciones que reclamándose de la izquierda, y bajo un discurso de defensa de intereses de las clases subalternas, han dejado un conocido y triste balance en la reducción de las desigualdades, bien cargado de ilusiones y confianzas rotas.

En diferentes ámbitos y momentos hemos tenido muchas ocasiones de escuchar propuestas como la de cambiar la iluminación convencional del alumbrado público por otro más ecológico y ahorrador. Generalmente se presenta bajo la particular preocupación de poder ofrecer inmediatamente a los votantes pruebas palpables de que la clase política que defendía esas propuestas estaba ofreciendo otra forma diferente de hacer las cosas y para ello no podía plantearse cosas “difíciles” de conseguir, pensaban que tenía que ofrecer resultados cuanto antes. Con ello se conseguiría reducir la factura municipal de la luz y así visibilizarse como gestor eficaz a los ojos de todos los ciudadanos, ya que era algo difícil de discutir y oponerse por parte de los otros grupos políticos.

Con toda la que está “cayendo”, es impresionante asistir a este tipo de declaraciones del posibilismo más mediocre. Ver como los programas políticos prometidos y todos los discursos lanzados, quedan en la práctica reducidos a un cambiemos bombillas.

Además, las propuestas políticas buenas, bonitas y baratas, hace tiempo que sabemos que no existen. La propuesta de cambiar las bombillas convencionales iba a tener seguro problemas que evidencian la enorme dificultad de realizar una gestión fácil, inmediata y sin consecuencias. Posiblemente redujera la factura eléctrica futura del municipio, pero el año del cambio de iluminación iba a incrementar una cantidad no desdeñable, la partida de gasto del presupuesto anual correspondiente, con el consiguiente incremento del déficit municipal (si por el contrario decide hacerla de una forma progresiva, cambiando una pequeña cantidad cada año, para no incrementar apenas la partida de gasto, el riesgo era que los resultados de la iniciativa solo fueran visibles después de unos cuantos años, con lo que el efecto de acción de gobierno inmediata se había perdido).

Desconocemos como pensaba abordar de forma posibilista este problema consecuencia de su luminosa solución social, pero no descartaríamos que esa misma lógica de cambiar cosas que apenas cambian nada, implicaría asumir recortes de otras partidas de gasto, antes que afrontar el problema del déficit y la deuda sin recortes sociales en el municipio, lo que le hubiese situado en otro terreno muy diferente al de una gestión tranquila y sin enfrentamientos con las élites y las corporaciones.

Cambiaremos bombillas, por supuesto, pero jamás nos limitaremos a hacer sólo ese tipo de cosas, ni jamás supondrá la prioridad de nuestra gestión pública. Nosotras, no hemos llegado hasta aquí solo para cambiar bombillas.

ANDREU TOBARRA es profesor del departament de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de València.

+ Info:

Europa. Alternativas a la crisis. Eric Toussaint


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