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divendres 8 d’agost de 2014 | Manuel
El difícil camino al impago de la deuda municipal. Diez municipios ‘insumisos’ suman más de 830.000 habitantes y más de 134 millones de euros de deuda declarada ilegítima.

Fermín Grodira

El 19 de junio, el pleno municipal del pueblo sevillano de Morón de la Fron­tera, de 28.000 habitantes, aprobó una moción por la que se decreta su deuda ilegítima. La moción fue presen­tada por el partido Asamblea Mo­ro­nera Alternativa (AMA-Morón), que se denomina “de izquierdas, independiente y asambleario”, y fue aprobada con los votos a favor del PSOE (gobierna desde 2011), AMA-Morón e Izquierda Unida y la abstención del PP. El Ayuntamiento moronero mantiene una deuda bancaria de algo más de 32,3 millones euros, unos 1.141 euros de deuda municipal por habitante. Se trata del último de un grupo de consistorios que han decidido aprobar mociones que declaran el impago de una parte de la deuda. Diez municipios ‘insumisos’ –nueve de ellos en Cataluña– suman más de 830.000 habitantes y más de 134 millones de euros de deuda declarada ilegítima.

Hay, no obstante, más municipios que han aprobado mociones –cuatro de ellos en el País Valencià (ver + Info)–, pero la Plataforma por la Auditoría Ciuda­da­na de la Deuda (PACD) no dispone de los datos de todo el Estado por la complejidad de seguimiento de la propuesta.

En el caso de Morón, el pleno municipal solicita al Gobierno es­pañol que asuma como propios casi 21 millones de euros de deuda bancaria –un 64,6% de toda su deuda– provenientes del pago a proveedores, así como el resto de deuda anterior. Consideran compensada la deuda con las aportaciones realizadas al rescate de la banca entre los años 2009 y 2012. Según los cálculos de AMA, más de 65 millones de euros del rescate han sido aportados, teniendo en cuenta el número de habitantes, por Morón. Dicha cantidad aportada por los moroneros es más del doble de la deuda municipal actual y el triple de la parte propuesta para el impago.

No es sólo por el rescate

Como las ayudas que el Estado dio a través del Fondo de Reestruc­tu­ración Ordenada Bancaria (FROB) sólo se destinaron a las antiguas cajas de ahorros, en principio la deuda en manos de la banca convencional como BBVA o Santander quedaría fuera del criterio de legitimación del impago. El problema práctico en el caso de Morón es grave: casi 13 millones, un 88,4% del total del plan de pago a proveedores, fue aportado por la banca convencional. La solución que plantea Isidoro Albarreal Núñez, redactor de la propuesta y concejal de AMA-Morón, es simple: Bankia y CAM deberían condonar la deuda a Morón y asumir la deuda que tiene el Ayun­ta­miento con este tipo de bancos. El motivo es que el rescate de Bankia y CAM le habría costado más de 26 millones a Morón. Otro de los puntos de la moción exige derogar el artículo 135 de la Cons­ti­tución, que establece el pago prioritario de la deuda, y solicitar una respuesta razo­nada del Minis­terio de Hacienda. Con la aprobación de esta propuesta, Morón de la Frontera es pionera en Andalucía en declarar ilegítima la deuda municipal.

Puerto Real (Cádiz) podría ser la segunda población andaluza en aprobar la quita de la deuda. EQUO Puerto Real ha presentado una moción que cifra en más de 50 millones la deuda ilegitíma. Será votada en el próximo pleno, donde el Partido Andalucista decidirá si se aprueba, al gobernar con mayoría absoluta este Ayun­ta­miento gaditano.

Según la PACD, la deuda ilegítima es “toda aquella que vulnera los derechos humanos, sociales, económicos, culturales y
medioambientales de gran parte de la población en favor de los intereses de una minoría
”. En el caso de Morón, el impago se justifica citando el artículo 142 de la Constitución, que establece que los Ayunta­mientos se nutrirán de “tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comu­nidades Autónomas”. Sin embargo, la deuda municipal se va a “soportar sólo con un desmesurado incremento de los tributos propios”, que va a conllevar “una subida desmesurada” de impuestos y tasas. La iniciativa defiende que “el sentido común impone que, si el Estado ha realizado aportaciones directas de capital para rescatar a los bancos, ahora tiene la obligación de rescatar a los Ayunta­mientos y, así, impedir que las familias tengan que sufrir subidas de tributos y tasas”.

Catalunya a la cabeza

Catalunya es el territorio donde las campañas por la auditoría han tenido más incidencia, y en concreto las propuestas que se han realizado desde la PACD para que los municipios catalanes declaren ilegítimos los intereses derivados del plan de pago a proveedores. Según Enric Pons, del nodo de Barcelona de la PACD, se ha presentado en unos 30 municipios y las propuestas antideuda han sido aprobadas en nueve: primero en Bada­lona, luego ven­drían Cerdanyola, Barberà del Va­llés, Molins de Rei, Sabadell, Blanes, Girona, Santa Coloma y Moià.

Pons critica que, tras aprobar las mociones, desde dentro de los ayun­ta­mientos no se ha hecho nada o casi nada. Y destaca el precedente de un grupo de trabajo interdisciplinar –había activistas sociales, miembros de partidos y técnicos de la Gene­ralitat– que estudió las ­vías legales y alegales de no pagar los intereses ilegítimos después de las mociones aprobadas. “Después de cuatro reuniones no se consiguió nada más allá de llegar a la conclusión de que las administraciones locales pagarían los intereses por las buenas o por las malas”, señala. El grupo estimó que el Gobier­no, en caso de negativa del Ayuntamiento al pago, pagará a los acreedores restando el dinero de las futuras transferencias a las arcas municipales.

Pese a todo, Pons cree que “vale la pena promover las mociones aun sabiendo que no serviría para el no pago de la deuda”. Albarreal admite que Morón por sí solo no tiene capacidad de presión a los bancos aunque sí el Gobierno central. “Un Go­bierno valiente y justo con las necesidades de la ciudadanía debería asumir las deudas bancarias de los ayuntamientos y realizar una negociación con la banca a cuenta del rescate bancario”, defiende el concejal. Y cita el caso de Catalunya Caixa, cuya inyección de dinero por el Estado asciende a 12.600 millones de euros. El BBVA la ha comprado, ya saneada y con un patrimonio neto de 2.500 millones de euros, a precio de saldo: 1.187 millones.

Montoro vuelve a sacar la tijera

El copago para consultas médicas, interrupción del embarazo y servicios de urgencias, “tasas hosteleras” en los hospitales, aumento del ratio de alumnos en las aulas, el euro por receta, la ampliación de la jornada laboral de los funcionarios o la suspensión de la contratación de interinos son algunas de las medidas más polémicas de las 255 propuestas por las comunidades autónomas, aunque sin concretar de qué comunidad parte cada una de ellas, y recogidas en un documento oficial por el Consejo de Política Fiscal y Financiera con el objetivo de que las administraciones autonómicas cumplan con sus objetivos de déficit, según ha publicado El País. Aunque desde el Ministerio de Hacienda afirman que no todas se van a poner en marcha, y que “depurará el texto”, un trabajo que aún no se había hecho en la semana anterior a la cita del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con los consejeros de Hacienda, en la última semana de julio, en la que se delimitarían las medidas de ahorro a adoptar.

Valencia: facturas en los cajones

Desde el 11 de julio, la Generalitat Valenciana está bajo investigación por parte de la Comisión Europea (CE) por una posible manipulación de los datos de déficit. La Intervención General en la región “había enviado sistemáticamente información incorrecta a las autoridades estadísticas nacionales” sobre sus gastos, señala el comunicado de la CE, cuya investigación servirá para saber si estos errores fueron fruto de la negligencia o fueron intencionadas. La voz de alarma llegó cuando el Gobierno central tuvo que corregir los datos de déficit de Valencia desde el 3,68% declarado por la Generalitat hasta el 4,5%. Fuera de las cuentas quedaron facturas sanitarias por 840 millones de euros que irían a parar a un expediente de enriquecimiento injusto, y que formarían parte de los 1.850 millones de euros pendientes de pago por parte de la Generalitat desde que afloraron con el Plan de Proveedores aprobado en 2013.

28/07/14

https://www.diagonalperiodico.net/global/23645-dificil-camino-al-impago-la-deuda-municipal.html

+ Info:

Los municipios contra el pago de la deuda ilegítima. Manuel Giron, Manuela López, Fernando Paton. "La Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda del País Valencià (PACD-PV) se planteó en noviembre de 2012 iniciar una campaña que permitiera visualizar el rechazo a las políticas dictadas por el gobierno central y al ahogamiento que padecen las administraciones locales y periféricas. La idea surgió a partir de la aprobación de una moción municipal en El Pinós (Vinalopó Mitjà) contra la privatización de la sanidad y la solicitud de la auditoria de las cuentas de la Conselleria de Sanitat. La PACD-PV elaboró mociones municipales por la paralización del pago y auditoria ciudadana de la deuda de las administraciones, contra el pago de la parte ilegítima de la misma, por unos impuestos justos y por la derogación de la reforma del artículo 135 la constitución. Esta moción fue presentada, el mes de marzo de 2013, en Alacant, Alcoi i Muro. Fue aprobada en estos 2 últimos ... En el mes de abril, las mociones se presentaron en el Principat de Catalunya: en Vic, Badalona, Cerdanyola del Vallès, Barberà del Vallés y Molins de Rei."


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