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Anticapitalistes
  
divendres 3 de gener de 2014 | Manuel
¿Hacia un nuevo asistencialismo?

CONRADO MOYA MIRA

Revisando algunas noticias aparecidas en la página web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, me ha sorprendido la lectura de algunos datos ofrecidos por el propio Ministerio y me han hecho reflexionar sobre una cuestión que nos preocupa a los profesionales de Servicios Sociales y que no es otra que la de comprobar si las medidas que se están adoptando en el ámbito social responden a una situación puntual provocada por la coyuntura económica o por el contrario asistimos a un verdadero cambio de modelo del sistema de Servicios Sociales.

El camino recorrido por nuestro país en la construcción del sistema de Servicios Sociales, en estos últimos treinta años, se ha dirigido a la construcción de un modelo basado en el cumplimiento de los principios constitucionales de eliminación de las desigualdades sociales a partir del reconocimiento de derechos subjetivos que corresponden a la ciudadanía por el simple hecho de serlo en un Estado Social y de Derecho. Para su consecución se presenta como indispensable el desarrollo de políticas públicas cuyo sostenimiento económico debe estar basado en la justa distribución de la riqueza donde juega un papel primordial el desarrollo de la red de Servicios Sociales en el ámbito local como máxima expresión de políticas sociales de proximidad.

De esta forma se pretendía el alejamiento del modelo asistencial, imperante en la dictadura, donde la cobertura social ofertada a la población no contributiva, era puntual, graciable, prestada por entidades privadas de carácter humanitario, sujeta a disponibilidad presupuestaria y, por su puesto, no basada en el reconocimiento de derechos. Iniciamos un camino que partiendo de un modelo benéfico asistencial, debía conducirnos al modelo del Estado de Bienestar.

Somos conocedores de que los cuarenta años de dictadura han supuesto un lastre para nuestra incorporación efectiva al modelo de Estado de Bienestar y que, cuando nuestro país comenzaba su andadura hacia su consecución, muchos otros países de nuestro entorno, que ya lo tenían implantado, comenzaron a hablar de crisis del Estado del Bienestar. Este hecho ha servido, en muchas ocasiones, para justificar nuestra falta de decisión en la adopción de medidas dirigidas a consolidar derechos sociales de la ciudadanía, olvidando datos como el que seguimos estando muy por debajo de otros países de nuestro entorno en la consignación presupuestaria asignada a servicios sociales en relación al PIB.

Las noticias a las que me refería al principio de este artículo tienen que ver con un verdadero cambio de modelo en el desarrollo de los Servicios Sociales municipales, que, como dije anteriormente, han ocupado un papel primordial en el desarrollo de políticas de proximidad que dan respuesta a las necesidades sociales de la población.

El pasado 12 de noviembre apareció, en la web del Ministerio de Sanidad, la noticia de que el Plan Concertado de Prestaciones Básicas, aquel que sirve para la financiación de los Servicios Sociales municipales, y que, según el Ministerio, «lejos de desaparecer, como algún grupo político llegó a insinuar tiene prevista una dotación de 27,6 millones de euros en 2014».

Tal vez esta noticia debió ser matizada con otros datos que acreditan la drástica disminución que ha tenido el referido plan concertado en los últimos tres años. Recordar tan sólo que, en 2011, el presupuesto destinado al plan concertado para todo el Estado, por parte del Ministerio fue de 86 millones de euros, pasando a 47 millones en 2012 y a 27 en 2013. Es decir que en tan sólo tres años se ha reducido en aproximadamente un 70%.

Este Plan Concertado de Prestaciones Básicas es cofinanciado por las comunidades autónomas y por los ayuntamientos y si bien, para el 2014 se comprueba un aumento de consignación presupuestaria por parte de la Consellería de Bienestar Social pasando de 15 millones en 2013, a 20 millones según propuesta de presupuestos de 2014, esta última cantidad es similar a la consignada por la Generalitat en el mismo concepto para el año 2009.

La tercera parte de la cofinanciación del plan concertado corresponde a los ayuntamientos. Estos destinan fondos propios al referido plan, pero además completan la financiación de sus Servicios Sociales, también con fondos propios, llegando a soportar, en algunos casos, más del 70% de los gastos reales de los mismos.

Uno no tiene por menos que sorprenderse cuando lee la segunda de las noticias aparecidas en la página web del Ministerio de Sanidad y a la que hago referencia en este artículo. Me refiero a la aparecida en el mes de diciembre de 2013 y que reza lo siguiente: «El Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad destina subvenciones por valor de 67 millones de euros a Cáritas y Cruz Roja». O sea que, las dos organizaciones antes citadas (...) reciben del Ministerio el triple de subvención que todos los ayuntamientos del Estado español sujetos al Plan Concertado de Prestaciones Básicas.

En mi opinión, estos datos sólo pueden responder a un verdadero cambio de modelo del sistema de Servicios Sociales en el Estado y en la Comunidad Autónoma. Un modelo en el que la responsabilidad pública va reduciéndose no sólo en la gestión de los servicios sino en la dotación presupuestaria que se asigna a los mismos . Un modelo en el que se pone en manos del ámbito privado la responsabilidad pública de asegurar derechos sociales reconocidos a la ciudadanía. Un modelo en el que la efectividad de esos derechos ya reconocidos quedan sujetos a la disponibilidad presupuestaria de las administraciones públicas. Un modelo en definitiva, en el que prima la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera pasando a un segundo plano criterios como los de rentabilidad social, eficiencia social y proximidad a los/as ciudadanos/as.

Parte de este cambio de modelo es, sin duda, la restricción de competencias que la futura ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local supone para los ayuntamientos en materia de prestación de Servicios Sociales, atribuyendo gran parte de los mismos a la Comunidad Autónoma y otorgando un papel relevante en la coordinación y gestión de los mismos a las diputaciones provinciales. Estos cambios suponen un verdadero golpe de gracia a las políticas de proximidad que, en materia de Servicios Sociales, han sido desarrolladas en nuestra Comunidad Autónoma en los últimos treinta años y que habían convertido a los Servicios Sociales municipales en verdaderos puntos de referencia para la ciudadanía de nuestra Comunidad en la superación de las desigualdades sociales.

25/12/2013

Font: Diario Informacion Alacant


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