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Anticapitalistes
  
diumenge 6 d’octubre de 2013 | Manuel
Auditoría Ciudadana: generando argumentos y sumando fuerzas para el no pago de la deuda

Iolanda Fresnillo / Bibiana Medialdea


Cuando abordamos la cuestión de cómo salir de la crisis no podemos obviar el problema del sobreendeudamiento del que adolece la economía española. Si bien la actual recesión económica no se desencadena por una crisis de la deuda, es cierto que esta deuda, consecuencia de la dinámica económica que nos ha llevado a la actual situación, se convierte en un obstáculo aparentemente insalvable para salir de dicha recesión.

En el Estado español, el mal llamado período de “auge” económico (1996-2007) se sostuvo en una dinámica de creciente endeudamiento privado, que ya en 2007 equivalía a un 311,3% del PIB. Con la llegada de la crisis y la aplicación de la receta clásica de la austeridad y las reformas neoliberales, esa elevada deuda privada se estabiliza, produciéndose un trasvase de deuda al sector público. La deuda pública pasa del 41.1% del PIB en 2007 al 101,9% a finales de 2010. De la misma forma, se dispara el porcentaje de recursos públicos destinados cada año a pagar los intereses de esa deuda pública. Éste año está previsto gastar 38.590 millones de euros en intereses (aunque muchos coincidimos en la predicción que la cifra se quedará corta). Pero es que desde el año 2008 a 2012 llevamos gastados 113.156 millones de euros tan sólo en intereses.

En una situación de emergencia social como la actual es natural que nos preguntemos si es legítimo que esos recursos se destinen a premiar a los mercados financieros, y no a usos alternativos evidentes en sectores como la sanidad, la educación, los servicios sociales y de dependencia, o incluso el fomento de un nuevo modelo económico. Pero más allá de lo injusto de esta distribución desigual de los recursos, somos muchas las que cuestionamos la legitimidad de esos pagos y, en definitiva, de la deuda que hay detrás.

Cuando hace más de una década muchas de nosotras nos sumamos a las movilizaciones para reclamar la cancelación de la deuda de los países empobrecidos, activistas de aquellos países respondieron a la petición de “perdonar la deuda” con el reclamo de “justicia frente a la deuda”. Nos mostraron cómo las deudas que estaban ahogando sus economías y empobreciendo a millones de personas se habían generado por mecanismos injustos y en la mayoría de los casos no habían beneficiado a la población. Eran deudas ilegítimas. Igual que lo son muchas de las deudas que han acumulado las administraciones públicas españolas.

En términos generales, una deuda ilegítima es aquella que en su contratación, negociación, pago o en aquello que financia, viola derechos humanos, económicos, sociales y culturales, atenta contra una vida digna, genera desigualdades, pone en peligro la soberanía o es producto de la corrupción o mala gestión del gobierno. Aunque no sea un concepto legal, en el sentido de reconocido por la jurisprudencia o el derecho internacional, sí que existen fundamentos jurídicos que permiten argumentar la ilegitimidad de una deuda, así como justificar un acto soberano de repudio. El concepto de deuda ilegítima es por tanto fundamentalmente político, y su definición se concreta según el contexto en que se aplique. Es la ciudadanía quien puede y debe definir los criterios para calificar una deuda como ilegítima. ¿Cómo se hace eso? Nosotras proponemos una Auditoria Ciudadana de la Deuda.

Planteada como un instrumento de transparencia, educación popular, empoderamiento y denuncia, la auditoría ciudadana se despliega como un proceso colectivo para comprender cómo se acumularon las distintas deudas, qué efectos ha tenido y sigue teniendo el endeudamiento, qué se financió, bajo qué condiciones y quién se benefició del proceso. Entendemos que esta es una tarea que no se puede dejar en manos de un puñado de expertos ni de una comisión formada desde las administraciones o por los propios partidos políticos que nos han llevado a esta situación. Para ser políticamente eficaz la auditoría ha de ser un proceso generalizado y popular que contribuya a la toma de conciencia de una ciudadanía. Sólo si la ciudadanía comprende cómo se ha llegado a la situación actual podrá tomar decisiones informadas respecto al futuro.

Por otro lado, no cualquier forma de reducir la deuda sirve. Las experiencias de países que en América Latina, Asia, África y Europa han tenido que enfrentar crisis de deuda, nos enseñan que la forma como se afronten los procesos de reestructuración, quitas o impagos de deuda, determinan qué grupos sociales sostienen su coste. Sólo en aquellos casos en los que los gobiernos, motu proprio o empujados por la población, se han enfrentado a los dictados de los mercados y de las instituciones financieras internacionales, imponiendo sus propias estrategias y saliéndose de las líneas marcadas, se ha conseguido que no sea la población la que pague con austeridad y reformas neoliberales los costes de la reestructuración de la deuda.

La pregunta que inevitablemente surge es si es posible enfrentarse a los mercados e instituciones financieras diciendo NO a la deuda, sin que la consecuencia sea una crisis aún más profunda. Los discursos dominantes nos dicen que eso es imposible, que las “deudas hay que pagarlas” y que no hacerlo lleva a ser repudiado por los mercados financieros y por estructuras como la Unión Europea en nuestro caso, y por lo tanto, al caos. De nuevo, las experiencias históricas nos muestran que un gobierno decidido a defender los intereses de la mayoría de la población tiene herramientas para cuestionar el pago de las deudas ilegítimas, permitiendo así romper con la espiral de sobreendeudamiento y recesión a la que se ven abocados los países que siguen los dictados del FMI, sea en solitario o acompañado con sus partenaires de la Troika. Experiencias como las de Islandia, Ecuador o Argentina, aunque imperfectas, nos muestran que sí se puede salir de la senda marcada.

Aquellos que niegan la posibilidad de un impago argumentando que los contratos siempre deben ser cumplidos, obvian que, por encima del derecho comercial, la primera obligación de un Estado es respetar, proteger y promover los derechos humanos. Para ello, no sólo se debe poder ejercer el derecho soberano a repudiar las deudas ilegítimas, sino que será necesario acompañar esa decisión con una batería de reformas fiscales, financieras, productivas y sociales que nos ayuden a transformar el sistema económico.

Para todo ello, es imprescindible contar con el apoyo de la mayoría de la población. La Auditoría Ciudadana de la Deuda es una de las herramientas que nos puede ayudar a sumar esa mayoría social por el NO pago de las deudas ilegítimas. Desde la Plataforma Auditoria Ciudadana de la Deuda ya nos hemos puesto manos a la obra con ese proceso.

NOTA: Entre el 8 y el 15 de Octubre se celebra la Semana Global de Acción contra la Deuda y las Instituciones Financieras Internacionales. La Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda está preparando un programa de acciones y actividades en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, A Coruña, Culleredo y Ribadeo. En la página www.auditoriaciudadana.net se detallará próximamente el programa.

Iolanda Fresnillo es miembro de la ’ Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda ¡No Debemos! ¡No Pagamos!’ Es coautora del libro Qué hacemos con la deuda, junto a Bibiana Medialdea, Ignacio Álvarez, Juan Laborda y Oscar Ugarteche. Más información en la web www.quehacemos.org

Font: eldiario.es 29/9/2013


Entrevista con Bibiana Medialdea: "Todas las crisis de deuda terminan en alguna forma de impago"

"¿Cerramos las urgencias sanitarias en los pueblos para seguir pagando los intereses de deuda pública a los bancos? Una auditoría ciudadana debería responder a preguntas así"

06/10/2013

La economista Bibiana Medialdea ha coordinado el libro Qué hacemos con la deuda, una obra colectiva que analiza la actual crisis de deuda española. En esta entrevista repasamos algunos asuntos sobre los que profundiza el libro: cómo se originó el sobreendeudamiento (público y privado), quiénes son los acreedores, y sobre todo, qué hacer ante un problema que estrangula la economía y nos deja en manos de los acreedores y la troika. Medialdea y el resto de autores (Ignacio Álvarez, Iolanda Fresnillo, Juan Laborda y Oscar Ugarteche) asumen que la deuda es impagable y conducirá a una quita, por lo que el debate no es pagar o no pagar, sino quién soporta el coste de su reestructuración, y cómo lograr que esta se haga mediante una decisión democrática. Hablamos con ella de la propuesta de una auditoría ciudadana, y de las experiencias en otros países que también sufrieron crisis de deuda.

¿En qué momento la crisis española se convirtió en una crisis de deuda?

La economía española basó su supuesta “época dorada” en un incremento insostenible del endeudamiento, sobre todo contraído por empresas de los sectores constructor/inmobiliario y financiero. Desde esta perspectiva, la crisis de sobreendeudamiento viene gestándose como mínimo desde mediados de los años noventa.

El próximo año la deuda pública española alcanzará el 100% de PIB, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Es un techo, puede seguir aumentando, hay algún punto de no retorno?

Si el origen del endeudamiento fue sobre todo el comportamiento de empresas y bancos, una vez que la situación se vuelve crítica los gobiernos de Zapatero y Rajoy comienzan a traspasar deuda privada, sobre todo del sector financiero, al Estado. Este trasvase, junto con los efectos lógicos de la crisis económica (incremento del gasto en subsidios de desempleo, por ejemplo, pero sobre todo la brutal caída de los ingresos públicos), deterioran a gran velocidad unas cuentas públicas que hasta entonces estaban muy saneadas: si en 2007 la deuda pública sobre el PIB era de aproximadamente el 44%, en 2011 ya suponía más del 77%.

Si el curso de las cosas no se altera -la recesión se profundiza y la recaudación fiscal sigue hundiéndose, seguimos inyectando recursos públicos al sector financiero privado, etc-, por muchos recortes de gasto público que se acometan las cuentas del Estado seguirán deteriorándose irremediablemente. Aunque el origen del problema no fue el endeudamiento público, ahora mismo la situación fiscal ya sí es problemática y seguirá empeorando. Con las graves consecuencias que ello conlleva: pensemos por ejemplo que los recientemente aprobados presupuestos para 2014 ya prevén gastar del orden de un 25% más de recursos públicos en abonar intereses de deuda pública (36.590 millones de euros), que en financiar subsidios de desempleo (26.696 millones).

¿A quién debemos?

Según los datos que publica el Banco de España (incompletos y poco desagregados, todo hay que decirlo), prácticamente el 95% de los títulos de deuda pública están en manos de entidades financieras, españolas o extranjeras. Es a los bancos, fundamentalmente, a donde irán a parar esos casi 37.000 millones de euros presupuestados para pagos de intereses de deuda pública en 2014. Pensemos, entonces, que son mayoritariamente esas entidades, a las que estamos regalando recursos públicos y a las que el BCE (una institución pública, no lo olvidemos) le concede crédito en condiciones privilegiadas, las que ingresan los intereses de deuda pública. Es decir, usan dinero público para lucrarse gracias al problema fiscal que ellos mismos han contribuido a generar.

¿Qué papel ha jugado el rescate bancario en la acumulación de esa deuda pública?

Los cálculos no son fáciles. Por un lado, porque hay que contabilizar partidas de muy distinta naturaleza: transferencias directas, avales, créditos a tipos de interés preferente… No todo puede contabilizarse como si de cantidades homogéneas se tratara. Por otro, hay que tener en cuenta que el rescate bancario dista mucho de haber concluido. Teniendo en cuenta estas limitaciones, haciendo estimaciones que se pueden considerar conservadoras a partir de los cálculos del economista Carlos Sánchez Mato, tendríamos que hasta finales de 2012 el total de ayudas bancarias generadoras de deuda pública rondarían los 138 mil millones de euros. Es decir, como poco estaríamos hablando de algo más del 13% del PIB del país.

Para el rescate bancario ha sido todavía más costoso. Un estudio que publicó en agosto el FMI cifraba el total de la ayuda bancaria (no sólo la generadora directa de deuda pública) en 246.441 millones de euros: aproximadamente un 25% del PIB.

Cuando hablamos de deuda, tendemos a pensar en deuda pública, pero, ¿qué pasa con la deuda privada? ¿Y la deuda de las familias?

Como decíamos, el origen del problema de sobreendeudamiento actual, y aún a día de hoy el mayor volumen de deuda, se concentra en el sector privado; y no precisamente en las familias. Incluso ahora que el Estado ya arrastra una deuda pública importante, al final de 2012 suponía un poco menos de la cuarta parte de la deuda total: un 24%. La deuda de las familias, por su parte, no era más que el 19%. Son las empresas del sector no financiero (con un 31% de la deuda) y las entidades financieras (con un 27%) las que siguen acumulando la mayor parte del endeudamiento: casi el 60% del total.

¿Es posible plantear otra política económica con este nivel de deuda, o el margen de maniobra de cualquier gobierno es demasiado estrecho?

Es evidente que la situación actual de recesión y sobreendeudamiento complica enormemente la formulación de políticas económicas, pero siempre hay margen. Las opciones de política económica dependen de los objetivos que persigan: actualmente se prioriza la recuperación del máximo de deuda por parte de los acreedores y la recuperación (o mantenimiento, según el caso) de los beneficios. Si priorizáramos la generación de empleo y la protección de los grupos sociales más vulnerables, las medidas respecto al pago de la deuda, la recaudación fiscal y el gasto público efectuado, por ejemplo, tendrían que ser diametralmente opuestas a las que hasta ahora se vienen aplicando: si racionalizáramos el pago de la deuda e incrementáramos sustancialmente la recaudación fiscal, sería posible acometer gasto público potente en partidas estratégicas.

La experiencia de otros países

Observando otras crisis de deuda a lo largo de la Historia, ¿qué características comunes encontráis en ellas? ¿Qué lecciones podemos extraer?

La casuística es muy heterogénea y no se pueden sacar conclusiones simplificadoras. Pero diría que hay tres lecciones que no debiéramos perder de vista.

La primera, que siempre que hay una crisis de deuda, es decir, que hay una situación de insolvencia o incapacidad de pago, termina por habilitarse algún tipo de impago. Parece una obviedad pero merece la pena clarificar este punto: cuando la parte deudora no puede pagar, es que no puede pagar y, por tanto, no paga.

La segunda: la forma concreta que toma ese impago determina resultados completamente diversos. En ocasiones la parte acreedora consigue minimizar el impago retrasándolo todo lo posible, a costa de deteriorar las condiciones de vida más básicas del deudor; o consigue unas contrapartidas que claramente compensan el impago asumido (privatizaciones, reformas, nueva deuda, etc.). Otras veces, la parte deudora es capaz de conseguir una renegociación más o menos equitativa de la deuda, en la cual la responsabilidad de la crisis se asume también, aunque sea parcialmente, por la parte acreedora.

La tercera lección es que el resultado concreto de una crisis de deuda, o dicho de otro modo, cómo se reparte la pérdida que de forma inevitable va ligada al quebranto o impago, depende de la correlación de fuerzas entre ambas partes. Es decir, en última instancia es un problema político. Pensemos por ejemplo en dos crisis de deuda que se han saldado con impagos muy relevantes: la deuda alemana tras la Segunda Guerra Mundial y la deuda iraquí una vez que EEUU se hace con el control del país. Aunque la cuestión del pago o el impago se nos presente como un asunto técnico lo cierto es que es eminentemente político.

El pago o impago es un asunto político, no técnico, y depende de la correlación de fuerzas

Entre las crisis de deuda recientes de otros países, ¿cuál sería el caso más similar al español? ¿Y cuál el mejor espejo en que mirarnos?

Ninguno nos sirve para extrapolar de forma directa y completa, y hay que tener cuidado de no idealizarlas, pero sí podemos extraer “pistas” en algunos aspectos concretos.

Por ejemplo, la crisis financiera sueca de principios de los noventa o la más reciente de Islandia nos ilustran cómo, incluso ante un sector bancario técnicamente quebrado y ante la necesidad de inyectar recursos públicos, es posible diseñar fórmulas que minimicen el coste para los contribuyentes, carguen gran parte del coste y la responsabilidad sobre los grandes accionistas y gerentes, y traten de evitar la repetición de los mismos episodios en el futuro.

Por otra parte de nuevo el caso de Islandia, o el de la gestión del gobierno de Roosevelt durante la Gran Depresión estadounidense, nos muestra cómo ante el estallido de una burbuja inmobiliaria que arrastra tanto al sector financiero como a una gran cantidad de familias afectadas por la crisis y que no pueden hacer frente a sus hipotecas, hay alternativas que permiten sanear entidades bancarias priorizando el “rescate” de las familias.

Por último, las actuaciones del gobierno argentino o ecuatoriano demuestran que es posible y útil hacer valer el poder que se tiene como parte deudora para imponer, de una forma o de otra, condiciones más equitativas para la renegociación de la deuda pública.

Deuda ilegítima y auditoría

¿Por qué consideráis ilegítima una parte de la deuda? ¿Cómo diferenciar esa parte?

El caso de cierta parte de la deuda pública, por ejemplo la destinada al rescate bancario, creo que es bastante claro: una deuda que no se ha contraído por el bien de la colectividad, sino que es resultado de un proceso antidemocrático por el cual los gobiernos, sin llevarlo en sus programas, optan por dedicar recursos públicos a un sector que es el responsable de la crisis y es quien se enriqueció enormemente los años previos. Un desembolso de dinero público que, además, se lleva a cabo sin exigir contrapartidas de importancia, y que por tanto no garantiza que el sector financiero no vaya a repetir las mismas prácticas y vuelva a llevarnos a un desastre similar. Y en un momento de emergencia social como este (desahucios, desempleo, pobreza cada vez más generalizada), en el que los recursos públicos tienen usos alternativos tan claros y tan urgentes. Consideramos que hay razones éticas y políticas para defender que la deuda derivada de ese gasto no puede considerarse pública, que no es toda la ciudadanía quien ha de responder por ella, porque en rigor el gasto que la ha generado no puede tampoco considerarse público.

Hay también gran parte de la deuda hipotecaria que contrajeron familias, una deuda muy sobrevalorada, en ocasiones regulada por contratos con condiciones abusivas, y que era la única fórmula disponible para acceder a una vivienda, que también pensamos que es ilegítima.

Identificar deuda ilegítima entraña primero una tarea política, de decidir democráticamente qué deuda es ilegítima, y posteriormente una tarea técnica, que permita cuantificarla con el máximo rigor posible.

¿Qué consecuencias tendría un impago de deuda? ¿Aun así serían peores las consecuencias de pagarla?

Como decía antes, a lo largo de la historia siempre que hay crisis de deuda hay impagos de un tipo o de otro. Ahora mismo, en la economía española, ya está habiendo impagos. Las empresas que suspenden pagos, las entidades bancarias que quiebran, no pagan. La deuda pública, y la de las familias humildes agobiadas con la hipoteca de su primera vivienda, son las deudas que hasta el momento se están pagando íntegramente (o prácticamente, en algunos, muy pocos casos, se están concediendo daciones en pago a familias). Se trataría por tanto de romper la ficción, de normalizar el escenario del impago, y de que sean criterios de equidad y corresponsabilidad los que sirvan para determinar quién, cuánto y cómo se producen los impagos que de hecho ya están ocurriendo.

¿Cómo reaccionarían los ’mercados’ en caso de impago? ¿Y los acreedores? ¿Sufriríamos represalias y aislamiento?

Las experiencias internacionales nos demuestran que los acreedores internacionales (los “mercados”), son fundamentalmente pragmáticos. Aunque cada caso es diferente, lo normal es que tras un primer momento en que se escenifica la ruptura y el aislamiento, se avienen a negociar una reestructuración de deuda lo más favorable posible. Marcando el límite de hasta dónde está dispuesto a sacrificarse para seguir pagando, el deudor marca la frontera de lo posible. Una vez que el acreedor entiende que ha de asumir esa frontera, se aviene a negociar tratando siempre de maximizar el pago recibido a partir de ese límite impuesto. La experiencia griega, en la cual los acreedores privados terminaron asumiendo una rebaja de aproximadamente el 70% de la deuda pública, es un ejemplo muy reciente: una vez que se asume que el 30% es lo único que se va a poder recuperar los acreedores lo que quieren es recuperarlo.

Proponéis una auditoría ciudadana, pero ¿cómo se articula algo así? ¿A quién corresponde la iniciativa, quién o quiénes serían los responsables de auditar la deuda? ¿Qué validez tendría?

Los detalles de una auditoría dependen de a qué nivel –municipal, de comunidad autónoma o estatal- se articule, y de qué agentes participen en ella. Por ejemplo, no es lo mismo el acceso a la información que se tiene cuando un gobierno está interesado en desarrollar la auditoría (caso de Ecuador) que cuando no participa o de hecho la obstaculiza.

Lo que es seguro es que el proceso de recopilación de información, aunque precisa de un elemento de competencia técnica, ha de ser democrático: se trata de extraer información para que la ciudadanía de forma consciente pueda tomar decisiones que, de hecho, están determinando sus condiciones de vida: ¿Cerramos las urgencias sanitarias en los pueblos para seguir pagando los intereses de deuda pública a los bancos? Que la ciudadanía responda a este tipo de preguntas de forma informada es el objeto de la Auditoría.

¿Una quita de deuda tendría efectos positivos por sí misma, o necesita otras medidas?

Una quita de deuda importante es necesaria, pero por sí sola es insuficiente.

Por una parte, en el plano más inmediato de una gestión de la crisis actual que minimizara el coste sobre la mayoría social, sería necesario insertar las quitas dentro de un esquema de política económica mucho más amplio: reversión de las políticas de austeridad, reforma fiscal potente y muy progresiva, política de rentas distributiva, intensa “represión” al sector financiero, protección social efectiva a los grupos más vulnerables, generación de empleo, etc.

Pero además, no podemos olvidar que la crisis en la que estamos inmersos no es un desgraciado accidente del funcionamiento del sistema. Más bien, la crisis nos ha demostrado a las claras cómo funciona un sistema que se descubre incompatible con la toma democrática de decisiones económicas, el bienestar colectivo y la sostenibilidad de nuestra forma de vida. Medidas que nos hicieran salir de la crisis reproduciendo las condiciones que nos trajeron hasta aquí no pueden ser consideradas eficaces. Es necesario un replanteamiento más profundo, que cuestione las bases mismas del capitalismo: qué producimos, cómo lo distribuimos, cómo organizamos el trabajo, cuestiones de este tipo.

¿Qué margen de maniobra tiene España sin salir del euro y mientras siga bajo supervisión de la troika?

Bajo los parámetros de la actual UE, con sus Tratados e instituciones, cualquier horizonte de transformación es muy limitado. Ni siquiera hay demasiado margen para una gestión de la crisis más social, más amable. La apuesta por la austeridad y la “devaluación interna” (retroceso salarial) profundiza la recesión económica y la polarización social. Es un desastre para todos los pueblos de Europa, pero en particular para las economías del Sur, supone un avance acelerado hacia la descomposición social: familias desahuciadas, pensiones que pierden capacidad adquisitiva por ley, el fin de las prestaciones básicas universales, desnutrición, generaciones enteras que abandonan el país contra su voluntad… Lo que estamos viendo no es más que el resultado lógico de la disciplina del euro y las políticas que impone la troika.

El dilema, desde mi punto de vista, es más bien si es más fácil cambiar este marco europeo que nos lleva al desastre social rompiendo con él o tratando de transformarlo desde su seno.

¿Qué papel nos corresponde a los ciudadanos?

Forzar el cambio. Transformar el sentimiento generalizado de indignación frente al expolio en una acción política eficaz, que consiga una gestión de lo común democrática y favorable a la mayoría social. Gran parte de la ciudadanía entiende los elementos básicos de la estafa económica y la farsa democrática en que estamos inmersos. Desgraciadamente la crisis lo está dejando muy claro. Pero tenemos pendiente transformar la información y el sentimiento en capacidad efectiva de cambiar las cosas. Estos años de movilización social han sido espléndidos y necesarios, pero tenemos también tareas ineludibles en el terreno político. Aunque el panorama no sea fácil, la política es el único camino.


Entrevista a Pablo Martínez: "El deute és un instrument de dominació dels pobles"

Benoît Cros

La Plataforma per una Auditoria Ciutadana del Deute (PACD) es va crear l’any 2011 amb l’objectiu de promoure una auditoria dels comptes públics similar a la que es va realitzar a l’Equador l’any 2008, i que va permetre la renegociació d’una part del deute públic d’aquest país. La PACD vol fomentar una auditoria en tots els nivells administratius, des del municipal fins a l’estatal. Diversos municipis catalans han adoptat recentment mocions que declaren il·legítim part del seu deute.

La PACD presenta avui el seu llibre ’Per què no hem de pagar el deute?’, que explica els mecanismes que s’amaguen darrere l’endeutament públic. En parlem amb Pablo Martínez, un dels autors.

Per què fer del deute una qüestió central?

El deute és una justificació per robar als pobles, és un instrument de dominació. Sempre ha estat així però s’ha intensificat a partir dels anys 70. A més és una cosa que mai es qüestiona, es presenta com una qüestió moral: "s’ha de pagar".

Però el problema del pagament del deute no és una qüestió principalment conjuntural?

Hi ha clarament un empitjorament de la situació: l’Estat minva, ja no és capaç de complir la seva promesa, la de l’Estat de benestar. I es trasllada a les poblacions la culpa d’aquesta situació, quan en realitat prové de la mala praxi bancària. Es diu als ciutadans que han viscut per sobre de les seves possibilitats, que no hi ha altre remei, etc. Amb això es justifiquen les retallades pressupostàries quan, en realitat, ens estem endeutant per salvar interessos privats.

Com hem arribat a aquesta situació?

Amb una economia basada en el totxo. Les empreses i els bancs s’havien de finançar fora, especialment a França i Alemanya, i s’ha creat una bombolla insostenible. En esclatar aquesta bombolla, la banca ha acudit al papa Estat que, per la seva banda, ja tenia més despeses per la crisi, com els subsidis per atur. Tot això crea un dèficit pressupostari, i l’Estat acaba havent d’endeutar-se.

Quines solucions alternatives hi ha al pagament d’aquest deute?

Nosaltres proposem fer una auditoria ciutadana: decidir quina part del deute hem de pagar. Per aconseguir-ho, primer cal poder obtenir les dades necessàries. Un cop haguem definit quina part del deute no és legítim, cal pressionar perquè no es pagui.

En el cas d’Espanya, quina part del deute es pot considerar il·legítim?

El deute que prové dels rescats bancaris és el més obvi. De manera més general, hi ha molts casos en què l’Estat s’ha endeutat per prestar a tercers, això podria considerar-se il·legítim. Però cal anar més enllà del que és purament financer. Es podria parlar del deute derivat d’infraestructures inútils, de la corrupció o de la despesa militar. També cal pensar que un deute, encara que hagi estat contret de manera legítima, pot transformar-se en il·legítima si comporta un deteriorament en els drets humans i socials de la població. És a dir, si condueix a l’empobriment de la població, la ciutadania té dret a repudiar-lo perquè hi ha un canvi significatiu de circumstàncies. Si l’Estat no pot fer front a les despeses d’educació o sanitat a causa de l’endeutament, aquest es converteix en il·legítim.

Això vol dir que l’auditoria no és una qüestió només tècnica sinó política?

Exactament. Aquests conceptes són clarament polítics. Tenen a veure amb la presa de consciència per part de la població sobre què és legítim pagar.

Es podria simplement aplicar el famós ’haircut’, és a dir, retallar el valor de tots els títols de deute per a tots els creditors, sense haver de mirar per a què han servit?

Efectivament, seria un alleujament temporal, ens permetria viure millor durant un temps però no resoldria el problema. L’auditoria va molt més enllà de determinar quin deute hem de pagar. Es tracta de prendre consciència de com hem arribat a aquesta situació i quina organització econòmica volem adoptar perquè no es reprodueixi.

I si no paguem el deute, qui ens prestarà diners?

Cal buscar maneres diferents de viure que no depenguin del crèdit i del creixement. Estem veient que no es pot créixer més perquè els recursos del món estan arribant als seus límits. L’auditoria ciutadana ha de servir també per buscar aquests models alternatius d’organització econòmica.

16/10/2013


Más información, en el libro Qué hacemos con la deuda.

Autores

Bibiana Medialdea es es profesora del Departamento de Economía Aplicada I de la Universidad Complutense de Madrid. Forma parte del Colectivo Novecento, del Consejo Asesor de la revista VientoSur y del Consejo Científico de Attac.

Nacho Álvarez es profesor en el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Valladolid (UVA) e investigador asociado en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI). Colabora habitualmente con la Fundación VientoSur y con la Fundación 1º de Mayo de CCOO.

Iolanda Fresnillo es licenciada en Sociología y máster en Cooperación y Desarrollo . Ha trabajado en el Observatorio de la Deuda en la Globalización como investigadora. Participa en la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda ¡No Debemos! ¡No Pagamos!

Juan Laborda es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Es profesor del IEB y la Universidad Carlos III. Ha trabajado en la banca privada y es socio fundador de Razona Estudio de Economía y Finanzas.

Óscar Ugarteche Galarza PhD, es investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Peruano residente en México, trabaja temas de deuda pública desde 1976. Ha publicado ampliamente sobre el tema en diversos idiomas. Ha sido profesor visitante en diversas universidades europeas.


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