contacte: anticapitalistes@anticapitalistes.net

 



 

Anticapitalistes
  
dilluns 10 de juny de 2013 | Manuel
¿Qué le pasa a CCOO con las pensiones?

Enrique Lillo y otros / Sección Intercentros de Nissan / Agustín Moreno

NUEVA REFORMA DE LAS PENSIONES. Carta abierta al Secretario General y a la Comisión Ejecutiva de CCOO.

Enrique Lillo, Eduardo Gutiérrez, Ángel Martín, Alicia Gómez, Cristina Segura, Lola Morillo, y Daniel Albarracín, miembros del Gabinete Interconfederal

A LA ATENCIÓN DEL COMPAÑERO SECRETARIO GENERAL y LA EJECUTIVA DE LA CS CCOO

Estimado Secretario General y miembros de la Ejecutiva Confederal:

Queremos trasladaros tanto nuestro asombro y contrariedad por el voto favorable del responsable del Gabinete Económico de la Confederación Sindical de CCOO al Informe emitido para avalar el diseño del factor de sostenibilidad de las pensiones, así como algunas otras consideraciones al respecto de su contenido. Un voto favorable que resulta aún más paradójico y escandaloso, porque contradice la Circular de la Secretaría Confederal de Seguridad Social, de 13 de marzo de 2013, en la que se insiste en la inconstitucionalidad de la supresión, a golpe de Decreto Ley, de las reglas de revalorización automática de pensiones según IPC, eliminación que el Informe consagra, puesto que su contenido supone la renuncia e inmediata al derecho legal a la revalorización de las pensiones.

Todos sabíamos que era poco probable, dada la composición del grupo de expertos, la introducción de enmiendas que procurasen cambiar sustancialmente la pretensión inicial del informe de recortar las pensiones. No son expertos independientes, imparciales y objetivos. Son profesionales de parte interesada con vínculos estrechos, conocidos y muy bien retribuidos económicamente, con entidades financieras y compañías aseguradoras y, es por ello, que el contenido del Informe está en la misma línea de recorte de pensiones presentes y futuras que defienden todos los trabajos elaborados en otros grupos promovidos por los mismos intereses (UNESPA‐ patronal de las aseguradoras‐ y MAPFRE).
Así, en la medida en que la orientación central no ha sido modificada, resulta todavía más desconcertante el voto favorable. Ni el lenguaje menos áspero de la versión definitiva del Informe, ni la tenue referencia a la subida de ingresos, ni el otorgamiento al poder político de la última palabra y, menos aún, el sucedáneo de voto particular del técnico de CCOO, aconsejando atrasar la fecha de aplicación de las soluciones propuestas a 2019 ‐ para que nos vayamos acostumbrando (¡!)‐ permite entender que el apoyo de este profesional, con línea directa con la Ejecutiva Confederal y la Secretaria Confederal, a los contenidos del Informe pueda considerarse un tema estrictamente personal e independiente.

Conocemos los problemas de la economía española, las múltiples y generalizadas crisis empresariales – que, por cierto, no forman parte de la práctica profesional diaria del que tan frívolamente ha jugado con el nombre y credibilidad de CCOO. Pero la respuesta no puede ser adaptar las políticas sociales a la política económica, o santificar, como en el Informe se hace, la reforma constitucional que antepone garantizar el pago de las deudas a sostener niveles dignos y suficientes para las pensiones. La respuesta debe ser justamente la contraria, redefinir la política económica al servicio del interés social, el cambio del modelo productivo y la creación de empleo de calidad. Operar, por tanto, por el lado de los ingresos y no sólo de los gastos del sistema.

Por consiguiente, de existir realmente un problema de financiación inminente de la Seguridad Social, la solución propugnada por nuestra organización debe ser la adopción inmediata y prioritaria de medidas que introduzcan criterios de equidad y justicia distributiva en la aportación de las cuotas que sostienen el sistema público de Seguridad Social, incluidas las pensiones.

Debe abordarse, por tanto, la injusta situación actual que permite que trabajadores que ganan cuantías que van desde el Salario Mínimo hasta 3.263 € brutos (base máxima de cotización) realizan aportaciones del 4,7% de su salario, más el 23,6% por parte de la empresa. Por el contrario, aquellos trabajadores con retribuciones mayores a 3.263 € mensuales contribuyen con cuantías que relacionadas con su sueldo son inferiores. Así, asalariados que ganan, por ejemplo, 7.000 € mensuales cotizan por unas cuantías que tan solo representan sobre su salario el 2%, más el 11% por cuenta de la empresa. Este injustificado trato se extrema en trabajadores que perciban 11.000€
mensuales quienes tan sólo aportarían el 1% de su salario, frente, recordemos, al 4,7% que paga el que gana 1.000 € al mes. Corregir este abusivo escenario no requiere más que suprimir el límite de la base de cotización máxima o elevarlo progresivamente de forma que aporten quienes más salario perciben. Recordemos que no hay, en la actualidad, ninguna disposición legal que obligue al sistema de Seguridad Social, de eliminarse la base máxima de cotizaciones, a modificar la cuantía actual de pensión máxima. De no ser esto suficiente, complementariamente debería acudirse siempre a aportaciones del Estado vía impositiva, a cargo de todas las fuentes de rentas y no sólo las del trabajo, que son las que cotizan a la Seguridad Social.

Sin embargo, las diferentes alternativas que propugna el Informe de los expertos priorizan y resaltan el recorte de las prestaciones públicas y, consecuente e implícitamente, la necesidad de complementar con ahorro privado aquellas, aumentando así el negocio de aseguradoras y entidades financieras de las que proceden la mayoría de los miembros que han elaborado el Informe.

Y si lo anterior no hubiera sido suficiente para mostrar el más profundo rechazo por parte de nuestra organización al Informe, hemos de resaltar que si el contenido del mismo se tradujera en ley, implicaría la santificación oficial de la reforma constitucional ilegítimamente aprobada (sin referéndum popular como lo fue la Constitución Española) que prioriza el pago de las deudas públicas, frente al mantenimiento de las prestaciones sociales, profundizando, aún más, en los efectos de la reforma laboral.

Ni la autonomía e independencia con la que este compañero declara haber trabajado, ni su desconocimiento de la realidad laboral inmediata y de los efectos de la crisis dado que no participa en las impugnaciones y análisis de los argumentos empresariales en sus despidos y rebajas salariales, han sido suficientes para inmunizar el hecho de que su voto se emitiera en nombre de CCOO. Tampoco lo ha sido la respuesta tibia y con intentos de minimizar la transcendencia de estas actuaciones. Alegar que se trata tan sólo de un informe, que no nos vincula como interlocutor social, no solo agrava la irresponsabilidad sino que legitima a aquellos que, a título personal e independiente, disponen frívolamente del nombre de una organización y dilapidan la credibilidad que día a día se troquela en los centros de trabajo gracias al trabajo y sacrificios de centenares de afiliados, delegados y simpatizantes.

Consideramos, por tanto, que las conclusiones del Informe quiebran los planteamientos colectivos y de consenso hasta ahora defendidos por nuestra Confederación. Consecuentemente el personal técnico, abajo firmante, no podemos sentirnos representados por las consideraciones y votos de este compañero en cuestión.

Agradeciendo vuestra atención y en espera de respuesta, os saludan:

Gabinete Interfederal: Enrique Lillo, Eduardo Gutiérrez, Ángel Martín, Alicia Gómez, Cristina Segura, Lola Morillo, y Daniel Albarracín.


Sobre el informe de las pensiones y la decisión adoptada por el "experto" de CCOO

Carta de la Sección Intercentros de Nissan al Secretario General de CCOO

Al Secretario General de la Confederación Sindical de CCOO y a los miembros de la comisión ejecutiva:

En relación con el reciente caso del tema de las pensiones y el voto favorable dado por el asesor de CCOO Miguel Ángel García como asesor en el comité de expertos, y el "error" reconocido por la Dirección del sindicato, queremos manifestar lo siguiente:

No es una cuestión técnica ni basta con distanciarse o pedir disculpas, el mal está hecho. La participación de Miguel Ángel García en el comité de expertos sobre pensiones, y su voto favorable al informe allí elaborado, nos deja un malestar profundo e íntimamente relacionado con nuestras luchas cotidianas y con el desamparo creciente de los trabajadores frente al empujón brutal de la llamada troika. Los abajo firmantes, trabajadores y miembros de la Sección Sindical Intercentros de CCOO Nissan, nos sentimos muy inquietos por este “error” de la Dirección del sindicato, que ilumina - incluso según la más favorable de las interpretaciones - dos zonas de sombra incompatibles con la labor de un sindicato de clase que declara actuar siempre con los trabajadores y en favor de los trabajadores.

La primera es de contenido. Se podrá decir ahora que Miguel Ángel García no fue invitado como miembro de CCOO y que su opinión individual no representa la posición oficial del sindicato sobre las pensiones. Lo cierto es que la Dirección de CCOO autorizó su presencia en el comité, a sabiendas de quiénes participaban en él y de cuál era la relación de fuerzas y de que, por tanto, la única contribución posible era la de legitimar la reunión misma o, por decirlo de otra manera, la de naturalizar la discusión sobre las pensiones. Ahora bien, si hay un terreno en el que CCOO debe ser inflexible es éste. Los trabajadores podemos sentirnos más o menos orgullosos de nuestro trabajo, que debe ser siempre realizado en condiciones de dignidad laboral y salarial, pero no trabajamos por trabajar. Trabajamos para descansar, en el sentido de que pagamos - con tiempo y dinero, es decir con trabajo - nuestro derecho inalienable a dejar de trabajar. Las pensiones no son una recompensa ni una condecoración ni una concesión caritativa a las franjas más vulnerables de edad. Es una devolución, una deuda. ¿Será entonces que todos los ciudadanos tienen que pagar las deudas de los bancos mientras que esos mismos bancos presionan para que las empresas y el Estado no paguen las deudas contraídas con los trabajadores? ¿Y CCOO tendrá que ceder o, al menos, generar la ilusión de que esa deuda sí - al contrario que las otras - es negociable?. Sólo hay una deuda sagrada y es la deuda con los trabajadores.

Ese es el único marco de legitimidad en el que debe moverse un sindicato de clase y la Dirección de CCOO no puede permitirse, por tanto, ningún gesto que lo debilite o que induzca la ilusión de otros marcos posibles. Naturalizar la discusión sobre las pensiones en las condiciones dictadas por el gobierno - para cuestionar su sostenibilidad - es asumir una lógica al mismo tiempo de donativo y de derrota. Si la participación de Miguel Ángel García es un “error”, se trata sin duda de un error catastrófico.

Pero hay también una cuestión de forma. Teniendo en cuenta lo que estaba en juego, las consecuencias previsibles de esa participación, ¿debía tomarse la decisión sin consultar a los afiliados? Hay que recordar que los afiliados no trabajamos para una empresa y además para el sindicato. Nosotros somos el sindicato. El sindicato no es nuestra herramienta de trabajo sino nuestra herramienta de defensa en el trabajo. Es - aún más - una herramienta de auto-defensa. No es el sindicato el que nos defiende, como un padre a sus hijos o un rey a sus súbditos; somos nosotros, a través del sindicato, los que nos defendemos a nosotros mismos. Esa herramienta, por tanto, no es un martillo o una fresadora. Es una decisión colectiva. Y si nos preocupa que, en medio del brutal empujón de la troika y bajo el tsunami de la crisis, la Dirección de CCOO tome decisiones erróneas, nos preocupa no menos que las tome a espaldas de los trabajadores a los que dice representar. Mucho nos tememos que lo que hace erróneo el error es precisamente el procedimiento de esta decisión; y que se cometerían muchos menos errores de contenido en general si las decisiones fueran más generales; es decir, si los dueños de la herramienta, los afiliados, pudiesen determinar colectivamente su uso.

Hoy sabemos que lo que llaman crisis se parece más a una guerra: una guerra contra la clase trabajadora en la que se eligen muy conscientemente las armas y los frentes. La crisis no es la naturaleza: es un conjunto de decisiones políticas que pueden ser contrastadas políticamente. En el caso de las pensiones es evidente que hay alternativas. Pero si la crisis es más una guerra que un fenómeno natural irresistible, la responsabilidad de los sindicatos es mayor que nunca. Nacieron para eso, para tratar de vencer o, al menos, de resistir en las guerras que las clases poderosas libran siempre, con manifestaciones más o menos agudas, contra los trabajadores. Hoy son más agudas que nunca. ¿No se requerirá por tanto más claridad y más participación que nunca?. El “error” cometido por la Dirección de CCOO en el caso del comité de expertos de las pensiones nos inquieta mucho, estimado compañero, porque oscurece la claridad de la lucha y porque revela comportamientos oscurantistas más propios de una empresa que de un sindicato. Los abajo firmantes, trabajadores y afiliados de la Sección Sindical Intercentros de CCOO Nissan somos los legítimos dueños de todas las herramientas. Que no nos quiten también la única herramienta que tenemos para defendernos de lo que nos quitan todas las demás.


¿Qué le pasa a CCOO con las pensiones?

Agustín Moreno

El sistema público de pensiones en España siempre ha estado en el punto de mira de las políticas neoliberales. Los ataques se han producido tanto con los gobiernos del PSOE como con los del PP, lo que demuestra que a la hora de servir a los intereses de la banca y de las compañías aseguradores no hay muchas diferencias entre ellos. Hagamos un breve repaso a la historia de los ataques y los pactos de pensiones.

Podemos hablar de dos etapas. La primera hasta la crisis de los dos sindicatos mayoritarios en 1994 (con la salida de Nicolás Redondo de la secretaria general de UGT, y con ruptura interna en CCOO) y su estrategia era la de oponerse a los recortes o firmar pactos de mejora. En 1985 se produjo la primera agresión al sistema de pensiones por el gobierno de Felipe González. CCOO, junto con USO, CGT, ELA-STV y otros sindicatos convocaron la Huelga General del 20 de junio. Dirigía el sindicato Marcelino Camacho. UGT no convocó la huelga, pero se manifestó junto a CCOO en las vísperas, y Nicolás Redondo y algún diputado más votaron en el Parlamento en contra de la nueva ley del ministro Almunia. Fue uno de los elementos de ruptura entre la UGT y el PSOE. Cabe destacar en esta etapa el positivo acuerdo en materia de pensiones que se produjo tras la Huelga General del 14 de diciembre de 1988, con el que se conseguía el derecho a las pensiones no contributivas y la revalorización automática.

La segunda etapa es un recorte continuo, tanto en situaciones de crisis como de expansión económica. En 1996 firmaron los sindicatos un acuerdo con Aznar recién llegado al Gobierno, con un el rimbombante nombre de ”para la racionalización y consolidación de la Seguridad Social”. Dirigía CCOO Antonio Gutiérrez, que andaba por entonces en plena persecución del Sector Crítico del sindicato y que llegó a la defenestración de Marcelino Camacho de la presidencia. Con el acuerdo sobre el Pacto de Toledo (ampliación del período de cálculo, reducción de los porcentajes) se recortaron los derechos potenciales de los trabajadores en materia de jubilación, entre un 7% y un 21%. Con éste acuerdo y otros más que aseguraron la paz social, se permitió la aplicación de una política neoliberal (privatizaciones…), que hizo que en dos años España pasase de no cumplir ninguna de las condiciones de convergencia a cumplirlas todas. Se había aplicado uno de los ajustes más duros del periodo democrático.

El siguiente pacto lo firmó solo CCOO (sin UGT) en 2001. Seguía gobernando Aznar y el secretario general del sindicato era José María Fidalgo. Aunque contuviera algunas mejoras concretas, estimulaba el retraso de la edad de jubilación más allá de los 65 años, abría la posibilidad de establecer un nuevo perí­odo de cálculo con toda la vida laboral, reducía cotizaciones empresariales a la Seguridad Social y pretendía fomentar los planes y fondos privados de pensiones.

En el 2011, ya con Ignacio Fernández Toxo en la dirección, se firma un nuevo acuerdo de los sindicatos con el gobierno de Zapatero en sus horas últimas. El contenido se centraba en aumentar la edad legal de jubilación a 67 años, necesitando 37 de cotización para alcanzar el 100% de la base reguladora; en la exigencia de tres años y medio más de cotización (38,5) para poder jubilarse a los 65 años; y en ampliar los años de cómputo para el cálculo de la pensión de 15 a 25 años, lo que suponía un recorte de hasta un punto menos por año, es decir, un 10%, aunque se beneficiasen algunos pequeños colectivos. Esta reforma contenía uno de los mayores recortes de gastos previstos del continente, según el informe de envejecimiento de la Unión Europea (UE) de 2012 (Ageing Report). Y supone un listón inalcanzable para millones de personas, especialmente mujeres y jóvenes, con vidas laborales muy cortas y con baja cotización por el paro y la precariedad.

Nos encontramos ahora con la preparación para el último ataque a través de un informe de una comisión de “expertos”, formada por el gobierno del PP. El informe plantea las nuevas líneas maestras de recorte que son básicamente tres: desvincular la subida de las pensiones del IPC y ligarla a las cuentas de la Seguridad Social, reducir la pensión inicial con el argumento de considera la esperanza de vida, y adelantar los plazos de entrada en vigor del alargamiento de la edad de jubilación y de los nuevos sistemas de cálculo más lesivos para los trabajadores. Con el llamado ‘factor de sostenibilidad’ se reducirán automáticamente las pensiones actuales y futuras en relación al salario medio: un robo enmascarado en una fórmula compleja. En el informe se proponen “soluciones” como seguir con el alargamiento de la vida laboral, las rebajas de impuestos y el complemento de las pensiones privadas. Además, se anima a recortar las pensiones ahora que se acepta mejor el sacrificio (?), un argumento que demuestra la obscenidad de los autores: se refieren a que hay que aprovechar el saqueo generalizado sobre los derechos para imponer un nuevo y grave recorte.

Ha firmado este informe la persona que aparecía representando a CCOO y eso mancha al sindicato y alarma a los afiliados y trabajadores. Como representante de CCOO aparecía en los medios de comunicación y, lo que es más importante, así lo entiende todo el mundo. Es un economista corriente cuya presencia en la comisión obedece exclusivamente a su responsabilidad en el sindicato. Si no lo representaba, CCOO tenía que haberse desmarcado desde el primer día. Lo último que podía pasar es que para no sacar la pata se entrase en estrafalarias explicaciones a lo Cospedal sobre la representación directa, en diferido o algo así. Esta persona es un asalariado de CCOO que no debería firmar nada sobre un tema que afecta a la organización sin consultar a sus responsables: Carlos Bravo, secretario de Protección Social y, en última instancia, Ignacio Fernández Toxo. La dirección del sindicato tiene que explicar si le dijeron que no lo firmase, si le dieron el plácet, si se descuidaron y, sobre todo, qué decisión van a tomar ahora con él.

El informe es interesado, injusto y equivocado. Según dice la prensa, ocho de los doce “expertos” han estado cobrando y al servicio de bancos y empresas de seguros, y que el presidente es un colaborador de FAES. Y el fondo del asunto es meter miedo para reducir la expectativa de pensión y forzar el crecimiento de los planes y fondos privados de pensiones. Es injusto porque solo se sacrifica a los trabajadores, cuando en España tiene un gasto en pensiones inferior a la media europea (10,7% frente al 13,5% del PIB) y sigue existiendo un superávit de 62.000 millones de euros en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Es equivocado porque sólo incide en el recorte del gasto en pensiones y no se preocupa de mejorar los ingresos a través de una política económica orientada al empleo, a la mejora de los salarios, al aumento de cotizaciones y de los ingresos fiscales. Hay que recordar que la presión fiscal en España es de las más bajas de Europa: 32,6% frente a un 40% de media. También es equivocado utilizar una previsión de aumento de la esperanza de vida cuando, por primera vez en medio siglo, se ha producido una inflexión que acentuará con la catástrofe social que vive este país.

Otra de las cosas más graves de este informe, apoyado por el representante de CCOO, es que sirve de justificación para otro incumplimiento más del programa electoral del PP. Ante este disparate, CCOO debe rechazar el informe y en vez de romper la unidad con UGT, debe empezar a organizar con ella la movilización frente a la nueva agresión a las pensiones que Rajoy se ha comprometido con Bruselas a perpetrar este año. Hay que defender el mantenimiento y la recuperación del poder adquisitivo de unas pensiones muy castigadas. Sólo Grecia y Letonia han aplicado ajustes tan drásticos en la pensiones.

Si analizamos la estrategia de los sindicatos con las reformas laborales, podemos ver que ha habido acuerdos y, también, huelgas generales frente a las imposiciones (1988, 1992, 1994, 2002, 2010, 2011, 2012). Sin embargo, en relación a las pensiones sólo se ha convocado la huelga general de 1985 y desde hace diecisiete años la dirección de CCOO ha firmado todos los acuerdos. Acuerdos que, en general, han supuesto un retroceso de las mismas (ampliación del período de cálculo, más años de cotización, retraso de la edad de jubilación…). Incluso, CCOO firmó un acuerdo con Aznar en 2001, rompiendo la unidad con UGT, que lo rechazó. Habría que preguntarse por el trasfondo. ¿Empacho de respetabilidad? ¿Visión a corto plazo de los dirigentes sindicales que no miden las consecuencias a largo para los trabajadores? ¿Legitimarse ante el poder en algunas situaciones? ¿El hecho de que los responsables del área confederal de pensiones siempre hayan sido del ala más a la derecha del sindicato?… Lo que no vale es usar el argumento (neoliberal y de la CEOE) de que los acuerdos son para consolidar el sistema, cuando los recortes son siempre evidentes.

Hay que recordar que siempre hubo en CCOO voces, como el Sector Crítico, que rechazaron estos malos acuerdos para no ser cómplices de los mismos, convencidos de que la “política de apaciguamiento” de los aparatos para evitar recortes mayores se demuestra inútil ante la insaciabilidad de la banca y la derecha.

CCOO no debe apoyar este nuevo ajuste a las pensiones. La degradación del sistema de pensiones se puede convertir en una singularidad de este país, como lo es la alta tasa de paro y la precariedad, condicionando estructuralmente la demanda y el consumo en la economía española. Si lo hiciera, se le señalará durante mucho tiempo (de los “expertos” no se acordará nadie) como a uno de los responsables principales del retroceso social en el que está entrando nuestro país. Supondría la ruptura con amplios sectores laborales, muy especialmente con aquellos que tendrán graves dificultades para alcanzar una pensión digna. Y será difícil recuperar el crédito social necesario para llamar a la participación y a la movilización contra nuevos recortes de derechos sociales en el futuro.

Ninguna complicidad, por tanto, con quienes quieren hacer con las pensiones lo que están haciendo con los salarios: pasar de salarios de hambre mileruristas a salarios doblemente de hambre de 400 euros. Con los que ponen en cuestión el sistema de reparto, bajando fuertemente las pensiones iniciales y medias y empujando a los trabajadores de mayor renta hacia los planes privados al tiempo que se rebajan las cotizaciones a los empresarios. En fin, que no es una cuestión técnica lo que se ventila, sino pura lucha de clases: defensa del sistema público de pensiones frente a privatización y empobrecimiento de la mayoría.

Supongo que estas reflexiones no les gustarán a una parte del sindicato. Lo siento, no quiero molestar a nadie. Solo contribuir a que CCOO no cometa una grave equivocación: apoyar uno de los mayores ajustes sobre las pensiones de toda Europa.

Agustín Moreno es profesor de Enseñanza Secundaria en Vallecas (Madrid) y miembro de la Marea Verde.

+ Info:

Pensiones, envejecimiento y distribución de la renta. Albert Recio Andreu

Los errores y falacias del llamado comité de expertos sobre las pensiones públicas. Vicenç Navarro

Claus de la nova reforma de les pensions

Pensiones: ¿demografía o lucha de clases? Juan Torres López

Los expertos aprueban el informe sobre pensiones con un único voto en contra

El representante de CCOO vota a favor del informe sobre la reforma de las pensiones. I ací, la seua justificació.

Dossier informativo realizado por Diagonal. Pensiones en peligro

El "comité de expertos" dejan en manos del Gobierno de turno la decisión de subir las pensiones. Belén Carreño y Ana Requena Aguilar

Ahora van a por las pensiones. La reforma que se avecina: podrían bajar las pensiones en cuestión de meses. Kaos. Laboral y Economía, 27/5/2013

Y ahora llega la gran reforma de pensiones

Pensiones a debate

Dos vías de ajuste en pensiones. Los expertos designados por el Gobierno se inclinan por el recorte de las prestaciones futuras y el desligue de las actuales del IPC


A la mateixa secció:


La banca de la República, eina indispensable de transformació social


La Ley de Renta Valenciana de Inclusión a debate


El Fondo de Reserva y las pensiones


L’Assamblea per una Renda Básica al País Valencià presenta en Les Corts Valencianes la seua proposta alternativa a l’avantprojecte de llei de Renda Valenciana d’Inclusió.


Romper las cadenas de las deudas privadas ilegítimas (II)


Romper el círculo vicioso de las deudas privadas ilegítimas (I)


Un balance: 10 años de la ley de protección contra la dependencia


Baix Segura: Más de 1000 personas acuden a la manifestación en defensa de las pensiones públicas en Torrevella


Dejemos de pensar que sabemos más que los pobres y apliquemos de una vez la renta básica


Estado español 1985-2017: 32 años avanzando en la destrucción del sistema público de pensiones

Creative Commons License Esta obra est� bajo una licencia de Creative Commons by: miquel garcia -- esranxer@gmail.com