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divendres 3 de maig de 2013 | Manuel
No pagar la deuda ilegítima es la única política responsable + Moció a l’ajuntament d’Alacant sol·licitant la moratòria i auditoria del seu deute públic

Manuela Lopez, Fernando Paton y Manuel Girón

Desde octubre de 2011, en diferentes ciudades del Estado, comenzó un proceso para realizar una Auditoría Ciudadana de la Deuda en el Estado español. Personas vinculadas a la red ¿Quién debe a quién?, al 15M, Attac, Democracia Real Ya, Economistas sin Fronteras, otros grupos, o a título personal, participaron en un proceso que en primer lugar trataba de definir cómo se quería que fuera la auditoría, qué deudas se querían auditar, quién debería participar en este proceso y con qué objetivos.

Desde el 25 de marzo de 2012 se puso ya en marcha la Plataforma Auditoria Ciudadana de la Deuda (PACD) “No debemos, No pagamos”. En la actualidad están constituidos diferentes nodos de actuación en Alicante, Asturias, Logroño, Madrid, Barcelona, Tarragona, Badalona, Guadalajara, Navarra, Valencia, Galicia, Bizkaia, Córdoba, El Vallès, L’Hospitalet del Llobregat y Zaragoza entre otros (http://auditoriaciudadana.net/).

Sus objetivos son:

1.- Promover un Cambio del Modelo Económico y Social (denuncia de un mecanismo de endeudamiento que cimienta el sistema económico mundial y que genera profundas injusticias).

2.- Recuperar la soberanía de los pueblos a través de espacios de aprendizaje y metodología de democracia participativa, dotando a la sociedad de una herramienta de empoderamiento a través de la cual luchar por la transparencia, la democracia y la justicia social.

3.- No pagar la deuda ilegítima y denunciar a los culpables, exigiendo responsabilidades.

El artículo que reproducimos se refiere a la moción presentada en el ayuntamiento de Alacant, rechazada por los grupos mayoritarios y que dio lugar a un debate en la prensa.


No pagar la deuda ilegítima es la única política responsable

Diario Información 12/04/2013

El pasado 26 de marzo, los grupos municipales del PP, PSOE (con la excepción de dos de sus miembros) y UPyD rechazaron en Alicante una moción de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda sobre la moratoria (la paralización del pago) de la deuda y su auditoría. El día 5 de abril, Angel Pernías justificó en este periódico (diario Informacion) el rechazo del PSOE de Alacant a la moción basándose en lo inadecuado o ilegal de algunos aspectos de la misma (la moratoria municipal, la progresividad de los impuestos y que la auditoría fuera ciudadana).

La moción solicitaba la moratoria y una auditoría bajo control ciudadano de la deuda financiera de las administraciones públicas, que permita depurar aquella que sea reconocida como ilegítima, para su quita o condonación sin condiciones, y la consecuente exigencia de responsabilidades civiles o penales a las partes que contrajeron esta deuda.

Lo que rechazaron estos grupos es la posibilidad real de salir de la crisis utilizando procedimientos democráticos. Lo que dan por bueno son procedimientos como el cambio del artículo 135 de la Constitución o la conversión de deudas privadas en deuda pública. Su objetivo es garantizar el pago a los grandes bancos y agencias financieras españolas e internacionales de aquellos préstamos que concedieron a otros bancos, sin el mínimo de vigilancia y precaución exigibles, con el objetivo de obtener beneficios en base a la especulación. Se equivocaron en esta apuesta especulativa y los políticos "responsables" acuden en su rescate obligando a la ciudadanía a pagarles sus pérdidas.

El cambio del artículo 135 dice que por encima de la cobertura de las necesidades sociales de la población se encuentra la obligación del pago de la deuda. La Constitución, que dicen que es intocable, se cambió, en 2011, en el mes de agosto y en 24 horas, sin deliberación ni participación ciudadana, y contraviniendo las disposiciones legales de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos firmados por el Estado. Es un procedimiento propio de un régimen dictatorial, y, por tanto, ilegítimo. Al atacar el principio básico de defensa de la población es, por ello, claramente injusto.

El cambio de la Constitución trata de dar cobertura a un robo, la conversión de las pérdidas de los grandes bancos y agencias financieras en déficit público. Para cubrir este déficit se recurre a emitir deuda que es comprada y especulada por los mismos bancos y agencias cuyas pérdidas son salvaguardadas. El pago de los intereses de la deuda es cada vez mayor y para su reembolso se emite nueva deuda pública, de tal manera que ésta se vuelve impagable. La consecuencia es muy clara para estos políticos. Como no hay dinero hay que recortar en gastos sociales, en sanidad y en educación. Así, aprovechan la crisis (ellos no tienen crisis, sino la ciudadanía) para privatizar los servicios sanitarios y de educación, desmantelar la cobertura de protección social (desde las pensiones a los servicios sociales municipales), aumentar la ratio de alumnos por clase, despedir a 900 profesores interinos de la educación pública o impedir la investigación. Estas políticas son claramente injustas y vulneran la Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en sesión de 5 de julio de 2012, la cual subraya "que todo Estado tiene la responsabilidad primordial de promover el desarrollo económico, social y cultural de la población y, a tal efecto, tiene el derecho y la obligación de elegir sus objetivos y medios de desarrollo y no debe verse condicionado por fórmulas específicas de política económica externas (refiriéndose específicamente a la deuda)". El Tribunal Constitucional de Portugal acaba de mostrar que las políticas de austeridad aplicadas en base a la coacción de la Troika no son legales. Aquellos países que han rechazado la deuda ilegítima no sólo no han entrado en un colapso financiero sino que han salido inmediatamente de la crisis que les era impuesta.

Los partidos y los concejales que han rechazado la moción presentada en el ayuntamiento son los partidos defensores de los bancos y de los grandes financieros. Como lo ha mostrado la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, una buena parte de los políticos actuales no son los representantes de la ciudadanía, sino que cometen actos ilegales en contra de ésta. Por ello, la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda seguirá desmontando el discurso oficial evidenciando sus mentiras, denunciando el expolio organizado de los fondos públicos y presentando alternativas.

12/04/2013

Manuela Lopez, Fernando Paton y Manuel Girón son miembras de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda-País Valencià.


Presentación de la Moción por la Auditoria Ciudadana de la Deuda en el ayuntamiento d’Alacant (2)

La presentación de la moción tuvo bastante repercusión mediática, así como un apoyo de diversos colectivos, apoyo que seguimos recabando para cuando la presentemos en otros ayuntamientos cercanos. Durante el acto fueron varios los que tomaron la palabra, compañeros de Stop-desahucios y Toma la Plaza, además de un portavoz de la Plataforma que leyó el manifiesto elaborado para el acto. Tras la presentación en el registro, copias de la Moción y de la Declaración institucional, se levaron a los grupos municipales para ver si alguno las recogía. De los cuatro grupos que forman el consistorio (PP, PSOE, EU y UPyD) tan solo Esquerra Unida dio su apoyo.

Transcribimos en esta entrada el manifiesto leído y colgamos enlaces de la Declaración institucional y de la Moción.

MANIFIESTO

Continuamente, desde los gobiernos, nos dicen que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, que esa es la causa de la crisis que nos aprisiona, que hay que ajustar las cuentas, que hay que reducir el déficit, en definitiva que hay que recortar.

El Estado está en quiebra, la Generalitat arruinada y este Ayuntamiento no tiene dinero. Pero la inmensa mayoría de la deuda es privada, sobretodo de entidades financieras y grandes empresas. La deuda de las familias, es principalmente hipotecaria y es debida a la gran estafa cometida por los bancos y amparada por los gobiernos que transformaron el derecho a la vivienda en un negocio para la banca y las constructoras. La Deuda Pública no llega al 20% del total de la deuda y hasta hace poco tiempo no era un problema ¿por qué ahora lo es?

Para solucionar este problema, el problema de la deuda, se han tomado tres soluciones:

- La Deuda privada de las grandes empresas se ha ido traspasando a la Deuda pública, la deuda de todos. En los últimos cuatro años 240.000 millones de euros de dinero público se han dado a la banca, 240.000 millones que se han ido quitando de las pensiones, de la educación , de la sanidad, de los servicios sociales, de las prestaciones al desempleo, etc. Mientras tanto, a los bancos se les han disminuido los impuestos.

- La Deuda de las familias se ha acometido mediante el desahucio masivo por parte de los bancos a aquellas las familias que han llegado al limite y no han podido seguir pagando la hipoteca.

- Para la Deuda Pública se están llevando a cabo draconianas medidas de recorte del gasto público en todo aquello que tiene un carácter social. En el presupuesto de 2013 de este ayuntamiento, por ejemplo, se han recortado 500.000 euros en servicios sociales, justo en el momento que más tendría que aumentar dicha partida

Por todo ello ha llegado la hora de denunciar el fraude Deuda, por que estamos ante un fraude, y para ello, como primer paso, la Plataforma Auditoria Ciudadana de la Deuda ha presentado hoy dos mociones en este ayuntamiento, y dentro de unos de unos días en otros ayuntamientos cercanos, solicitando una moratoria inmediata que permita una auditoria bajo control ciudadano de la misma y determine que parte de ella es ilegítima, (nosotros pensamos que la mayoría), para una vez auditada no pagar la que se demuestre que es ilegítima.

Frente a los recortes: MOVILIZACIÓN
y frente a la Deuda gritamos:
¡¡¡NO DEBEMOS, NO PAGAMOS!!!


MOCIÓ A L’AJUNTAMENT D´ALACANT SOL·LICITANT LA MORATÒRIA I AUDITORIA DEL SEU DEUTE PÚBLIC

Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute-País Valencià

Per la present, Manuela Lopez Andujar con DNI 22119950E, Luis Falcó Maestre con DNI 52779324M y Fernando Patón Villarroya con DNI 21417887, en nom de la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute del País Valencià (grup d’Alacant*) sol·licita a l’Ajuntament d’Alacant l’admissió a tràmit de la moció sol·licitant la moratòria i auditoria del deute públic de totes les administracions.

Així mateix, sol·licitem la intervenció per part d’un membre o membra de la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute, o d’alguna de les entitats que la constitueixen, en el moment de l’exposició de la moció, en el ple en què s’incloga per a la seua votació, amb la finalitat de defensar i aclarir els possibles dubtes que puguen exposar els i les regidores.

Per tot això i amb els tràmits que siguen procedents, sol·licitem es servisca accedir a la petició que s’expressa en el cos del present escrit.

Atentament

*El grup d’Alacant de la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute del País Valencià està format pel 15M, ATTAC, CGT, Ecologistes en Acció i la Intersindical Valenciana.

La moció presentada és la següent:

El deute públic i el pagament dels seus interessos ocupen ja una part més que important en la distribució dels pressupostos generals de l’Estat i en els del País Valencià. Aquest deute afecta de manera negativa, i molt, els serveis que presten els ajuntaments.

Sabem que aquest deute no deriva i ni tan sols té una relació amb la despesa en serveis públics estatals, del País Valencià o municipals. Sabem que una bona part d’aquest, uns 240.000 milions d’euros en aportacions de capital, crèdits i avals, s’ha contret per a sanejar o rescatar empreses i institucions de crèdit (algunes d’aquestes empreses es troben en processos judicials o amb greus acusacions de frau i gestió negligent), afectant, aquesta desviació de fons públics, a la resta de serveis d’obligada dotació per les administracions públiques. A més, els títols de deute públic per a rescatar bancs i empreses en fallida, subscrits amb les entitats i agències financeres privades, comporten condicions oneroses dictades per una prima de risc que és controlada per agents especuladors.

És conegut, d’altra banda, que bancs i altres organismes financers creditors imposen programes d’austeritat i acceleren els processos de privatització dels serveis públics. Aquests "programes" i privatitzacions són causa de greus patiments, atur, disminució d’ingressos, pèrdua del dret al desenvolupament personal i augment de la mortalitat. A més, d’acord amb aquest deute extern es cancel·len les ajudes a aquells països del sud amb què mantenim un deute per la nostra responsabilitat en el seu subdesenvolupament social, ecològic i humà.

Com ha reconegut l’Expert Independent de les Nacions Unides sobre els efectes del deute extern en el seu informe de 2012.08.13, "les càrregues excessives de deute extern tenen un impacte negatiu en la realització dels drets humans i el desenvolupament en els països deutors a través de la desviació de recursos dels serveis socials bàsics i a través de les condicions adjuntes als mecanismes internacionals d’alleugeriment del deute". I així mateix, la Resolució aprovada pel Consell de Drets Humans del les Nacions Unides en sessió de 5 de juliol de 2012 "Recorda que tot Estat té la responsabilitat primordial de promoure el desenvolupament econòmic, social i cultural de la població i, a aquest efecte, té el dret i l’obligació de triar els seus objectius i mitjans de desenvolupament i no s’ha de veure condicionat per fórmules específiques de política econòmica externes" i "Afirma que, des del punt de vista dels drets humans, la liquidació de deute amb fons oportunistes en condicions abusives té un efecte negatiu directe en la capacitat dels governs per a complir les seves obligacions en matèria de drets humans, especialment els drets econòmics, socials i culturals".

Sabem que una part d’aquest deute pot tenir un origen que no és legítim, ja que es basa en rescats financers que anteposen els beneficis d’uns pocs als de la majoria, sorgeix d’unes polítiques fiscals injustes per a la majoria, i utilitza uns mecanismes financers que no tenen més justificació que la de concedir preponderància econòmica, política i social a bancs i altres organismes financers.

D’acord amb aquestes polítiques, la Constitució de l’estat espanyol ha estat reformada de manera urgent, a l’agost de 2011, amb l’objectiu de donar prioritat absoluta al pagament del servei del deute per sobre de les obligacions relatives a les necessitats bàsiques de la ciutadania. Amb això, el govern de l’Estat espanyol ha contret amb els creditors financers, i sota la pressió d’aquests, l’obligació de prioritzar el pagament del deute públic sobre qualsevol altra partida de despesa, forçant els ajuntaments i comunitats autònomes al compliment d’aquest mateix compromís. Alhora, ha imposat un sostre de dèficit del 3% del PIB que començarà al 2014 -amb la previsió de disminuir-ho al 0.5% més endavant-, d’impossible compliment sense que afecte la cobertura de béns i drets bàsics de la ciutadania, i amb un repartiment de l’esforç que penalitza les administracions territorials, incapaços d’atendre així el pagament als seus proveïdors i de dotar els serveis de benestar social i de proximitat que són de la seua competència.

Amb això, es vulneren convenis internacionals subscrits per l’Estat espanyol, com la Declaració Universal dels Drets Humans, que qualifica els béns bàsics de la ciutadania -salut, educació, aliment, seguretat econòmica i habitatge- com a drets universals i inalienables i, per tant, d’obligada tutela pels Estats, per sobre d’altres drets d’interès secundari o de grup.

El Pacte per l’Estabilitat i el Creixement de la UE, que el govern va utilitzar per a justificar el canvi constitucional, no està complint amb els objectius de garantir l’ocupació i contenir el deute. L’Estat espanyol ha signat unes regles de joc que, d’altra banda, han augmentat les desigualtats socials, fent més rics els rics i augmentant el nivell de pobresa de la majoria. Per tot això, aquest Pacte hauria de considerar-se nul de ple dret.

No podem oblidar que tota operació de crèdit comporta un risc que ha de ser assumit pel prestador. No obstant això, la reforma constitucional ha anul·lat aquest risc, traslladant les pèrdues dels prestadors als contribuents que les paguen amb els seus impostos i, de forma diferida, a partir de l’emissió de bons de Deute públic. Aquestes emissions de Deute públic suporten el sobrecost de la cobertura del risc, quan, aquest, de iure, no existeix per al bonista i, per això, poden considerar-se emissions en frau de llei.

La reestructuració del deute i les quitances són pràctiques reconegudes en la legislació internacional, i sabem que la cancel·lació dels deutes il·legítims han estat possibles en el passat, tant a Europa com a països en vies de desenvolupament, i que aquesta cancel·lació es relaciona amb un alleujament immediat de les necessitats bàsiques de la població. L’anul·lació d’aquest dret al sector públic mentre se li permet al sector privat hem de considerar-la dolosa, de manera que aquesta renúncia, inclosa en l’última reforma constitucional és una clàusula lleonina i d’aplicació il·legítima.

Finalment, assenyalar que l’Ajuntament de El Pinós, en sessió celebrada en data 27 de novembre de 2012, va adoptar un acord en què exigeix al Consell de la Generalitat "una auditoria ciutadana de la despesa sanitària pública", exigint "l’obertura dels llibres de comptes i examinar tots i cadascun dels concerts establerts amb particulars en el terreny de l’assistència sanitària".

A partir d’aquestes consideracions es demana que la corporació municipal aprove la moció següent, proposada per la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute-País Valencià:

1. Aprovar una revisió dels impostos municipals, amb l’objectiu de fer-los realment progressius en funció de la renda i alleujar els sectors més exclosos de la població.

2. Declarar una moratòria immediata en el pagament del deute financer de l’Ajuntament

3. Realitzar l’Auditoria del deute de l’Ajuntament, i per això establir una Comissió Independent i Ciutadana d’Auditoria dels deutes municipals basada en l’obertura de tots i cada un dels contractes establerts amb particulars, exposant les seues condicions i resultats a l’escrutini públic.

4. Com a resultat de l’auditoria ciutadana, i un cop garantida la cobertura dels serveis públics i les prestacions socials, de salut, educació, aliment, habitatge, seguretat econòmica i ecològica, establir amb els creditors la reestructuració del deute legítim de l’Ajuntament.

SIGNAT:

Alacant a 8 de març de 2013.

ILTMA. ALCALDESA D’ALACANT, Senyora SONIA CASTEDO RAMOS

Donen suport a la moció per a la seua presentació i aprobació els següents colectius:

Radio Artegalia

Toma la Plaza (15M)

Attac

Ecologistes en Acció

CGT

Acdesa

Compromis

Asociación de Vecinos El Moralet

Esquerra Anticapitalista

Asociación Española de Neuropsiquiatría Profesionales de Salud Mental Pais Valenciano (AENPV)

Stop-Desahucios


VIDEO Moción para auditar la deuda del Ayuntamiento de Alicante planteada

Discurso de Fernando Paton en el pleno del ayuntamiento de Alacant en defensa de la moción

El pasado día 8 de marzo desde la PACD presentamos dos escritos en el registro de este ayuntamiento, escritos que hoy se debaten en este pleno. Ante la posibilidad, que luego se cumplió, de que dichos escritos no fueran aceptados, acercamos una copia de los mismos a todos los grupos municipales, esperando que alguno de ellos recogiera el guante. Debemos agradecer al grupo de EU que lo recogiera y gracias a él podamos hoy hablar sobre el tema.

Cada día son más las personas en Alacant que viven en la pobreza, que padecen hambre, que carecen de la posibilidad de desarrollarse como personas, que carecen de futuro. Diariamente miles de ciudadanxs nos enfrentamos a nuevos recortes, al desempleo, al desahucio de la vivienda, a la perdida de la cobertura sanitaria, a la muerte prematura. La justificación que dan los gobiernos estatal, valencià y municipal, muchos políticos y algunos medios de comunicación a esta situación es que no hay dinero, que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Pero ante esas justificaciones muchxs ciudadanxs nos rebelamos porque creemos que faltan a la verdad.

Sabemos que hay bancos y grandes empresas endeudados a los que se rescata con dinero público. Sabemos que el 81% de la deuda total del estado es una deuda privada y no pública. Sabemos, que para pagar esta deuda privada, el estado se ha endeudado de forma progresiva y los intereses que debemos pagar son cada vez más altos. Y por mucho más que nos endeudemos para pagarlos, y cada vez lo es más, estos intereses son impagables.

A día de hoy, el servicio de la deuda se lleva el dinero que tendría que utilizarse para cubrir las necesidades de la ciudadanía. Las comunidades autónomas y los municipios ven restringidos sus presupuestos, y la disminución de sus gastos conlleva la disminución de las prestaciones sociales, de las políticas de empleo, de la educación y de la salud. Lo que comprueba cualquier ciudadanx cuando acude en busca de ayuda a un centro social de la ciudad es que no existe tal ayuda por la falta de recursos en el área de bienestar social.

Lo que sí sabemos lxs ciudadanxs es que una parte importante de la deuda pública es una deuda ilegítima e injusta. Y es injusta porque esta deuda NO se ha originado para cubrir las necesidades básicas de la población.

En definitiva, mientras que con dinero público se rescata a los bancos, se hace cargar sobre lxs ciudadanxs todo el peso de ese rescate mediante recortes de los derechos inalienables. Derechos básicos como la educación, la vivienda, la salud, los servicios sociales, el empleo...

El Estado español firmó en 1976 el Pacto internacional sobre derechos económicos, sociales y culturales de las NNUU y comprometió su legislación y su política a la defensa de dichos derechos. Este compromiso fue vulnerado por la modificación del articulo 135 de la constitución que, de una forma inmoral, prioriza el pago a los acreedores por encima de la cobertura de las necesidades sociales.

La Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos del las Naciones Unidas en sesión de 5 de julio de 2012 "Recuerda que todo Estado tiene la responsabilidad primordial de promover el desarrollo económico, social y cultural de la población y, a tal efecto, tiene el derecho y la obligación de elegir sus objetivos y medios de desarrollo y no debe verse condicionado por fórmulas específicas de política económica externas" y "Afirma que, desde el punto de vista de los derechos humanos, la liquidación de deuda con fondos oportunistas en condiciones abusivas tiene un efecto negativo directo en la capacidad de los gobiernos para cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos, en especial los derechos económicos, sociales y culturales".

Y tal como indica el Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre los efectos de la deuda externa en su informe de 13/8/2012, "las cargas excesivas de deuda externa tienen un impacto negativo en la realización de los derechos humanos y el desarrollo en los países deudores a través de la desviación de recursos de los servicios sociales básicos y a través de las condiciones adjuntas a los mecanismos internacionales de alivio de la deuda".

A esto es a lo que estamos asistiendo y es lo que no estamos dispuestos a aceptar. La constatación innegable de la injusticia de unas medidas gubernamentales es un criterio básico y decisivo para desobedecerlas. Y es lo que estamos dispuestos a hacer y lo que pedimos.

Por ello, por una cuestión de justicia, de moralidad y de compromiso con el bienestar de sus ciudadanxs, les pedimos a ustedes, concejales del equipo de gobierno y de la oposición que exijan:

1. Una moratoria inmediata en el pago de las deudas financieras de las administraciones públicas estatal y de País Valencià.

2. La realización de una auditoría bajo control ciudadano de la deuda financiera de las administraciones públicas, que permita depurar aquella que sea reconocida como ilegítima, para su quita o condonación sin condiciones, y la consecuente exigencia de responsabilidades civiles o penales a las partes que contrajeron esta deuda.

3. La derogación de la reforma del articulo 135 de la constitución, de agosto de 2011, y reconocer, de forma explícita, la primacía del gasto social sobre el pago de la deuda y de sus intereses.

4. Como resultado de la auditoria ciudadana, exigir a las administraciones central y de País Valencià, que una vez garantizada la cobertura de los servicios públicos y las prestaciones sociales, de salud, educación, alimento, vivienda, seguridad económica y ecológica, se establezca con los acreedores la reestructuración de la deuda legítima.

Así mismo, les exigimos que a nivel municipal:

1. Aprueben una revisión de los impuestos municipales, con el objetivo de hacerlos realmente progresivos en función de la renta y aliviar a los sectores más excluidos de la población.

2. Declaren una moratoria inmediata en el pago de la deuda financiera de este Ayuntamiento.

3. Realicen la Auditoría de la deuda de este Ayuntamiento, y para ello se establezca una Comisión Independiente y Ciudadana de Auditoria de las deudas municipales basada en la apertura de todos y cada uno de los contratos establecidos con particulares, exponiendo sus condiciones y resultados al escrutinio público.

4. Y Por último, como resultado de la auditoria ciudadana, y una vez garantizada la cobertura de los servicios públicos y las prestaciones sociales, de salud, educación, alimento, vivienda, seguridad económica y ecológica, establezcan con los acreedores la reestructuración de la deuda legítima de este Ayuntamiento.

Porque, y concluyo, una deuda que no hemos generado los ciudadanos/as es una deuda ilegítima. Es una deuda que no debemos de pagar.

+ Info:

Algunas pistas jurídicas para calificar una deuda pública de ilegítima. Renaud Vivien

Ideas y soporte jurídico para una definición de deuda ilegítima. PACDPV-grup Alacant

De irresponsables, insensatos y milagreros. Clemente Hernández Pascual, 09.04.2013


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