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Anticapitalistes
  
dijous 14 de març de 2013 | Manuel
Entrevista a la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute - País Valencià (grup d’Alacant)

PACD

L’entrevista va tenir lloc a la ràdio Artegalia, en el programa Attacantes, el passat 23 de gener.

¿Porqué una Plataforma para solicitar la Auditoria Ciudadana de la Deuda?

Porque solo se puede conseguir imponer a los "mercados" una moratoria del pago de la deuda por medio de una movilización ciudadana lo mas amplia y unitaria posible. La plataforma es una herramienta para organizar esta resistencia. Los gobiernos, de derechas o de "izquierdas", la patronal y los sindicatos mayoritarios, hasta ahora han mantenido la lógica de pago de la deuda y de aplicación de las políticas de austeridad impuestas por la comisión europea y la presión de los mercados. Solo desde la movilización unitaria y desde abajo se puede revertir esta dinámica, y este es el objetivo de la plataforma.

¿Nos podéis explicar las causas y los objetivos de estas Plataformas?

Nos parece imprescindible vincular la lucha contra todos los recortes sociales y otras luchas sectoriales con la denuncia de la deuda ilegítima. La deuda es el origen de estos recortes, y no al revés; es decir, no es que tengamos una deuda pública elevada porque hemos gastado mucho en servicios sociales, sino que estamos pagando con dinero público, las deudas de los bancos y grandes empresas, por eso no quedan recursos para las necesidades básicas de la ciudadanía, y además nos imponen políticas restrictivas desde Europa con el beneplácito de los gobiernos.

Es necesario explicar a la gente que está padeciendo los recortes, que se ve afectada por un ERE, a la que se le ha alargado la edad de la jubilación…, que este gobierno y el anterior han realizado un trasvase de deuda privada a deuda pública. Es decir que nos están robando y no debemos consentirlo.

Debemos desmontar el discurso del poder ante la opinión pública. Los gobiernos y los bancos cuentan con la complicidad de los medios de comunicación, que maquillan y desvirtúan la información. La gente debe saber que no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, y sobre todo que el pago de la deuda no es una salida sino una trampa, y que existen salidas alternativas a la crisis.

El primer paso es pedir una moratoria inmediata del pago de la deuda pública y de sus intereses porque tenemos indicios de que gran parte de la deuda es ilegítima. A continuación, exigir transparencia en las cuentas públicas y que se realice una auditoría bajo control ciudadano que determine qué parte de la deuda es ilegítima y no debe ser pagada. En tercer lugar, exigir que se restituya al erario público la deuda ilegítima que ya ha sido pagada. Por último, pedir responsabilidades penales a los ejecutivos de los bancos, como ya se ha hecho con Rodrigo Rato, a los políticos, a los miembros de los organismos reguladores (Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores) y
empresas auditoras.

La Plataforma pide que las necesidades de la población se sitúen por encima de las exigencias de los mercados. En ese sentido, pedimos la derogación de la reforma de la Constitución de agosto de 2011.

Cuándo habláis de deuda ilegítima ¿A qué os estáis refiriendo?

En general, nos referimos a aquella deuda que se contrae sin que tenga relación con, o que ponga en peligro, la cobertura de las necesidades básicas de la población. Estas deudas se suelen contraer de forma opaca, sin la participación y decisión democrática de la población y de los grupos afectados por las medidas, y benefician a pequeños grupos con un alto nivel de poder.

A lo largo de la historia cuando un Estado ha rechazado el pago de una deuda, a menudo se ha amparado en el concepto jurídico de “deuda odiosa” que es un concepto reconocido por la ONU. El concepto de deuda ilegítima es un concepto más amplio, ligado a la idea de justicia más que al de legalidad. Es decir, que una deuda que puede ser perfectamente legal puede ser declarada, según nuestros criterios, como ilegítima.

En la Plataforma de Alicante estamos trabajando, de momento, con 3 causas de ilegitimidad:

• Cuando se utilizaron mecanismos injustos que originan un déficit: Por ejemplo, el déficit del Estado español se debe en gran medida a una política fiscal injusta y no redistributiva en la que se grava más al trabajo asalariado que a las grandes empresas, a los bancos y empresas financieras, a las grandes fortunas… en la que se bajan los impuestos directos y se aumentan los impuestos indirectos como el IVA, en la que no se persigue el fraude fiscal (que supone un 10% del PIB) y se decreta una amnistía fiscal que incita a defraudar.

• Decisiones de los gobiernos que originan deuda y que no se ajustan al interés general: Las inversiones en obra pública faraónicas que no responden al interés general de la ciudadanía: aeropuertos vacíos, tren de alta velocidad, palacios de congresos…El mecanismo de financiación impuesto por la U.E. que prohíbe al Banco Central emitir deuda pública. Al tener que buscar financiación en los mercados financieros, éstos especulan con el interés de la deuda soberana. Préstamos concedidos por el BCE al 1% a la banca privada (rescatada con dinero público) y que utiliza estos fondos, no para que fluya el crédito entre las pymes y las familias, y se oriente a la creación de empleo, sino para especular con la deuda pública por la que exigen intereses del 5 al 7% en el caso de estado español.

• Cuando son decisiones tomadas a espalda de los pueblos (mediante mecanismos opacos de decisión, sin que exista la necesidad y sin que nadie lo demande), y cuyas consecuencias negativas recaen sobre los mismos. El más evidente es el rescate bancario. Es también el caso de la privatización de la sanidad, de la educación y de los servicios sociales; el coste de los servicios de salud privados de Alzira supone un 30% más que si fueran públicos.

¿Cuándo se constituyó la Plataforma en Alicante? ¿qué organizaciones la componen?

La Plataforma de Alicante se constituyó en junio de 2012 a partir de un grupo surgido del 15M. Se hizo un llamamiento a diferentes movimientos sociales y, en la actualidad la integran el movimiento 15 M, Attac, Ecologistas en Acción, la CGT, la Intersindical Valenciana y personas a nivel individual.

¿Cuál ha sido la actividad que habéis desarrollado hasta ahora?

Hasta ahora nuestra actividad se ha centrado principalmente en tres aspectos. Por una parte denunciar el papel central de la deuda en el origen y mantenimiento de la crisis económica, de los recortes, así como su papel para reforzar los mecanismos de acumulación de capital de aquellos que la han originado, a costa de la perdida de derechos democráticos, económicos y sociales de la población. De la crisis se saldrá pero a costa de los de abajo. Para ello hemos elaborado el tríptico “Desmontando las mentiras sobre la deuda”, del que hemos impreso 6.000 ejemplares y lo repartimos en concentraciones, manifestaciones y brigadas informativas. También participamos junto a Toma la plaza, durante 3 meses, de junio a finales de septiembre, en la cacerolada semanal contra el rescate bancario frente a una sede céntrica de Bankia.
Por otra parte, apoyar y vincular luchas sectoriales contra los planes de austeridad con el tema de la deuda, como en el caso de la Sanidad Pública, de los Afectados por la Hipoteca, de los Afectados por las participaciones preferentes, en el tema de la contrata de basuras del Ayuntamiento de Alicante. Para ello hemos dado charlas a distintos colectivos como la PAH de Elche, I.E.S.; participamos en la campaña de ACDESA (6/10) en defensa de la Sanidad Pública y en la campaña por la municipalización de la contrata de recogida de residuos urbanos y la llegada de basuras de otras localidades a la planta de esta ciudad, campaña promovida por Ecologistas en acción y las asociaciones de las partidas rurales.

Y como tercer aspecto, llevamos a cabo un trabajo de formación interna y elaboración de propuestas.

La culminación de gran parte de este trabajo lo tuvimos el pasado mes de octubre con la organización, junto a Toma la Plaza, de la Semana Internacional contra la Deuda Externa.

Sabemos que existen otras plataformas en el ámbito estatal e internacional. ¿Nos podéis comentar cómo estáis coordinados y qué campañas habéis realizado en esos ámbitos?

En el Estado Español varios grupos han estado trabajando durante 2 años para constituir esta plataforma, y en marzo de 2012 se creó oficialmente la PACD a nivel estatal (con sus comisiones de auditoría, coordinación y logística y difusión). Trabajamos en una red de Plataformas de distintas ciudades; nuestra organización es horizontal y cada plataforma es autónoma en sus decisiones.
Celebramos una o dos asambleas estatales al año (la última en Zaragoza, noviembre de 2012), también hay reuniones “on line”, y existe una coordinación de las distintas comisiones a nivel estatal.

Como te he dicho anteriormente, organizamos la Semana Internacional contra la Deuda Externa que se celebró del 8 al 13 de Octubre 2012 y que culminó con una cacerolada de unas 1000 personas (a pesar de la lluvia)

Actualmente, a nivel de País Valencià, estamos preparando un encuentro para el mes de marzo para coordinar nuestro trabajo y nuestras campañas en el próximo periodo. Es evidente que en el PV hay causas suficientes para evaluar la ilegitimidad de la deuda pública y para valorar, por ejemplo, el papel de las privatizaciones y de la corrupción en eventos y obras faraónicas.

Sabemos que habéis tenido en Bruselas una reunión de la red de Plataformas Europeas ¿nos podéis comentar sus conclusiones?

Jornadas del 20 al 25 de noviembre pasado, organizadas por el CADTM – Bélgica (Colectivo por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, colectivo que lleva más de 20 años trabajando en el tema de la deuda)

Participaron representantes no solo de los países europeos, sino también algunos países de América Latina (Argentina, Brasil, Colombia) y también de África: (Marruecos, Túnez, Costa de Marfil, Níger)

En estas jornadas, compartimos experiencias sobre organización y acciones llevadas a cabo en cada país; vimos que había mucha similitud en los mecanismos de endeudamiento de los países de la zona euro, con ciertos países de Latinoamérica. Y se acordaron los siguientes puntos:

• Trabajar sobre una definición común para los conceptos de deuda ilegítima, deuda ilegal y deuda odiosa.

• Establecer una estrategia común a nivel Europeo, estableciendo acciones conjuntas y simultáneas generando mayor impacto y uniendo fuerzas. (por ej. llevar a juicio a los estados, instituciones como la Troika y bancos que han participado en este proceso de endeudamiento y empobrecimiento de los pueblos).

• Definir qué acciones conjuntas podríamos realizar los países europeos de la periferia, frente a la Troika.

• Crear una web como herramienta de actuación común que podría ser la página web del Observatorio Internacional de la Deuda.

• Desarrollar un mejor uso de las herramientas electrónicas que nos mantienen en contacto (como por ejemplo las herramientas 2.0.)

Por otra parte, se está elaborando una guía para la Auditoría Ciudadana de la Deuda, que pueda servir tanto para países del Tercer Mundo, como para Europa y que debería estar acabada para el próximo mes de marzo.

Imaginamos que el lema “no debemos, no pagamos” es ya conocido por partidos, sindicatos y movimientos sociales ¿nos podéis comentar el grado de receptividad de vuestras propuestas o qué estáis haciendo para recabar apoyos?

Cuando constituimos la Plataforma en Alicante, hicimos un llamamiento a sindicatos y movimientos ciudadanos…y, hasta ahora, sólo los mencionados anteriormente se han interesado en su constitución.

Buscamos el pronunciamiento de los municipios, de la gente que está luchando por sus salarios, por las pensiones y contra las políticas de recortes, así como la movilización del conjunto de la ciudadanía pidiendo la moratoria inmediata del pago de la deuda; la gravedad de la situación obligará a tomar en cuenta la necesidad de no pagar la deuda, e incluso la necesidad de plantear un cambio real de modelo de producción, de modelo político, económico, financiero, ya que no hay una salida de la crisis a favor de la gente trabajadora sin este cambio.

Parece que estáis pensando en preparar una moción al Ayuntamiento de Alicante sobre esta cuestión ¿nos podéis contar de qué va esa moción?

Queremos que en los municipios del PV se debata la necesidad de establecer la moratoria inmediata del pago de la deuda i su auditoria a nivel municipal. Sin esta moratoria los ayuntamientos no pueden cumplir la función de cubrir las necesidades básicas de la ciudadanía.

Para ello, solicitamos que el ayuntamiento reclame a las cortes del estado y a las del PV la moratoria inmediata del pago de la deuda y la realización de una auditoria independiente y ciudadana de la misma, que determine la parte que es ilegítima. Que, a su vez, exija la derogación de la reforma de la constitución de agosto de 2011 que sitúa el pago a los acreedores por encima de la cobertura de las necesidades sociales básicas. Y por último, le pedimos que realice un cambio del modelo de impuestos municipales, haciendo que estos sean justos y permitan una política solidaria.

¿Cómo pueden las personas interesadas entrar en contacto con la Plataforma y cómo pueden colaborar con vosotros?

Las personas a nivel individual pueden trabajar o colaborar con las actividades de la plataforma, integrandose en ella o participando en sus campañas y brigadas informativas, también pueden aportar datos o información sobre posibles deudas ilegítimas, así como organizar charlas en sus colectivos o lugares de estudio. Para ponerse en contacto con la plataforma lo pueden hacer a través de los grupos que la forman y a través de nuestro correo (auditorialacant@gmail.com.) La información de la plataforma puede obtenerse de nuestro blog.

¿A cuanto asciende la deuda pública en el Estado español y como se reparte entre las distintas administraciones?

La deuda pública de España ha sufrido un crecimiento rápido, con respecto al PIB, en los últimos años (2006: 39,6%, 2007: 36,1%, 2008: 39,8% , 2009: 53,3%, 2010: 61%, 2011: 68,5%, 2012: 79,8%) y aumentará hasta suponer el 90,5% del PIB en 2013, según consta en el anteproyecto de ley de presupuestos. Esta deuda del 90.5% del PIB corresponde, en su mayor parte, a la Administración Central (el 70,2% del PIB) y el 20,3% a comunidades autónomas y corporaciones locales.

Los intereses de la deuda se han disparado desde los 28.848 millones de euros presupuestados en 2012 a los 38.595,55 millones de euros en 2013, convirtiéndose en la primera partida de gasto del presupuesto. Éste incremento del 33,8% con respecto al 2012 se debe a las ayudas al sector financiero, el apoyo a la liquidez de las administraciones autonómicas y locales, y al encarecimiento de las emisiones del Tesoro Público.

¿Cuál es la cantidad de dinero que dedicamos a pagar intereses y al desembolso de la deuda?

Los vencimientos de deuda (pagos de capital) ascenderán a 121.780 millones en 2013. Si les sumamos los 38.595,55 de intereses, el servicio de la deuda del este año, que es la cantidad en que la deuda afectará al presupuesto, ascenderá a 160.375,55 millones. Para cubrir estos pagos, el proyecto de Ley de Presupuestos prevé la emisión de 207.173 millones de euros de deuda, lo que supondrá un nuevo aumento del pago de los intereses de la deuda para el 2014. Es esta dinámica infernal, que se apoya en recortes sociales, es la que tenemos que cambiar.

¿Por qué se han endeudado las administraciones públicas?

Las causas de este rápido endeudamiento desde el inicio de la crisis habría que buscarlo en varios factores:

• Primero una estructura fiscal injusta que hace recaer las presión fiscal sobre las rentas medias y bajas y sobre el consumo y no sobre las rentas altas y el capital, esto ha traído consigo una caída fuerte de los ingresos fiscales desde el inicio de la crisis.

• Segundo una transferencia de deuda privada a deuda pública, cuyo acto más sangrante ha sido el rescate bancario, que asciende aproximadamente a unos 240.000 millones, una cuarta parte del total de la deuda pública prevista para 2013.

¿Eran posibles otras opciones o era inevitable endeudarse?

En la medida que las administraciones tienen un déficit es inevitable endeudarse para cubrir el presupuesto. Lo que habría que plantearse es ¿por qué hay déficit?, ¿Era necesario e imprescindible llevar a cabo el rescate bancario?, ¿Todas las inversiones en obras y servicios públicos que se realizan son adecuadas o necesarias, o algunas son faraónicas, inútiles o motivadas por la corrupción?

La respuesta a estas preguntas nos mostraría las causas de ilegitimidad de la deuda publica, al comprobar que gran parte del déficit se debe a una estructura fiscal injusta, que el rescate bancario no es más que una transferencia de deuda privada a deuda publica y que en su globalidad es injusto, y que muchas inversiones públicas tienen como única función de enriquecer a grandes constructoras, y empresas especuladoras afines al poder.

¿Qué ha significado la reforma del articulo 135 de la Constitución?

La reforma del articulo 135 de la constitución se llevó a cabo para permitir las medidas de ajuste con el paraguas legal de lo inevitable, así de sencillo.

¿De que forma se ha convertido deuda privada en deuda pública? ¿Bajo que condiciones se hizo el rescate bancario? ¿Por qué el BCE no compra directamente la deuda que emiten los Estados?

La principal forma de conversión de deuda privada en deuda pública ha sido el rescate bancario, que en España ha tenido tres fases hasta el momento: se inició en 2008 con los primeros 100.000 millones de euros entregados por Zapatero, continuó en 2011 con la primera fase de transformación de las cajas de ahorros en bancos mediante la intervención del Frob. Y la última fase, hasta ahora, fue en 2012, con rescate Bancario desde Europa, después de la explosión de Bankia.

Las condiciones del rescate bancario e impuestas por Europa en el memorándum de julio 2012 se pueden resumir en: un aumento de la liberalizacion de la economía, disminución de los impuestos a los ricos, privatizaciones, recortes sociales, disminución de salarios y de pensiones, y aumento de la precarización de las condiciones trabajo.

Me preguntas por qué el BCE no compra deuda directamente de los estados, pues no la compra porque sencillamente el tratado de Maastricht lo impide. Este Tratado fue el que sentó las bases para la Europa de los mercados que estamos padeciendo.

¿Tenéis evaluadas algunas cantidades aproximadas de lo que sería la deuda ilegítima?

No hay una evaluación precisa del total de la deuda ilegítima, para eso sería necesario abrir los libros y realizar la auditoria que estamos reclamando. Lo que si tenemos fijados son unos criterios de ilegitimidad de las deudas, como anteriormente Manuela ha explicado y esos criterios aplicados a la auditoria permitirían dictaminar que parte de la deuda es ilegítima.

Agustín G. Turiel Martínez, inspector de hacienda del estado, interventor y auditor del Estado. En su "Informe sobre la legitimidad de la deuda pública de la Administración Central del Estado de España (2012)", basado en los informes de la Intervención General del Estado sobre liquidación del Presupuesto, 2008-2010. Afirma que la deuda “ilegítima”, considerada exclusivamente como aquélla generada no con la finalidad de cubrir déficits públicos no financieros, asciende en principal e intereses, en la actualidad, (se refiere a 31-12-2010) a más de ciento veinte mil millones de euros (120.842), aproximadamente un 12% del P.I.B, aproximadamente el dinero que se había gastado hasta entonces el Estado en el rescate bancario.

En realidad la deuda pública ilegítima es mucho mayor, este informe no ha examinado ni la deuda pública de otras administraciones (Comunidades Autónomas y Entidades Locales) ni la ilegitimidad por otros conceptos que los estrictamente económicos. Ha quedado fuera la evaluación de la deuda ilegítima generada por gastos en armamento, obra pública inútil, transferencias a confesiones religiosas… Tampoco ha entrado a valorar la posible ilegitimidad de la estructura fiscal al considerar este aspecto como algo político y no meramente económico.

¿Qué pensáis de la deuda hipotecaria de las familias que son victimas de desahucios por los bancos? ¿Qué se debería hacer con estas familias?

La deuda hipotecaria de las familias es la expresión de una gran estafa perpetrada en el estado español, amparada en la ley del suelo legislada por el gobierno de Aznar en 1998 y una política de crédito fácil diseñada por la banca para obtener enormes beneficios. Ambas cosas permitieron la especulación con un bien básico como es la vivienda que provocó que las familias tuvieran que endeudarse de por vida para satisfacerlo.

La primera medida a tomar contra esta estafa, esta recogida en la propuesta de la PAH para la ILP y sería la paralización de todos los deshaucios, instaurar la dación en pago y el alquiler social.

Como segunda medida o posible solución para el problema de la vivienda sería la expropiación (en el caso de los bancos sin indemnización) de esos casi tres millones de viviendas "vacías" (para el INE la vivienda vacía es aquella que puede ser vendida o alquilada pero está sin uso, o simplemente abandonada) para crear un parque público de vivienda social en alquiler, algo de lo que ha adolecido este país desde hace muchos años.

Por otra parte, las "soluciones" del gobierno, como el Banco Malo o el fondo social de vivienda (FSV), no son soluciones reales. El Banco Malo no es más que un rescate bancario camuflado. El fondo social de vivienda (FSV), creado para que determinados colectivos afectados por un desahucio accedan a un alquiler social, cuenta inicialmente con 6.000 viviendas aportadas por las entidades financieras de entre los inmuebles no cedidos a la Sareb, conocida comúnmente como "banco malo". Cada entidad formará su propio fondo con un número indeterminado de viviendas que podrá ampliar posteriormente y las ofrecerá a sus clientes desalojados. Los arrendatarios serán personas desalojadas de su vivienda habitual por impago de la hipoteca a partir del 1 de enero de 2008, con unos ingresos por unidad familiar inferiores a tres veces el IPREM (1.597,53 euros mensuales) y que cumplan los requisitos de vulnerabilidad especial fijados en el decreto por el que se paralizaron los desahucios durante dos años. El precio del alquiler oscilará entre 150 y 400 euros mensuales, con un máximo del 30 % de la renta total neta de la unidad familiar, y los contratos tendrán una duración de dos años, prorrogables por uno más, excepto que la entidad financiera haga una nueva evaluación de la situación del beneficiario y concluya que ya no cumple las condiciones. Las solicitudes se dirigirán a las entidades de crédito, que evaluarán la idoneidad del beneficiario a partir de un informe sobre su situación social realizado por los ayuntamientos o diputaciones provinciales en un plazo de 15 días. Los alquileres sociales se adjudicarán a los beneficiarios trimestralmente y la primera asignación será el 31 de marzo de este año

Font: auditoriadeutealacant.blogspot.com.es


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