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Anticapitalistes
  
diumenge 10 de març de 2013 | Manuel
Los pueblos del Sur de Europa han de converger solidariamente hacia una alternativa supranacional para la clase trabajadora.

Daniel Albarracín

El propósito de este documento es compartir, en primer lugar, una caracterización sobre las políticas del Partido Popular en nuestro país. Me centraré sobre todo en la esfera económica y laboral.

En una segunda parte, plantearé algunas cuestiones sobre qué estrategia considero de interés para los y las trabajadoras europeas, partiendo del impulso de las resistencias en el Sur de Europa. Señalaré algunos puntos que refieren a un posible programa de transición que nos permita conmover las estructuras de la UE, romper con sus políticas e instituciones neoliberales, y, dado el caso, construir un nuevo área supranacional solidario y alternativo en ruptura con el capitalismo.

1. El carácter de clase del gobierno del Partido Popular

El carácter de la política del Partido Popular, supone un nuevo salto cualitativo, a partir de una línea de gestión neoliberal desde hace tiempo impuesta. Sin embargo, hubo un primer salto que le precede que tiene un hito clave bajo el gobierno del Partido Socialista, desde Mayo de 2010.

La crisis económica europea y la presión de los grupos de presión de la banca privada exigieron, bajo el fantasma del rescate a la economía española, un carácter nuevo a la agenda política. El gobierno de Zapatero, hasta esa fecha atento a una política aperturista en materia de derechos civiles (matrimonio homosexual, aborto, etc…) y con un eje de gestión socialiberal, se encuentra con un mensaje claro desde Bruselas y las corporaciones financieras. Se impone una política de austeridad en el gasto público en determinados capítulos: pensiones, salarios, derechos laborales y servicios públicos. Se trata de liberar recursos para salvar a la banca.

Hasta poco antes, el gobierno Zapatero fue incapaz de reconocer y de enfrentar la crisis económica. Apenas se desarrollaron, en 2009, el año más duro, medidas de política económica keynesiana a escala local y mediante estímulos fiscales. A partir de Mayo de 2010 todas estas líneas de actuación se interrumpen y se inaugura una política de ajuste durísimo.

En aquel momento, en 2010, la banca centroeuropea es presa del pánico ante un riesgo cierto y muy probable de impagos de las deudas. Exigen garantías de que, cuanto menos, la financiación a la deuda soberana se devuelva y de que los Estados salgan a su rescate. La banca europea y española se planta ante el gobierno, a través de sus asesores, e instan a una acción prioritaria a su favor. El gobierno español emprende un paquete de recortes inaudito. Este incluye, en 2010, una reforma laboral que abarató la indemnización por despido drásticamente y modificó la arquitectura de la negociación colectiva facilitando el descuelgue empresarial de los convenios, lo que condujo a una Huelga General convocada por los sindicatos el 29 de septiembre de 2010; y una reforma de las pensiones que reducirá la pensión media entre un 15 y un 21% ampliando la edad legal a 67 años, contando con un pacto sindical. Este paquete de austeridad se combinará con una política generosa de rescate bancario de grandes proporciones.

Las protestas ciudadanas cobran cuerpo con el ascenso de un nuevo movimiento popular a partir del 15 de Mayo de 2011. Este nace tanto como reacción a la represión de la policía, como por el impulso de construcción de diversos grupos de indignados, agitados por las sucesivas agresiones del gobierno y el hartazgo ante la pasividad reinante. Se toman las plazas de casi todas las ciudades. Se abre una actividad intensa de discusión asamblearia. Se construye un espacio de debate abierto e iniciativas populares que, a partir de entonces, marcan una parte de la agenda política del país. Toda la sociedad se siente interpelada por lo que promueve este movimiento que introduce entre sus preocupaciones la regeneración democrática, la exigencia de paralización de los desahucios y la búsqueda de soluciones a la cuestión de la vivienda, una auditoría ciudadana de la deuda pública, o la denuncia al sistema político y a los banqueros.

La banca gana la partida y se impone al gobierno del PSOE, apoyado firmemente por el PP, entre otros, una Reforma de la Constitución en Agosto de 2011, que establecerá en la ley de mayor rango, la Carta Magna, la prioridad absoluta del pago de la deuda pública a costa de cualquier otra materia. Los dos principales Partidos del Régimen nacido en la Transición política de 1977 cerraban filas, sin consulta popular alguna, en complicidad con las oligarquías financieras españolas. Consolidaban también así su subalternidad con el poder económico centroeuropeo y la gran banca privada española. A finales de 2012, el 9,3% del Presupuesto Público español se destinaba únicamente a pagar los intereses de la deuda pública –casi cinco veces más que el gasto público en educación y sanidad juntos-. Tras una fuerte política de socialización de las enormes deudas de las empresas privadas, ya alcanza la deuda pública 84% del PIB a fines de 2012, cuando en 2007 era de apenas el 37%.

Los partidos del Régimen huyendo de un rescate humillante que mostrase su debilidad, decidieron sacralizar una política que acababa con la soberanía popular en materia de política económica. Y, claro está, se adopta la decisión de profundizar la devaluación interna del mundo del trabajo, desmantelar las políticas sociales, privatizarlas servicios públicos esenciales, y debilitar el reconocimiento institucional de las organizaciones sindicales.

El descrédito del PSOE, y la falta de una alternativa política de izquierda creíble, se traduce en la alternancia en las elecciones generales. El Partido Popular alcanza la mayoría absoluta en el Parlamento y Rajoy es elegido Presidente el 21 de diciembre de 2011. El gobierno conservador cuenta a partir de ese momento con un grandísimo poder en todas las escalas institucionales de la Administración Pública.

En su programa había prometido empleo y la salida de la crisis, sin rescatar a la banca, sin tocar las pensiones, sin reducir la indemnización por despido, sin afectar a la educación o la sanidad. Nada de esto se ha cumplido ni ha sido respetado.

La orientación del PP es la de blindar los privilegios de la fracción burguesa relacionada con las finanzas, la industria energética y las telecomunicaciones. El plan del PP, en suma, ha consistido en aplicar una política de austeridad drástica y poner orden el sistema financiero, siendo más consecuente que el PSOE en este propósito. Lo que conduce a sacrificar no sólo a las clases trabajadoras, sino a gran parte de su propio electorado habitual que incluye a diferentes clases medias y grupos corporativos clásicos.

El sistema financiero español se encuentra altamente expuesto a los activos tóxicos del alto endeudamiento empresarial, como los que proceden de la crisis inmobiliaria y las hipotecas. El sistema bancario naufraga en medio de una crisis de confianza crediticia del mercado interbancario.

La gran banca española ha asumido, con complicidad, las reglas impuestas de recapitalización bancaria y de establecimiento de provisiones, por dos motivos. Porque así conseguiría acceder a los mercados financieros internacionales y porque los que sobreviven a ese proceso pueden quedarse con el negocio de las entidades que no pueden cumplirlas. Las cajas de ahorro no podían cumplir aquellas condiciones. Esta es una gran oportunidad para los grandes bancos españoles (BBVA, Banco de Santander, etc…) de apropiarse de las entidades supervivientes del mayor proceso de concentración bancaria en el Estado español y gran parte de su negocio. Hubo que acabar antes con el status semipúblico de la mitad del mercado financiero español: las cajas de ahorros. Estas inician su privatización en 2010, con el PSOE. La mayoría de ellas se fusionarán, se les proveerá grandes fondos públicos, y muchas se adquirirán a precios ridículos por la gran banca. Antes de eso, el Estado lavará sus balances con ingente dinero público y las saneará hasta donde le es posible. El reducido club de grandes bancos españoles las adquirirá a precios irrisorios. El Estado español nacionaliza gran parte del sistema de cajas de ahorros y aún cuenta con el 16% del sistema financiero español, en lo que es una banca pública totalmente inoperativa para impulsar el crédito, destinada a su privatización cuando ya estén ajustados sus balances, sus plantillas laborales y oficinas y corran tiempos mejores para los compradores.

De aquellas cajas de ahorros algunas quedaron como nuevos grandes bancos: Caixa Bank y Bankia. Algunas cajas vascas, al no estar tan implicadas en la crisis inmobiliaria, siguen como tales. Ahora bien, en 2011 Bankia, bajo la gerencia de Rodrigo Rato, ligado estrechamente al Partido Popular, entra en bancarrota y es nacionalizada. El agujero es de tales proporciones que, hace impracticable al gobierno por sí mismo afrontar su rescate. Se necesitaban unos 20.000 millones de euros sólo para esta entidad. Además, Bankia no es más que la punta del iceberg de un sistema bancario zombie. En balance, hasta finales de 2011 los rescates bancarios han supuesto algo más de 63.000 miles de millones de euros. En ese momento, el nuevo gobierno del Popular pide un rescate parcial a la Unión Europea, mediante un crédito de 100.000 millones de euros (el 10% del PIB), para hacer frente a este rescate y otros que vendrán. Inmediatamente se procede a un nuevo ciclo de nuevos recortes, mucho mayores que los que acometió el PSOE.

A partir de ahí se han realizado varias actuaciones ligadas al sistema financiero.

- Se ha provisto 100.000 millones de avales para el sistema bancario. La banca española tiene contraídos unas exigencias de devolución de su deuda que asciende, para 2011, a 90.000 millones de euros. Si no puede pagarlo lo hará el Estado, a través del Fondo de Rescate y Ordenación Bancaria (FROB).

- Se ha conformado un Banco Malo, llamado Sareb, que reunirá, a costa del erario público, mediante un préstamo concedido de Bruselas –parece que el capital privado ha aportado muy poco a la nueva entidad-, préstamos dudosos, el suelo y bienes inmobiliarios prácticamente invendibles de la gran banca. A cambio la banca tendrá que provisionar una pérdida parcial de valor de los bienes inmobiliarios y de los préstamos impagados. El banco malo es una iniciativa de socialización de pérdidas, porque los contribuyentes tendrán que financiarlo con sus impuestos.

Para liberar recursos se procede a una serie de recortes, por el equivalente de los rescates, centrados principalmente en:

- Recortes durísimos en educación y sanidad. En la segunda mitad de año recortará también sensiblemente las prestaciones de desempleo, y a final de año rompe con la ley establecida y las pensiones perderán poder adquisitivo, creciendo un 1% cuando la inflación a fin de 2012 llegó al 2,9%.

- En el empleo público se congelan primero los salarios del funcionariado, al final de año se eliminará la paga extra. Se amplía su jornada laboral y se congela la plantilla. Se proyecta la privatización de las últimas empresas públicas existentes.

- Se congelan o se retiran diversos beneficios sociales a jóvenes y a personas dependientes.

- Se congela el salario mínimo interprofesional.

- Se retrasa la ampliación impuesta por la UE del permiso de paternidad.

- Los recortes se profundizarán a lo largo del año afectando a inversiones clave como son las infraestructuras.

- Se disminuyen las subvenciones a partidos políticos en un 20%, a sindicatos y patronal en el mismo porcentaje. Los sindicatos, ya duramente afectados por diferentes caídas de recursos (gestión de formación, cuotas de afiliación, otras subvenciones, etc…) se ven fuertemente castigados.

Se aborda también una reforma fiscal que ha consistido en:

- Un incremento temporal del Impuesto sobre la Renta. Con afán recaudatorio tiene un carácter formalmente progresivo. La subida del IRPF a los rendimientos del trabajo afectará, sobre todo, a las clases medias, en retroceso en la estructura social, que aportarán en torno a dos tercios del nuevo esfuerzo recaudatorio. Las rentas altas están acostumbradas a eludir o evadir sus impuestos. El incremento de los impuestos, se destinará en gran parte a los rescates bancarios y pagar la deuda.

- Un aumento muy significativo del Impuesto sobre el Valor Añadido desde el pasado verano (el tipo normal sube al 21% y los reducidos al 10%).

- Una amnistía fiscal para capitales con un gravamen de sólo un 10% a los capitales repatriados, que provengan de paraísos fiscales o que sencillamente hasta hoy no estuviesen declarados. Esta medida, no sólo premia a los tramposos, sino que también es ineficaz porque apenas ha conseguido recaudar la mitad de lo previsto.

Algunas de las reformas que más resistencias han ocasionado han sido las de la Sanidad y la Educación. Por idéntica cuantía al rescate de Bankia se recortan la educación y la sanidad pública. Además en Catalunya y Madrid, se procede a una mayor privatización de estas áreas de servicios esenciales.

Esto propiciará el inicio de una serie de movilizaciones sectorial-ciudadanas que en el Estado español se conocen como Mareas (la verde, la blanca, la negra, la roja, etc…). Han sido, por primera vez en mucho tiempo, muy activos los empleados públicos, que sufren caídas sucesivas y sustanciales de sus salarios y de las pagas extras que pueden suponer pérdidas del 20% de las retribuciones en términos reales. A esto, irrumpen en escena las diferentes movilizaciones laborales, como la muy contundente de los mineros en 2012, y las dos huelgas generales del mismo año, convocadas por los sindicatos ante la reforma laboral y los recortes establecidos. Estas movilizaciones, ampliamente secundadas, tienen su máximo respaldo en masivas manifestaciones, con casi 10 millones de asistentes. Estas son puestas en pie tras muchísima presión social e iniciativas cada vez más audaces originadas en el movimiento 15-M y el movimiento por un nuevo proceso constituyente, como el movimiento de activistas 25 de Septiembre, que empujará a los sindicatos mayoritarios, ante el riesgo de ser desbordados, a la convocatoria de huelga general y europea del 14 de Noviembre. En la decisión de las grandes centrales sindicales, CCOO y UGT, influye el intento de sostener su legitimidad pérdida, tras una trayectoria de comportamiento pasivo y pactista, y diferentes cálculos electoralistas.

Los potentes recortes de servicios públicos esenciales y las privatizaciones no son los únicos capítulos de la gestión del gobierno de Partido Popular. Este aborda la crisis como la oportunidad de las clases dominantes de cambiar la estructura social, laboral y económica. Persiguen degradar cualquier vestigio de protección social, para consolidar los privilegios de un capital rentista, aumentar las plusvalías absolutas, restaurar la tasa de beneficio, aun a costa de la depresión general. Para ello, junto con los recortes y rescates bancarios, una piedra angular de su política descansa en la Reforma Laboral de Febrero del 2012, la más radical desde la Transición Política.

El balance de consecuencias de la reforma laboral no ha hecho más que comenzar. Las más graves están por llegar y, además, los efectos tendrán un efecto muy duradero. La reforma laboral ha desguazado diferentes derechos y garantías y ha desplazado el papel e influencia negociadora de los sindicatos en el modelo de relaciones laborales.

Por un lado, abarata y facilita el despido hasta niveles no vistos desde comienzos del siglo XX. La vía fácil para que las políticas de ajuste cobrasen forma estaba cantada. El ascenso del desempleo en este tiempo no se ha hecho esperar, aún a pesar de que el punto de partida era de record. En 2012, mientras el PIB caía 1,3% lo hacía el 2,1% la población asalariada con 850.000 empleos destruidos. La monstruosa generación de desempleo nos sitúa ante el 26% de tasa de paro, con niveles de escándalo entre la juventud y, afectando más sobre la inmigración y las mujeres.

Sin lugar a dudas, las clases dirigentes impulsan el objetivo de devaluación interna de derechos y salarios directos e indirectos a través de esta política de empleo. Uno de los propósitos es producir las condiciones para abaratar la contratación de la fuerza laboral. En el año 2012 hemos asistido a caídas de salarios, por el amplio paro y el fuerte pánico entre los que aún conservan su empleo, y una iniciativa empresarial inaudita para bloquear convenios, aplicar despiadadamente despidos, descuelgues salariales y un endurecimiento de las condiciones de trabajo. El salario negociado en 2012 aumentó el 1,3% mientras que la inflación llegó al 2,9%, lo que equivale a una caída del salario real del -1,6%, que será mucho más profundo allí donde no es posible negociarlo. El peso del fondo de salarios en la renta nacional ha pasado del 54% en 2008 al 50,4% en 2012, con un claro trasvase a las rentas del capital.

Además, la nueva legislación admite la justificación del despido colectivo bastando con caídas de tres trimestres en las ventas, haber sufrido o, prever simplemente pérdidas. El empresariado tiene en su mano despedir colectivamente con un coste de indemnización muy pequeño.

Con todo, esta no ha sido el principal de los cambios. En primer lugar, como en el esquema laboral anglosajón, prima la negociación colectiva a escala de empresa rompiendo la eficacia de los convenios colectivos sectoriales. Si no fuera poco, hay otra igualmente perjudicial, que es la pérdida del derecho de ultraactividad de los convenios. Hasta hace poco, cuando acababa la vigencia de un convenio, hasta negociar el siguiente, se seguía aplicando. Ahora no es así, al cabo de un año del fin de la vigencia, si fracasa la negociación de uno nuevo, decae. La tasa de cobertura de la negociación colectiva se desplomará a partir de este año. En definitiva, esto entraña a pulverización de la negociación colectiva y, con ello, al incremento del poder empresarial hasta niveles comparables a los que regían en el siglo XIX.

En cualquier caso, toda la política del gobierno del PP ha sido un fracaso en términos sociales y laborales. El deterioro de las condiciones de vida se hace a pasos agigantados para las mayorías. Ni siquiera consiguen sus propios objetivos. El déficit público se ha disparado a más del 10,2% del PIB. A pesar del blindaje y privilegios para el mundo empresarial la rentabilidad se erosiona, si bien mucho menos entre las grandes empresas, en un contexto recesivo. Ya son casi seis millones de parados, 1,7 millones de familias con todos sus miembros sin empleo, dos millones de personas paradas sin prestación, lo que se traduce en un ascenso dramático de las tasas de desahucios que empujan a numerosos suicidios.

Las Huelgas Generales y las sucesivas expresiones de resistencia ciudadana no han conseguido apenas influir en la agenda de reformas legislativas del Gobierno, mientras éste ha seguido con su línea de oídos sordos y de represión policial. Pero la movilización ha conseguido arrinconar al gobierno y quebrar su legitimidad social. La corrupción se extiende y puede haber pronto dimisiones.

2. Una política internacionalista alternativa desde la izquierda anticapitalista.

Una política alternativa debe articular una dimensión nacional y otra internacional. Pero debe ponerse énfasis que, a día de hoy, cualquier estrategia anticapitalista exige priorizar la segunda, evitando la oposición entre clases trabajadoras de diferentes países.

A escala nacional es importante apoyar e impulsar una reforma fiscal progresiva, la nacionalización sin indemnización de toda la banca privada involucrada en el origen de la crisis, la creación de una banca pública bajo control social, el establecimiento de medidas de control del movimiento de capitales, y el impulso a una política de redistribución que desarrolle la creación de un empleo socialmente útil y un incremento de actividad ligadas al cuidado y el bienestar de las personas priorizando los bienes comunes (naturaleza, educación, sanidad, vivienda, pensiones, etc…).

Estas medidas las compartimos con los reformistas de izquierdas, pero encontramos varias diferencias con ellos.

La primera es lo consecuente para llevarlas a cabo, ellos están dispuestos a hipotecar su política a pactos institucionales con el socialiberalismo. Nosotros nos oponemos, la independencia de clase y las políticas antiausteridad no se transigen.

La segunda, practicamos un modelo de política abierta a la participación desde abajo, y trabajamos por constituir órganos populares de control democrático que garanticen la aplicación de este programa de transformación.

La tercera, afrontamos de manera distinta la cuestión de los ajustes y la deuda.

La cuarta, que ellos piensan que la UE sólo fracasa por problemas de diseño o por capítulos pendientes. Ellos piensan que a veces hay que gestionar “ajustes de izquierda”, conformarse con una banca pública configurada a partir de los restos nacionalizados de la banca insolvente, que hay que impulsar el crecimiento para pagar la deuda, y que es preciso proponer una agenda social europea.

Nosotros pensamos que no hay que pagar la deuda ilegítima, que el proceso de desendeudamiento tiene que correr a cargo de los de arriba, que el sistema financiero tiene que ser fundamentalmente público, que el productivismo es incompatible con la ecología, y que esta Europa es la del capital y se diseñó a favor de las clases dominantes.

Al mismo tiempo, debemos evitar el sectarismo y tener la destreza de ser unitarios en la lucha con estos compañeros. Puede recorrerse un camino juntos al mismo tiempo que debemos instarles a superar sus contradicciones, que de otro modo bloquearía el alcance de nuestra iniciativa.

Por otro lado, debemos seguir discutiendo con aquellos camaradas que se dejan llevar por las tentaciones de un esquema de izquierda radical que piensa en términos nacionales, o aquellos otros que reflexionan en términos de o todo o nada. Estos compañeros, también consideran que resulta clave llevar hasta las últimas consecuencias el anterior programa y amplifican su reflexión a escala internacional, reclamando que los pueblos deben restaurar su soberanía nacional y abrirse un camino al margen de los designios del capitalismo global. En esta línea se encuentran aquellos que ponen en su agenda política de manera prioritaria la salida unilateral del euro y la ruptura con la UE.

Nosotros consideramos que la ruptura con este modelo de Europa es clave para una alternativa anticapitalista. Pero al mismo tiempo pensamos que, afirmando que el Sistema Euro es nefasto para las clases populares y los países del Sur de Europa y que la salida del euro ya no puede considerarse un tabú, no es este un tema que deba abordarse de manera aislada y que hay otras cuestiones que deben tratarse prioritariamente.

Las reformas del calado anterior pueden ponerse en pie, aunque sin duda contarán con el muro del entorno internacional y las reglas del capitalismo global. Las políticas progresistas en un solo país se enfrentarían a consecuencias adversas (fuga de capitales, aislamiento financiero internacional, bloqueos comerciales, empobrecimiento, etc…) con lo que no se trata de ser sólo más audaces sino de adoptar una perspectiva más amplia que haga viable la transformación socialista.

Las reformas que merecen la pena, en un horizonte de transformación, no tendrán un alcance suficiente sino incluyen varios rasgos fundamentales: deben contar con un amplio respaldo social, deben satisfacer las aspiraciones democráticas de la mayoría, deben mostrar lo contradictorio del sistema vigente para poder superarlo, y, sobre todo, en este contexto, han de tener una alianza internacional suficiente para poderlas ponerlas en práctica.

En primer lugar, esto supondría confrontar con el proceso de conversión de las inmensas deudas privadas en deuda soberana, y contra los privilegios fiscales que las rentas del capital están disfrutando (paraísos, amnistías, modelos fiscales regresivos). Además, actividades estratégicas de la economía no puedan estar en manos privadas, tanto por sus conductas como la lógica de rentabilidad que las somete, por lo que el núcleo central de la banca, la energía, los transportes y los servicios esenciales de bienestar y desarrollo social han de estar en manos públicas bajo control social y laboral.

En segundo lugar, hay que enfrentarse a las políticas de austeridad en tanto que eso suponen de concentración de la renta y la riqueza y de destrucción de los bienes comunes, admitiendo sólo una lógica de austeridad que refiera a la necesidad de un cambio de modelo productivo ecológicamente sostenible, basado en energías renovables, reduciendo los niveles de consumo de materias primas, capaz de satisfacer las necesidades sociales.

Se están configurando nuevas mayorías sociales contra los recortes, contra el paro, y contra la privatización y deterioro de los bienes públicos a escala supranacional. El ascenso de las movilizaciones en el Sur de Europa, así como en los países árabes, o la presencia de gobiernos sensibles a las necesidades populares en América Latina, dibuja la oportunidad histórica de abrir un nuevo camino. En el Sur de Europa, hay una mayoría social que, ante el drama que está viviendo, podría abrazar un programa centrado en varios capítulos, tales como:

- El rechazo a las Memoranda de Entendimiento, especialmente su condicionalidad. Reclamar, por el contrario, el impulso a políticas de transferencia de rentas e inversiones hacia los territorios y población más desfavorecida, construyendo una división internacional del trabajo complementaria y cooperativa.

- La desobediencia de los diversos Pactos por la Austeridad que arrancan desde Maastricht.

- Establecer una declaración de impago, pudiendo inspirarse en los acuerdos establecidos en 1953 con Alemania, desarrollando auditorías que determinasen la parte ilegítima de la deuda para proceder a su reestructuración y quita. Los acreedores bancarios y los capitalistas en general son responsables y han de pagar por lo que han hecho.

Entre los países que convergiesen en esta política alternativa, formular estrategias de solidaridad e integración igualitaria y redistributiva en materia financiera, comercial y de inversiones. Esto podría abrir la puerta a construir un nuevo área económica supranacional con el máximo de países posibles.

Reclamar una orientación y diseño institucional en Europa de carácter alternativo, con un nuevo Banco Central favorable a la creación de empleo y competente para regular el sistema financiero europeo, un presupuesto público europeo capaz de crear un sector público de bienestar ampliado, establecer un control adecuado de los flujos de capital que hiciesen eficaces un régimen fiscal progresivo, plantear una armonización de las relaciones laborales, etc… De no aceptarse, construirlo entre los países que estuvieran conformes con este otro esquema.

En mi opinión, la salida del euro, o el establecimiento de medidas proteccionistas, no deberían ser nuestra consigna, y de serlo sólo deberían emplearse como un arma de negociación y, si acaso, un paso atrás, tras la expulsión, que busca dar dos hacia delante, orientados hacia una construcción internacionalista alternativa. La salida del euro nos brindaría instrumental económico soberano, pero nos metería de lleno en una carrera de devaluación competitiva que no sólo empobrecería a los pueblos de los países del Sur, sino también enfrentaría a las clases trabajadoras de unos y otros países en una carrera de devaluación competitiva. La alternativa será internacionalista o no será.

Daniel Albarracín. Atenas. Encuentro de la Izquierda Anticapitalista Europea.

1 de marzo de 2013

Font: daniloalba.blogspot.com.es

+ Info:

Radical and anti-capitalist left international meeting in Athens


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