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dimecres 6 de març de 2013 | Manuel
TODOS LOS ASESINOS LIBRES DE YOLANDA + Emilio Hellín y el crimen de estado durante la transición

Mariano Sánchez Soler

Fue el símbolo de los asesinados en la Transición por la ultraderecha, y ahora se sabe que su verdugo trabaja para el Estado. También están libres los pistoleros de la matanza de Atocha: uno terminó espiando a Garzón, otro es procurador en Valencia... No todos se cambiaron el nombre como Hellín


Luis Enrique Hellín Moro. Perito judicial». Con esta escueta presentación, a modo de tarjeta de visita, Emilio Hellín, el
asesino convicto de Yolanda González, ha cerrado el círculo. A principios de los 70, nada más sacarse la carrera de Telecomunicaciones, empezó a colaborar con el Servicio Central de Documentación de la Presidencia del Gobierno (SECED), el servicio secreto militar creado por el almirante Carrero Blanco. Allí siguió bajo el primer gobierno de la Monarquía, presidido por Carlos Arias Navarro.

Cuatro décadas después, el ingeniero Hellín, un tipo robusto y malencarado de 63 años, sigue trabajando para los cuerpos de seguridad del Estado. Tras cambiarse de nombre, el ultraderechista condenado a 43 años por la muerte de Yolanda en 1980, ejerce de perito judicial y da cursos de espionaje y rastreo informático a la Policía y la Guardia Civil. Incluso ha colabora- do en investigaciones tan mediáticas como el caso Bretón, en el que analizó las llamadas del principal sospechoso, el padre de los niños Ruth y José.

«¡Me parece escandaloso!», se lamenta Alejandro Arizcun Cela, sobrino del Nobel español y novio de Yolanda en el momento de su asesinato. «Hellín siempre fue un personaje con conexiones oscuras. Que ahora trabaje para el Ministerio del Interior sólo demuestra que sus contactos siguen vigentes».

Pero la nueva vida de Emilio Hellín no es, ni de lejos, una excepción. Los ultras que bañaron de sangre la Transición española recuperaron la libertad tras cumplir breves condenas de cárcel. La mayoría rehizo sus vidas. Algunos camuflaron su pasa- do turbio con un oportuno cambio de nombre. Otros muchos encontraron cobijo en el sistema judicial y en las fuerzas de seguridad, donde han tejido un complejo sistema de ayudas mutuas.

Es el caso de Miguel Ángel Pana- dero Sandoval, el militante de Fuer- za Nueva que mató al joven Miguel Grau de un ladrillazo, hoy reciclado como un respetado procurador de
los tribunales en Valencia. Tras salir de la cárcel, su prima se casó con José Fernández Cerrá, uno de los tres asesinos de los abogados de Atocha, hoy dueño de dos empresas en Alicante. Uno de sus compinches de aquella matanza, Carlos García Juliá, montó una agencia de detectives en 1991, cuando fue puesto en libertad. Tras espiar al juez Baltasar Garzón, el pistolero se fugó a Latinoamérica, donde fue encarcelado por narcotráfico.

Su socio en aquella agencia de detectives, Jaime Febrel y Simón, también era un conocido ultraderechista. Ex miembro de la hitleriana Juventud Nacional Revolucionaria, fue acusado de ataques antisemitas y, ya en libertad, trabajó para importantes empresas de seguridad privada como Coviar. Ahora, sin embargo, Febrel está en paro por culpa de su belicoso pasado. «Lo primero que hacen todas las compañías es buscarte en internet», se queja. «Ahí salen todas mis aventu- ras de juventud... No puedo quitármelas de encima».

Más avispado estuvo Emilio Hellín Moro, quien cambió su nombre por el de Luis Enrique Hellín en 1996. Con esta maniobra, el asesino de Yolanda (condenado a 43 años de cárcel, solo cumplió 14) pretendía ocultar sus andanzas en las cloacas de los cuerpos de seguridad durante la Transición. Ya en libertad, retomó su vieja actividad de experto en telecomunicaciones. En 2006, cerró el círculo cuando empezó a asesorar a la Guardia Civil y la Policía a través su empresa New Technology Forensics, radicada en una pequeña oficina en Madrid.

Su especialidad es el rastreo de pruebas en teléfonos móviles, como hizo en el caso Bretón. Su trabajo le obliga a acudir como perito a numerosos juzgados, incluida la Audiencia Nacional, que le condenó. También imparte cursos a agentes de la Policía, la Guardia Civil, la Ertzaintza y los Mossos d’Esquadra.

Así vivía, en la cómoda penumbra de su nuevo nombre, hasta que el diario El País le destapó la semana pasada. Visiblemente molesto por esta indeseada publicidad, Emilio —o Luis Enrique, como se hace llamar ahora— respondió la llamada de Crónica con tono destemplado: «Hasta que no mantenga una reunión con mis abogados, no puedo hablar».

—Pero, ¿puede desmentir que usted sea Emilio Hellín?

—No puedo desmentir nada. Sólo digo que las cosas no suceden porque sí, por las buenas.

A los 32 años, Emilio Hellín, jefe de seguridad de Fuerza Nueva (FN) del distrito de la Arganzuela, se convirtió en líder del Grupo 41 del Batallón Vasco-Español (BVE), antecedente de los GAL. Bajo la tapadera de una academia de electrónica en una céntrica calle de Madrid, el ultra organizó actos de guerra sucia dentro y fuera del País Vasco.

El 1 de febrero de 1980, siguiendo las órdenes del jefe nacional de seguridad de FN, David Martínez Loza, se reunió en su academia con los otros miembros del comando: Ignacio Abad Valavázquez, José Ricardo Prieto Díaz y Félix Pérez Ajero. A la reunión acudieron otros dos ultras: el policía nacional Juan Carlos Rodas Crespo, que se ofreció a hacer de vigilante del comando, y el guardia civil Juan José Hellín, hermano de Emilio, de quien jamás se probó que participara en la operación.

EL ARSENAL DEL GRUPO 41

Juntos organizaron el secuestro de Yolanda González Martín. Estu- diante y limpiadora, la joven de 19 años militaba en el Partido Socialista de los Trabajadores y vivía en un piso de Aluche (Madrid). Tras su detención, Hellín explicaría que el crimen fue una venganza por el asesinato de seis guardias civiles en el País Vasco. Según el ultraderechista, Yolanda era militante de ETA, aunque ella lo negara hasta el mismo momento de su asesinato.
La muerte de la joven, ejecutada por Hellín con dos tiros en la cabeza
en un solitario descampado, conmocionó a todo el país. Tanto que el policía Rodas, que no participó directamente en el crimen, se arrepintió. Su posterior denuncia trajo consigo la caída del temible Grupo 41. Y, de paso, se destapó la caja de los truenos de las tramas negras, compuestas por ultraderechistas y miembros de los cuerpos de seguridad del Estado.

Las conexiones de Hellín con los servicios de seguridad del Estado son evidentes. Los indicios, que jamás fueron investigados, eran numerosos. Un guardia civil —Juan José Hellín— y un policía nacional —Carlos Rodas— participaban en las reuniones del comando. El ordenador scanner VHF de la academia estaba conectado a una terminal que era la usual de los servicios de inteligencia. Inexplicablemente, alguien desconectó la computadora de Hellín y la retiró de la circulación al comienzo de las investigaciones. Así se evitó que se supiera con quién estaba conectado.

Además, la Policía encontró en poder de Hellín una cinta magnetofónica en la que una voz dictaba nombres de militantes de la izquierda vasca, supuestamente desde las dependencias de un organismo de la seguridad del Estado. Junto a esa voz desconocida se percibía, dialogando por unos instantes, la de Hellín. Gran parte del armamento encontrado en los dos pisos francos era reglamentario del Ejército pero, al querer indagar sobre sus dueños legales, no hubo respuesta.

En el tejado de su casa, Hellín poseía una antena de gran alcance, también desaparecida a los pocos días de su detención. Para allanar la casa de Yolanda, Hellín utilizó un carnet del SECED y, tras el asesinato, según su propia confesión, si- guió el dictado de su jefe al escribir: «El Batallón Vasco-Español, grupo operativo militar, reivindica el arresto, interrogatorio y ejecución de Yolanda González Martín, natural de Deusto, miembro de un co- mando informativo de ETA...».

En el caso de Yolanda actuó una trama negra bien organizada, con armamento, locales, documentos falsos, disfraces, computadoras... Para comprenderlo, basta recordar el arsenal incautado por la Policía en dos pisos francos y reseñado en la sentencia. En total, a Hellín se le incautaron las armas del crimen, más 50 kilos de Goma 2, un subfusil Mauser, cebos electrónicos, 60 cartuchos de explosivos fabricados por la empresa Explosivos Río Tinto, granadas de mano PO reglamentarias del Ejército, botes de humo como los usados por la Policía, un aparato Skanner VHF, receptores de emisoras policiales y un bolígrafo-pistola con capacidad para disparar munición del calibre 22 corto, como el fabricado en 1978 por el teniente coronel Alejandro Molinero en el Regimiento de la Academia de Ingenieros de Hoyo de Manzanares (Madrid).

Un día después de asesinar a Yolanda, Hellín durmió en la casa de un policía de Vitoria. Más tarde, durante el interrogatorio que le hizo el abogado de la acusación, Mariano Benítez de Lugo, este agente declaró «que Hellín tiene contacto con importantes peces gordos de los cuerpos de Seguridad y el Ejército». Estos «contactos» se mantuvieron con el paso del tiempo. Quizá hasta nuestros días.

Tras pasar seis años a la sombra, Emilio Hellín salió de la prisión de Zamora el 24 de enero de 1986 pa- ra disfrutar de su primera libertad, de cinco días de duración. El juez de vigilancia penitenciaria, José Donato Andrés Sanz, le concedió este permiso y él lo aprovechó para fugarse con toda su familia. En su huida, dispuso de DNI auténticos con otros nombres e identidades y recaló en Paraguay, donde creó el Centro de Estudios Profesionales y trabajó para los servicios de seguridad de la dictadura de Alfredo Stroessner, que le protegió durante tres años. Sin embargo, fue localizado por el semanario Interviú y, el 21 de septiembre de 1990 fue entregado a España y devuelto a su celda de la prisión de Zamora.

Al igual que el caso de Hellín, el destino de otros asesinos políticos de la Transición no deja de ser curioso. Sus conexiones, tampoco. Tal es el caso de dos pistoleros de la ma- tanza de Atocha, el mayor crimen político de la Transición: José Fernández Cerrà, vendedor profesional de 31 años, y Carlos García Julià, administrativo de 21 años. En la tarde del lunes 24 de enero de 1977, un comando de ultras asaltó un bufete de la calle Atocha (Madrid), asesinó a cinco abogados laboralistas y dejó otros cuatro heridos graves.

Los autores del tiroteo estaban adscritos a Fuerza Nueva, Falange Española y de las JONS, la Hermandad de la Guardia de Franco y el Sindicato de Transportes de Madrid. Algunos de ellos también colaboraban con la Brigada Político-Social de la Policía. Los terroristas de la Triple A reivindicaron el atentado. Condenados cada uno de ellos a 193 años de prisión, ambos salieron de la cárcel a los 13 años y medio y emprendieron sus vidas por derroteros muy distintos. El 9 de marzo de 1991, 15 años después de la matanza, el asesino José Fernández Cerrá abandonó la cárcel en libertad condicional (condenado a 193 años de cárcel, solo cumplió 13 años y cinco meses). Su destino quedó unido des- de entonces a María Ángeles Díaz Panadero, con la que se casó tras conocerla en la prisión de Herrera de la Mancha (Ciudad Real). Ambos coincidieron durante las visitas de la mujer a su joven primo Miguel Ángel Panadero Sandoval, el homicida del ladrillo, con quien Cerrá llegó a compartir celda.

Durante su estancia carcelaria, en 1984, fue designado «preso de confianza». No fue el único recluso ultraderechista que gozó de trato favorable: también, durante aquel año, por decisión del juez de vigilancia penitenciario fueron rebajados del segundo al tercer grado tres condenados por el asesinato de Yolanda (David Martínez Loza, Félix Pérez Ajero y José Ricardo Prieto Díaz) y por el paquete bomba con- tra la revista satírica El Papus (Ángel Blanco Férriz). Otro convicto por este atentado, Juan José Bosch Tapiès, hoy economista y residente Parets del Vallès (Barcelona), cumplió sólo cinco años y cuatro meses de su condena de 13 años.

Todos ellos podrían acogerse a partir de entonces a la libertad condicional y al régimen abierto (excarcelación temporal). Como así hizo, entre otros, Martínez Loza, el jefe del Grupo 41, que sólo cumplió un año y nueve meses de los seis a los que fue condenado. Otros 15 presos ultraderechistas de la cárcel de Zamora también recibieron ese beneficio penitenciario, entre ellos Carlos García Julià. En total, una treintena de presos de extrema derecha vieron rebajada su condena considerablemente.

ULTRA Y EMPRESARIO

Fernández Cerrá obtuvo el tercer grado gracias a su matrimonio con María Ángeles y al empleo que le ofrecieron los Sandoval. Durante año, trabajó en una gasolinera de la familia de Miguel Ángel Panadero en Alicante. Hoy, Fernández Cerrá figura como administrador único de dos empresas en Alicante: una dedi- cada a la exportación e importación y otra de reformas y servicios.

Caprichos del destino: nueve meses después de la matanza de Atocha, el 6 de octubre de 1977, el ultraderechista Miguel Ángel Panadero Sandoval había matado en Alicante al joven Miguel Grau Gó- mez, mientras éste pegaba carteles convocando al 9 d’Octubre, día del País Valenciano. Grau cayó mortal- mente herido por el impacto de un ladrillo lanzado violentamente des- de la azotea de casa por el estu- diante Panadero, miembro activo de Fuerza Nueva, que terminó con- denado a 12 años de prisión por un delito de homicidio, de los que cumplió menos de cuatro.

Según la sentencia condenatoria, pasadas las diez de la noche, Panadero Sandoval observó a un grupo de personas, a quienes no conocía, mientras pegaban carteles políticos. Después de tirarles agua para ame- drentarlos, cogió de la azotea de su edifico un ladrillo desprendido y, desde el balcón de su casa, fue consciente —asegura la sentencia— de que si atinaba contra alguna persona «podía ocasionarle la muerte». En vez de desistir, «aceptando y admitiendo dicha posibilidad letal», lanzó el ladrillo en dirección al grupo y se escondió para no ser visto, mientras la piedra se estrellaba contra la cabe- za de Miguel, que se desplomó sobre el suelo y falleció 10 días después.

En aquella época, Miguel Ángel Panadero Sandoval intervenía activamente en la campaña electoral de junio de 1977 para la Alianza Nacional 18 de Julio: por ejemplo, participaba en actos de esa coalición y en las acciones callejeras de los ultras. Pese a que su autoría del ladrillazo fue conocida desde el primer instante por las autoridades, no fue detenido hasta seis días después. Esperaron a que se celebrara el Día del País Valenciano, la misma con- vocatoria que se anunciaba en los carteles que pegaba su víctima.

EL PROCURADOR

Durante su estancia carcelaria, Panadero estudió Derecho. En la actualidad es procurador de los tribunales en la ciudad de Valencia, donde está colegiado. También, como Hellín, le ha dado un pequeño retoque a su nombre: ahora se llama Miguel Ángel Díaz-Panadero Sandoval, quizá en reconocimiento a su prima.

Los avatares del otro pistolero de Atocha, Carlos García Julià (condenado a 193 años, sólo cumplió 13 años y seis meses) no resultan tan familiares como los de Fernández Cerrá. El 23 de septiembre de 1991, le fue concedida la libertad condicional pese a que su «buena conducta» en prisión, por la que se le clasificó del primer grado al tercero, resultaba más que discutible. Entre otros episodios, el 22 de octubre de 1979, a los pocos meses de su ingreso carcelario, organizó el secuestro del director de la prisión de Ciudad Real, su mujer y sus hijos, a quienes retuvo durante 12 horas para que les facilitaran un coche en el que escapar.

Al salir, puso en marcha una empresa de espionaje e informes oficiales —García & Febrel Asociados— junto al ultra Jaime Febrel Simón. A principios de 1993, la Brigada de Información Interior descubrió que el juez Garzón era vigilado por una agencia de detectives. Así se supo que García & Febrel Asociados había estado investigando la vida privada y costumbres del polémico juez en los tiempos más convulsos del caso Nécora. «En realidad no era una agencia de detectives», recalca ahora Febrel. «Sino una asesoría de seguridad, que nunca llegó a funcionar. Carlos García Julià desapareció de un día para otro».

Es cierto. En agosto de 1994, la Audiencia Nacional le concedió a García Juliá permiso para viajar a Paraguay, tras presentar una oferta de trabajo de la empresa Traflumar. Días después, el juez le revocó el permiso y exigió su regreso a España, pero García Juliá no respondió. Su rastro reapareció el 11 de mayo de 1996, cuando la policía boliviana lo acusó de introducir cocaína en Europa y Estados Unidos vía Bolivia. Al parecer, el dinero obtenido era utilizado para financiar grupos parafascistas.

Condenado a seis años y ocho meses de prisión, fue recluido en la prisión de máxima seguridad de Palmasola (La Paz). El 30 de abril de 1999, Interviú desveló la conde- na del ultra en Bolivia. El Gobierno español tardó en reaccionar y no pi- dió la extradición del asesino, a quien le quedaban casi 4.000 días de pena por cumplir, hasta abril de 2001. A esas alturas, García Julià llevaba más de un año fugado, tras esfumarse aprovechando su liber- tad condicional.

Sin embargo, el gran fugado de la matanza de Atocha es el tercer pistolero, Fernando Lerdo de Tejada. Aprovechando un permiso penitenciario, huyó a Latinoamérica el 17 de abril de 1979 via Perpignan, donde le proporcionaron dinero, documentación falsa y un billete de avión. Se cree que residió en Chile durante años y hoy se le sitúa en Brasil. En aquellas fechas también escapó el colaborador policial José Ignacio Fernández Guaza, alias El Frutero, asesino del estudiante Arturo Ruiz, antes de que le detuvieran la Brigada de Información.

La detención de Emilio Hellín puso en evidencia que disponía de infraestructura y contactos con la Policía y la Guardia Civil para sus acciones terroristas. En siete años de Transición (1975-1982), 188 personas perdieron la vida por actos de violencia consentidos u organizados desde los aparatos del Estado. De ellas, 65 fueron asesinadas directamente por grupos «incontrolados» de extrema derecha y por comandos parapoliciales como el BVE, como revelé en mi ensayo La transición sangrienta.

Hellín era uno de los dirigentes de aquella violencia organizada desde las cloacas de los cuerpos de seguridad. Así quedó patente tras la detención de su comando, aunque durante la investigación se echó tierra encima.

Pasados 33 años, tras su inesperada reaparición como «Luis Enrique», las preguntas siguen en el ai- re. «Nos sentimos humillados como familiares y como demócratas», denuncia Asier González, hermano de Yolanda, de 33 años. «Vamos a tomar medidas legales para averiguar si ha cumplido su condena y para aclarar qué trabajos ha realizado para la Policía y la Guardia Civil».

Igualmente indignado está el abogado Mariano Benítez de Lugo, que representó a la familia en el proceso. «Cuando me enteré de la reaparición de Hellín, pensé en los pobres padres de Yolanda», dice. «Esto reabre la memoria del asesinato. Es un doble castigo».

—El ministerio del Interior dice que Emilio Hellín ya ha cumplido su condena. ¿No merece una segunda oportunidad?

—Una cosa es que haya cumplido su condena. Y otra que se le retribuya con dinero público por unos conocimientos que le sirvieron para matar a Yolanda.

Mariano Sánchez Soler es el autor de «La Transición sangrienta» (Península, 2010). Acaba de ganar el premio L’H Confidencial por la novela «El asesinato de los marqueses de Urbina» (Ed. Roca).

Font: El Mundo 3/3/2013


Emilio Hellín y el crimen de estado durante la transición.

MARIANO SÁNCHEZ SOLER

A sus 63 años, el criminal convicto Emilio Hellín Moro ha vuelto a nuestras vidas como un fantasma del pasado; como una prueba más de que la transición se cerró en falso y se pactó también con los asesinos. A principios de los años 70, el ingeniero de Telecomunicaciones Hellín empezó a colaborar con el Servicio de Documentación de Presidencia del Gobierno (SECED), servicio secreto creado por el almirante Carrero Blanco, donde siguió trabajando bajo el primer gobierno de la Monarquía, presidido por Carlos Arias Navarro. Gracias a su experiencia en las cloacas, durante la transición democrática Hellín, con 32 años, fue jefe de seguridad de Fuerza Nueva (FN) del distrito madrileño de la Arganzuela, y jefe del denominado “Grupo 41”, del parapolicial Batallón Vasco-Español (BVE), antecedente de los GAL.

Desde una academia de Electrónica y Telecomunicaciones, que poseía en una céntrica calle de Madrid, organizó atentados y actos de “guerra sucia” dentro y fuera del País Vasco. Allí, el 1 de febrero de 1980, se reunió con los otros miembros del comando, Ignacio Abad Valavázquez, José Ricardo Prieto Díaz y Félix Pérez Ajero para organizar el secuestro y asesinato de Yolanda González Martín, de 19 años, militante del Partido Socialista de los Trabajadores, siguiendo indicaciones de David Martínez Loza, jefe nacional de seguridad de FN. Junto a ellos, como en otras ocasiones, se encontraban dos correligionarios ultras: el policía nacional Juan Carlos Rodas Crespo, que se ofreció a servirles de escolta, y el guardia civil Juan José Hellín, hermano de Emilio, de quien jamás se pudo probar que participara en la operación. La denuncia de Rodas trajo consigo la detención del “Grupo 41”, del BVE y destapó la caja de los truenos de las “tramas negras”, compuestas por ultraderechistas y miembros de los servicios de seguridad del Estado.

Las conexiones de Hellín con los servicios de seguridad del Estado eran evidentes. Pero los indicios jamás fueron investigados. Los datos eran: un guardia civil –Juan José Hellín- y un policía nacional –Rodas Crespo- participaban en las reuniones del grupo. Un ordenador scanner VHF, de la academia, estaba conectado a una terminal usual de los servicios de Seguridad e Inteligencia del Estado. Inexplicablemente, el ordenador de Hellín fue desconectado y retirado de la circulación al comienzo de las investigaciones, evitando de este modo que se supiera con quién estaba conectado. La policía encontró en poder de Hellín una cinta magnetofónica grabada donde una voz dictaba nombres de militantes de la izquierda vasca supuestamente desde las dependencias de un organismo de Seguridad del Estado, y junto a esa voz aparecía, dialogando por unos instantes, la de Hellín. Gran parte del armamento encontrado en los dos pisos francos era reglamentario del Ejército. Al querer indagar sobre sus dueños legales, no hubo respuesta. En el tejado de su casa, Hellín poseía una antena de gran alcance, también desaparecida a los pocos días de ser detenido. Para allanar la casa de Yolanda, Hellín utilizó un carnet del SECED y, tras el asesinato, confesó que había seguido el dictado de su jefe al reivindicar “el arresto, interrogatorio y ejecución” de Yolanda en nombre del “Batallón Vasco-Español, grupo operativo militar”.

En el asesinato de la dirigente estudiantil actuó una trama negra bien organizada, con armamento, locales, documentos, material informático poco usual en la época... El arsenal incautado a Hellín por la Policía y reseñado en la sentencia resulta demoledor: cincuenta kilos de goma-dos, las armas del crimen, un subfusil Mauser, cebos electrónicos, sesenta cartuchos de explosivos fabricados por la Empresa Nacional Explosivos Río Tinto, granadas de mano PO reglamentarias del Ejército, botes de humo como los utilizados por la Policía, un aparato Skanner VHF, receptores de emisoras policiales y un bolígrafo-pistola con capacidad para disparar balas del calibre 22 corto… Un día después de asesinar a Yolanda, Hellín durmió en la casa de un policía de Vitoria. Interrogado por el abogado Benítez de Lugo en el sumario, este policía declaró “que Hellín tiene contacto con importantes peces gordos de los cuerpos de Seguridad y el Ejército”. Estos “contactos” se mantuvieron con el paso del tiempo.

Tras seis años en la prisión de Zamora, el 24 de enero de 1986, Emilio Hellín disfrutó de su primera libertad durante cinco días. El juez de vigilancia penitenciaria, José Donato Andrés Sanz, le concedió el permiso a partir del cual protagonizó dos fugas penitenciarias, una que duró apenas unos días y la segunda, en la que dispuso de DNI auténtico con otro nombre e identidad, y con el que logró escapar a Paraguay, donde creó el Centro de Estudios Profesionales y trabajó para los servicios de seguridad de la dictadura de Stroessner, que le protegió durante tres años, hasta que fue localizado por Interviú y extraditado el 21 de septiembre de 1990.

Y por fin, a partir de 2008, cerró el círculo. Desde entonces trabaja con asesor en temas de criminalística al servicio de la Guardia Civil y la Policía, es uno de sus expertos y, a través su empresa New Technology Forensics, radicada en Madrid, trabaja asiduamente en el peritaje de casos criminales, como el caso Bretón. Su especialidad es el rastreo de pruebas en teléfonos móviles; asiste como perito judicial a la Audiencia Nacional (que le condenó) y a numerosos juzgados. También imparte cursos de formación a agentes de la Policía, la Guardia Civil, Ertzaina y Mossos d’Esquadra. Condenado a 43 años por asesinato, solo cumplió catorce años en la cárcel.

Demasiadas víctimas para el olvido

La detención de Emilio Hellín puso en evidencia la infraestructura y contactos con la Policía y la Guardia Civil de que disponía para sus acciones terroristas. En siete años de transición, de 1975 a 1982, un total de 188 personas perdieron la vida por actos de violencia consentidos u organizados desde los aparatos del Estado. De ellas, 65 fueron asesinadas directamente por grupos de supuestos “incontrolados” y por comandos parapoliciales, como el BVE. Así lo revela mi libro La transición sangrienta (Península, 2010). El uso consciente de la violencia con objetivos políticos (que no siempre es deliberado o premeditado) estuvo presente durante la transición democrática en España, y supuso la gran amenaza para el proceso diseñado por los dirigentes políticos del posfraquismo, que hicieron del rechazo a la violencia como arma política y del control del orden público, la base del consenso.

En España se desplegó una violencia política de origen institucional para mantener el poder y el orden, y fue organizada, alentada, inspirada, consentida, e instrumentalizada, desde instituciones del Estado a dos niveles: 1) Desde el corazón del aparato de Estado, a través de estamentos y funcionarios en activo de la Administración, que disponían de poder y medios, armamento y cobertura logística para ejercer y administrar la violencia: policías, ejército, judicatura… 2) Desde instituciones legales reglamentadas y/o subvencionadas por el Estado, que participaban de la superestructura del poder oficial: asociaciones inscritas en los registros oficiales, entidades y partidos políticos legales con o sin representación en el Parlamento.

Esta violencia institucional fue usada para frenar los avances rupturistas democráticos, imponer el pacto, aplacar a las izquierdas emergentes, desmovilizar a las masas reivindicativas y conseguir el tránsito del régimen franquista hasta la democracia parlamentaria, con el menor coste económico y político posible para la clase dirigente de entonces. La forma peculiar en que se realizó esta transición en España impidió que el nuevo régimen rompiera totalmente con sus orígenes. La Administración Pública, el aparato judicial, el Ejército, la Policía y la empresa pública apenas sufrieron transformaciones y se incorporaron al nuevo régimen escasamente reformados.

La transición contó con dos instrumentos jurídicos destacados: la Audiencia Nacional y la amnistía (administrada mediante un decreto y un decreto–ley). La Audiencia Nacional fue el órgano judicial que aplicó la Ley de Amnistía de 1977; del mismo modo que su antecesor, el Tribunal de Orden Público, fue el encargado de aplicar los indultos, el decreto Ley de Amnistía de 1976 y sus sucesivas ampliaciones.

La verdad judicial emanada de la Audiencia Nacional se convirtió, de facto, en verdad oficial asumida sentencia tras sentencia y, en muchos casos, aplaudida desde los ámbitos políticos de la transición, en el Congreso de Diputados, por los sindicatos de clase y los partidos con representación parlamentaria. En este sentido, la Audiencia Nacional fue un instrumento crucial para el desmantelamiento de los sectores más violentos del antiguo aparato franquista y para juzgar las acciones terroristas “desestabilizadoras”.

Los planteamientos jurídicos tuvieron consecuencias políticas directas en la evolución de la transición española. Se denominó “grupos incontrolados de extrema derecha” a los procesados. Se les clasificó como “no adscritos”. Se aplicó una sistemática individualización de las causas. Y todos los crímenes fueron jurídicamente obra de “grupos armados” creados y compuestos exclusivamente por los miembros juzgados. Esta visión se aplicó al caso Yolanda, del mismo modo que lo hicieron con Atocha, El Papus, el Frente Nacional de la Juventud (FNJ), el Batallón Vasco-Español de Iturbide y Zabala (BVE), el Ejército Español de Liberación (EEL) y el comando autor de la bomba contra El País. Como Hellín, todos los autores materiales codnenados por estos crímenes recibieron un trato judicial favorable durante su estancia en prisión, con una rebaja considerable de las penas impuestas por los tribunales (ver cuadro).

Consecuente con esta doctrina, la Audiencia Nacional juzgó los casos como “acciones violentas aisladas” realizadas por activistas que obraron por su cuenta; que acudieron armados a manifestaciones como guerrilleros de Cristo Rey (asesinato de Arturo Ruiz); que realizaron ataques en un momento de disgusto por la situación política (asalto al bar San Bao y apuñalamiento de Arturo Pajuelo, ambos en Madrid; la bomba contra el pub El Largo Adiós, de Valladolid...), o que desencadenaron agresiones indiscriminadas despojados de objetivos políticos (en el caso Miguel Grau se aplicó este criterio; también en los asesinatos de Jorge Caballero, de Andrés García, de Vicente Cuervo...). La actuación criminal directa de policías y funcionarios de Prisiones en los casos Arregui, Agustín Rueda y Herrera de la Mancha, se produjo con la cobertura de sus departamentos y con la participación masiva de funcionarios.

Como revelo en La transición sangrienta, en apenas ocho años, la transición española se cobró más de 2.663 víctimas por violencia política entre muertos y heridos hospitalizados. De estas 2.663 víctimas, un total de 591 personas perdieron la vida. De ellas, como ya hemos dicho, 188 murieron en actos de violencia política de origen institucional. En cuanto a los heridos, según los únicos datos disponibles del ministerio del Interior más de 1.000 fueron víctimas de los terrorismos de izquierdas y nacionalistas (ETA, GRAPO, FRAP y otros), y un total de 1.072 heridos fueron víctimas de la violencia desencadenada por la represión policial y las denominadas “tramas negras”.

“Tramas negras”: Montejurra, Atocha, Yolanda

Los dos niveles, el aparato de Estado y las instituciones reglamentadas, se fundieron y se combinaron en la comisión de los actos de violencia, al tiempo que se orquestaba una represión indiscriminada para controlar la calle y acciones de terrorismo selectivas. A través de las denominadas “tramas negras”, se organizaron atentados y operaciones de castigo. También contaron con la participación, relación y amparo de los partidos y organizaciones legales FE-JONS, el Frente de la Juventud, la Hermandad de la Guardia de Franco… y con Fuerza Nueva, que obtendría representación parlamentaria.

Estas relaciones fueron claras en el caso más trascendental que significó un punto de inflexión en la transición: la matanza de los abogados laboralistas de Atocha, organizada por funcionarios del Sindicato de Transportes y por militantes de Fuerza Nueva, y relacionada con miembros de la Brigada de Información (antigua Brigada Político-Social, la policía política del franquismo). Esta combinación quedó patente en el caso Montejurra 76, en el que participaron neofascistas italianos, ultras españoles, incluso el ex ministro franquista Antonio María de Oriol y altos cargos del ministerio de Gobernación de Fraga Iribarne.

Ya con la Constitución vigente, en el caso del secuestro y asesinato de Yolanda González, esta combinación quedó demostrada judicialmente con la condena del jefe nacional de Fuerza Nueva, David Martínez Loza, y la intervención en distintos grados de un Policía Nacional que fue condenado por encubrimiento y un miembro de la Guardia Civil en activo.

El 2 de febrero de 1980, fue asesinada la dirigente estudiantil Yolanda González por un comando organizado por el jefe nacional de seguridad del partido de Blas Piñar. Yolanda procedía de las Juventudes Socialistas de Vizcaya, estaba afiliada a Comisiones Obreras como trabajadora de la limpieza, y era militante del Partido Socialista de los Trabajadores, una organización trotskista ya desaparecida, surgida tras una escisión del PSOE. En el instituto de formación profesional de Vallecas estudiaba primero de electrónica. Un comando de Fuerza Nueva, comandado por Emilio Hellín, la asesinó y dejó su cuerpo tirado en una carretera comarcal. ¿El motivo del crimen? Yolanda era una de las dirigentes de la Coordinadora de Estudiantes de Enseñanza Media y Formación Profesional que organizaba las movilizaciones en Madrid contra las leyes educativas del gobierno de Unión de Centro Democrático.

Con Yolanda, quiero recordar a todas aquellas personas jóvenes, a quienes arrebataron la vida comandos de “incontrolados” bajo control. Hoy estarían entre nosotros. Eran estudiantes, jóvenes trabajadores, conserjes, un ama de casa… Mientras se movilizaban por la democracia y la amnistía, muchos de ellos tuvieron la mala suerte de encontrarse con los verdugos. Perdieron la vida por disparos de arma corta, botes de humo lanzados a corta distancia, puñaladas, paquetes-bomba… y, bajo el silencio cómplice de la propaganda oficial, no se les reconoció como víctimas del terrorismo hasta el 2005. Los muertos y los heridos están aquí y constituyen el auténtico precio de la transición democrática en España. Forman parte de la verdad, y como víctimas pueden morir por segunda vez con el olvido.

Hellín era uno de los dirigentes de aquella violencia organizada desde los cuerpos de seguridad y así quedó patente tras la detención de su comando, aunque durante la instrucción sumarial se echó tierra encima y se cerraron todas las vías de investigación que hubieran desvelado la verdad de las tramas negras. El crimen de Yolanda no fue obra de unos ultras violentos, sino el resultado de un grupo parapolicial dedicado a la guerra sucia, organizado y apoyado directamente desde instituciones del Estado.

Hoy, las preguntas de hace 33 años siguen en el aire y exigen una respuesta política que sea capaz de cerrar, de una vez, uno de los episodios más siniestros y dolorosos de la transición española.

Cumplimiento de las penas impuestas a ultraderechistas condenados en España por crímenes políticos

A continuación se relaciona el historial penitenciario de los principales ultraderechistas condenados a penas de prisión, por los principales delitos políticos de la transición. Son datos extraídos de los archivos centrales de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, del Ministerio de Justicia y de la Audiencia nacional. En el listado se reseñan la fecha de ingreso en prisión, de la obtención de la libertad condicional, la libertad definitiva y otras circunstancias. Junto al nombre del interno, se indica el caso por el que fue condenado. También se calcula el tiempo que cumplieron condena en prisión.

Listado aquí

+ Info:

¿Quién mató a Yolanda González? Jónatham F. Moriche

Balance de víctimas mortales del terrorismo y la violencia política de la extrema derecha durante la transición (1975-1982). Juan Manuel González Sáez. Historia Actual Online 2012, 27: 7-17.

GAL, policías, narcotráfico y ultraderecha. David Fernández, 10/09/09


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