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diumenge 23 de setembre de 2012 | Manuel
Presupuesto del Estado 2013: El gasto por intereses de la deuda superará al de personal en 2013

JESÚS SÉRVULO GONZÁLEZ

El próximo jueves el Gobierno aprobará, por segunda vez este año, unas cuentas anuales. Convocará un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2013. Un encaje de bolillos que tiene visos de ser el más complicado de los últimos tiempos: la economía seguirá en recesión, lo que afectará a la recaudación fiscal. Y para terminar de cerrar el círculo de lo imposible, además, se estrecha el límite de déficit permitido y suben los intereses de la deuda acumulada. ¿El resultado? La partida reservada para pagar esos intereses por la deuda será mayor que toda la partida destinada a pagar al personal de toda la Administración del Estado consolidado. Es la primera vez, al menos desde 1995, que ocurre.

El aumento de la deuda pública y el alto nivel en el que se sitúa la prima de riesgo impulsan los gastos por intereses, la partida que más crecerá el próximo año, 9.114 millones más que en 2012 (cuando fue ya de 28.913 millones de euros), casi un punto del PIB. En total, esta carga será de más de 38.000 millones de euros. Los gastos de personal consolidados (de la Administración Central, Seguridad Social y organismos autónomos) presupuestados para este año estuvieron ya por debajo de esa cifra, ya que fue de 33.151 millones de euros. Así pues, la previsión de gastos que realiza el Gobierno para pagar los intereses superará por primera vez a lo que dedica a pagar la nómina de los funcionarios y empleados públicos, al menos desde 1995, último año sobre el que aparecen registros de los Presupuestos Generales en la página del Ministerio de Hacienda. Los gastos financieros en 2013 serán el doble que los presupuestados en 2009 por la crisis e incluso superarán también por primera vez a lo que destina el Gobierno a pagar las prestaciones por desempleo.

El objetivo principal de las cuentas de 2013 pasa por cumplir con el sacrosanto objetivo de déficit comprometido con Bruselas. La Administración central y la Seguridad Social tienen fijado un tope conjunto de déficit del 3,8% del PIB, lo que supone que el año próximo la desviación entre gastos e ingresos presupuestarios no podrá ser mayor de 40.778 millones, unos 7.000 millones menos que en 2012. La tarea es complicada porque están previstos que los gastos públicos de la Administración central crezcan un 9,2% hasta los 126.792 millones, según el techo de gasto aprobado por el Gobierno a mediados de julio. La aportación del Estado a la Seguridad Social también aumentará en unos 4.300 millones, para asumir los complementos de mínimos de la Seguridad Social y hacer frente al mayor gasto en pensiones.

A todo eso se añade que la crisis sigue haciendo estragos y las perspectivas no son nada halagüeñas. Las últimas previsiones del FMI estiman que la economía española se contraerá un 1,2% el próximo año, lo que podría obligar al Gobierno a modificar el cuadro macroeconómico —las cifras de referencia para calcular el presupuesto— en el que contemplaba una caída del 0,5% del PIB.

Otra vuelca de tuerca a las cuentas

Si suben los gastos y los ingresos tienen un contrapeso a la baja, ¿cómo se podrán cuadrar las cuentas? El Gobierno ya ha adoptado numerosas subidas de impuestos y de ahorro cuyo efecto se prolongará hasta 2013, pero aún tiene que dar una vuelta de tuerca más a las cuentas públicas si quiere cumplir con la meta de déficit. Porque el año que viene, además del alza de los intereses, debe afrontar una subida del gasto en las pensiones y en las prestaciones por desempleo por el mal comportamiento que se espera en el mercado de trabajo. En total, el Gobierno deberá afrontar un ajuste adicional de cerca de 25.000 millones, según los expertos consultados.

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, señaló ayer que, pese a lo delicado de la situación, el rescate bancario que llegará de la Unión Europea, de hasta 100.000 millones, será solo para la banca. Si, como Guindos espera, solo se gastan 60.000 millones, el resto no irá a otros fines.

“El presupuesto de 2013 será más difícil porque cada vez hay menos margen, con unas condiciones de recesión y con menos instrumentos para actuar”, concede Miguel Ángel García, director del gabinete de estudios de CC OO. El Ejecutivo de Rajoy ha aplicado este año medidas que será difícil que use en 2013, como la supresión de la paga de Navidad de los funcionarios (aunque en caso extremo podría volver a eliminarla) o la amnistía fiscal. “Los grados de libertad en el ajuste del gasto son muy limitados, el Gobierno no tendrá más remedio que tocar las pensiones”, considera Luis Caramés, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Santiago. “En los presupuestos hay partidas con carácter dinámico como las pensiones, el desempleo y los gastos de personal, y en el resto de capítulos queda muy poco margen”, coincide García.

Aumentar la recaudación

Entre lo aprobado por el Gobierno en los sucesivos planes de ajuste e incluido en el plan bienal 2013-2014, hay un importante paquete de medidas fiscales. Como la subida del IVA, con la que se espera recaudar 7.834 millones más en 2013 que en el ejercicio actual, aunque la mitad irá a parar a las arcas de las comunidades por el sistema de financiación autonómica. La subida del IRPF sumará otros 1.925 millones, a compartir con las autonomías, por la supresión de la deducción por compra de vivienda a partir del año que viene y la revisión de otras deducciones. Las modificaciones en el impuesto de sociedades de este año supondrán un ingreso adicional en 2013 de 2.450 millones. Entre las novedades fiscales del próximo año está el nuevo impuesto sobre las plusvalías que anunció el presidente Mariano Rajoy a principios de mes. También se espera que se aprueben nuevos impuestos medioambientales, según admitió Rajoy.

A pesar de que ya no se podrá aplicar una nueva amnistía fiscal, uno de los ases que se guarda el Gobierno en la manga es el endurecimiento de las penas por fraude fiscal y laboral. Así se limitan las operaciones en efectivo y se excluyen del régimen de módulos determinadas actividades que pueden ser fraudulentas con el fin de reducir la economía sumergida e ingresar más.

Los expertos consultados consideran que apenas queda margen para más medidas fiscales aparte de estas. “Parece que el recorrido de incrementos de la presión fiscal está casi agotado”, opina Caramés, quien apuesta por eliminar deducciones y bonificaciones fiscales. José Ignacio Conde-Ruiz, subdirector de Fedea, señala: “En el corto plazo es imprescindible eliminar deducciones del IRPF. Por ejemplo, quitar definitivamente la deducción por vivienda a todos los ciudadanos serían 5.000 millones, quitar la deducción por los premios de loterías, 1.800 millones”.

Otro tajo a los trabajadores del sector público

El gasto de personal, el que recoge el coste de pagar las nóminas de los funcionarios, no ha dejado de disminuir durante la crisis. Es una de las partidas más relevantes del Presupuesto y el Ejecutivo está exprimiendo las posibilidades para ahorrar en este capítulo. En 2012, año en el que hay presupuestados 33.151 millones para personal, se suspenderá la paga extra de Navidad a los funcionarios. Además, ha eliminado los días de libre disposición del personal que trabaja para la Administración pública. Se han suprimido tanto los moscosos como los canosos (por la antigüedad). También ha recortado las condiciones económicas de la incapacidad temporal. Cuando un empleado público esté de baja, cobrará menos. La última novedad ha sido la

congelación de la oferta de empleo público, que supondrá un ahorro de 1.800 millones para el conjunto de las Administraciones. Y es más que probable que para 2013 se vuelva a congelar el sueldo a los funcionarios

El recorte de las prestaciones se nota en las arcas públicas

El decreto de recortes de julio reducía las prestaciones por desempleo a partir del sexto mes para los nuevos beneficiarios. Es decir, que en el nuevo año, quienes perdieran su empleo en julio y por tanto lleven medio año sin trabajo cobrarán menos: el 50% de su salario en lugar del 60% como ahora. No fue la única medida que el Gobierno tomó para rebajar el gasto en la protección para lo que en 2012 ya se presupuestaron 28.805 millones de euros. También endureció mucho las condiciones para acceder a subsidios asistenciales y eliminó bonificaciones a la contratación. Con todo el paquete, según los números de Hacienda, el ahorro total en 2013 será de 5.750 millones de euros. El objetivo principal del Gobierno es embridar la partida presupuestaria que más ha crecido con la crisis, una partida que, como se está demostrando este año (ya hace añicos las previsiones oficiales), sigue fuera de control.

Adiós a las ayudas fiscales para comprar casa

El año próximo se acabará la ventaja que supone la deducción en el IRPF por adquisición de la vivienda habitual. En un giro copernicano, el Gobierno decidió suprimir esta deducción después de que en enero la recuperara —el anterior Gobierno socialista la había eliminado en 2011—. Otra de las medidas que encarecerá la adquisición de inmuebles consiste en la subida del IVA de la vivienda desde el 4% actual (IVA superreducido) hasta el 10%. El anterior Ejecutivo socialista lo había rebajado para reactivar el sector inmobiliario. Hasta julio esta rebaja ha supuesto un coste de 710 millones de euros para las arcas públicas. También este año se acaba la exención del 50% de las plusvalías por la nueva compra de vivienda que aprobó el actual Gobierno en mayo. Supone que solo el que compre una casa hasta diciembre tendrá una bonificación del 50% en el impuesto de plusvalías si la vende.

Font: El País, 23/9/2012

+ Info:

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