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Anticapitalistes
  
dissabte 8 de setembre de 2012 | Manuel
La ocupación del lenguaje + Recortar derechos, dividir a las víctimas

Gonzalo Abril, Maria Jose Sanchez Leyva, Rafael R. Tranche / Albert Recio Andreu

La derecha no solo disfruta de un poder político y económico indiscutible sino que también busca la hegemonía cultural. Para hacerlo, procura desacreditar el progresismo valiéndose muchas veces de su discurso.


Actualmente la derecha acapara un inmenso poder político y económico. Pero además de imponer en toda su radicalidad el modelo neoliberal, trata de operar un cambio de mentalidades que lo normalice y con ello ejercer la hegemonía cultural mediante el control de las representaciones colectivas. Este proyecto se sustenta en una campaña sistemática de autolegitimación y descrédito de los argumentos progresistas, en coordinación con la derecha mediática mayoritaria, cuyas estrategias discursivas fundamentales son:

La creación y propagación de conceptos.

Propias o prestadas, las nuevas nociones trazan un mapa de la vida pública, sus actores y sus conflictos: competitividad, moderación salarial, dar confianza a los mercados, privilegios (para denominar derechos), copago. Se exponen como verdades incuestionables pero su sentido y alcance nunca se explicitan, pues parecen lograr mayor eficacia práctico-política cuanto menor es su precisión semántica. Por ejemplo, “libertad” asume un significado muy cercano a “seguridad”. El eslogan de la BESCAM (Brigadas Especiales de Seguridad) en Madrid lo ejemplifica: “Invertir en seguridad garantiza tu libertad”. Como en la “neolengua” de Orwell, las nuevas nociones son a menudo “negroblancos”, inversiones del significado común de los vocablos. El “Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos” es el programa de recortes del gobierno de Castilla-La Mancha. El “proceso de regularización de activos ocultos” de Montoro es una amnistía fiscal.

Klemperer narra que la población alemana no hizo suyo el lenguaje de los nazis a través de sus tediosas peroratas, sino por medio de expresiones repetidas de modo acrítico en los contextos de la vida cotidiana. Las palabras de los actuales líderes de la derecha no son menos letárgicas. Sus muletillas (“no se puede gastar lo que no se tiene”; la sanidad “gratuita” es insostenible; solo nosotros tenemos “sentido común”) contrarían cualquier prueba de verdad o validez normativa: el capitalismo financiero se basa en el crédito, o sea, en “gastar más de lo que se tiene”; la sanidad pública no es gratuita, sino financiada colectivamente; y es una inversión ideológica y un dislate suponer que cabe sentido común en el hecho de reclamarlo como propio y exclusivo, es decir, como no común. Pero por su simpleza, su fuerte arraigo en la doxa y su apariencia no ideológica, tales expresiones consiguen adhesión.

La usurpación de la terminología del oponente.

Nadie es dueño del lenguaje, pero las expresiones se adscriben legítimamente a tradiciones, relatos e identidades políticas determinadas. Al usurpar los términos de la izquierda, la derecha neutraliza y a la vez rentabiliza su sentido contestatario. Esperanza Aguirre afirma que las políticas de los sindicatos “son anticuadas, reaccionarias y antisociales”. Palabras como “cambio” o “reformas”, antes vinculadas a proyectos progresistas, disfrazan ahora contrarreformas. Rajoy dijo en la conmemoración oficial de la Constitución de 1812: “Los gaditanos nos enseñaron que en tiempo de crisis no solo hay que hacer reformas, sino que también hay que tener valentía para hacerlas”. Sustentándose en la reputación de espacios y tiempos institucionales, los actuales recortes se invisten del valor simbólico de reformas históricas.

Los actuales recortes se presentan subrayando su valor simbólico de reformas históricas

La estigmatización de determinados colectivos.

Médicos, enseñantes, funcionarios, estudiantes y trabajadores fijos son descalificados. Al disfrutar de supuestos “privilegios”, parecen co-responsables de la situación actual. Desprestigiándolos se puede activar un malestar social basado en el rencor, la envidia y el miedo, y socavar la reputación de lo público para justificar su liquidación. Se alude a los desempleados como beneficiarios de la reforma laboral, pero se les supone holgazanes que deben redimir su inutilidad con labores sociales. Un empresario farmacéutico, Grifols, propone como solución donar sangre: “En épocas de crisis, si pudiéramos tener centros de plasma podríamos pagar 60 euros por semana, que sumados al paro son una forma de vivir”. El parado se convierte así en un desecho cuyo cuerpo puede ser mercantilizado. El siguiente paso podría ser la venta de órganos o de los hijos a los que no se pueda mantener. Los primeros ajustes en la sanidad pública penalizan a un nuevo apestado, el enfermo, lo señalan como causante del déficit, y exigen que (re)pague por su debilidad. Si la estigmatización es el paso previo a la expulsión, como ya ocurre con los sin papeles, otros muchos colectivos podrán ser excluidos.

Un método de argumentación basado en la simpleza y la comprensión inmediata.

De nuevo, el “sentido común”, ritornello favorito de Rajoy, sustenta este procedimiento. Formas de razonamiento y esquemas mentales al alcance de todos hacen posible que las ideas y soluciones impuestas sean aceptadas como conclusiones propias, expresiones de un pragmatismo irrefutable y del interés colectivo. Se apela así a espacios imaginarios de consenso de los que el oponente no puede autoexcluirse: “No es una cuestión de izquierdas o de derechas, sino de sentido común”, afirma Alicia Sánchez-Camacho.

El eufemismo, la atenuación y la exageración, el defender premisas contradictorias, se han normalizado en el repertorio retórico derechista: Rajoy afirma que hará “cualquier cosa que sea necesaria, aunque no me guste y aunque haya dicho que no la iba a hacer”. La reducción de profesores interinos “no se puede plantear en términos de despidos —alega el ministro Wert—, sino de no renovación de contratos”. Beteta generaliza burdamente: los funcionarios “deben olvidarse de tomar el cafelito, deben olvidarse de leer el periódico”.

La construcción de marcos de sentido.

La acción del gobierno de Zapatero era tachada de improvisada, mendaz e insensata. Establecido ese marco, cualquier medida gubernamental corroboraba la imputación general y así se lograba una incontrovertibilidad que desconocen las fórmulas dialogantes. En el espacio público se tiene más poder cuando se controla el marco de lo decible y discutible. La derecha es magistral utilizando esta estrategia, pero tras una prolongada degeneración de la vida pública, de la que el PSOE es corresponsable, se ha consolidado una visión consensual indistinta de la lógica del sistema: no hay más que una realidad y ninguna opción para interpretarla.

El parado puede llegar a convertirse en un desecho cuyo cuerpo puede ser mercantilizado

Una táctica de “orquestación”.

La reiteración machacona de una consigna (y no de un argumento, como sugiere la equívoca noción de “argumentario”) a varias voces, en momentos y lugares distintos, es habitual: “los interinos han entrado a dedo”, “los sindicatos viven de las subvenciones”, “los profesores trabajan poco”, etcétera. “Lo que digo tres veces es verdad”, afirmaba el Bellman de Lewis Carroll. La derecha saca partido de esa “performatividad” que rige la economía de los enunciados públicos: cuando un comportamiento es reiteradamente reputado de normal, se tiende a normalizarlo; o a estigmatizarlo, si se le ha tildado repetidamente de anómalo.

La fijación de estos mecanismos gracias al poder amplificador de los media.

Los medios funcionan como laboratorios discursivos que difunden las nuevas expresiones y consignas, y los asesores preparan declaraciones inmediatamente traducibles a un titular. Inversamente proporcional al impacto de estos mensajes resulta la capacidad de contestarlos: los análisis críticos se disuelven en un aluvión de artículos, columnas y editoriales que logran una difusión e influencia mucho menor.

La moralización del discurso público.

La política contemporánea se desvía hacia un registro moral, explica Rancière. Pero el moralismo de la derecha desconoce las razones del otro: bueno o malo, normal o aberrante, son calificativos atribuidos de modo categórico y sin margen de discusión, apropiándose la universalidad de la noción en disputa, como señala Zizek. Las “personas normales, sensatas…, españoles de bien” a que apela Rajoy son indudablemente de derechas. Cuando encubre su integrismo moral la derecha incurre en la paradoja política: Ruiz Gallardón pretende asumir la defensa de los derechos de las mujeres y la lucha contra la “violencia estructural” que padecen con una contrarreforma de la ley de aborto limitadora de derechos y que refuerza la violencia legal.

Muchos ciudadanos nos sentimos justamente indignados por lo “descarado” de estos procedimientos. Y quizá sea en esa desfachatez, pérdida del rostro, donde podría cifrarse tanto su fragilidad como la inquietante capacidad de contagio de sus postulados.

Gonzalo Abril (UCM), Mª José Sánchez Leyva (URJC) y Rafael R. Tranche (UCM)

Font: El País 1/9/2012


Recortar derechos, dividir a las víctimas

Albert Recio Andreu

No hace falta ser un especialista muy sofisticado en políticas sociales para percibir que los planes de ajuste representan recortes brutales a los derechos sociales y generan más pobreza y desigualdades. Dada la profundidad de los ajustes en marcha, los afectados son millones de personas. Y por ello podría esperarse una amplia respuesta social de las víctimas. El que ésta no se produzca, el que los ajustes tengan poco coste político para quien los decide, es una de las grandes preguntas que deberíamos saber contestar.

Sin entrar en un análisis más global, vale la pena subrayar que una parte de esta respuesta limitada tiene que ver con el propio diseño de muchas de las políticas de ajuste. Éstas se presentan siempre como medidas de racionalización orientadas no tanto a eliminar derechos básicos como a actuar contra despilfarros innecesarios y abusos insoportables. Una forma de presentar los ajustes que hemos podido ver en las diversas medidas que se han ido tomando. Así, las reformas de derechos laborales se intentan justificar con el excesivo poder que tienen los trabajadores fijos frente a los temporales (lo que se supone que se traduce en aumentos salariales insensatos, reticencias a la adaptación laboral...). Los recortes a las prestaciones de desempleo se plantean como una respuesta a la actitud laxa en materia de búsqueda de empleo por parte de un sector de parados rentistas. Los recortes en la sanidad se plantean como respuesta al excesivo consumo farmacéutico o a la presencia de un insoportable turismo sanitario... Los recortes llevan siempre asociadas medidas de discriminación de beneficiarios (atendiendo pretendidamente a “circunstancias objetivas”) cuyo control aumenta a menudo la complejidad administrativa de la gestión.

Y es que estas políticas están diseñadas con un doble objetivo: el de recortar derechos y gastos y el de dividir a la población en cuanto a la aceptabilidad de las mismas. Ninguna política social universal es ajena a la posibilidad de que haya personas que abusen o se aprovechen. Y siempre es posible detectar fallos en su aplicación. Pero el coste social de eliminar estos abusos puede ser a menudo mayor que el de permitirlos. En muchos casos, la denuncia de estos abusos sólo forma parte de la estrategia de distracción empleada para camuflar el verdadero carácter antisocial de estas medidas.

Las medidas de racionalización tratan de convertir los conflictos sociales generales, de clase, en conflictos interpersonales o intergrupales: entre trabajadores fijos y temporales, personas mayores y jóvenes, nativos e inmigrantes, usuarios responsables y despilfarradores, etc. Puede pensarse que se trata de una estrategia grosera (del estilo de la empleada por la ministra de Empleo al relacionar a los jóvenes perceptores del subsidio de 400 euros con familias de altos ingresos), pero en muchos casos resulta mucho más sofisticada y alcanza gran parte de sus objetivos de trasladar el conflicto, empantanarlo y obtener la aceptación de suficiente base social.

De hecho se trata de la aplicación de algo que en la fase de capitalismo neoliberal ha sido fundamental para erosionar tanto los servicios públicos como la solidaridad de clase. Las políticas de recortes selectivos forman parte de una estrategia más amplia de fragmentación social que se ha jugado tanto en el terreno de las políticas públicas como en el de la gestión laboral de las empresas. En ambos espacios se han ido generando múltiples mecanismos de evaluación, selección, diferenciación, que tienen el efecto de individualizar, fragmentar, promover la rivalidad entre personas. No se trata sólo de la existencia de filtros y mecanismos de diferenciación, sino de todo un aparato “cultural” puesto al servicio de esta diferenciación. Gran parte de la ideología que subyace en conceptos como “capital humano”, “carrera profesional”, o “mérito individual” tienen que ver con esta política de la diferenciación, sobre todo en el plano laboral. Quizás hasta ahora ha sido menos sofisticada su versión en las políticas públicas, aunque en todas ellas está presente la construcción cultural de los buenos y malos merecedores de servicios, de los nacionales y los extranjeros, de los contribuyentes y los parásitos. Ahora estamos asistiendo a un reforzamiento de estos discursos prácticas como un componente esencial de las políticas de recortes.

Invertir estas prácticas exige no sólo denunciar sus efectos perversos, su peligrosidad social. Exige también construir otro marco de referencia cultural capaz de combatir las estrategias de la división y la fragmentación que son consustanciales a la hegemonía social de las políticas neoliberales.

2/9/2012


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