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Anticapitalistes
  
dimecres 5 de setembre de 2012 | Manuel
El consejo de ministros dio en julio luz verde al anteproyecto de la nueva ley de costas, que modifica la de 1988: Tragedia de los comunes en la costa

Fernando Prieto

El anteproyecto de la Ley de Protección y Uso Sostenible aumenta la privatización de la costa, crea inseguridad jurídica y no tiene en cuenta criterios científicos.


Arbitrariedad. Privatización. Inseguridad. Enormes impactos ambientales. Pérdida de calidad paisajística y de turismo. Estos pueden ser algunos de los titulares para ilustrar el anteproyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral, llamada también Ley de Costas. Una vez más un título con la palabra sostenible para justificar todo lo contrario.

Aunque el Anteproyecto obliga y este aspecto es positivo, a incorporar en el Registro de la propiedad todos los deslindes, las consecuencias de esta política serán mayor urbanización, mayor gasto público en protección y menores recursos comunes para el 99%. Es obligatorio señalar que la costa es, por definición, dinámica, en unos sitios crece y en otros se erosiona. Por ello sería obligatoria una nueva clasificación para estas propiedades, que literalmente pueden quedar en mitad del mar a pesar de ser muy legales.

El litoral mediterráneo, parte del atlántico y del cantábrico han sufrido un proceso “acelerado” e “intenso” de urbanización del suelo en los primeros kilómetros de costa. Entre 1987 y 2005 se urbanizó a una media de más de dos hectáreas cada día en los primeros 500 metros, lo que supone que en menos de una generación casi la mitad del litoral mediterráneo –un 43%– se ha convertido en artificial. El sector inmobiliario y constructor tendrá otra pequeña burbuja, esta vez todavía mas cerca del agua, sobre este recurso “muy atractivo, escaso [la franja de 500 metros es tan solo el 0,5% del territorio] y no renovable”. Desaparecerán bajo el cemento playas, salinas, marismas, zonas húmedas. El turismo disminuirá, en busca de otros destinos mejor conservados y con mayor calidad paisajística, como ya está sucediendo.

Disparates y agravios

Por otra parte, la falta de criterios científicos, que permite construir hasta los 20 metros, con la destrucción consiguiente de ecosistemas y zonas naturales existentes, unida a la no consideración del cambio climático, determinará que parte de estas construcciones se vean afectadas por tormentas y temporales y se deberán (¿o no?) proteger por el Estado, aportando éste, año tras año, o temporal tras temporal, recursos cuantiosos para proteger inversiones y propiedades privadas. Además se generará una mayor conflictividad entre diversos municipios: en unos hay amnistía o se permiten chiringuitos y en otros no; en unas playas se autoriza construir hasta 20 metros y en otras no. Así como se abre un agravio entre propietarios según sean nuevos deslindes o antiguos. Es previsible que los no “beneficiados” reclamen, como es lógico, las nuevas condiciones y se genere, esta vez sí, una mayor inseguridad jurídica que la que se pretendía resolver. Aparte, es probable que existan preceptos directamente inconstitucionales. La ley de 1988 se aprobó por unanimidad y ha sido aplicada por los dos partidos, si bien con distinto entusiasmo y, aunque ha sido insuficiente para la protección del litoral, es mucho mejor que cargársela, como propone este Anteproyecto. El futuro va en la línea del Protocolo del Mediterráneo de gestión integrada de zonas costeras, firmado y obligatorio para España desde marzo de 2011, cuyas directrices están siendo adoptadas por sociedades más avanzadas y que propone líneas de conservación del litoral, integración de políticas de aguas y mar, enfoque ecosistémico, etc, es decir criterios de conservación más rigurosos sobre este espacio estratégico.

Sin embargo, éste es un anteproyecto que privatiza bienes comunes, que posibilita destruir zonas naturales de gran valor ecológico, que va en contra del sentido común y de la opinión del 99% de la población y que, paradójicamente, genera inseguridad jurídica. Sería lógico y deseable que hubiera consenso entre los partidos y el grueso de la sociedad civil buscando los intereses generales del conjunto de los ciudadanos. Una ley que determinará los usos del litoral en los próximos decenios y que debería tener la sostenibilidad como uno de sus ejes y no solo en el enunciado.

10 municipios con 11 núcleos se amnistían

Dentro de ellos se incluye la isla de Formentera donde “se hará un deslinde más laxo” es decir, se permitirá edificar más cerca del mar. No se encuentra justificación para incluir estos municipios y esta isla, y no otros. Es decir, que la Ley incluye criterios arbitrarios. Se abre la posibilidad de que el resto de núcleos costeros solicite también esta amnistía.

135 años para derribar los edificios ilegales

La suma de los 30+30 años permitidos hasta ahora, en los que se tenían que derribar las edificaciones en el dominio público marítimo terrestre y los 75 años añadidos por este anteproyecto serán difícil de explicar a los municipios que han cumplido con sentencias firmes del Tribunal Constitucional. Estas casas se podrán arreglar, comprar y vender. Es decir, se permite que los edificios permanezcan durante seis generaciones. Ninguno de nosotros veremos una mejoría en el litoral establecida por este gobierno ¡hasta 2123!.

20 metros de protección frente a los cien actuales

20 metros es la distancia en que se autoriza a edificar en rías y en determinadas playas urbanas, reduciendo la servidumbre de protección desde los cien metros “en atención a características topográficas o hidrográficas”. Se consiente que las industrias (“extractiva, energética, química, petroquímica, textil y papelera”) situadas en dominio público puedan prorrogar la concesión con un informe. Privatiza marinas artificiales como Ampuria Brava y permite a los chiringuitos mayores espacios y periodos de permanencia en la playa. Las salinas y demás zonas que se inundan también entrarán en el “libre” mercado.

Fernando Prieto es Doctor en Ecología

Font: Diagonal, 4 DE SEPTIEMBRE DE 2012. NÚMERO 180


EL AYUNTAMIENTO DE TORREVELLA AUTORIZA UNA MACROURBANIZACIÓN

A Torrevieja se le va La Hoya

Junto al Parque Natural de Las Lagunas, el área de La Hoya había sobrevivido hasta ahora a la fiebre inmobiliaria de este municipio de la costa alicantina.

TER GARCÍA (REDACCIÓN), Diagonal, 4 DE SEPTIEMBRE DE 2012. NÚMERO 180

Después de doce años de trámites, la Consellería de Territorio valenciana ha dado el visto bueno al proyecto de macrourbanización en La Hoya, una de las pocas áreas que aún quedan sin urbanizar en el municipio de Torrevieja (Alicante) y colindante con el Parque Natural de las Lagunas, uno de los humedales más importantes del Mediterráneo. El proyecto, que tiene un presupuesto de 30 millones de euros, supone la construcción de casi 7.500 viviendas sobre una superficie de 1,8 millones de metros cuadrados que estarían separadas del parque natural por una valla cinegética.

Esta zona era un escollo para el tipo de política urbanística que se hace aquí; sobre este parque siempre se han planeado proyectos, pero ahora estamos de nuevo en un momento de todo vale”, afirma Pilar Marcos, responsable de Costas en Greenpeace España. El Parque de Las Lagunas lleva años sufriendo la presión urbanística. Ya en 2008, los ayuntamientos de Torrevieja y Guardamar convirtieron en suelo urbanizable un total de 360.000 metros cuadrados en el perímetro de protección del parque, tal y como denunció Greenpeace en su informe de 2009 Destrucción a toda Costa.

El proyecto de la macrourbanización de La Hoya comenzó a dar sus primeros pasos hace doce años, impulsado por el propietario del terreno, Antonio Soria Solano, y la promotora de la que es consejero delegado Torrevisa- Masa Internacional, una de las más importantes de la zona y pionera en la búsqueda de compradores de viviendas en el extranjero, hasta que quebró en 2009 dejando una deuda de 102 millones de euros a causa del parón del ladrillo y de una gran operación fallida en Brasil. Desde entonces, el proyecto para edificar en ese terreno ha ido yendo y viniendo, hasta que el Consell dio su visto bueno en junio, un año después de la inauguración del Auditorio-Conservatorio Internacional de Torrevieja, una infraestructura promovida por la Generalitat a través de su sociedad Proyectos Temáticos, responsable también de otras grandes, y muy poco rentables, obras como el aeropuerto de Castellón, la Ciudad de la Luz o Terra Mítica.

El Auditorio, que se ha construido sobre un terreno cedido por el Ayuntamiento en la misma zona donde está prevista la macrourbanización de La Hoya y cuyo anterior propietario es también Antonio Soria, costó más de 30 millones de euros a la Generalitat. La Fiscalía está ahora investigando que el Ayuntamiento de Torrevieja perdonara a la sociedad promotora del Auditorio el millón de euros que le correspondía pagar de impuestos sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Por su parte, Torrevisa, la promotora de la urbanización de La Hoya ha anunciado justo después de la aprobación de este proyecto el pago del 50% de la deuda a sus acreedores y su continuidad en la industria urbanística.

Construcción a toda costa

Torrevieja no necesita más casas, sino un ferrocarril y que se convierta en una ciudad sostenible. Aquí no hay espacios verdes, dónde se supone que tendría que haber un parque hay sólo un solar totalmente dejado de la mano de dios”, afirman desde la plataforma Salvemos las Lagunas de La Mata y Torrevieja.

La nueva macrourbanización será un nuevo paso de una vorágine urbanística que comenzó en los ‘80, transformando el pequeño pueblo de pescadores que por entonces era Torrevieja en una zona turística de segunda vivienda que es ya el quinto municipio con más población de la Comunidad Valenciana, con más de 102.000 habitantes de los que más de la mitad son extranjeros que llegan a Torrevieja para disfrutar de su jubilación al sol. Un crecimiento acelerado que fue acompañado de problemas de todo tipo: insuficientes infraestructuras para una población que en periodo estival se multiplica, deterioro medioambiental, aumento de la criminalidad hasta llegar a ser, en los ‘90, el municipio de España con mayor índice de homicidios y una localidad en la que se asientan más de 40 organizaciones criminales de todo el mundo.

Hoy, sin embargo, al pasear por sus calles se ven cada vez más carteles de venta de pisos de segundamano y se cuentan pormiles las viviendas de obra nueva que han quedado sin vender, a pesar de que los precios han bajado hasta un 40% en los últimos años, como reducto de una industria de la construcción que en Alicante ha sido durante décadas prácticamente el único motor de la economía.

SÓLO UN KILÓMETRO SIN URBANIZAR EN LA COSTA

Ecologistas en Acción ha señalado la presión y los problemas de vertidos que sufre el parque de las Lagunas de La Mata y Torrevieja en su informe Banderas Negras 2012, Poca Vergüenza, en el que también destaca la vorágine urbanística que ha sufrido toda la zona. Desde Torrevieja hasta Pilar de la Horadada, separadas por 20 kilómetros, sólo ha quedado un kilómetro de costa sin urbanizar: la Cala de la Mosca, que también está amenazada de ser presa del ladrillo desde que en 2006 el Ayuntamiento de Orihuela aprobara un proyecto para construir en la zona 1.700 viviendas que ahora está a la espera del informe de impacto ambiental.


Las juntas vecinales de los pueblos cepedanos, como los de otros puntos de España, pueden perder los terrenos y propiedades comunales

Las juntas vecinales de los pueblos cepedanos, como los de otros puntos de España, perderán las propiedades y comunales en virtud del texto de un anteproyecto de ley aprobado por el gobierno de Mariano Rajoy el 13 de julio pasado.

Montes comunales, antiguas escuelas, derechos de caza, maderas… todo lo que ha sido propiedad comunal dejará de serlo en virtud de un texto que desmantela las juntas vecinales.

Todo eso pasará a ser administrado por otros, probablemente La Junta o la propia Diputación, con lo que no se puede descartar la posibilidad de que se acabe entregando a empresas o particulares para su explotación, mediante algún tipo de acuerdos o convenios…. En definitiva, una desamortización de los núcleos rurales para la administración de los bienes por políticos, empresarios o burócratas.

De esta forma, un inmenso pedazo de España va a ser arrancado a sus propietarios, sin justificación, a la vez que se anulan instituciones con más de 2.000 años de funcionamiento, en lo que se perfila como el mayor robo del siglo XXI.

Y ese asalto a lo ajeno se ha producido casi sin escándalo público porque se lleva a cabo en los núcleos rurales, envejecidos y silentes, y a través de una legalidad con la que se quiere aparentar mayor racionalidad. Robo y esquilmación de la historia.

Los núcleos rurales del norte de España han empezado a tomar conciencia del asalto gubernamental y están empezando a realizar asambleas para informar del anteproyecto por la cual se quieren eliminar las competencias de las Juntas Vecinales.

Desde tiempos romanos pervive en estos lugares del norte una institución, el Consilium, traducida en nuestro tiempo al Concejo, que es la asamblea que se reúne periódicamente para regir los asuntos importantes del lugar. Allí se aprueban las cortas de los bosques, los derechos de pastos, de cultivo y de caza, la administración de las propiedades del lugar… es un Parlamento del pueblo, en el que cada habitante tiene un voto.

Gobierna la Junta vecinal un presidente, también elegido periódicamente por votación popular. Y esta Junta se encarga de multitud de aspectos de atención a los recursos y necesidades del vecindario. Y cuando hace falta dinero para arreglar algo o para ayudar a alguien… se establecen cuotas que todos suscriben.

Todo tiene una base de administración democrática de dos mil años, y que ha servido para defender los derechos de cada uno de los vecinos.

…Y ahora vamos a otro capítulo importante. Todos los recursos comunales pertenecen a todos y se administran por todos. Los campos se distribuyen equitativamente entre quienes quieren trabajarlos, igual que las maderas o los derechos de pasto… y se exponen anualmente todos los detalles de la explotación.

Coexiste así en el campo una explotación privada, de origen latino, con unas exploraciones públicas, de marcada influencia germánica (invasiones bárbaras) lo que da a los pueblo un elevado equilibrio social. Un campesino puede que no tenga muchos terrenos privados, pero de lo público le corresponde una parte igual que a cualquier otro. De hecho, las partes se distribuyen por una comisión, se numeran y se entregan por sorteo.

Pues este sistema milenario, democrático e igualitario de reparto de bienes se acaba por una normativa que ha propuesto el Gobierno Español este mes de julio y que –dada la mayoría existente del Partido Popular- puede ser aprobada sin modificación alguna.

A los ya menguantes lugares del campo español, les quitarán ahora las casas comunales (antiguas escuelas, sede del concejo, etc.) les quitan los campos comunales, los pastos, los derechos de caza, los bosques…. Robar al pobre para engrosar los bolsillos del rico o del burócrata.

Entre los más indignados se comenta que no es extraño que de proseguir este asalto, proliferen aún más los incendios. Mucha gente opina que hay que calcinar las tierras antes que entregarlas a los ladrones disfrazados de burócratas.

Conocedores del gravísimo problema, ante este asalto a las haciendas y a la historia desde guiarte.com/La Cepeda proponemos:

- Difundir el robo.

- Protestar en defensa de los derechos económicos e históricos de estos lugares

- Anunciar que no se volverá a votar jamás a los autores de esta brutal expoliación económica e histórica

- Apoyar las movilizaciones para defensa de estos vestigios democráticos con más de 2000 años de vigencia.

- Promover y difundir allá donde estemos, este vestigios histórico que quieren borrar.

- Promover ante la UNESCO, el reconocimiento como Patrimonio Mundial del este sistema económico antes de que el Estado lo arrase.


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