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Anticapitalistes
  
dijous 5 de gener de 2012 | Manuel
Auditoría ciudadana de la deuda: ¿por qué y cómo?

Damien Millet y Eric Toussaint

Indudablemente, la cuestión del pago de la deuda pública constituye un tabú. Los jefes de Estado y de gobierno, el Banco Central Europeo (BCE), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión Europea y la prensa dominante lo presentan como inevitable, indiscutible y obligatorio. Los ciudadanos y las ciudadanas se deberían resignar a pagar la deuda pública. La única discusión posible sería sobre la forma de modular el reparto de los sacrificios necesarios para liberar los medios presupuestarios suficientes, con el fin de cumplir con los compromisos del país endeudado. Los gobiernos que pidieron los préstamos fueron elegidos democráticamente, por lo tanto sus actos son legítimos. Se debe pagar.

La auditoría ciudadana es un instrumento para eliminar este tabú. Permite que una proporción creciente de población comprenda todas las circunstancias e implicaciones del proceso de endeudamiento de su país. Una auditoría ciudadana consiste en analizar de manera crítica la política de endeudamiento llevada a cabo por las autoridades de un país.

Las preguntas que es necesario plantear

¿Por qué el Estado fue empujado a contraer una deuda que no deja de crecer?

¿Al servicio de qué opciones políticas y de qué intereses sociales ha sido contraída la deuda?

¿Quién se aprovecha de ella?

¿Era posible hacer otras opciones o era necesario?

¿Quiénes son los prestamistas?

¿Quiénes son los tenedores de la deuda?

¿Los prestamistas ponen condiciones para la concesión de los préstamos? ¿Cuáles?

¿Cuál es la ganancia de los prestamistas?

¿Por qué el Estado se vio comprometido, cuál fue su decisión, y bajo que concepto fue tomada?

¿Cuál es el monto de los intereses pagados, con qué tipo de interés, qué parte del principal ha sido ya reembolsada?

¿Mediante qué mecanismo las deudas privadas se convirtieron en «públicas»?

¿Bajo qué condiciones se hizo un determinado rescate bancario? ¿Cuál fue el coste? ¿Quién tomó la decisión?

¿Debemos indemnizar a los accionistas que son responsables del desastre, con administradores que ellos mismos habían designado?

¿Cuál es la parte del presupuesto del Estado que está destinado al reembolso del capital y de los intereses de la deuda?

¿Cómo financia el Estado el pago de la deuda?

No es necesario entrar en secretos de Estado para encontrar las respuestas

Para responder a todas estas preguntas —y la lista no es exhaustiva— no hay ninguna necesidad de revelar secretos de Estado, de acceder a documentos no públicos del Banco Central, del Ministerio de Economía, del FMI, del BCE, de la Comisión Europea, de las cámaras de compensación como Clearstream o Euroclear, |1| o de contar con las confidencias de una persona que trabaja en el seno de uno de estos organismos. Por supuesto, habrá numerosos documentos protegidos celosamente por los gobiernos y los banqueros, que deberán ser puestos a la disposición del público y que serán muy útiles para afinar el análisis. Por lo tanto hay que exigir el acceso a la documentación necesaria para una auditoría completa. Sin embargo, es perfectamente posible proceder a un examen riguroso del endeudamiento público a partir de información de dominio público.

Numerosas fuentes son accesibles para quien desee tomarse el trabajo: prensa, informes del Tribunal de Cuentas, las sitios Internet de las instituciones parlamentarias, del banco nacional, de la agencia encargada de la gestión de la deuda, de la OCDE, del Banco de Pagos Internacionales (BPI), del BCE, de los bancos privados, de las organizaciones o colectivos que ya se hubieran lanzado al estudio crítico del endeudamiento (www.cadtm.org, www.attac.org, www.quiendebeaquien.org, ...) los archivos de colectividades locales, los informes de las agencias de calificación e incluso las memorias de tesistas. No se debe dudar en pedir a los parlamentarios que planteen preguntas públicas al gobierno o a mandatarios locales de hacerlo ante las colectividades locales.

La auditoría no es una cuestión de expertos

El proceso de una auditoría no es un proceso reservado a expertos. Por supuesto que son bienvenidos y que pueden aportar mucho al trabajo colectivo de una auditoría ciudadana. Pero un colectivo puede comenzar el trabajo sin tener necesariamente garantizada esa participación. Si se empiezan las investigaciones y se provoca un debate público, durante el proceso los colectivos se entusiasmarán y conseguirán diferentes asesoramientos. Cada uno y cada una pueden tomar parte y ponerse a trabajar para sacar a la luz del día el proceso de endeudamiento público. En 2011, un colectivo nacional se ha puesto en marcha en Francia por una auditoría ciudadana de la deuda (www.audit-citoyen.org). Reúne numerosos movimientos sociales y políticos, y el llamamiento a su constitución fue firmado por decenas de miles de personas. En el marco de esta iniciativa, se han organizado colectivos locales en muchos lugares de Francia. Por otro lado, se puede partir de realidades locales con el objetivo de participar en la auditoría de las deudas públicas. Se puede comenzar analizando los préstamos estructurados vendidos a las colectividades locales en Francia y Bélgica por Dexia u otros bancos. A este propósito, un trabajo ya fue realizado: la asociación «Acteurs publics contre les emprunts toxiques» o sea «Actores públicos contra préstamos tóxicos» reúne una decena de colectividades locales. Se puede también comenzar por estudiar las dificultades financieras encontradas en los hospitales públicos presentes en vuestro territorio. Se están desarrollando, al mismo tiempo que en Francia, iniciativas por auditorías ciudadanas en Grecia, en Irlanda, en España, en Portugal, en Italia y en Bélgica.

Otros ámbitos en materia de deudas privadas también pueden abordarse. En países como España o Irlanda en los que el estallido de la burbuja inmobiliaria hundió a centenares de miles de familias en la ruina, sería útil investigar las deudas hipotecarias de las familias. Las víctimas de los manejos de los prestamistas pueden aportar sus testimonios y ayudar a comprender el proceso ilegítimo de endeudamiento que las afecta.

Un campo de acción muy rico

El campo de acción de una auditoría de la deuda pública es enormemente prometedor y no tiene nada que ver con su caricatura, que lo reduce a una simple verificación de cifras realizadas por contables rutinarios. Más allá de ese control financiero, la auditoría tiene un papel eminentemente político ligado a dos necesidades fundamentales de la sociedad: la transparencia y el control democrático del Estado y de sus gobernantes por los ciudadanos.

Se trata de necesidades que se refieren a los derechos democráticos totalmente elementales, reconocidos en el derecho internacional, el derecho interno y la Constitución, aunque sean violados continuamente. El derecho de control que tienen los ciudadanos sobre aquellos que los gobiernan, de informarse de todo lo que concierne a su gestión, sus objetivos y sus motivaciones es intrínseco a la propia democracia. Esto emana del derecho fundamental de los ciudadanos a ejercer su control sobre el poder y de participar activamente en los asuntos públicos y por lo tanto comunes.

El hecho de que los gobernantes se opongan a la idea de que los ciudadanos y ciudadanas osen realizar una auditoría ciudadana es revelador de una democracia muy enferma. Que por otra parte no para de bombardearnos mediáticamente con su retórica sobre la transparencia. Esta necesidad permanente de transparencia en los asuntos públicos se transforma en necesidad social y política totalmente vital, y por esta razón, la verdadera transparencia es la peor pesadilla para las elites.

Una auditoría ciudadana para el repudio de la deuda ilegítima

La realización de una auditoría ciudadana de la deuda pública, combinada, gracias a una importante movilización popular, con una suspensión del reembolso de la deuda pública, debe llevar a la anulación/repudio de la parte ilegítima de la deuda pública y a una reducción drástica del resto de esa deuda.

No es cuestión de apoyar los alivios de deuda decididos por los acreedores, especialmente a causa de las severas contrapartidas que implican. La anulación de la deuda, que desde ese momento es un repudio por el país deudor, es un potente acto soberano unilateral.

¿Por qué el estado endeudado debe reducir radicalmente su deuda pública al proceder a la anulación de las deudas ilegítimas? En primer lugar por razones de justicia social, pero también por razones económicas que cualquiera puede comprender y apropiárselas. Para salir de la crisis de forma satisfactoria, no podemos contentarnos de reactivar la economía gracias a la demanda pública y a la de las familias. Puesto que si nos contentamos con una política económica de reactivación combinada a una reforma fiscal redistributiva, el suplemento de la recaudación fiscal será absorbido en gran parte por el pago de la deuda pública. Las contribuciones que se impondrán a las familias más ricas y a las grandes empresas privadas (nacionales o extranjeras) estarán ampliamente compensadas por la renta que obtendrán de las obligaciones del Estado, ya que por lejos son los principales tenedores y beneficiarios (razón por la cual no quieren ni oír hablar de una anulación de la deuda). Por lo tanto es necesario anular una gran parte de la deuda pública. La amplitud de esta anulación dependerá del nivel de conciencia de la población víctima del sistema deuda (en este nivel, la auditoría ciudadana cumple una función crucial), de la evolución de la crisis económica y política y sobre todo de las relaciones de fuerza concretas que se construyen en la calle, en las plazas y en los lugares de trabajo mediante las actuales movilizaciones y las que estén por venir.

La reducción radical de la deuda pública es una condición necesaria pero no suficiente para que los países de la Unión Europea puedan salir de la crisis. Se necesitan medidas complementarias: reforma fiscal redistributiva, transferencia del sector de las finanzas al ámbito público, resocialización de otros sectores claves de la economía, reducción del tiempo de trabajo con el mantenimiento del salario y contratación compensatoria, y tantas otras medidas |2| que permitirían cambiar radicalmente la situación actual que llevó al mundo a un explosivo callejón sin salida.

Traducido por Griselda Pinero.

Notes:

1. Clearstream y Euroclear están entre las principales cámaras de compensación (clearing houses) y poseen el registro de una gran parte de los títulos de deuda pública en poder de los bancos. Una cámara de compensación es un organismo que calcula las sumas netas a pagar y que ejecuta los pagos. La compensación es un mecanismo que permite a las instituciones financieras pagar los montos adeudados y recibir los activos correspondientes a las transacciones que ellas efectuaron en los mercados. De esa manera, las instituciones financieras sólo tienen flujos financieros y de títulos con las cámaras de compensación.

2. Véase Ocho propuestas urgentes para otra Europa. Eric Toussaint

Damien Millet es portavoz del CADTM Francia;

Éric Toussaint es doctor en ciencias políticas, presidente del CADTM Bélgica, miembro de la Comisión de la auditoría integral de la deuda (CAIC) del Ecuador y del Consejo Científico de ATTAC Francia.

Ambos dirigieron el libro colectivo La Deuda o la Vida, Icaria editorial, Barcelona 2011, que recibió el Premio del libro político en la Feria del libro político de Lieja en 2011. Eric Toussaint participó también en el libro de ATTAC: Le piège de la dette publique. Comment s’en sortir, éditions Les liens qui libèrent, París, 2011.

Font: www.cadtm.org/Auditoria-ciudadana-de-la-deuda,7426


Can Europe escape the debt trap? Yes – and here’s how

Today activists in Ireland are following Greece’s example by launching a public audit of the country’s debt to establish its legitimacy

Costas Lapavitsas and Andy Storey, guardian.co.uk, 4 May 2011

Financial markets have successfully demanded the imposition of severe austerity on the periphery of the eurozone – Greece, Ireland and Portugal – to deal with public debt. The markets have also raised concerns about it in the United States, Britain and Japan, clamouring for austerity. Public debt seems to operate like a mask behind which lies a shadowy world of creditors to whose upkeep entire economies are mortgaged.

Can that mask be lifted? It has been in other countries, through the mechanism of a debt audit. Initiatives like this have happened in Brazil, Ecuador and elsewhere in order to untangle the web of secrecy around the debt and work out who lent what to whom, when and for what purpose. Typically, there is an expectation that some, at least, of the debt, will be found to be "illegitimate", and can therefore be repudiated.

Ecuador provides a striking example. In 2007 President Correa established a debt audit commission, which reported in 2008 that a portion of the country’s debt was indeed illegitimate and had done "incalculable damage" to Ecuador’s people and environment. The price of illegitimate debt subsequently collapsed in the open markets, and Ecuador got rid of it easily.

Despite predictions of economic disaster the country registered 3.7% economic growth in 2010, and the forecast is for growth in excess of 5% in 2011. The salience of the Ecuadorian example for current debates in Europe is obvious.

This is why a campaign for a Greek audit commission was launched in March with the support of civil organisations, trade unions and political parties. One of its greatest successes has been the documentary Debtocracy, which has been watched by a million people. In a country that feels humiliated and dejected, the campaign has offered a modicum of hope. Such has been its popular appeal that, in a singularly ill-judged remark, a minister denounced it for equating Greece with "Latin American banana republics".

In an example of European solidarity several bodies, including Action from Ireland, the Irish Debt and Development Coalition and the trade union Unite, are, on 4 May, launching a debt audit in Ireland. Academics with expertise in economics, finance, law and related disciplines are being commissioned to trawl through the public accounts to tackle several questions. To whom is the bank debt owed? When was it contracted? Specifically, was it before or after the government’s September 2008 bank guarantee was issued? When is the debt due for repayment? How much has already been repaid, and to whom?

Meanwhile the Greek campaign is taking steps to start its own investigations. What is the legal status of debt contracted with the helpful services of Goldman Sachs that presented public borrowing as a derivative transaction? How legal is debt to finance further arms procurement in one of the most militarised countries in the world? Above all, how legitimate is the extraordinary loan of €110bn by the European Union and the International Monetary Fund that it is claimed is needed to "bail out" the country – at the price of ferocious public spending austerity? The loan did not follow the normal procedure for contracting public debt, including approval by Greece’s parliament.

These preliminary investigations will establish facts to further the demand for a full democratic audit and a sovereign response to debt. What is ultimately necessary is full access to debt data, the power to examine witnesses, and even the ability to examine bank accounts. On this basis properly constituted audit commissions could make credible recommendations on debt that is illegitimate or simply unsustainable. The sovereign state could then take appropriate action, including repudiation of debt and cessation of payments.

The campaigns for debt audits will also have an important educational function to perform across Europe. People in core countries, including Germany, seem not to have yet grasped that the loans provided by the EU and the IMF are not bailing out feckless Mediterraneans and Celts. In fact they are bailing out banks that engaged in profitable and irresponsible lending throughout the 2000s. And that will be a theme of a gathering of activists in Athens on 6-8 May. Participants from across the world will trade ideas on how to tackle European public debt. After more than three years of crisis, grassroots movements are at last emerging to oppose the grip of debt, austerity and neoliberalism across Europe.

+ Info:

Per què no una auditoria ciutadana de tots els deutes? Daniel Albarracín


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