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dissabte 31 de desembre de 2011 | Manuel
La situación fiscal en el Reino de España y los tambores de guerra del nuevo gobierno

Daniel Raventós, Gestha

Poco antes de las elecciones a las Cortes del pasado 20 de noviembre, el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) envió un informe a los partidos políticos y a la ciudadanía en general titulado "Reducir el fraude fiscal y la economía sumergida. Una medida vital e imprescindible para superar la crisis". Este informe es de lectura obligada para entender muy claramente los rasgos generales de la situación fiscal en el Reino de España desde que empezó la crisis económica hasta hoy [1].

El 19 de diciembre, en su discurso de investidura, el ya nuevo presidente del gobierno de la monarquía española, Mariano Rajoy, se apartó de forma notable de las recomendaciones del informe de Gestha. En el discurso escrito no se cita ni una sola vez el fraude fiscal. Es realmente significativo que en un texto que consta de 31 páginas no se hiciese ni una vaga alusión a uno de los problemas más graves de la economía desde el punto de vista fiscal.

Aunque puede haber diferencias entre distintos estudios realizados sobre el peso de la economía sumergida en el Reino de España, se estima con mucha convergencia de criterio que abarca un porcentaje que va del 20 al 25% del PIB. Comparativamente, este porcentaje es parecido al que se estima también para Grecia e Italia. Y muy diferente al que se estima para, entre otros estados europeos, Austria, Suiza, Francia y Holanda, zonas en donde este porcentaje mengua a la mitad: del 10 al 12%. Según Gestha, la economía sumergida del Reino de España en el año 2010 fue del 23’3% del PIB, porcentaje que supone la evaporación de 88.000 millones de euros de impuestos. Sigue afirmando el informe que si se redujese en 10 puntos este porcentaje (hasta el 13’3%), se podría ingresar 38.500 millones de euros más al año. Muy contrariamente, en el discurso de investidura de Rajoy, éste anunció que "es nuestro compromiso y a él nos vamos a atener: 16.500 millones de reducción del déficit en el año 2012". 16.500 es el 43% de 38.500. Y son millones de euros obtenidos de forma harto diferente.

El impacto de la economía sumergida sobre el mercado de trabajo es de grandes proporciones porque, entre otras lacras, "priva a los trabajadores de derechos laborales y sociales, como cotizaciones, prestaciones por desempleo y prevención de riesgos laborales."

La evolución de los ingresos tributarios desde el inicio de la crisis hasta el año 2010, último del que hay datos completos, es preocupante: se ha reducido en un 20’5% la recaudación fiscal total. Se ha pasado de recaudar 200.676 millones por ingresos tributarios en el año 2007, a 159.536 en el año 2010. La principal causa de esta disminución es el impuesto sobre los beneficios de las empresas. En el año 2007 se recaudó 44.823 millones por este concepto, mientras que en el año 2010 solamente 16.198. Es decir, estos 28.625 millones de diferencia "supone el 70% de la caída global de la recaudación fiscal". Y se trata, según Gestha, de un impuesto "fácilmente controlable". Si no se controla con mayor rigor es porque no se quiere. La crisis económica está motivando que se deje de declarar una parte de los ingresos y se haga un correspondiente trasvase de determinades activades a la economía sumergida. El informe concluye que "resulta urgente frenar esta peligrosa deriva". De forma espectacular, en el discurso escrito de investidura de Rajoy no se menciona ni una vez la economía sumergida.

En cuanto al análisis de la gestión tributaria en la lucha contra el fraude fiscal, hay muchas conclusiones interesantes, pero destaca la gran discriminación "entre la tributación de los asalariados frente a empresarios y profesionales". Se recuerdan cifras que se han publicado por distintas vías. Así, los trabajadores y pensionistas declaran al año una media de 19.359 euros, cifra que contrasta con los 11.036 euros (es decir, 8.300 menos) que de media también declaran los profesionales liberales y los pequeños empresarios. Los llamados microempresarios aún declaran menos de media: 10.832. Son datos de la última estadística del IRPF del 2009 que se declaró en junio del 2010. Las perspectivas para el IRPF del 2010 que se ha declarado en 2011 dibujan una tendencia, a la espera de disponer de la estadística para este ejercicio, muy parecida. Los empresarios son mileuristas, parece ser.

Una de las recomendaciones de Gestha es "lograr una mayor efectividad del precepto del artículo 31 de la Constitución [2], para que todos contribuyan al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica." En el discurso de Rajoy no se menciona nada semejante. Conocida la lista de ministros del que ya es el primer gobierno del PP [3] después de las elecciones del 20 de noviembre, las perspectivas son más sombrías si cabe. Un ejemplo, mero ejemplo: el nuevo ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, fue presidente de Lehman Brothers España (y consejero de Endesa, de Unedisa, que es la editora de El Mundo y Expansión, del Banco Mare Nostrum) y fiel defensor de los intereses de la banca. En perfecta línea con lo que está sucediendo en otros estados europeos [4].

En claro contraste con lo que recomienda el informe de Gestha, el discurso de Rajoy sí anuncia de forma más o menos explícita una nueva (contra)reforma laboral (tres veces se menciona en la versión escrita). Después del primer consejo de ministros del 23 de diciembre, se perfilan las intenciones del partido postfranquista que se irán concretando en las próximas semanas. Además de la mencionada (contra)reforma del mercado laboral, también se anuncia el recorte de las administraciones públicas (y, como era de esperar tratándose del Partido Popular, con connotaciones políticas añadidas de granespañolismo carpetovetónico), el despido de muchos trabajadores públicos precarios, la rebaja salarial de los funcionarios, el debilitamiento de los sindicatos… Tambores de guerra. Tambores que pregonan la preparación de una nueva ofensiva contra las condiciones de vida y trabajo de la clase trabajadora que ya desde mayo de 2010 el anterior gobierno del PSOE empezó de forma ardiente, según los dictados de la troika del BCE-FMI-Comisión Europea. En otras palabras, ataques contra casi toda la población para beneficio de los más ricos. Este empeño del PSOE con la fe del nuevo converso (quizás no tan nuevo) supuso el enajenamiento de la base social del hasta ahora partido gobernante y su suicidio electoral como quedó palmariamente constatado el 20 de noviembre. El Partido Popular, partido postfranquista, con la legitimidad que le proporciona la mayoría absoluta recientemente conquistada, se dispone a proseguir y radicalizar la obra de su antecesor. De modo que, según lo previsto, siguen pintando bastos para las clases trabajadoras o, dicho de forma menos castiza, se anuncia un recrudecimiento de la lucha de clases desde arriba.

Notas:

[1] Puede descargarse desde www.gestha.es.

[2] Este artículo está en la sección de "De los derechos y deberes de los ciudadanos" y dice así: "1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. 2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. 3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley."

[3] La servil fórmula de juramento que se declama en la toma de posesión como presidente del gobierno en la monarquía borbónica española es: "Juro/Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Presidente del Gobierno con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener en secreto las deliberaciones del Consejo de Ministros"

[4]. Recordemos lo que recientemente escribía Michael Hudson: "La imposición de austeridad económica, el desmantelamiento de los gastos sociales, la venta de activos públicos, la extinción de los sindicatos, la caída de los niveles de los salarios, los planes de pensiones y sanidad pública en detrimento de las reglas democráticas, requiere convencer a los votantes de que no hay otra alternativa. Se reivindica que sin un sector bancario próspero (da igual cuán predador) la economía quebrará mientras las pérdidas bancarias por malos préstamos y especulaciones deterioran el sistema de pagos. Ninguna agencia reguladora puede ayudar, ninguna política de impuestos mejorada, nada excepto la cesión del control a los grupos de presión para que rescaten a los bancos que han perdido las demandas financieras que ellos mismos construyeron." Y eso es lo que el nuevo gobierno del PP va a facilitar, como antes el del PSOE, si cabe más entusiásticamente, a la banca.

Daniel Raventós es profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, miembro del Comité de Redacción de sinpermiso y presidente de la Red Renta Básica. Su último libro, coeditado con David Casassas, es La renta básica en la era de las grandes desigualdades (Montesinos, 2011).

Font: Sin Permiso 24/12/2011


El 72% del fraude fiscal lo hacen grandes empresas

Gestha 2/1/2012

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«El 72% del fraude fiscal de este país lo hacen las grandes empresas y las grandes fortunas». Con estas palabras focalizaba ayer el coordinador en Asturias del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, Jesús Barcelona, la problemática del fraude fiscal en España, un asunto que hace que «el Estado pierda 90.000 millones de euros al año», según explicó en el transcurso de una charla en el centro cultural Valey organizada por la fundación Izquierda d’Asturies e Izquierda Unida de Castrillón.

Jesús Barcelona señaló que las cifras aportadas son «una estimación» que el Estado no reconoce «a pesar de que universidades o la propia Comisión Europea las avalan». Este hecho es uno de los principales problemas a la hora de atajar la situación. «Lo primero que hay que hacer es reconocerlo. Somos conscientes de que no se puede acabar con todo el fraude fiscal, pero estamos en el 23% y situarnos en la media europea del 13% supondría ingresar 38.000 millones al año», afirmó.

Una de las medidas por las que apuesta el representante sindical para abordar la problemática es la de «corregir la insuficiente dotación de personal». Según explicó, en España hay «entre cuatro y cinco veces menos personal que en países de nuestro entorno». La insuficiente dotación de medios humanos, unida a la propia organización del trabajo, hacen que la situación sea cada vez peor. « El 72% del fraude lo provocan las grandes empresas, pero el 80% de los trabajadores se dedican a investigar a ciudadanos medios y pequeñas empresas », afirmó.
El representante sindical abogó además por aumentar las penas por la comisión de delitos fiscales. Según señaló, «los delitos económicos están menos penados que los de otro tipo. Comparado con el daño al erario público, la sanción es pequeña»

+ Info:

¿Alguien dudaba de que el 90% de la población volvería a pagar los choriceos del 10% más rico? ¿Alguien creía que Guindos dejaría de ser… Guindos? La “guinda” del pastel: ni una palabra sobre el fraude fiscal. David Cotilla Vaca, Rebelión 4/1/2012


LA ASOCIACIÓN DE TÉCNICOS DE HACIENDA CONSIDERA INJUSTA LA SUBIDA DE IMPUESTOS DEL GOBIERNO DE RAJOY

"El 80% del peso del alza del IRPF recaerá sobre pensionistas y trabajadores"
Subir los impuestos un 5% a las grandes empresas permitiría recaudar casi tanto como todos los primeros ajustes de Rajoy, según la asociación de técnicos de Hacienda.

Diagonal 164-165, 4 DE ENERO DE 2012.

Subir el impuesto de sociedades un 5% -del 30% al 35%- a las grandes empresas, aquellas que facturan más de 45 millones de euros y cuyos beneficios superen el millón de euros, permitiría recaudar casi tanto como todos los primeros ajustes anunciados por el Gobierno de Rajoy juntos: Casi 14.000 millones de euros. Aún más: Con sólo reducir en diez puntos la economía sumergida en España, la Administración podría recaudar cada año más de 38.500 millones adicionales, más del doble de los 16.500 millones que en un principio preveía ahorrar el nuevo Ejecutivo en 2012. Son algunas de las medidas alternativas al ajuste que proponen los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), con cuyo presidente, Carlos Cruzado, ha hablado Diagonal.

El Real Decreto Ley de medidas urgentes que aprobó el Consejo de Ministros el pasado viernes, "el inicio del inicio" (en expresión de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría) supone una reducción del gasto de 8.900 millones de euros y un aumento de los ingresos de 6.275 millones de euros. "Ajustes que recaerán en su mayor parte sobre las clases medias y bajas", aseguran desde Gestha. De hecho, según sus cálculos, el 80% del peso del alza del IRPF recaerá sobre pensionistas y trabajadores.

Este colectivo, el más representativo dentro de este Ministerio y de la Agencia Tributaria, propone otras medidas alternativas a nuevos ajustes muy distintas a las aplicadas por el recién estrenado Gobierno ’popular’: Impuestos sobre la Riqueza; la modificación de las SICAV, "un coladero del fraude" de las grandes fortunas, que además saben bien cómo evitar rendir cuentas con el Fisco; Impuestos a las Transacciones Financieras Internacionales en el marco de la OCDE; o luchar contra la economía sumergida, que supone cerca de 245.000 millones anuales, el 23,3% del PIB.

Los ingresos más bajos aportarán 2.065 millones de euros y los más altos, 465

Y es que, efectivamente, según las cifras que Gestha ha hecho públicas en una nota, la subida del IRPF aprobada por el Gobierno el pasado viernes costará de media 222 euros anuales a cada contribuyente y recaerá en su mayor parte sobre las clases medias y bajas con ingresos por debajo de los 33.000 euros anuales -que representan el 85% de los trabajadores-.

Los tramos de ingresos que se mueven en torno al mileurismo (hasta 17.700 euros brutos anuales, el 55% del total) y los que no llegan a 33.000 euros, unidos al de los asalariados que no alcancen los 53.400 euros, aportarán en conjunto unos 2.065 millones de euros anuales, lo que supone más de la mitad de los 4.111 millones de euros que el Ejecutivo prevé recaudar gracias a esta subida temporal del IRPF. En el extremo opuesto, el peso total de la aportación de los trabajadores más ’afortunados’ -aquellos que ganan más de 300.000 euros anuales y que apenas suponen un 0,2% del total- no alcanzará siquiera los 465 millones de euros.

Junto a estos cambios, la modificación del IRPF también afectará a los ingresos provenientes del ahorro. "En cualquier caso, el aumento de los gravámenes al ahorro tan sólo generará unos 1.246 millones de euros anuales, por lo que el 80% de la nueva subida recaerá una vez más sobre los trabajadores -incluidos los desempleados y pensionistas- y no, como hubiera sido deseable, sobre otros rendimientos más vinculados a los grandes patrimonios, como los de capital", aseguran los técnicos de Hacienda.

Por si fuera poco, otra de las consecuencias de esta modificación del IRPF es que la actualización de las pensiones apenas se notará en el bolsillo de los jubilados, y en algunos casos se verá incluso neutralizada por la subida de impuestos.

Por ejemplo, según los cálculos de Gestha, en nuestro país hay más de un millón de pensionistas (el 13,4% del total) que, al percibir prestaciones por encima de los 22.000 euros durante el pasado año, verán eclipsada su revalorización y terminarán perdiendo poder adquisitivo durante el próximo año.

+ Info:

El 80% del peso de este nuevo alza recaerá sobre pensionistas y trabajadores. La subida del IRPF costará 222 euros al año a cada contribuyente. GESTHA 3/01/2012


La banca, el fraude fiscal y el New York Times

Vicenç Navarro en la revista digital SISTEMA, 21 de octubre de 2011

Este artículo critica la falta de cobertura de temas de fraude fiscal por parte de los medios de mayor difusión del país, resultado de la enorme influencia que la banca tiene sobre tales medios, siendo la banca y los banqueros algunos de los que contribuyen más a tal fraude.

El New York Times ha ido publicando una serie de artículos sobre Emilio Botín, presentado por tal rotativo como el banquero más influyente de España, y Presidente del Banco de Santander, que tienen inversiones financieras de gran peso en Brasil, en Gran Bretaña y en Estados Unidos, además de en España. En EEUU el Banco de Santander es propietario de Sovereign Bank.

Lo que le interesa al rotativo estadounidense no es, sin embargo, el comportamiento bancario del Santander, sino el de su Presidente y el de su familia, así como su enorme influencia política y mediática en España. Un indicador de esto último es que ninguno de los cinco rotativos más importantes del país ha citado o hecho comentarios sobre esta serie de artículos en el diario más influyente de EEUU y uno de los más influyentes del mundo. Es de suponer que si se escribieran artículos semejantes, por ejemplo, sobre el Presidente Zapatero, tales reportajes serían noticia. No así en el caso Emilio Botín.

Una discusión importante de tales artículos es el ocultamiento por parte de Emilio Botín y de su familia de unas cuentas secretas establecidas desde la Guerra Civil en la banca suiza HSBC. Por lo visto, en las cuentas de tal banco había 2.000 millones de euros que nunca se habían declarado a las autoridades tributarias del Estado español. Pero, un empleado de tal banco suizo, despechado por el maltrato recibido por tal banco, decidió publicar los nombres de las personas que depositaban su dinero en dicha banca suiza, sin nunca declararlo en sus propios países. Entre ellos había nada menos que 569 españoles, incluyendo a Emilio Botín y su familia, con grandes nombres de la vida política y empresarial (entre ellos, por cierto, el padre del President de la Generalitat, el Sr. Artur Mas).

Según el New York Times, esta práctica es muy común entre las grandes familias, las grandes empresas y la gran banca. El fraude fiscal en estos sectores es enorme. Según la propia Agencia Tributaria española, el 74% del fraude fiscal se centra en estos grupos, con un total de 44.000 millones de euros que el Estado español (incluido el central y los autonómicos) no ingresa. Esta cantidad, por cierto, casi alcanza la cifra del déficit de gasto público social de España respecto la media de la UE-15 (66.000 millones de euros), es decir, el gasto que España debería gastarse en su Estado del Bienestar (sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios a personas con dependencia, y otros) por el nivel de desarrollo económico que tiene y que no se gasta porque el Estado no recoge tales fondos. Y una de las causas de que no se recojan es precisamente el fraude fiscal realizado por estos colectivos citados en el New York Times. El resultado de su influencia es que el Estado no se atreve a recogerlos. En realidad, la gran mayoría de investigaciones de fraude fiscal de la Agencia Tributaria se centra en los autónomos y profesionales liberales, cuyo fraude fiscal representa –según los técnicos de la Agencia Tributaria del Estado español- sólo el 8% del fraude fiscal total.

Es también conocida la intervención de autoridades públicas para proteger al Sr. Emilio Botín de las pesquisas de la propia Agencia Tributaria. El caso más conocido es la gestión realizada por la ex Vicepresidenta del Gobierno español, la Sra. De la Vega, para interrumpir una de tales investigaciones. Pero el Sr. Botín no es el único. Como señala el New York Times, hace dos años, César Alierta, presidente de Telefónica, que estaba siendo investigado, dejó de estarlo. Como escribe el New York Times con cierta ironía, “el Tribunal desistió de continuar estudiando el caso porque, según el juez, ya había pasado demasiado tiempo entre el momento de los hechos y su presentación al tribunal”. Una medida que juega a favor de los fraudulentos es la ineficacia del Estado así como su temor a realizar la investigación. Fue nada menos que el Presidente del Gobierno español, el Sr. José Mª Aznar, que en un momento de franqueza admitió que “los ricos no pagan impuestos en España”.

Tal tolerancia por parte del Estado con el fraude fiscal de los súper ricos se justifica con el argumento de que, aún cuando no pagan impuestos, las consecuencias de ello son limitadas porque son pocos. El Presidente de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Artur Mas, ha indicado que la subida de impuestos de los ricos y súper ricos tiene más un valor testimonial que práctico, pues su número es escaso. La solidez de tal argumento, sin embargo, es nula. En realidad, alcanza niveles de frivolidad. Ignora la enorme concentración de las rentas y de la propiedad existente en España (y en Catalunya), uno de los países donde las desigualdades sociales son mayores y el impacto redistributivo del Estado es menor. Los 44.000 millones de euros al año que no se recaudan de los súper ricos por parte del Estado hubieran evitado los enormes recortes de gasto público social que el Estado español está hoy realizando.

Pero otra observación que hace el New York Times sobre el fraude fiscal y la banca es el silencio que existe en los medios de información sobre tal fraude fiscal. Tal rotativo cita a Salvador Arancibia, un periodista de temas financieros en Madrid, que trabajó para el Banco Santander, que señala como causas de este silencio el hecho de que el Banco Santander gasta mucho dinero en anuncios comerciales, siendo la banca uno de los sectores más importantes en la financiación de los medios, no sólo comprando espacio de anuncios comerciales, sino también proveyendo créditos –aclara el Sr. Salvador Arancibia- “….medidas de enorme importancia en un momento como el actual, donde los medios están en una situación financiera muy delicada”. De ahí que tenga que agradecer al diario que se atreva a publicarlo, porque hoy, artículos como los que publica el New York Times y el mío propio, no tienen fácil publicación en nuestro país. Es lo que llaman “libertad de prensa”.


Los ricos logran ganar un 6% más en el peor año de la crisis

Los millonarios españoles logran 2.150 millones de euros más y atesoran 37.700 millones, casi el recorte de déficit que prevé el Gobierno este año. Se han negado a pagar más impuestos, como han propuesto otras fortunas extranjeras

SUSANA R. ARENES Publico 03/01/2012

Hay casas en las que preocuparse por llegar a fin de mes es una extravagancia y pensar en cómo será la jubilación, un sueño de oro. Es la élite de los doblemente afortunados: los que tienen dinero y a los que la incertidumbre sobre el trabajo no quita el sueño. Los grandes millonarios españoles lograron ganar un 6% más en el año que se acaba de cerrar, el peor de los tres ejercicios que el país lleva en crisis.

Los 2.148 millones que una decena de ricos-ricos aumentaron su patrimonio en 2011 podrían servirles de colchón ante la vuelta a la recesión este año que el propio ministro de Economía confirmó la semana pasada. Aunque no lo necesitarán, al contrario que los cinco millones de parados que ya inten-tan subsistir como pueden.

A la cabeza de estas grandes fortunas está Amancio Ortega, dueño de la multinacional textil Inditex. También figuran su exmujer, Rosalía de Mera; el banquero Emilio Botín, presidente del Santander; la familia Entrecanales, dueña de la empresa de construcción y servicios Acciona; o la familia Del Pino, propietaria de la competidora Ferrovial, además de las hermanas Alicia y Esther Koplowitz, esta última dueña del grupo de construcción y servicios FCC. Asimismo, están los principales accionistas de la rival ACS (la familia de banqueros March; Alberto Cortina y Alberto Alcocer, conocidos como los Albertos, y el presidente de la empresa y del Real Madrid, Florentino Pérez), así como Manuel Jove, el fundador de la inmobiliaria Fadesa, que la vendió por 4.000 millones.

Todos ellos acumulan un patrimonio de 37.700 millones a través de sus participaciones en las empresas en las que son grandes accionistas y que cotizan en Bolsa. Esta cantidad equivale prácticamente a la reducción de déficit que pretende hacer el Gobierno este año (con aumento de ingresos y recorte de gasto público) para bajarlo del 8% al 4,4%, un brutal tijeretazo que sufrirán todos los españoles.

Sorprende que, al final de un año de total dictadura de los mercados, la fortuna de los ricos en Bolsa ha superado el difícil reto de acabar con ganancias en unos parqués que, día a día, han mostrado la locura ciclotímica de los fondos de inversión especuladores.

La llegada del PP diluyó el debate sobre el impuesto a las grandes fortunas

El mayor exponente de cómo superar la tormenta bursátil sin que te salpique está representado por Amancio Ortega. Su imperio Zara, englobado en Inditex, se ha revalorizado en 2011 un 13%, lo que ha hecho a su fundador aún 2.731 millones más rico. De hecho, Ortega es el responsable de que el conjunto de las grandes fortunas salve el año.

Aunque mejor rendimiento le ha sacado la familia Del Pino a su dinero en Ferrovial. La compañía ha remontado un 25%, lo que le ha supuesto una entrada en caja a Rafael del Pino, presidente de Ferrovial, y a sus hermanos de 634 millones.Pero no todos han salido tan bien parados. Jove ha perdido un 12% a través de su participación en BBVA, que compró con el dinero obtenido de Fadesa. Y ACS se ha dejado un 35%, lo que se ha trasladado a la participación de sus accionistas.

Al margen de incrementar sus ganancias, 2011 queda marcado en el calendario como el año en el que las grandes fortunas españolas se han negado a ofrecer pagar más impuestos como una forma de aportar un granito de arena contra la crisis. Entre los millonarios citados hubo quienes estaban a favor de imitar la propuesta hecha en Francia por la dueña de L’Oréal, Liliane Bettencourt, y del rico Warren Buffet en Estados Unidos.

Inditex esquiva la tormenta y refuerza a Ortega como el primer millonario

Pero ninguno quería dar el paso a título individual, sino articularlo a través de alguno de los lobbies que tienen. El debate, desvelado por Público, llegó en septiembre al Consejo Empresarial para la Competitividad, formado por los principales empresarios y fortunas familiares del país. Pero altos directivos de grandes compañías, no precisamente los nacidos ricos, bloquearon la iniciativa porque no querían pagar más al fisco.

La campaña preelectoral fue una de las causas por las que se abortó la propuesta, ya que PP y PSOE lanzaron ideas contradictorias dentro de sus propios partidos en el debate público que surgió sobre si debía imponerse un impuesto a las grandes fortunas y cómo.

Finalmente, una vez que se terminó la campaña, con la llegada del PP al Gobierno se diluyó el debate. Habrá que ver si el nuevo ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que se declaró a favor de "distribuir equitativamente" los costes de la salida de la crisis pero sin apostar por un impuesto a grandes fortunas, plantea cambios fiscales drásticos para los ricos.


¿Tributamos como los suecos?

Vicenç Navarro, Publico 02 feb 2012

Apartir de la propuesta de aumentar los impuestos del IRPF que ha hecho el Gobierno del PP, se ha generado un gran número de reportajes en los medios de información que han comparado lo que pagan los ciudadanos de este país en impuestos sobre la renta personal con lo que pagan los ciudadanos de otros países. Y una observación muy generalizada es que, con el incremento nada menos que de siete puntos en la carga impositiva de las personas con mayores rentas, el tipo nominal superior (52%) ya es casi lo que pagan sus homólogos, los ricos, en Suecia. Con este entendimiento se concluye que, aun cuando estamos pagando impuestos como los suecos, nuestros beneficios y servicios públicos del Estado del bienestar están mucho menos desarrollados que los de aquel país, lo cual se atribuye erróneamente a un supuesto despilfarro del gasto público social. La prensa ha estado llena estos días de denuncias de cómo España no ha estado gastando bien su erario público social, como justificación para realizar recortes sustanciales en tal gasto.

En este argumento, sin embargo, se olvidan varios hechos, siendo el más importante el que los ingresos al Estado son mucho más bajos en España (32% del PIB) que en Suecia (54%) debido, precisamente, a que los españoles (y sobre todo las rentas superiores) pagan muchos menos impuestos que los suecos. Es cierto que la escala nominal en las gravaciones del IRPF nos acerca ya ahora al nivel sueco. Ahora bien, hay que aclarar inmediatamente que este aumento impositivo, aún siendo positivo por generar mayores recursos al Estado, será dramáticamente insuficiente para corregir el enorme déficit de ingresos al Estado. España es el país de la UE-15 que tiene menos ingresos al Estado debido, en parte, a la baja carga impositiva real de las rentas superiores.

Veamos los datos. Uno, es la enorme divergencia que existe entre carga nominal (lo que aparece en los libros) y carga real. Esta diferencia aumenta con el nivel de renta. Los superricos de España no pagan un 52% de sus ingresos al fisco del Estado (sea este central o autonómico). Los porcentajes reales son mucho más bajos que el 52%. Y una causa es que tienen muchas deducciones y maneras de evitar impuestos, de forma que su nivel real es mucho menor. Es más, además de deducciones, sus ganancias se derivan mayoritariamente de las rentas del capital, que se gravan mucho menos que las rentas del trabajo (alrededor de un 21% nominalmente). Mucho más bajo en la realidad.

Pero, además de ello, hay otra manera de evitar el fisco: no declarando la renta. El fraude fiscal alcanza dimensiones enormes. Según profesionales de la propia Agencia Tributaria del Estado, el fraude fiscal alcanza unas dimensiones de alrededor de 90.000 millones de euros, procedentes en su mayoría (el 72% del fraude fiscal) de las grandes fortunas, de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año, y de la banca. Y ahí está uno de los orígenes de los escasos ingresos al Estado en España. Los superricos no pagan lo que pagan los superricos en Suecia, donde el fraude fiscal es mucho menor, la gravación de las rentas del capital son mayores y las deducciones apenas existen. En España las deducciones, como herramienta fiscal, favorecen sobre todo a las rentas superiores, las cuales tienen a su disposición toda una batería de ayudas legales que les enseñan cómo no pagar impuestos.

Otra gran diferencia con Suecia es la desigualdad de rentas existente en ambos países. Las desigualdades son mucho mayores en España que en Suecia. Así, en España, el ciudadano promedio que paga el tipo máximo, ingresa nominalmente 13 veces lo que ingresa el ciudadano medio y corriente que trabaja y paga impuestos a través de su nómina (y esta diferencia es incluso mayor cuando se consideran los ingresos reales, en lugar de los nominales). Tal diferencia en Suecia es mucho menor. Además, la tasa impositiva nominal para los que en España cobran más de 300.000 euros al año (el 52%, tipo impositivo máximo) se aplica en Suecia a los que ingresan dos veces lo que ingresa el ciudadano medio. De ahí que la mayoría pague más impuestos aunque sus tasas nominales de gravación sean casi iguales a las de España. La igualdad de rentas entre la población aumenta los ingresos al Estado.

Y una última razón de la enorme diferencia de ingresos al Estado entre Suecia y España es que hay mucha más gente trabajando y pagando impuestos en Suecia. El porcentaje de la población adulta que trabaja y paga impuestos es mucho más alta que en España. Y ello como consecuencia de la mayor participación laboral de la mujer en Suecia (70% versus 52% en España). La red de servicios a las familias (que quiere decir mujer) en Suecia facilita la integración de la mujer al mercado de trabajo. Y ello no ocurre en España.

En España, el enorme dominio de hombres procedentes de la burguesía, pequeña burguesía y clase media alta en los procesos de toma de decisiones económicas en el Estado, explica que se invierta mucho más en el AVE (tren de alta velocidad utilizado predominantemente por estas clases sociales) que en escuelas públicas de infancia y en servicios domiciliarios a las personas con dependencias, que al ayudar a la integración de la mujer al mercado de trabajo y a la creación de empleo, estimulan la economía mucho más que aquellas inversiones en el AVE. No es casualidad que los países donde las clases más pudientes (y los hombres) tienen mayor dominio sobre el Estado sean países (como España) más desiguales, con menos carga fiscal, mayor fraude fiscal y menor eficacia y equidad en sus políticas públicas, que países donde las clases populares han tenido históricamente mayor dominio sobre el Estado (Suecia). Así de claro.

+ Info:

El fraude fiscal en España. Miguel Ángel Mayo, coordinador en Cataluña del Sindicato de Técnicos de Hacienda y miembro de la Plataforma por una Fiscalidad Justa, Ambiental y Sostenible. 30/4/2012

Fraude fiscal masivo de los empresarios. Víctor J. Sanz

Fraude fiscal y gasto público. Vicenç Navarro, El Periódico

Las medidas (del gobierno Rajoy), una a una

Los trabajadores cargarán con dos terceras partes de los nuevos tributos. Luis Doncel, El País, 30/12/2011

Los ’nuevos’ ricos. Publico 3/1/2012

Las sicav dejan atrás el glamour al perder dinero.
Los adinerados tienen 2.350 millones en vehículos que tributan al mínimo
. Publico 3/1/2012

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. Publico 3/1/2012


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21 D 2016: #NoMásCortesDeLuz


Grecia: El Comité para la Verdad sobre la Deuda, la capitulación de Tsipras, y las perspectivas internacionales para la lucha contra las deudas ilegítimas


Al ataque de las pensiones

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