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Anticapitalistes
  
dijous 10 de novembre de 2011 | Manuel
La estrategia del capital: La relación entre el Capital y el Estado. La naturaleza del Estado

Seminario de economía crítica Taifa (2011)

Al començament de la crisi hi va haver força persones de bona voluntat, crítiques amb sistema capitalista, que van pensar que la crisi podria suposar un canvi important i que permetria, si més no, establir alguns controls i regulació que contribuirien a pal·liar parcialment alguns dels majors desastres que el període del capitalisme neoliberal estava causant des dels setanta. Era una esperança molt ingènua i els fets estan demostrat que, per contra, el gran capital, tant financer com industrial, està aprofitant la crisi per fer una molt profunda reestructuració del capitalisme en favor dels seus interessos, que aquesta reestructuració suposa un gravíssim deteriorament en les condicions de vida i treball de les classes populars, així com en els seus drets socials, polítics i fins i tot dels drets humans fonamentals.

El Estado ha sido siempre un instrumento de clase, sin duda alguna, pero la articulación concreta de ambos elementos cambia según las circunstancias históricas de cada momento. Es sabido que el papel del estado ha ido cambiando desde el fin de la segunda guerra mundial y de nuevo, en dirección opuesta con la crisis de los setenta. Y, se observa que la crisis actual está permitiendo al capital global intensificar todavía más el proceso iniciado en los setenta-ochenta. Pero no sólo esto, sino que le está permitiendo reestructurar profundamente todo el sistema capitalista mundial que cada día se encuentra con mayores contradicciones internas. Con lo cual no le queda más remedio que acrecentar la explotación en el sistema. Y esto es lo que está intentando como ‘salida de la crisis’. Iniciar una nueva etapa en el que se refuerce con intensidad el dominio del capital. Para ello, entre otras cosas, va remodelar el papel de los Estados.


La relación entre el Capital y el Estado. La naturaleza del Estado

Hay diversas interpretaciones acerca de cual es la naturaleza
del estado en las sociedades capitalistas. Las explicaciones
principales son dos, la interpretación liberal y la interpretación
de clase. La interpretación liberal, parte de considerar que la
sociedad está formada por personas con igual capacidad de
decisión y soberanía, que constituyen un sistema político, el
cual tiene como objetivo principal el bienestar de todos sus
ciudadanos y resolver los conflictos que se crean entre ellos.
Esta línea plantea que el estado es una institución neutral entre
las distintas personas y grupos que lo forman. Otra línea
de pensamiento, la interpretación de clase, considera que,
en la sociedad, las personas forman parte de distintas clases
sociales, en la que unas dominan a otras y que el estado
tiene como objetivo principal mantener la reproducción de
este sistema para beneficio de la clase dominante. En el capitalismo,
la clase dominante la forman los propietarios del
capital y la clase dominada los trabajadores (1); y el estado es un
mecanismo crucial del que se sirve el capital para proseguir
en su inacabable tarea de obtener beneficios y acumularlos
para seguir obteniendo más beneficios. El estado no es una
institución neutral. Su objetivo final es reproducir un sistema
que permite a la clase dominante —la propietaria del capital—
seguir obteniendo beneficios, sin demasiados conflictos
con la clase dominada (trabajadores). En una sociedad alternativa
sin clases el estado habrá desaparecido, pero mientras
haya clases existirá el estado (2).


Interpretación liberal: El estado es un instrumento neutral
para dirimir conflictos y lograr el bienestar de todos.

Interpretación de clase: El estado es un instrumento de
clase, no neutral, para lograr la reproducción del sistema
para beneficio de la clase dominante.


Para nosotros, el estado tiene como objetivo principal el
de reproducir el sistema existente para beneficio de su clase
dominante. En la actualidad, se trata de reproducir el capitalismo
como sistema económico y social. En el capitalismo,
la principal función del estado es cooperar con el capital,
la clase dominante, para que éste acumule cada vez más y
más beneficios y reproducir el sistema por el cual éstos son
obtenidos —potenciando lo que se ha llamado una función
de acumulación (facilitar que el capital obtenga beneficios y
los pueda acumular). No obstante, en las democracias modernas
de los países centrales, al mismo tiempo que ese es el
objetivo principal, no se pueden ignorar totalmente los intereses
de la mayoría de la población, la clase dominada. Para
que los conflictos sociales no pongan en peligro la estabilidad
del sistema y su reproducción se debe realizar lo que se
considera una función de legitimación (atender hasta cierto punto los deseos de las clases dominadas). No obstante, en
caso de conflicto entre ambas funciones el estado se inclina
siempre por mantener la función de acumulación a costa de
la legitimación.

LA AUTONOMÍA RELATIVA DEL ESTADO

Una de las contradicciones importantes a las que se enfrenta
la izquierda reside en como combinar la interpretación sobre
la naturaleza de clase del estado con el papel que éste
históricamente ha desarrollado, especialmente en los países
centrales, garantizando ciertos derechos a los trabajadores y
permitiéndoles una sustancial mejora de las condiciones de
vida. La necesidad de mantener este equilibrio constante entre
facilitar el proceso de acumulación y al mismo tiempo que
la clase dominada acepte esta dominación nos puede ayudar
a entender que en sus funciones, el estado tiene un cierto
grado de autonomía y, por tanto, en el ámbito del estado los
distintos grupos sociales pueden luchar para conseguir más
espacios y actuaciones favorables a sus intereses. Por el contrario,
en el ámbito privado sólo vale el poder económico.

Es decir, la actuación del estado que está dirigida a reproducir
el sistema capitalista para beneficio de la clase dominante
(acumulación) tiene que tener en cuenta también,
hasta cierto límite, especialmente en los sistemas de democracia
parlamentaria, los aspectos que afectan a la clase dominada
(legitimación). Esto supone que en el ámbito del estado
existe también un cierto espacio para la lucha entre los
distintos intereses y por tanto la lucha de clases (siempre que
no se ponga en peligro la reproducción del sistema, pues en
ese caso el estado no duda en recurrir a fuerzas mayores, la
fuerza armada). Esto significa que la actuación del estado
depende del poder relativo de las diversas fuerzas sociales,
y, aunque en el capitalismo, el poder de los propietarios del
capital es mucho mayor que el de los otros grupos sociales,
en su actuación no puede ignorar totalmente la presión de
los demás grupos (trabajadores, clases populares, sindicatos,
partidos, ecologistas, feministas, etc.).

Muestra de esta autonomía relativa del estado fue la existencia
de un periodo histórico de intervencionismo del estado
en la economía, llamado keynesiano (3) en el que se crearon y
consolidaron los llamados estados del bienestar en los países
centrales después del fin de la segunda guerra mundial (que
no es el caso de España ni de muchos de los países periféricos -4-).
En esos años, con sindicatos y partidos de izquierda
y socialdemócratas fuertes y movimientos de lucha de clase,
el escenario geopolítico existente permitió que en la mayor
parte de Europa y Norte América el papel del Estado de reproducir
las relaciones sociales capitalistas y, principalmente, la
circulación y acumulación de capital se combinara con políticas
sociales y redistributivas hacia las clases dominadas como no había pasado antes. Fue estableciéndose así lo que se ha
venido en llamar el estado del bienestar, mediante el cual,
la población conquistó derechos sociales importantes en el
ámbito de la educación, la salud, las pensiones, la asistencia
social, dando lugar a una mejora importante en sus condiciones
de vida. Y lo que es quizá más importante, estos avances
se consideraban derechos colectivos, partes integrantes del
salario y derechos de ciudadanía. El capitalismo se vio obligado
a reconocer tales derechos y modificar la distribución de la
riqueza social en consonancia con ello.

No obstante el carácter esencial del estado sigue siendo
el de reproducir el sistema para el beneficio de las clases
dominantes y facilitar la consecución de la explotación capitalista
en sus múltiples niveles. Que suponen, por un lado,
la obtención directa e individualizada del plusvalor. Es decir,
el objetivo primario de las relaciones capitalistas es la explotación
del trabajo para la obtención del plusvalor y estos
procesos de explotación toman la forma aparente de la venta
y la compra “libre” de la fuerza de trabajo por el capital
como una mercancía más en el mercado; Pero por otro lado,
es necesario, también, el mantener la coherencia de una
sociedad explotadora. Para ello, además de la explotación
de los trabajadores individuales basados en la “libertad” del
trabajo, son necesarios otros procesos más generales para
mantener en orden una sociedad explotadora, para que esta
sociedad se reproduzca, como venimos diciendo, cosa que
implica también la necesidad de coerción.

En este sentido, debemos entender la función de reproducción
del sistema del estado desde estas dos dinámicas.
Por un lado, como garante político de la extracción de plusvalor
en el puesto de trabajo. Y por otro lado, no sólo como
una forma de dominación general (una institución rígida)
sino como una forma de lucha en el ámbito de lo general,
de lo colectivo. La definición del estado y sus funciones dependen
del curso de la lucha de clases, de cómo el capital es
capaz de imponer su voluntad o si las resistencias y la lucha
permiten formas menos agresivas de estado. No es lo mismo
el estado keynesiano de mediados del siglo XX que el estado
neoliberal de fin de siglo. Cada vez más, el papel cambiante
del estado se articula, de forma no planificada, alrededor de
mantener el orden y, en especial, re-clasificar las relaciones
de clase, disciplinar a la fuerza de trabajo y diluir y controlar
toda resistencia.

Es en esta orientación que se pueden observar los cambios
más destacados en la función del estado actualmente.
Las políticas que se están aplicando, no sólo refuerzan los
mecanismos que permitan una mayor extracción de plusvalor
a muy corto plazo, sino que tienen un carácter mucho
más general y totalizador abarcando todas las facetas de la
vida social.

Si analizamos detenidamente las prácticas que están
llevando a cabo los gobiernos de los países centrales, estas
prácticas tienen muchas similitudes con las que Marx describió
como acumulación “primitiva” u “original” durante el
ascenso del capitalismo como modo de producción dominante.
Marx detectó las siguientes prácticas: la mercantilización y
privatización de la tierra y la expulsión forzada de poblaciones
campesinas que se vieron abocadas a emigrar a las ciudades
y convertirse en mano de obra barata para la naciente
industria; la conversión de diversas formas de derechos de
propiedad (común, colectiva, estatal, etc.) en derechos exclusivamente de propiedad privada; la supresión de derechos a
las áreas públicas; la mercantilización de las relaciones laborales
y la supresión de formas alternativas de producción y consumo;
los procesos coloniales, neocoloniales, e imperiales, de
apropiación de activos (incluyendo los recursos naturales); la
monetarización de los intercambios y de la tributación5, particularmente de tierras; la trata de esclavos; y la usura (6).

Dichas prácticas, sin embargo, no tienen nada de primitivo,
ni de original. De hecho, ya Rosa Luxemburg se dió cuenta que estas prácticas no se limitaron a los orígenes históricos
del capitalismo sino que constantemente coexisten
en el capitalismo ambas formas de acumulación que se entremezclan
y se refuerzan. La consolidación y la expansión
del capitalismo no puede entenderse sin analizar la relación
“orgánica” existente entre la explotación capitalista en sentido
estricto y su ampliación actual hasta absorber todos los
ámbitos de la vida social. Rosa Luxemburg afirmó incluso
que el capitalismo ya habría dejado de existir si no fuera por
la constante aportación de nuevos y frescos elementos de
acumulación primitiva.

Sin necesidad de llegar a ese punto, es evidente que estas
formas de ‘acumulación primitiva’, no han dejado nunca
de existir. Si entendemos que los servicios públicos y los
derechos sociales no son otra cosa que parte de un salario
colectivo o social, para una buena parte de la población,
la salida de la crisis estará asociada a una pérdida de sus
derechos y condiciones de vida Además, como veremos,
tampoco cabe el error de pensar que es algo que sucede
exclusivamente en la periferia del sistema a medida que el
capitalismo conquista todo el planeta. Todo lo contrario,
son prácticas muy presentes también en los países centrales,
porque dado que el capitalismo no se puede expandir en
ellos geográficamente lo hace a través de colonizar otros
espacios de la vida anteriormente ocupados por relaciones
sociales no-capitalistas.

DEL ESTADO MÍNIMO A LOS PLANES DE AJUSTE ESTRUCTURAL

La crisis de la década de 1970 fue el acontecimiento que posibilitó
al capital el cambiar la correlación de fuerzas dentro
y fuera del estado y emprender una restructuración político-
económica de las sociedades capitalistas, para intentar
acabar con el poder relativo de grupos organizados dentro
de las clases dominadas —partidos de izquierda y sindicatos
de clase— así como con la voluntad de resistencia de los
trabajadores. En ellas, la emergencia tanto a nivel ideológico
como político del neoliberalismo en detrimento de la voluntad
de obtener más derechos del periodo anterior permitió
el inicio del desmantelamiento de los estados del bienestar y
la reaserción del poder de la clase dominante, y, en especial
del capital financiero.

En el acoso y derribo del estado intervencionista keynesiano
por parte de las estrategias neoliberales, se produjeron
dos tipos de procesos entremezclados. Por un lado, se
desmanteló el papel directo del estado en la economía: se
produjo la liberalización comercial, productiva y financiera,
permitiendo la libre circulación de productos y factores productivos;
se planteó la no intervención del estado en la economía,
retirándose el Estado de muchas actividades productivas
que había asumido en décadas anteriores, privatizando
muchos bienes y servicios públicos y abriendo espacios que
pudiera llenar el capital y en los que éste último pudiera
obtener beneficios; se potenció la flexibilización laboral, debilitando
de manera incesante los elementos que protegían
a los trabajadores en su ámbito laboral bajo el pretexto que
el trabajo no era/es suficientemente flexible y adaptable a
las necesidades de los mercados; se propugnó la austeridad
presupuestaria como instrumento para acometer dichos fines dado que cuanto menos impuestos recaude el Estado y
menos acceso tenga al déficit y la deuda pública, más limitada
verá su actuación.

Por otro lado, paralelamente al desmantelamiento del
estado keynesiano y los procesos de liberalización y flexibilización,
se ha llevado a cabo la creación de un entramado
institucional manteniendo el Estado como eje central para
garantizar la extracción de plusvalía, aumentar los beneficios
y reforzar el sistema capitalista y el poder de las clases dominantes,
esencialmente a través de su función legislativa,
desreguladora y en instancias, represora. Al mismo tiempo
que se iba generando una muy poderosa economía privada
global (la globalización) y aumentaba el papel de las instituciones
públicas internacionales para que la sirviesen de
marco (7). Ejemplos claros de esto son los mecanismos de funcionamiento de los mercados financieros en lo privado, y la construcción de la Unión Monetaria Europa (UEM) en lo público.

Estas políticas permitieron al capital revertir temporalmente
la situación de crisis en la que se encontraban en la
década de 1970 y restaurar con éxito sus niveles de beneficio.
Sin embargo, estas medidas no pudieron solucionar
las profundas contradicciones internas del proceso de acumulación
y después de unos años bajo una enorme burbuja
financiera e inmobiliaria, estalló de nuevo la crisis en 2007
en Estados Unidos, que se expandió por el mundo con toda
rapidez (8).

Debido a la posición central que ocupa el sector financiero
en una economía cada vez más financiarizada los diferentes
estados se verán obligados a partir de finales del 2007
a rescatar a un gran número de entidades financieras con
graves problemas con tal de evitar una caída en cascada y/o
un pánico generalizado que pudiera hundir a todo el sector
financiero y gran parte del resto de sectores.

La combinación de aumento del gasto público debido a
los rescates y al aumento de las necesidades de gasto social
conjuntamente con una importante caída de los ingresos del
estado vía disminución de impuestos llevan a un aumento
del déficit público y a un importante aumento de la emisión
de deuda pública.

Los estados empezarán entonces un periplo por los mercados
financieros internacionales de capitales en busca de
inversores dispuestos a comprar su deuda pública. Y estos
“mercados” exigirán a los estados que ejecuten determinadas
medidas de política económica, dicen que para tener
confianza en que se podrán pagar las deudas contraídas.
Medidas que suponen la adopción de duros programas de
ajuste estructural (similares a los aplicados a los países latinoamericanos y asiáticos en el pasado). Así como en la crisis
de los setenta el capital aprovecho para impulsar y consolidar
el neoliberalismo, actualmente el capital, y en especial
los capitales financieros globales, van a aprovechar de la crisis
y el aumento de las deudas subsiguientes para orientar
las economías todavía más intensamente a su favor.

LA ARTICULACIÓN CAPITAL-ESTADO A PRINCIPIOS DEL SIGLO XXI

Hemos señalado repetidamente más arriba que el estado es siempre un instrumento del proceso de acumulación, pero que las formas concretas cambian según la evolución del capitalismo
y la correlación de fuerzas de la sociedad. La etapa
actual destaca por las nuevas formas y facetas del dominio
del capital sobre el estado, y nos parece que merece la pena
abordarlas. Actualmente, tras la crisis de 2008, creemos observar
un intento de cambio de la articulación entre el capital
y el Estado, principalmente en dos direcciones: sumisión del
estado a los intereses directos del capital, y, al mismo tiempo,
reducir la presencia de lo político en la gestión del país.

Sumisión del estado a los intereses directos del capital: Ya
no es suficiente con que el estado facilite la operación de los
mercados, sino que el capital va a exigir a los estados que se
conviertan directamente en los agentes activos del capital, reduciendo al máximo la función de legitimación. Justificándose
con las exigencias ‘que impone’ la crisis de la deuda y con la
colaboración de las instituciones públicas internacionales (FMI,
BM, OCM, OECD y sobre todo la UE) va a forzar la subordinación
del mundo del trabajo y las clases populares mediante
agresivas políticas económicas que deterioran grandemente
su nivel de vida y sus condiciones laborales. Está intentando
destruir todos los mecanismos de defensa de los trabajadores,
bien mediante la cooptación de los principales agentes
sociales, y cada vez más, mediante legislación y acuerdos
que desvirtúan toda la posibilidad de acción colectiva de los
sindicatos, cualquier otra representación de los trabajadores,
la legislación laboral, exigiendo la destrucción del estado del
bienestar para que ellos puedan ampliar su actuación privada
en todos los ámbitos del mismo y a avanzar en la mercantilización
de toda la sociedad. Legitiman toda esta actuación con
la excusa de los problemas de la deuda y las exigencias de los
mercados para financiar la misma, sin querer contemplar, de
ninguna manera, ni las razones de fondo que han conducido
a la misma, ni la responsabilidad de los agentes y el sistema
financiero que la han motivado directamente, ni cualquier
posibilidad de actuación pública en líneas distintas y menos
dañinas para la población.

Las líneas de actuación del estado en esta dirección son
múltiples. En parte impulsando los beneficios de la actividad
privada, y por otra parte, por medio de la actuación estatal
directa.

Impulsando los beneficios de la actividad privada: Aunque
las formas que tiene la acumulación en capitalismo son
muy variadas podemos destacar algunos de los ejes principales
alrededor de los cuales giran los procesos de acumulación
hoy en día. Sin embargo, ninguno de los mecanismos,
como veremos, es realmente novedoso. Se trata simplemente
de una continuación y una profundización de las políticas
neoliberales de las últimas décadas. Mencionamos algunas:

Privatización y mercantilización.

La mercantilización y
privatización de bienes anteriormente públicos ha sido una
de las características emblemáticas del proyecto neoliberal. Bajo el pretexto de la ineficiencia de lo público y la superioridad
del mercado, todos los organismos económicos internacionales
vienen pregonando la necesidad de privatizar amplias
campos del sector público. El principal objetivo no es
otro que abrir nuevos campos para la acumulación en terrenos
que anteriormente se consideraban fuera de los límites
del capital. En primer lugar fueron las empresas públicas “no
estratégicas”, luego siguieron los servicios públicos de todo
tipo (agua, telecomunicaciones, transporte), y posteriormente
los derechos sociales (vivienda, educación, atención
sanitaria, pensiones), instituciones y administraciones públicas
(tales como universidades, laboratorios de investigación,
prisiones), e incluso la guerra y la seguridad han sido todos
privatizados en algún grado en todo el mundo capitalista.

También han aparecido nuevas fórmulas. A través de
la OMC se ha extendido la propiedad privada al material
genético, semillas y todo tipo de otros productos. Solo entonces
se pueden extraer rentas por su uso. Incluso a través
del turismo y de la propiedad intelectual se ha producido la
mercantilización y la apropiación de las formas culturales,
históricas y de la creatividad.

Un primer paso siempre necesario para la entrada del
capital en cualquier ámbito es primero la mercantilización.
Es decir, convertir aquellos bienes y servicios en mercancías
con una clara voluntad de eclipsar las relaciones sociales que
subyacen. Así, por ejemplo, en el caso de la sanidad estamos
observando una clara voluntad de convertir a los pacientes
en clientes, a los médicos y centros de salud, en proveedores
de asistencia sanitaria, a los bienes y servicios públicos ofrecidos
en productos y fijar “tasas” (más o menos simbólicas)
que simulen ser precios y den la apariencia de mercancías.
Una vez convertidos todos en ‘clientes’ el paso siguiente es
privatizar los servicios con la excusa de la mayor eficiencia
de lo privado y la carencia de fondos para mantenerlos públicos.

Financiarización.

La desregulación permitió que el sistema
financiero se convirtiera en uno de los centros principales
de actividad de redistribución de rentas mediante la especulación,
la manipulación y el fraude a través de complejos
productos financieros que nadie entendía. Tras el estallido
de la burbuja la situación es todavía peor. La desvalorización
de muchos productos financieros ha dejado a muchos
ahorradores sin buena parte de su patrimonio y el estallido
del paro a muchos otros esclavizados a unas deudas contraídas
por la compra de unos activos, especialmente viviendas,
que ahora tienen un valor muy inferior a la deuda. También
a nivel internacional, aquellos países que, como España, se
endeudaron enormemente con el exterior, ahora se ven abocados
a merced de sus acreedores que aprovecharán la situación
para exigir medidas acorde a sus intereses. Para más
ironía, el pago de la deuda de los estados supone también
una fuerte transferencia de rentas de las poblaciones que
pagan los impuestos —en el caso de España muy mayoritariamente
los trabajadores— a quienes tienen dinero para
ahorrar y compran deuda pública que recibe los intereses y
es amortizada con los impuestos.

El ejercito de reserva.

La globalización que pone en competencia
entre sí a los trabajadores de todo el mundo, y la
destrucción de empleo asociada a la crisis hace aumentar el
ejercito de reserva y disminuye el poder de los trabajadores realizando una presión constante a la baja sobre los salarios
y las condiciones laborales; efecto que se ve aumentado por
una incertidumbre cada vez mayor sobre su futuro y unas
prestaciones sociales menguantes, sobre las cuales el propio
estado se encarga de sembrar la duda de su insostenibilidad
en el futuro. Esta situación lleva a los trabajadores a aceptar
unas condiciones laborales cada vez más favorables al
capital, al no cuestionamiento del trabajo asalariado y a la
aceptación de la sumisión en las relaciones de trabajo.

Se establecen unas políticas cuyos ejes para combatir el
desempleo son la flexibilidad, la adaptabilidad y la formación
(del trabajador); haciendo recaer la responsabilidad de
su situación exclusivamente sobre los propios trabajadores
que se encuentran en situación de desempleo o de precariedad
laboral. Los empresarios mantienen impertérritos que
solo los trabajadores son los responsables de su situación.
Por lo tanto deben esforzarse en ser más productivos, ser
más flexibles ante las necesidades de sus empresarios, ser
más adaptables a las distintas circunstancias de los mercados
y de la economía y constantemente verse involucrados
en una carrera sin fin de formación (eso sí, solo en aquellos
campos interesantes para el capital) con la promesa que si
hacen todo eso serán trabajadores suficientemente atractivos
para el capital y podrán optar a un puesto de trabajo...
que no existe.

Podría ampliarse la lista de estos elementos pero la haría
excesiva para este trabajo. Pasamos a continuación a recoger
algunos aspectos que suponen el apoyo a la acumulación
por medio de la actuación estatal directa:

Redistribución estatal.

El estado es también un mecanismo
de redistribución social a través de la política fiscal y
presupuestaria. Mediante recortes en el gasto público que
debería apoyar el salario social; reformas fiscales para beneficiar
a los rendimientos del capital en lugar de las rentas
del trabajo y disminuyendo los impuestos directos para aumentar
los indirectos9; la mercantilización de los bienes y
servicios públicos mediante tarifas y tasas (por ejemplo en la
educación o en la sanidad) y la provisión de una vasta gama
de subsidios y beneficios fiscales a las empresas, se llega a la situación actual que en los distintos ámbitos estatal, regional y local las políticas redistributivas suponen simplemente una entrega del dinero público en beneficio de las empresas. En palabras de D. Harvey, “La reversión hacia el dominio privado de los derechos de propiedad común conquistados tras duras luchas de clase (el derecho a una pensión, a la asistencia,
a la atención sanitaria) ha sido una de las políticas de desposeimiento más atroces proseguidas en nombre de la ortodoxia neoliberal
”.

La administración y la manipulación de crisis.

La gestión
y la administración de la crisis y de sus tiempos es un
mecanismo muy potente para aumentar la acumulación. El
discurso de la crisis es aprovechado para impulsar medidas
claramente impopulares que apenas generan oposición bajo
el pretexto que son sacrificios necesarios (ante los mercados,
ante Europa...) para salir de la crisis y que es necesario
que todos nos estrechemos el cinturón para salir adelante.
Además, la hipoteca que supone el endeudamiento exterior
(tanto la deuda pública como la privada avalada explícita o implícitamente por los estados) se convierte en un mecanismo
que permite alargar estas prácticas en el tiempo.

El estado como re-clasificador de la sociedad.

Paralelamente
al proceso de profundización en el modelo de acumulación
la crisis ha hecho visible ante amplias capas de la
sociedad otra cara del papel del estado: asegurar el “orden”
de la sociedad; reproducir las relaciones sociales existentes
e intentar impedir cualquier cambio en este sentido que
pudiese alterar en “buen” funcionamiento de la sociedad
capitalista; impedir que la lucha de clases (en sus múltiples
manifestaciones) pueda alterar el proceso de acumulación.
En una pocas palabras, impedir la resistencia y la lucha de
las poblaciones por sus derechos. … Incluso cuando se permite
(e incluso se fomenta) la participación ciudadana se
proponen formas estrechamente tuteladas y siempre no
vinculantes, despreciando e incluso criminalizando cualquier
movimiento ciudadano o social que se atreva ir más allá de
lo estrictamente previsto. Y para ello el Estado va a utilizar
todos los medios a su alcance. Cuando las degradadas condiciones
sociales llevan a la resistencia, aunque sea débil, en
aquellos lugares donde la oposición a la acumulación y a la
re-clasificación de la sociedad pueda ser más fuerte, el papel
del Estado neoliberal asume rápida y crecientemente el de la
represión activa: Vigilancia y control cada vez más estrecho
a las voces disidentes.

Alejamiento de la toma de decisiones del ciudadano.

Existe una tendencia creciente en el conjunto de los países
europeos a que las decisiones políticas estén cada vez más
alejadas de la sociedad. En las últimas décadas se está observando
que incluso dentro del marco de una democracia representativa
(en la que buena parte de la sociedad renuncia
a ejercer un control directo de la gestión política más allá del
voto cada cuatro años y del control que pueda ejercer el parlamento
como representante indirecto del pueblo), el poder
ejecutivo (en sus múltiples niveles y órganos) está tomando
cada vez más autonomía y ni el legislativo ni el judicial son
capaces de oponer resistencias. Ejemplos de estas prácticas
los encontramos cuando se utilizan procedimientos “express”
(p.ej: decretos-ley) para aprobar todo tipo de “reformas”
y decisiones impopulares bajo la excusa de la “urgencia”,
cuando se crean todo tipo de órganos e instituciones (supuestamente
independientes) para trasladar los debates a
puerta cerrada o escudarse en que se trata de cuestiones
técnicas avaladas por unos expertos y que son cuestiones
que no pueden dejarse en manos de los políticos, cuando
se niega la posibilidad de debate y discusión alegando que
las medidas vienen impuestas por una entidad superior (Madrid,
Bruselas, el FMI), etc.

Reducir la presencia de lo político.

Al mismo tiempo que exige al estado una intensificación de su actuación en la lucha de clases, el capital, por otro lado, esta intentando reducir al mínimo el papel y la presencia de la política. No es sólo en el ámbito económico donde se está produciendo el agresivo ataque a la población. No está siendo menor el ataque político. La política, por definición, aparece cuando hay proyectos e ideas diferentes y las luchas por imponer o conseguir diferentes formas de sociedad. Es en este sentido que la política desaparece. Cuando dicen que los gobiernos tienen que actuar según dictan los mercados ¿nos damos cuenta que con ello se esta eliminando toda la existencia de una democracia (por débil que fuera ya la democracia parlamentaria
existente)? Se está reconociendo que existen unos
entes todopoderosos, ‘los mercados’, —además abstractos e inaprehendibles en su identificación ¿Quiénes son? ¿No tienen nombre y apellidos? ¿CIF?— cuyos intereses son los
que dictan toda la vida social. Y esto es gravísimo pues niega a las poblaciones toda posibilidad de incidir en sus propias vidas y en el desarrollo social.

La competitividad y los intereses económicos deben pasar
delante de todo.

Y los intereses económicos y empresariales
dominan el ámbito de lo político, ejerciendo un descarado
protagonismo en la dirección de la vida y las decisiones
públicas. Vemos surgir agentes ‘empresariales’ y ‘técnicos
que recaban para sí el diseño de la política. Por ejemplo, son
cada vez más frecuentes las reuniones de miembros destacados
del Gobierno con empresarios y sus técnicos, que pretenden
fijar las líneas de actuación de la economía y los aspectos
sociales del país. Asimismo, en los primeros meses de
2011 se ha presentado al Rey y a la Moncloa un documento elaborado por la élite empresarial de este país en el que
insisten en proporcionar lo que ellos consideran ‘soluciones
técnicas
’ para España y recomiendan que los temas sociales
se dejen en sus manos para una solución más eficiente. ¿Nos
damos cuenta lo que esto significa? En lugar de hacer del
técnico un servidor del político, se exige el abandono de los
asuntos sociales en manos de los primeros. Otro inquietante
indicador. Y cuando no, ya está la Comisión Europea forzando
aprobar los presupuestos del Estado antes que pasen por
el parlamento.

Asimismo tratan de construir ideológicamente “El Ciudadano”.

Quieren fomentar un “ciudadano responsable
que es consciente de cual es su lugar dentro de la sociedad
(y sobre todo que no lo cuestione) y que se debe dedicar a
cumplir su papel lo mejor posible, incluso estar dispuesto a
realizar importantes sacrificios personales, porque solo así
será posible que el país pueda salir adelante y superar esta
situación de crisis. Como ejemplo de estas tendencias recogemos
a continuación un comentario sobre un documento
reciente relacionado con el proyecto de futuro de la gestión de la sociedad española (10).

Buena parte de este Informe se centrará en desenmascarar
las prácticas de este tipo que se están llevando a cabo
actualmente o que amenazan con llevarse a cabo en el estado
español bajo el pretexto de unas políticas públicas que
deban permitir que España salga de la crisis en la que nos
encontramos.

Notes

1. Estas son las dos clases esenciales. Dichas clases sociales básicas
se descomponen a su vez en distintos grupos como capitalistas puros,
gerentes de sociedades, altos empleados de la administración,
técnicos, clases medias, trabajadores intelectuales, administrativos,
manuales, trabajadores con o sin empleo, etc. pero esencialmente
su carácter depende de si tienen o no capital.

2. La interpretación anarquista del estado. Hay que mencionar también
la interpretación anarquista del estado. Para los anarquistas la
sociedad está también dividida por la propiedad y los propietarios
de la riqueza explotan a los que no la tienen. Para ellos ‘El poder
político y la riqueza son inseparables. Los que tienen poder disponen de medios para adquirir riqueza y tienen que orientar todos sus esfuerzos a adquirirlos, pues sin ella no podrían retener aquel.
Los que son ricos deben hacerse fuertes, pues, si carecen de poder, corren el riesgo de verse privados de sus riquezas
’ (Bakunin). Es
decir, la explotación económica es el problema básico, pero como
los ricos tienen el poder para permitirla y ambos poderes son inseparables,
el poder es al mismo tiempo el opresor. La integración
entre el poder económico y político es total y para ellos el estado se
convierte en el agente principal de dominio de una clase por otra:
está claro que las clases que forman el estado desempeñan el papel
de explotadores, y continúan explotándolas
’ (Bakunin). Es decir,
el estado no es un simple medio al servicio de la clase dominante
(definido por la propiedad de los medios de producción), sino que,
como estructura de poder, tiene su propia dinámica que mantiene
las clases y facilita los medios para el enriquecimiento de la clase
dominante. De ahí que para ellos una sociedad justa sólo puede
ser una sociedad donde se haya destruido previamente el estado.
‘Estado’ en el contexto anarquista no se entiende como sinónimo
de ‘lo público’ en general, sino como una forma específica de organización de ‘lo público’, una forma de organización jerárquica y de poder, a la cual como alternativa se opone el concepto de autogestión
y del federalismo como organización de-central desde abajo
hacía arriba: ‘El estado es un concepto relacional, una relación entre
seres humanos, una forma de interacción de los seres humanos.
Destruir el estado significa crear otras relaciones, otras formas de
interacción
’ (G. Landauer).

3. Por el economista Keynes que era quien propugnaba este tipo
de esquemas.

4. En el caso de España el desarrollo del estado del bienestar fue
tardío y escaso. Para un análisis más detallado ver el Informe Taifa 04.

5. La monetarización de los intercambios y de los impuestos, fue
un elemento clave para la transición hacia el capitalismo, incluso
en aquellos que consiguieron sortear las olas privatizadoras, pues
los campesinos se veían obligados a destinar su producción hacia
el mercado en vez del autoconsumo pues al no tenerse que pagar
ya los tributos en especies sino en dinero, el mercado era la única
forma de conseguirlo. Al orientar su producción al mercado, su consumo
también gradualmente se orientó hacia el mercado.

6. A menudo cuando se presenta la acumulación primitiva se corre
el peligro de caer en la tentación de pensar que la sociedad precapitalista
era una sociedad bucólica. Eso no era así, las sociedades precapitalistas,
en la mayoría de casos, eran sociedades de clases, y la
mayor parte de la población vivía una vida nada bucólica. No fue casual
pues, que para una parte de la población viera con buenos ojos
muchas de las transformaciones que se acontecían pues al mismo
tiempo que se eliminaban algunos de sus derechos, se eliminaban
también algunas de sus cargas y obligaciones e incluso podían ver
en la emigración a las ciudades para convertirse en obreros asalariados
una posibilidad de mejora en sus condiciones de vida.

7. Estas instituciones públicas existían ya desde el final de la II Guerra
Mundial –FMI, Banco Mundial, OCDE- pero fueron utilizadas
intensamente en la crisis de la deuda de los ochenta de los países
periféricos y han ido adquiriendo más peso en la escena mundial
con la globalización.

8. Ver informe Taifa 6 para las causas de la crisis y informe Taifa 7 para las
consecuencias en el estado español.

9. El aumento de los impuestos indirectos (por ejemplo el IVA que
es un impuesto sobre el consumo) en detrimento de los impuestos
directos (por ejemplo el IRPF que grava la renta de las personas)
supone un claro aumento de la regresividad del sistema fiscal. Es
decir, que proporcionalmente pagan más aquellos que menor renta
tienen.

10. Ver articulo Transforma España en este mismo Informe.

Anexo.

Transforma España o como una “Dictadura Civil” inicia el apoderamiento silencioso del gobierno del Estado español

LA IMAGEN DE LOS HECHOS

El hasta hace poco presidente del gobierno español elegido
en las urnas, José Luis Rodríguez Zapatero se reunió en la
Moncloa este 26 de marzo con un núcleo duro de poderosos
españoles (grandes empresarios y banqueros) que han decido
recientemente instaurar en paralelo la Junta de Gobierno
de la “Dictadura Civil”. A la reunión acudieron representantes
de las 41 empresas con más peso en la economía del
país (1). Para darnos una pauta del poder que tienen y ejercen
sobre los 44,5 millones de personas que vivimos en el Estado
español, la riqueza acumulada de los 14 más ricos entre esta
gente, que se sentó en la mesa con el rótulo delante de Gobierno
de España, es igual a 4 veces el PIB español.

Esta Junta de Gobierno ha pedido al “presidente en funciones
del Gobierno del Estado español que se dé prisa en
poner en marcha las reformas comprometidas, que las aplique
con la máxima celeridad porque sus componentes son de la
opinión que tales cambios no pueden demorarse más (2). En el
encuentro se ha hablado básicamente de cuatro reformas: la
del mercado de trabajo, la de las pensiones, la del sistema financiero
y la energética. Además, han pedido reformas fiscales
y que se fije los criterios de control del gasto de las CCAA,
pero con estas el presidente puede tomarse su tiempo. Pero,
lo que realmente preocupa a los empresarios es la reforma
laboral, así como la de la negociación colectiva (3). Estas dos son
las verdaderamente urgentes, aparte de no frenar la iniciada
con las pensiones públicas, e ir pensando en introducir prácticas
de copago en la sanidad pública.

Como parte de ir implementando el plan esbozado en
el documento (4) por esta cúpula de empresarios, el “presidente en funciones” sugirió la creación de un gobierno de
traspaso paulatino de poderes llamado Comisión Asesora
de Competitividad, en la que pueda contar con la presencia
y opinión de los empresarios. Zapatero pidió que tuvieran
una representación permanente y que, en concreto, estuviera
presidida por César Alierta, presidente de Telefónica.
A su vez, tras los dos encuentros oficiales celebrados hasta
la fecha (5), Zapatero ha comunicado al país las tres mejoras
básicas implantadas por su gobierno: la primera, que la
estabilidad en la economía española ha mejorado de forma
clara desde noviembre
”; la segunda, que esta mejora ha
sido fruto de las “reformas difíciles” que ha tomado su Gobierno
para abordar los problemas de la economía del país;
y tercero, que “no hay que bajar la guardia” y que todavía
hay reformas que se deben emprender” (6). Razón por la que
varios de los empresarios asistentes le han pedido a Zapatero
que decida no anticipar las elecciones para asegurarse que estas medidas se legislan y realizan en un ambiente de
estabilidad política”, y por un político que ha demostrado
ser un hombre de confianza.

EL TEXTO DE LOS HECHOS

Esta reunión, también tuvo un texto. Ese texto fue el informe de la Fundación Everis: Un momento clave de oportunidad para construir entre todos la España admirada del futuro 2010. El documento fue realizado por un selecto grupo de la sociedad civil española:

a. cincuenta altos ejecutivos de grandes empresas (suponemos
que, como representantes de la sociedad civil, desinteresadamente
también debían representar a sus empleados
—sindicados o no— familiares de estos y consumidores de
sus productos y servicios)

b. cincuenta expertos multi-temáticos de contrastada independencia
(aunque aún no hemos descubierto en relación a qué o a quién) pero mono-ideológicos.

Que 17 de los empresarios antes citados presentaron al
jefe del estado que no del gobierno, considerando la grave
situación de España. A los pocos días de publicarse el documento
citado (7), el colectivo Attac advertía que “los dueños
del poder económico han pasado por encima del Gobierno y
del Parlamento y han llevado al Rey una propuesta para “refundar
España, interviniendo cuanto antes para cambiar el
ámbito constitucional e imponer un nuevo modelo de Estado
” (8). Y G. Llamazares tachaba de “golpista el informe TransformaEspaña
de la Fundación Everis
: (advierte que) “incluye
propuestas con posiciones de la extrema derecha, porque en
vez de dirigirlo al presidente del Gobierno, sus promotores
se lo han entregado, “más allá de sus competencias”, al jefe
del Estado, haciendo así un “menosprecio” a la democracia
española y su reparto de poderes
” (9).

Esto ya ocurría en las democracias atenienses, a las que a
veces erróneamente alabamos, donde los ricos del pueblo (10),
o demos en su argot, se reunían para decidir y gestionar los
asuntos de la comunidad, o polis. Los trabajadores del pueblo,
en su gran mayoría esclavos, así como las mujeres, no
eran considerados miembros del demos y, por tanto, quedaban
excluidos de los derechos de participación y gestión
en los asuntos colectivos de la comunidad. En la iniciativa
llamada TransformaEspaña, vuelven a ser los ricos del pueblo
de este país los que proponen varios cambios que se
asemejan a la forma de gobierno de aquellas democracias
griegas. En síntesis, el documento contiene el espíritu y la
práctica de aquellas constituciones (11):

- Dada la concentración de la riqueza productiva y financiera,
y que el país se encuentra entre los 10 más ricos del
mundo

- Dado que el país, que en el pasado ha generado buenos
resultados, pero ya no puede seguir compitiendo en la Economía
del conocimiento debido al agotamiento del modelo.

- Dado que el problema es de todos los agentes del país,
las oportunidades también, y la solución igualmente.

- Entonces, se impone un cambio, y que el reto no es
evolución, sino transformación. Se trata de una visión contundente
que ha de realizar la Sociedad Civil, o gobierno
de los ricos. Una transformación que, aprovechando este
tiempo de crisis, se convierte en una oportunidad inmejorable
para efectuar todas las reformas necesarias (laboral,
pensiones, privatización de la sanidad y la educación, etc.),
que exige la nueva etapa de progreso.

- Para todo esto hay que sustituir la sociedad política por la Sociedad Civil. Convertir la sociedad de personas hacia una sociedad de talentos y capitales. El mercado de talentos (o capital humano) ha de ser transparente, justo, flexible,
proactivo y dinámico, con una fuerte movilidad geográfica, sectorial y organizativa, y abierto a importar/exportar talentos
con el resto del mundo.

- La competitividad es el ingrediente clave y la consecuencia básica de la ecuación económica de un país (madurez-país y oportunidad-país). Hay que producir más y ganar
menos; por tanto se impone la reducción de costes laborales
en términos de salarios más bajos, eliminación de cuotas a
la SS, contratos precarios y despido libre.

- Llevar a cabo la refundición en un solo ente humano de
las facetas del Ciudadano-depositario-de-valores, Ciudadano-elector, Ciudadano-consumidor, Ciudadano-financiador
y Ciudadano-productor. Tiene que desaparecer ese lenguaje
de clase. A partir de este sujeto armonizado, el ciudadano
integral, hay que repensar el nuevo modelo de Estado del
bienestar.

- Con las oportunas limitaciones y matices, el capital financiero
sigue siendo el combustible que alimenta el motor
del país y el aceite que lubrica su engranaje.

- Se impone una revisión de la Función Pública, de forma
que origine un nuevo modelo de Administración (preferentemente
centralizada).

- Hay que desarrollar una estrategia para conseguir una
Marca España que sirva igualmente para visitantes y residentes.

- Y establecer planes (sociales y económicos) de medio y
largo plazo que, transciendan los ciclos electorales, pueda ir
minimizando la presencia, y la sanción, de la sociedad política
a través de urnas y elecciones. En última instancia, debe
aparecer el Ciudadano-integral como fusión fértil de los cinco
roles anteriores. Esta hibridación de roles conducirá al nacimiento
de vehículos de transformación entre Ciudadanos y
Administradores, y a crear puentes entre compartimentos estancos.
En todo este proceso, una nueva Sociedad Civil debe
emerger y encontrar su nueva misión, identidad y voz.

LA IMPORTANCIA DE ESTOS HECHOS

¿Hasta que punto es esta reunión y este documento importante?
Si de lo que se trata es “solo” la necesidad de
obedecer el credo de los mercados financieros y perseguir
nuevas formas de extracción de plusvalía, en lo que hemos
denominado acumulación por desposesión, seguramente
sería mucho más importante el papel que está jugando la
Unión Europea, la Unión Monetaria y la ya clara estrategia
del gobierno español.

Sin embargo, la importancia de esta iniciativa se centra,
en nuestro entender, en el giro que las élites nacionales hacen
sobre dos dimensiones del Estado:

1. Intentar recomponer las relaciones de clase y conducirlas
al interclasismo, y, en particular, descomponer la clase
trabajadora como clase antagónica.

2. La autonomía relativa que ha tenido el gobierno central
(y el resto del Estado: UE, autonomías y municipios) en
dirigir el capitalismo a escala nacional no sirve para salir de
la crisis, y por tanto es necesario reformular el papel del Estado
como articulador y principal actor en la parte política
del capitalismo

Tampoco creemos que este documento sea anecdótico,
aunque acabe olvidado o desapercibido para las izquierdas
del país. En los últimos años estamos viendo como en otros
países (aunque con actores diferentes), reformulaciones del
estado en las misma línea que Transforma España, tales como
la “Gran Sociedad” propuesta por David Cameron en el Reino
Unido. En este sentido, este documento puedo abrir nuevos
formas de entender el papel del estado en el capitalismo español
y modificar el debate sobre este. Es por ello que en lo
sigue, nos centramos en estas tres dimensiones

EL CIUDADANO MATRIZ: LA DESCOMPOSICIÓN DEL TRABAJADOR COMO CLASE

Quizás, la propuesta más importante y, seguramente, más
radical propuesta por Transforma España, es la redefinición
de ciudadanía para un nuevo modelo de país.

En las democracias liberales que han sustentado políticamente
la reproducción del capitalismo en el norte global, las
definiciones de ciudadanía subrayan la necesidad de derechos
individuales dentro de la ley, siguiendo el lema de la revolución
francesa: igualdad, fraternidad y libertad (aunque siempre
limitadas). Estos derechos, en general, son de tres tipos:
derechos cívicos (libertad de expresión y asociación), derechos
políticos (votar y ser elegido) y socio-económicos (derechos
de propiedad, a la educación, sanidad…). En resumen, la ciudadanía,
al menos formalmente, es definida en relación a la
pertinencia a un estado político y en términos de derechos.

En cambio, bajo el pretexto de “ubicar al ciudadano como verdadero centro de gravedad del país”, se propone
como primer paso para una nueva España, “restaurar una
definición de Ciudadano válida desde una óptica de Modelo
Productivo
”. En esta nueva definición, ya no se habla de
derechos sino de funciones para este modelo productivo,
en cinco dimensiones fundamentales (donde la primera es
la única definida en el documento) que llevan al constituir el
ciudadano-integral:

- El Ciudadano depositario responsable de los valores de
un país. ¿Y cuales son los valores del futuro? “Valores de
carácter social (esfuerzo, meritocracia, confianza entre los
miembros de la sociedad y los agentes socioeconómicos, compromiso
en la realización de proyectos, responsabilidad cívica
y social, etc.)
”, nótese las ausencias aunque “también valores
de carácter económico (cumplimiento fiscal de las obligaciones tributarias, eliminación del fraude fiscal, destierro de la
economía sumergida, rechazo a la corrupción, penalización
severa a los delitos económicos, etc.)
” ¿Seguro? (pág. 69);

- el Ciudadano elector: ¿del ciudadano político al elector?;

- el Ciudadano consumidor;

- el Ciudadano financiador: ¿del estado? ¿De las empresas?
¿De nuestro propio consumo de bienes y servicios colectivos?;

- el Ciudadano productor de valor socioeconómico: ¿qué más decir?

El ciudadano en sí, continúa siendo definido de manera
liberal en al menos un aspecto: la individualidad. No obstante,
se economiza su identidad: el ciudadano con valores
económicos y de trabajo, como consumidor de lo político y
de los bienes y servicios, y como recurso económico (financiador
y productor). En otras palabras, sus derechos como
ciudadano reducidos a su contribución directa e indirecta al
sistema productivo, para la mayoría como clase trabajadora.
Pero al mismo tiempo negando su condición de clase y la
posibilidad de transformación política.

Curiosamente, el documento también aboga por “instaurar
para cada agente del sistema-país un nuevo patrón
de triple excelencia individual: medible, adaptable y conectado
”.
Aunque esto se refiere a los actores del modelo productivo
(que no ciudadanos), es interesante constatar que
cuando el documento habla de estado del bienestar responsable (ver recuadro) estas categorías pueden entenderse
como medibles. El resultado se puede convertir en una
matriz de ciudadanía cuantificada, donde el cálculo económico
y la racionalización no tan solo nos convierten en una
mercancía más (la medición nos pone precio) pero también puede llevar (aunque no creamos que los autores pensaran
en ello) a sendas muy peligrosas.

Finalmente, a través de todo el documento se separa
conscientemente entre ciudadanos, sociedad civil y Estado,
como entes separados que solo se comunican a través de la
ventanilla de la Administración. Para todo esto hay que sustituir
la sociedad política por la Sociedad Civil. Esta sociedad
civil es definida como ciudadanos+empresas. Eso no quiere
decir que se obvie otras formas de organización de los ciudadanos,
pero las reduce a eso, a una suma de ciudadanos sin
contenido político y/o transformador (¿Cómo definiría este
documento al 15-M?), el conflicto, los diferentes intereses y
diferencias de poder se diluyen en aras de la responsabilidad
de mejorar sistema-país. En este contexto, el modelo de
Estado es acotado al marco y modelo productivo definido en
el documento, donde la sociedad de personas se convierte
en una sociedad de talentos y capitales, y el estado en un
gestor más en canalizar los flujos de los dos grupos.


En efecto, en cualquier núcleo social, una percepción
completa por parte de los miembros del qué,
porqué y cuánto de los usos y disfrutes, conduce rápidamente
a la definición del mejor (más útil, efectivo y
eficiente) conjunto de activos para el bienestar, tanto
individual como colectivo, que se puede permitir el
núcleo social en cuestión. En el contexto ciudadano,
esto equivaldría a armonizar en cada persona las facetas
de Ciudadano-depositario-de-valores, Ciudadano-
elector, Ciudadano-consumidor, Ciudadano-financiador y Ciudadano-productor.

De la misma manera, estos principios aplicados a
toda una Sociedad y abanderados, en particular, por sus Agentes Sociales, conducirán a la definición del mejor y más equilibrado Estado del Bienestar para
que sus miembros se acerquen al ideal de personas
autónomas, preparadas, saludables, seguras y debidamente
asistidas.


CONCLUSIÓN: EL DOCUMENTO COMO INSTRUMENTO HACIA LA TOMA DEL PODER EMPRESARIAL

En resumen. Se trata de conseguir que el país sea el valor
unidad, considerado por encima de clases sociales y pueblos,
y de que se asuma que será el talento de los más instruidos
e ilustrados, es decir, las visiones de las cien personas
más destacadas de la Sociedad Civil española, las que gobernarán
el país en el futuro, así como resaltar y enaltecer
la actitud individualista dentro del rebaño que ha de tener
todo ciudadano. Esto implica que, disuelta la sociedad política,
desaparezcan los partidos, así como otros sujetos del
ámbito social, como los sindicatos, las asociaciones de vecinos,
etc. Tampoco el documento menciona el futuro de
derechos como el de huelga, el del sufragio universal, que
insinúa que desaparecerán; o que pasará con mecanismos
necesarios para enfrentarse a la pobreza y las desigualdades
sociales que genera de forma tan aguda el capitalismo con abundancia y en períodos de crisis. Lo que preocupa a los
futuros gobernantes de la dictadura civil es la continua mejora
de la marca país, y no el bienestar de la población (12). Al fin y al cabo, saben que los millones que ganan anualmente
dependen de la estructura de poder que les permite controlar
los recursos y la riqueza que con esto se genera. En una
frase, el documento acaba reafirmando que “la confianza
individual por parte de cada español en sus capacidades,
unida a la confianza en la fuerza colectiva de todos los españoles
obrando al unísono para servir una meta común, son en este momento la clave, la oportunidad, la base del éxito para construir la España admirada del futuro
” (13). Algo así como aquel no tan lejano eslogan franquista/falangista de la unidad de España en lo universal.

Notes annex:

1. También acudió Joan Rosell, presidente de la Confederación Española
de Organizaciones Empresariales (CEOE).

2. Un editorial de El País intenta vendernos la idea de que son los
empresarios los que avalan la política del Gobierno, y no este el que aplica las reformas que le dictan los empresarios. Elpaís.com, 29 marzo del 2011.

3. Nota. Esta acaba de aprobarse en el Congreso de los Diputados. Junio del 2011.

4. Ver TransformaEspaña.

5. Ver Apéndice C. Historia de las reuniones entre gobierno y empresarios.

6. La Vanguardia.es. 27 marzo del 2011.

7. Fundación Everis. Un momento clave de oportunidad para construir
entre todos la España admirada del futuro
. 2010.

8. JM Martín Medem. ¿Golpe de Estado de la banca y de las grandes
empresas? 27 noviembre del 2010.

9. Unidad Cívica por la República. 27 noviembre del 2010.

10. Demos o pueblo rico.

11. Constituciones políticas griegas. Alianza editorial, 2007.

12. Alberto Fernández lo deja bien claro en Los intereses de los empresarios:
¿Coinciden los intereses de las grandes empresas, cuyos
presidentes se reunieron con el Gobierno en La Moncloa, con los
intereses de España? Yo creo que no. Tenemos que acostumbrarnos
a que estas empresas ya no son sector público y lo que es bueno
para Telefónica, Iberdrola o Banco de Bilbao, por poner un ejemplo,
no tiene por qué ser bueno para España. Son empresas con accionariado
diverso que cotizan en Bolsas extranjeras. Algunas tienen más
empleados e invierten más fuera de España que en España
”. Elpaís.
com. 29 marzo del 2011
.

13. Documento resumido. TransformaEspaña.

Font: Seminario de economía crítica Taifa (2011). La estrategia del capital. http://informes.seminaritaifa.org/informe-08/

+ Info:

La Iniciativa “Transforma España” y el Ibex 35 “ampliado”, con el Rey y ZP. La ”sociedad civil”... del gran capital vuelve a la ofensiva. Jaime Pastor

¿Quién manda aquí? Aristócratas y políticos en los consejos de administración de las empresas del IBEX-35

Una aproximación a la red social de la elite del poder económico en España. Iago Santos Castroviejo

Cómo hacer una revolución. Peter Camejo


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