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Anticapitalistes
  
dissabte 13 d’agost de 2011 | Manuel
Insaciables + A vueltas con la deuda + ¿Cuánto cuesta la especulación?

Miren Etxezarreta, Bibiana Medialdea

La crisis actual, desde 2007 en adelante, está facilitando un nuevo y muy potente ataque a los intereses de las poblaciones. Las medidas “de ajuste” se suceden sin cesar. La gestión de la crisis fue desacertada y caótica en 2008 y 2009, pero es a partir de 2010 cuendo se intensifica el ataque. Asistimos a la continua implantación de políticas económicas severas y crueles con la mayoría de la población, que deterioran las condiciones de vida en todas sus facetas. Estas medidas no sirven para resolver la crisis, sino que implican el deterioro de la economía y, por tanto, la perpetuación de la crisis por un largo periodo. Su objetivo de fondo no es otro más que hacer retroceder muchos años los derechos adquiridos con largas luchas para conseguir mantener y aumentar los beneficios que el capital necesita.


Insaciables

Miren Etxezarreta, Publico 26 de julio 2011

Desde la llegada del neoliberalismo a la política económica con la crisis de los setenta –impulsado por los poderes económicos del mundo, con Thatcher y Reagan como valedores políticos, legitimados por una enorme cohorte de académicos, sobre todo economistas–, asistimos a un continuo ataque a los derechos laborales, sociales y cívicos de las poblaciones de los países “desarrollados”. La crisis actual, desde 2007 en adelante, está facilitando un nuevo y muy potente ataque a los intereses de estas poblaciones (lo que tampoco es obstáculo a que se intensifique la explotación de los demás pueblos del mundo globalizado).

En el Estado español, como en otros países de la denominada periferia de la UE, estos ataques se están ejerciendo con inusitada virulencia. Toda una serie de elementos conocidos han conducido a altos niveles de endeudamiento de la economía, y sobre todo a una deuda externa difícil de gestionar. Los mercados financieros a los que se recurre, reforzados por instituciones públicas internacionales (FMI, OCDE) y en particular por la propia Unión, imponen exigencias crecientes a las economías deudoras, requiriendo de los gobiernos la realización de políticas que suponen un durísimo ataque a las condiciones de vida y derechos cívicos y sociales.

Las medidas “de ajuste” se suceden sin cesar. La gestión de la crisis fue desacertada y caótica en 2008 y 2009, pero es a partir de 2010 cuendo se intensifica el ataque. En febrero se emprendieron nuevas medidas de austeridad, y a partir de mayo se produjo un giro drástico en la política económica española para adentrarse de lleno en un periodo de severidad: fuerte recorte presupuestario, reforma laboral y reforma de las pensiones, seguidas por otras parecidas de menor entidad en diciembre.
En 2011 se está acentuando esta orientación, a pesar de que el Acuerdo Social y Económico de febrero fue totalmente superfluo. Supuso poco más que reiterar la voluntad de reformar las pensiones y abrir la puerta a la reforma futura de la negociación colectiva, junto a pobres medidas para el empleo y vacías retóricas sobre política industrial, energética y de innovación. Podemos preguntarnos si el objetivo real del acuerdo, compuesto sólo de medidas preexistentes y futuras, no era sólo mostrar el consenso entre Gobierno y fuerzas sociales (con foto incluida) respecto a la política que establecía el primero.

A partir de marzo, la presión viene de instancias más potentes y se acentúa intensamente. A cambio del establecimiento de un fondo de ayuda financiera por si es necesario para rescatar a los países, y a través principalmente del Pacto por el Euro, la UE decreta una serie de medidas de envergadura que los países de la zona euro habrán de cumplir, supuestamente para impulsar la competitividad, el empleo, la sostenibilidad de las finanzas públicas, y reforzar la estabilidad financiera. Los aumentos salariales habrán de seguir la pauta de la productividad y no actualizarse según el IPC; hay que ahondar en la flexiseguridad –léase precariedad laboral–; eliminar la economía sumergida; disminuir la tributación del trabajo (de los más ricos y las cotizaciones sociales) y aumentar la fiscalidad indirecta (el IVA); “armonizar” la fiscalidad del impuesto de sociedades con un sistema que supondrá la disminución en la tributación de las empresas transnacionales europeas; revisar la estabilidad del gasto público –léase disminuir– especialmente en salud, educación y asistencia social; las jubilaciones habrán de demorarse hasta los 67 años o más tarde según la esperanza de vida; los presupuestos públicos habrán de cumplir el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de 1997 o ser penalizados con multas del 0,2% del PIB (en España unos 20.000 millones de euros anuales); y, además, han de ser revisados por la UE antes de ser presentados a los parlamentos; etcétera, etcétera.

España se da prisa en cumplir: Iberdrola ya ha logrado que sus salarios se negocien en función de la productividad y Telefónica seguirá un complicado sistema mixto (productividad e IPC); la ley sobre la economía sumergida ya se ha emitido por Decreto-Ley; ya estaba aprobada la reforma de las pensiones; los recortes en sanidad, educación, asistencia social, y todo el gasto público son drásticos. Asistimos a la continua implantación de políticas económicas severas y crueles con la mayoría de la población, que deterioran las condiciones de vida en todas sus facetas.

Aún hay aspectos más graves. Uno, que debido a su carácter fuertemente recesivo estas medidas no sirven para resolver la crisis, sino que implican el deterioro de la economía y, por tanto, la perpetuación de la crisis por un largo periodo (Grecia señala la evolución posible). Y segundo, que las medidas negativas para la población no se terminan, sino que seguirán ahondando en este deterioro. La reciente normativa sobre la negociación colectiva, que supone eliminar la fuerza de la misma, es un potente ataque a las condiciones laborales del futuro; además, los grandes empresarios que rigen la orientación de la política económica y sus asesores, el gobernador del Banco de España y la UE, señalan que las medidas de “austeridad” en curso han de completarse. Hasta explicitan que hay que finalizarlas antes de convocar elecciones. Este tipo de medidas no tienen límites, no se acaban nunca. Más y más de lo mismo, insisten.

Su objetivo de fondo no es otro más que, con la excusa de la crisis de la deuda, lograr disminuir de forma permanente el nivel de vida de la población, haciendo retroceder muchos años los derechos adquiridos con largas luchas para conseguir mantener y aumentar los beneficios que el capital necesita (1). No van a parar si no les forzamos a ello. Son insaciables.

Nota:

(1) "Cabe preguntarse si la salida de la crisis va a suponer este nuevo modelo de capitalismo de empresas y entes financieros oligopólicos globales, imprescindiblemente soportados por fondos públicos, sirviéndose de una miríada de empresas satélites subordinadas a las primeras, en el que sólo podrán tener niveles de vida adecuados las élites económicas y políticas. Sociedades cada vez menos democráticas, atravesadas por potentes instancias de corrupción, obligadas a recurrir cada vez más a la represión y con un desprecio total por los problemas de su población y los ambientales. La recuperación, si se produce, nos conduce a sociedades aún más duras. ¿Vamos hacia un capitalismo corporativo e institucional? Parece claro que la “estrategia de salida” para el capital implica una disminución sustancial, no coyuntural, un empeoramiento permanente, de las condiciones de vida de las clases que no constituyen la élite." Miren Etxezarreta, ¿Quién sale de la crisis?, Publico 18/4/2010


A vueltas con la deuda

Miren Etxezarreta, Publico 10 mayo 2010

El tema del déficit público y la deuda se ha convertido en el eje central de la preocupación económica en España. Disminuir el déficit es ahora el objetivo principal de la política del Gobierno, subordinando al mismo todas las inquietudes acerca de los demás problemas económicos, como el estancamiento de la actividad económica, el escándalo del paro y otros muchos.

El déficit y la deuda son demonizados y presentados como la causa de todos los problemas. Pero ambos elementos no son más que el saldo de los ingresos y gastos públicos y hay que analizar su evolución para plantearse el problema de la deuda, además del aparente pánico que parecen experimentar nuestros gobernantes. Los ingresos públicos han disminuido fuertemente por la crisis –algunos autores señalan que fuera de proporción con la caída de la actividad, apuntando a un aumento del fraude fiscal–, y no olvidemos que los gastos son más necesarios que nunca en la situación actual. La deuda no es más que una consecuencia adicional de una crisis generada por un sistema económico ineficiente, además de injusto. La deuda es un instrumento de equilibrio en la fase baja del ciclo, y mucho más en una crisis. Déficit y deuda son los instrumentos que están permitiendo que no haya caído el sistema financiero, que el declive de la gran industria no sea mayor (ayudas a las finanzas, al automóvil y otros sectores) y que una parte de la población disponga por lo menos de unos ingresos mínimos (subsidio de paro). No se puede disminuir el gasto público en una situación de estancamiento económico y alto desempleo sin graves consecuencias para la economía y para la población.
La deuda pública española no es tan alta como para constituir un problema dramático. Bastantes países relevantes de la UE tienen deudas considerablemente más altas. La alarma parece surgir por la rápida progresión de la misma. Pero sabemos que no es la deuda pública, sino la deuda privada, avalada por el Estado, la que causa el problema principal. ¿Se prevé seguir aumentando este tipo de ayudas y avales al sistema financiero? No sería justificado ahora.

Para resolver el problema se nos presenta un durísimo programa de ajuste. Pero, si la causa de la deuda es el estancamiento económico, el ajuste no hará más que dificultar la recuperación de la demanda e intensificará la crisis, lo que causará graves perjuicios a la economía y a la población, perjudicando más a los más débiles. Los graves e innegables problemas de la economía española no residen en la deuda, sino en la falta de eficiencia y de confianza en nuestra economía. ¿Cómo se generarán los ingresos adicionales para financiar el presupuesto y pagar la deuda? ¿Se han olvidado las consecuencias de los programas de ajuste en América Latina en los años ochenta? ¿Están latinoamericanizando el sur de Europa? ¿Han olvidado los nefastos efectos de la disminución del gasto público en la crisis de 1929?

La mayoría de la población va a sufrir las consecuencias de estas políticas. ¿No hay otras medidas para paliar el déficit y la deuda? Los mercados, las empresas de evaluación y las instituciones internacionales, como siempre, sólo insisten en rebajar el déficit, aprovechan para lucrarse aumentando los tipos de interés de la deuda y, además, y no es lo menos importante, exigen la implantación de medidas neoliberales en el país. Tampoco hay ninguna esperanza en ayudas de la Unión Europea; al contrario, sus exigencias empeoran la situación. Pero ¿no se puede hacer nada en el interior? Aquí las opciones ideológicas del Gobierno aparecen claras. Ni siquiera se mencionan otras posibilidades de resolver el problema de los ingresos públicos, posibilidades que habrían de consistir en exigir la cooperación de quienes más tienen y de aquellos que, merced a las ayudas públicas, han salido ya de la crisis, especialmente el sistema financiero. Si a las capas modestas del país, por no hablar de los más pobres, se les exige que acepten un significativo deterioro en sus condiciones de vida debido a la situación financiera del país, ¿qué se les está pidiendo a las demás capas sociales? Los bancos están reportando la vuelta a jugosos beneficios, la Bolsa ha recuperado, aunque con vaivenes, parte de su riqueza, los empresarios aprovechan la situación para lograr un mercado laboral y un sistema fiscal muy favorable a sus intereses y hay todavía muchos millonarios en España… ¡Qué bien les vienen la presión de los mercados mundiales y los informes de las empresas de evaluación! Pero ¿por qué no avanzar con medidas innovadoras e imaginativas que tanto ponderan en otros ámbitos?

Por ejemplo, para contribuir a paliar la deuda, instaurar una “deuda interna de emergencia” con suscripciones obligatorias de las entidades financieras que tanto se han beneficiado con la deuda pública, plantear una reforma fiscal de verdad, que gravando a los más poderosos, permita aumentar sustancialmente los ingresos de las arcas públicas, establecer un impuesto excepcional a los beneficios financieros… Existen alternativas.

Ni el Gobierno español, ni las autoridades internacionales, y muchos menos los míticos “mercados” hacen referencia a estas soluciones, revelando claramente su adscripción al status quo sus planteamientos y sus opciones. No es muy real la voluntad de resolver el problema de la deuda, ni de unos ni de otros, si sólo se plantean medidas que no afecten

Miren Etxezarreta es catedrática emérita de Economía Aplicada de la UAB


¿Cuánto cuesta la especulación?

BIBIANA MEDIALDEA, Público, 30/7/2011

Profesora de Economía Aplicada de la Universidad de Valladolid

Las turbulencias financieras que sacuden a Europa desde la semana pasada han hecho pasar desapercibido un extraordinario episodio de especulación con deuda pública en España. El episodio es particularmente ilustrativo por varias razones: evidencia lo fácil que sería poner en marcha normas que impidieran operaciones de este tipo; permite calcular cuánto nos cuesta a la ciudadanía la especulación con deuda pública; invita a cuestionarse la legitimidad de una deuda que, en parte, se alimenta de jugadas de los bancos, como la que nos ocupa.

El mercado de deuda pública se organiza en dos partes. Por un lado, cuando el Estado emite nuevos títulos de deuda, lo hace en el llamado mercado primario. Los agentes financieros (en su mayoría bancos) que compran esta deuda nueva lo hacen en este mercado. Pero no conservan los títulos de deuda en sus carteras hasta su plazo de vencimiento, sino que pueden venderlos a otros agentes en el denominado mercado secundario. El volumen de títulos que se negocia en este segundo mercado es muy importante, ya que, al margen de que haya nuevas emisiones de deuda pública en el primario, los agentes financieros reestructuran sus carteras de activos vendiendo y comprando títulos entre ellos de forma continua. Por eso, porque es mucho más dinámico, es en este mercado donde se define el precio de esos títulos de deuda (y con él su tipo de interés). Cuando el Estado emite deuda nueva en el mercado primario, el tipo de interés por el que se están intercambiando los títulos en el secundario define el que habrá que ofrecer para colocar los nuevos títulos. Hasta aquí, todo normal.

El Estado anunció que la semana pasada emitiría nuevos títulos de deuda. A lo largo de la semana, realizó cuatro subastas por un total de 7.250 millones de euros. Una operación de financiación frecuente para los estados. Pero, a río revuelto, ganancia de pescadores. En un contexto de incertidumbre como el existente, los bancos sabían que la ocasión era propicia para obtener ganancias extra con estas emisiones. Y no dejaron pasar la oportunidad.

Una vez hecho público que el Estado emitiría deuda en el mercado primario, los bancos acudieron al secundario a vender masivamente los títulos que tenían en sus carteras. Inundaron el mercado de deuda española, dando la impresión de que, si nadie la quería, sería por su mala calidad. En los mercados financieros se actúa por mimetismo, y una operación generalizada por parte de los bancos (principales participantes) arrastra a los demás y define el precio de mercado que prevalece. Como consecuencia, los tipos de interés de la deuda española subieron como la espuma poco antes de la primera subasta anunciada. Los bancos consiguieron así aumentar el dinero que el Estado tendría que pagarles por la deuda que iba a emitir.

Si los mercados funcionaran, un mayor tipo de interés para los títulos de deuda (una mayor rentabilidad exigida) reflejaría el mayor riesgo que corren los compradores al adquirirlos. Como se arriesgan a que quizás no les devuelvan la cantidad adeudada, necesitan más alicientes para decidirse a comprar. Pero las subidas de tipos de interés en el mercado de deuda pública durante la semana pasada no fueron fruto de un incremento en el riesgo asociado a los títulos. Los potenciales compradores no estaban preocupados, en absoluto, por la capacidad del Estado para devolver su deuda. La deuda pública española se sitúa en torno al 60% del PIB, no sólo muy por debajo de los niveles de endeudamiento griego (143%), italiano (119%) o portugués (93%), sino también del alemán (83%) y el francés (82%). De hecho, según los últimos datos anuales disponibles, cumplimos los severos criterios de austeridad fiscal impuestos por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE. Una prueba irrefutable de ello es que, una vez que el Estado sacó sus títulos a la venta, por cada euro de deuda que se ofertaba había una demanda dispuesta a comprar 2,6.

Como resultado del movimiento especulativo de los días previos, los títulos subastados el jueves (bonos a 10 y a 15 años) tuvieron que colocarse a un 5,92% y un 6,22%, respectivamente. Una rentabilidad más de un 25% por encima de la que exigió el mercado la ocasión anterior en la que se subastaron títulos de este tipo. Los títulos de vencimiento a 18 meses se colocaron casi a un 4%, cuando en febrero de 2010 lo hicieron a 1,25%. Estos tipos artificialmente elevados, que los bancos prefabricaron los días anteriores con sus ventas intencionadas, han supuesto un coste adicional de 488 millones de euros para el Estado. Sólo en una semana. A esto hay que añadir que los bancos también recompraron, con esta nueva y ventajosa rentabilidad, la deuda antigua que acababan de vender en el mercado secundario. Para los bancos la operación ha sido redonda: no sólo compran deuda nueva muy rentable, sino que elevan la rentabilidad de los títulos que ya tenían. Como contrapartida, para el Estado, ha sido ruinosa: recursos públicos regalados a los especuladores. Si se contabiliza el dinero público gastado en este tipo de operaciones especulativas, el saldo en lo que va de 2011 se aproxima a los 3.500 millones de euros. Es una especie de subvención a la especulación. ¿De verdad no hay un destino mejor para nuestro dinero?


Aquellos polvos y estos lodos

MIREN ETXEZARRETA, Publico 07 jun 2010

Los acontecimientos económicos de estas últimas semanas siguen ritmos tan trepidantes que es difícil mantener cierta perspectiva. Se suceden medidas que suponen nuevos golpes contra la situación de las clases populares de este país, obligados, nos dicen, por los mercados, que cada día ven peor nuestra situación y rebajan nuestras trabajosamente logradas calificaciones. Entre tanta vorágine y recomendaciones, quizá merezca la pena detenerse brevemente a considerar cómo se ha llegado a esta situación. Sobre todo para no incurrir de nuevo en los mismos errores y repetir actuaciones que pueden llevarnos a empeorar una muy difícil tesitura, ya que, aunque indudablemente la crisis es global, cada país presenta características peculiares que permiten un análisis diferenciado.

Es factible preguntarse si el poder omnímodo que parecen tener estos mercados sobre el país, o mejor, sobre sus gobernantes, no tiene sus raíces en una estrategia de política económica adoptada hace muchos años y cuyos errores ha resaltado esta crisis. En España hay que remontarse a los Pactos de la Moncloa (1977), y sobre todo a 1982, cuando se inició una política económica de carácter globalizador y neoliberal (perdonen el pleonasmo), uno de cuyos principales componentes lo constituía el rechazo a la participación del Estado en la economía. En particular, el repudio a toda política industrial (“la mejor política industrial es la que no existe”) y el entusiasmo liberalizador y privatizador de Solchaga y Boyer, que desde entonces mantienen que en los mercados reside la salvación de la economía. Añadámosle el Acta Única de 1986, que coincidió con nuestra integración en la UE y que se quiso interpretar como que la liberalización industrial y financiera (o, mejor dicho, que la libertad sin trabas a la restructuración de los grandes capitales europeos) sería favorable para nuestro país. La bienvenida sin condiciones a los capitales multinacionales que entraron al país para ocupar parcelas de actividad industrial ya existentes (no tanto para aumentar la capacidad productiva) supuso su subordinación a los planes de conjunto europeos o mundiales y el cierre de multitud de empresas en pocos años. Estas políticas han constituido la base permanente de las estrategias de los sucesivos gobiernos y han dado lugar a que en los años 2000 los sectores que sostenían la economía española fueran la construcción, el automóvil y un turismo decreciente. Sectores tradicionales, no sectores sólidos y de vanguardia, de alta productividad y competitividad, como lo atestigua el enorme desequilibrio de la balanza comercial, que durante los años del boom se situó entre los más altos del mundo. La reestructuración productiva necesaria no se ha saldado con una mayor competitividad, sino con una concentración acentuada en sectores problemáticos.

No nos engañemos: los problemas de fondo de España no consisten sólo en una alta deuda financiera, privada, que han conseguido convertir en pública para mayor escarnio y que está dando lugar a la dura actitud de los mercados financieros, sino también a la falta de confianza en las posibilidades de su economía real, en su competitividad, en sus posibilidades de crecimiento, de absorción de la población activa. En pocas palabras, en su capacidad de producir riqueza. ¿Qué sectores productivos tienen ahora la posibilidad de absorber tres millones de trabajadores (aceptando que dos millones de parados son permanentes)? Este es el problema esencial para lograr una economía saneada y unas formas dignas de vida para su población.

En este momento están obligando al Gobierno a concentrarse en el tema financiero. No hay duda de que es difícil y de que la estrategia de los entes financieros mundiales (sin ignorar que la mitad de la deuda pública española está en manos de entidades del país) y las instituciones internacionales están forzando no sólo una política económica a cortísimo plazo que hará la recuperación mucho más difícil para nosotros, sino reforzando y consolidando una durísima estructura dedicada a rebajar permanentemente las condiciones de vida de la población. Pero el tema subyacente es la debilidad del sistema productivo del país. Es curioso que Italia, con una deuda pública mucho mayor que la española, no esté todavía en la primera línea de ataque de los mercados internacionales. ¿No tendrá ello algo que ver con la mayor solidez del sistema productivo italiano?

Llama la atención el entusiasmo de los poderes económicos por las recientes medidas de ajuste. Parece que los beneficios empresariales de una rebaja salarial y una mayor flexibilización del mercado de trabajo son mayores que las pérdidas que infligirán unas nuevas medidas que implican, incluso reconocidas oficialmente, una menor tasa de crecimiento y un paro mayor. ¿Cómo se asegura el Gobierno que estas medidas contribuirán a paliar la deuda del país, aumentar la inversión, mejorar la competitividad y absorber el paro, en vez de dedicarse sólo a engrosar los beneficios empresariales?

España ha sido uno de los más fieles seguidores de las recomendaciones de instituciones como la OCDE y la Comisión Europea (como Argentina antes del corralito). Un país donde la liberalización, la desregulación y la privatización, además de la austeridad laboral, han avanzado sin pausa desde los primeros años ochenta. Y este es el resultado: casi cinco millones de parados y la casi quiebra del país. Es hora, en medio de este tráfago financiero que nos desborda, de que alguien se decida a seguir una estrategia autónoma de medio plazo, centrada en el país, en la que ocupe un lugar central lograr una potente estructura productiva tanto en la agricultura como en la industria y los servicios, que es donde se produce la riqueza real.

+ Info:

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Les agències de qualificació explicades a les persones normals. Albert Sales

¿Quién sale de la crisis? Miren Etxezarreta, Público 18/4/2010

"Memoria historica": Zapatero: Hablar de crisis económica en España es ’puro catastrofismo’. El Economista.es, 14/01/2008.

Entrevista a Eric Toussaint sobre la deuda ilegítima europea + Digamos no al pago de la deuda española + Dos caminos para enfrentar la crisis: el griego y el islandés Eric Toussaint / Damien Millet, Eric Toussaint / Daniel Gómez-Olivé i Casas / Guillermo Almeyra / ATTAC


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