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divendres 5 de novembre de 2010 | Manuel
Envejecimiento, pensiones: contra el reduccionismo neoliberal

Las pensiones ¿inviables?

articles d’Albert Recio i Vicenç Navarro

Las pensiones, ¿inviables?

Vicenç Navarro

Público, 04 Nov 2010

Hace 40 años, el 18% de los españoles adultos trabajaba en la agricultura. Hoy, sólo el 2% trabaja en la agricultura y produce incluso más que lo que producía 40 años atrás el 18% de la población en edad de trabajar. Dicho en otras palabras: un trabajador produce hoy más alimento de lo que producían antes nueve trabajadores, y ello como consecuencia de un enorme crecimiento de la productividad del trabajador agrícola. Con base en estos datos, se puede ver lo absurdo que habría sido si hace 40 años cien economistas hubieran alarmado a la población indicando que, como consecuencia de que los trabajadores estaban dejando el campo, habría menos producción de alimentos, y al cabo de 40 años la gente en España se moriría de hambre. Su desatención al impacto que el crecimiento de la productividad tiene en la cantidad de alimentos producidos explicaría el ridículo de su pronóstico.

Pues bien, por muy ridículo que parezca, esto es lo que está ocurriendo ahora, con grandes cajas de resonancia mediática disponibles para promover este mensaje. La única diferencia es que, en lugar de alimento, ahora se habla de pensiones. FEDEA, la fundación más importante del capital financiero (banca y cajas de ahorros) en España, acaba de patrocinar un manifiesto, firmado por cien economistas, que utiliza el mismo argumento: “La ratio entre la población en edad de trabajar y la población mayor de 65 años pasará de cuatro en la actualidad a 1,65 en 2050”, de lo cual deriva que el sistema de pensiones públicas no es sostenible. Este argumento ignora que, más importante que la relación población adulta versus ancianos, es el número de trabajadores por pensionista y su productividad. Pues bien, el número de trabajadores por pensionista pasará de 2,24 ahora a 1,15 en 2050 (una reducción de menos de la mitad), pero, lo que es más importante, es que en 2050 cada trabajador producirá mucho más del doble de lo que produce un trabajador ahora, con lo cual podrá sostener más del doble de pensionistas que ahora.

El mismo error aparece cuando el manifiesto neoliberal alarma a la población indicando que ahora nos gastamos el 9% del PIB en pensiones y dentro de 40 años nos gastaremos el 15%, lo cual, concluyen, es insostenible en una sociedad que tiene recursos limitados. (Por cierto, Italia ya se gasta ahora el 14% del PIB en pensiones públicas, y el sistema no se ha colapsado). De nuevo, el manifiesto asume que la productividad apenas variará, lo cual es un error.

Si la productividad creciera un 1,5% por año, que es el promedio de crecimiento en los últimos 40 años, el PIB de España en 2050 sería 2,25 veces mayor que ahora (en monedas constantes, es decir, que la capacidad adquisitiva real habrá más que doblado la actual). En otras palabras, si ahora el PIB es, por ejemplo, 100, en 2060 sería 225. Pues bien, en pensiones nos gastamos ahora nueve puntos, dejando para los no pensionistas 91 puntos. Y ,en 2050, nos gastaremos el 15% de 225, es decir, 33 puntos en pensiones, quedando para los no pensionistas 192 puntos, muchos más que los 91 actuales. En realidad, hace 40 años nos gastábamos el 3% del PIB en pensiones, y ahora nos gastamos el 9%. Hemos triplicado el gasto en pensiones y, sin embargo, los recursos para los no pensionistas también han aumentado, pues el tamaño de la tarta es mucho mayor ahora que hace cuatro décadas.

Que no haya problemas graves en las pensiones públicas no quiere decir que no deban hacerse reformas, pero estas no debieran ir en el sentido de reducir las pensiones. Una medida aconsejable para aumentar los fondos a la Seguridad Social y mejorar las pensiones (que son demasiado bajas) es facilitar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo. En España, el porcentaje de la población que trabaja es más bajo de lo que le corresponde por el nivel de riqueza que tiene. Y en parte se debe a dos factores. Uno es el bajo porcentaje de la población adulta que trabaja en empleo público (el 10%, uno de los más bajos de la UE-15, cuyo promedio es del 15%). En contra de lo que se dice, el sector público (y, muy en particular, en los servicios públicos del Estado del bienestar, tales como sanidad, escuelas de infancia, educación, servicios sociales, vivienda social, entre otros) está poco desarrollado y tiene escaso personal, y ello se traduce en el bajo porcentaje de la población que trabaja en él.

El otro factor es el de la baja participación de la mujer en el mercado de trabajo (52%). Si España tuviera el porcentaje de Suecia, habría 2,8 millones más de trabajadoras pagando impuestos y cotizaciones sociales. Para ello se debiera expandir el cuarto pilar del bienestar, de modo que se incluya el derecho de acceso a las escuelas de infancia (que deberían ser mucho más que guarderías, aparcamientos para niños), además de los servicios domiciliarios a personas con dependencias. Y, naturalmente, hacer al hombre corresponsable de las obligaciones familiares. Y sobre todo, invertir en infantes y jóvenes, pues ellos son los futuros cotizantes que financiarán las pensiones del futuro.

Deberían también corregirse las inequidades existentes en la financiación de las pensiones. Es injusto que Emilio Botín, el banquero más rico de la UE, pague a la Seguridad Social un porcentaje mucho menor que un empleado de su banco. Como también es injusto que una persona trabajadora no cualificada (que vive 10 años menos que un burgués), tenga ahora que trabajar dos años más para pagarle las pensiones al burgués (que le sobrevivirá 10 años). En realidad, el incremento de la edad de vida se ha concentrado en los últimos 40 años en las rentas superiores, sin que apenas se haya notado en las rentas inferiores. Predeciblemente, ninguno de estos temas aparece en el manifiesto de los cien.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University

Ilustración de Mikel Jaso


Envejecimiento, pensiones: contra el reduccionismo neoliberal

Albert Recio

Cuaderno de crisis / 22
Mentrestant.e, Número 85, Noviembre de 2010

I

Los fundamentos de las políticas de bienestar estriban en garantizar la seguridad económica de las personas, en su capacidad de satisfacer necesidades básicas a lo largo de toda su vida, mediante la combinación de empleo y prestaciones públicas. Éstas deben diseñarse con el objetivo de cubrir todas aquellas eventualidades en que el empleo no es posible, bien por circunstancias personales (enfermedad, discapacidad, jubilación), bien porque la actividad económica es incapaz de ofrecer empleo. En sus orígenes, al final de la Segunda Guerra Mundial, formaban parte de un verdadero pacto social en el que el capitalismo iba a ser mantenido a cambio de garantizar esta seguridad económica básica al conjunto de la población. Es obvio que el neoliberalismo significó la ruptura unilateral de este pacto aduciendo falsas razones.

Asistimos a una nueva ofensiva contra una parte de estas políticas, las de jubilación, alegando que el envejecimiento de la población obliga a un nuevo ajuste. Como es habitual en este tipo de planteamientos, se “naturalizan” los problemas para justificar políticas que apelan a dilemas sociales más complejos. Contamos ya con diversas aportaciones críticas (de Josep González Calvet, Miren Etxezarreta, Juan Torres, Vicenç Navarro...) que permiten cuando menos discutir aspectos clave del discurso dominante, y que permiten explicar en parte por qué fallaron las anteriores previsiones (realizadas por las mismas personas y los mismos centros de opinión), como las que se refieren a la simple extrapolación de la evolución demográfica. Seguramente, cuanto mayor es el período estimado de tiempo en el que se hacen las previsiones, mayores son las posibilidades de que éstas fallen y, por tanto, menor es la fiabilidad de las extrapolaciones simplistas. Igual ocurre con otras variables clave en los modelos, como la del empleo o la del aumento de la productividad “per cápita”. Si algunas de las variables de los modelos son inciertas, es asimismo discutible que la única forma de financiar la seguridad social sea la actual, basada en contribuciones sobre los salarios. Y buena parte de las justificaciones del ajuste actual se basan en mantener inalterado el modelo de financiación (basado en contribuciones salariales), lo que justifica la vía del recorte como la única posible. Asimismo, están claros los intereses sociales de los promotores de las reformas, defensores de la creación de un sistema obligatorio, suplementario, de fondos de pensiones que daría una enorme posibilidad de negocio al sistema financiero (por no repetir notas anteriores, sigo aconsejando entrar en la web de Fedea y ver quiénes son sus patronos, qué intereses tienen). Vale también la pena estudiar cuál ha sido la evolución real de estos fondos, qué ha ocurrido en países como Chile (donde constituyen el centro del modelo de jubilación), y debería aún considerarse el papel que ha desempeñado la expansión de los fondos de pensiones en la financiarización del sistema económico y, en definitiva, en la generación del caos financiero actual. Todo esto ya se ha comentado, aunque merece la pena profundizar en ello, afinarlo y discutirlo.

II

Aunque las razones esgrimidas para oponerse a las actuales reformas son potentes y adecuadas, creo que hay otras cuestiones que deben plantearse, tanto para erosionar las razones del ejército de propagandistas del capital financiero como para empezar a buscar soluciones a los problemas en los que fundamentan su posición.

Una primera cuestión que hay que discutir es la visión acerca del mercado laboral que legitima las propuestas de alargar la edad de jubilación y calcular la retribución sobre la base del conjunto de la vida laboral. El supuesto subyacente en su análisis es que la vida laboral de cada cual es un mero proceso de elección individual, que la gente se jubila cuando quiere. Pero, por lo que sabemos del mercado laboral, las cosas son bastante diferentes, y ello por razones diversas. El empleo es más o menos estable en función del tipo de actividad que cada uno realiza, lo que a su vez guarda una estrecha relación con la posición social de cada cual, el género, la nacionalidad, etc. Algunos sectores de actividad están más sujetos a variaciones que otros, y, en general, las personas que ocupan muchos de los empleos de bajos salarios están más expuestas a experimentar períodos de desempleo que otras mejor situadas en la jerarquía social (especialmente porque, al diseñar estos empleos, las empresas tratan de cargar el riesgo y la variabilidad de muchas actividades sobre las espaldas y los bolsillos de la población asalariada más débil socialmente). Sabemos también que las ofertas de empleos a tiempo parcial o estacionales, característicos del mercado laboral femenino, están asociadas a esta misma lógica. Al final, lo que cada uno ha cotizado es el resultado de una vida laboral más o menos azarosa en la que las decisiones personales han tenido un papel secundario.

Asimismo, las condiciones de salud a las que uno llega a partir de los sesenta años son muy diferentes en función de la vida laboral anterior (incluida la doble presencia —en el espacio mercantil y en el doméstico— que, al menos hasta hoy, caracteriza a la experiencia vital de la mayoría de las mujeres). Propugnar que todo el mundo puede alargar de la misma forma su vida laboral hasta los 67 años es una muestra no sólo del clasismo que impera en la Academia económica, sino también del desconocimiento de los datos sobre salud que expresan una relación clara entre los años de vida y la experiencia laboral. Todo ello sin contar también con que, en el período final de la vida laboral, las personas experimentan desigualdades enormes en sus posibilidades de empleo: mientras que algunos pueden elegir libremente alargar la vida laboral (caso de los profesores de universidad) y otros negociar razonables sistemas de prejubilación (el personal de grandes empresas, especialmente en sectores como el financiero), a otros, en cambio, la pérdida del empleo les supone una vida de paro y precariedad en los años finales de su vida laboral mercantil...

Una política justa debería ser capaz de reconocer todas estas desigualdades y tratar de paliarlas, algo que podría hacerse de formas diversas: variando las edades de jubilación según los empleos y las condiciones objetivas, estableciendo medidas compensatorias (vía impuestos) en favor de los colectivos afectados por mayores alteraciones en el empleo, estableciendo escalas de pensión aceptables para todo el mundo… Unas propuestas que exigen no sólo intervenir en las políticas de jubilación, sino también reorganizar la vida empresarial y laboral. Se trata de algo que resulta evidente cuando se considera la necesidad de alcanzar una adecuada articulación entre actividad mercantil y actividad doméstica, adaptándolas a ciclos de vida y necesidades cambiantes y con el objetivo de reducir sustancialmente las desigualdades de género. O cuando nos planteamos que todo el mundo debe tener derecho a una vida social digna (de trabajo, relaciones sociales y participación social). O cuando, simplemente, nos planteamos la necesidad de introducir medidas justas en campos como la salud.

La estilización del mercado laboral de la que parten los defensores de una sola medida no es más que la proyección de sus condiciones de empleados académicos de elite a un mundo real mucho más diverso (y, para muchas personas, inhóspito). Sin duda, plantear políticas como las que propongo no sólo constituye una confrontación de clase, sino que obliga a cambiar la situación relativa de ciertos grupos de trabajadores, lo que puede generar tensiones y resistencias en el seno de las mismas organizaciones obreras. Por poner un ejemplo, computar toda la vida laboral en el cálculo de las pensiones empeora claramente la pensión de los empleados que han podido mantener un empleo a lo largo de su vida laboral (o que han experimentado una carrera ascendente), pero puede mejorar, en cambio, la pensión de aquel trabajador que ha perdido un “buen” empleo relativo y en los últimos años de su vida laboral ha tenido que sobrevivir en empleos peores. Aunque las reformas se proponen con el claro objetivo de reducir el tamaño de las prestaciones y, por tanto, merecen un rechazo frontal, hay que aprovechar el debate para introducir mejoras que generen más equidad; como el reciente aumento de las cotizaciones de los autónomos, un sistema que en el pasado ha favorecido injustamente a los pequeños empresarios bajo la coartada de proteger a los trabajadores autónomos menos afortunados.

III

Tomémonos en serio el envejecimiento, un éxito en gran medida de las sociedades modernas. Si muchos vamos a vivir más años y a partir de un cierto momento vamos a tener menos vigor laboral (aunque, insisto, posiblemente hay una enorme variedad de situaciones y, en parte, una posibilidad de reorganizar la vida laboral), es lógico que una parte mayor de la renta global se distribuya vía pensiones. El problema estriba en cómo organizar un nuevo sistema más igualitario, de distribución de la renta. Si la renta total sigue creciendo, ello significa que estaremos en condiciones de distribuir mayor producto entre todos. Si la renta se estanca o disminuye, a causa de la caída demográfica o simplemente porque la crisis ecológica impide mantener los niveles de destrucción/despilfarro actuales, seremos globalmente más pobres, y parece razonable que también en este caso la austeridad se reparta entre todos. Por esto parecería lógico que, cada vez más, las políticas distributivas se debatieran en su globalidad y no que, como se hace con el recorte de las pensiones, simplemente se obligue a un colectivo a cargar sin más con todo el ajuste. Esto es especialmente injustificado en España, un país que, pese a tener un porcentaje de población mayor de 65 años algo superior a la media de los países de la OCDE (el 25% frente al 24%), dedica a pensiones 3 puntos menos del PIB (el 9,2% frente al 12,3%), lo que supone que un porcentaje mayor de la población se reparte una menor proporción de la renta total. Creo que en el futuro va a ser difícil mantener el actual nivel de despilfarro productivo, aunque existen enormes posibilidades de racionalizar nuestro modelo de vida y alcanzar niveles de vida satisfactorios, pero precisamente por ello considero que debemos introducir el debate de la distribución general, que incluye no sólo las pensiones, sino también los salarios, las rentas del capital y los impuestos.

Hay otro aspecto del envejecimiento que se pasa por alto. Lo que ya sabemos es que en una sociedad envejecida no sólo se requieren más pensiones, sino también más trabajo, especialmente para atender a la franja de personas mayores, necesitadas de grandes dosis de cuidados. Se trata de una atención que hoy sigue cargándose injustamente sobre las mujeres (incluida la nueva “subcasta” de las inmigrantes pobres), una situación que debe generar un nuevo debate acerca de cómo cubrir estas necesidades sociales, de cómo repartir justamente esta carga de trabajo, de cómo garantizar un final de vida digno a todo el mundo. Algo que la Ley de Dependencia ha planteado sin resolver satisfactoriamente, y algo que exige también cambios en la esfera laboral, las políticas públicas y los roles de genero. También aquí los partidarios del ajuste desconocen o ignoran una dimensión básica de la cuestión.

IV

Parar la ofensiva del recorte va a costar. Lo hemos visto en Francia, en Alemania y en el Reino Unido. Y a pesar de todo hay que responder. No sólo con políticas defensivas del statu quo, sino también planteando alternativas que reconozcan la complejidad de los dilemas a los que hay que dar respuestas. Que planteen justicia, equidad frente a lo que en su mayor parte son brutales intereses crematísticos justificados por intelectuales de elite que nunca van a experimentar en carne propia los padecimientos que proponen como “medidas necesarias”.


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