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dissabte 23 d’octubre de 2010 | Manuel
17 meses de espera para la dependencia Canarias, el País Valencià y Madrid, las que peor aplican la ley, según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales

VANESSA PI, Público 22/10/2010

Si una persona dependiente pide una ayuda hoy, no la recibirá hasta el mes de diciembre del año que viene. El tiempo medio que pasa desde que una persona pide una ayuda a la dependencia hasta que la recibe es de 17 meses, tres más que en junio pasado.

Lo concluye un estudio presentado este mediodía por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que este fin de semana celebra su XVI congreso en Ciudad Real.

Esta situación se explica en gran medida por el número de personas que aún teniendo reconocido el derecho a una prestación, no la reciben. Un total de 237.770 dependientes están en esta situación. Representan a un 27,5% de quienes tienen derecho a beneficiarse de la ley.

Madrid, el País Valencià y Canarias son las autonomías que peor aplican la ley y aglutinan a la mayor parte de estos casos. Así, el 60,6% de los dependientes canarios con derecho a una ayuda no la reciben. En el País Valencià, este porcentaje es del 43%, y en Madrid del 37,1%.

Una residencia cuesta casi cuatro veces más que la ayuda económica

La realidad choca con la promesa de las autonomías de no superar los seis meses de espera. También contradice la idea del Gobierno que cuando eliminó la retroactividad de los pagos en los primeros seis meses de espera para recortar el gasto, confió en que la medida, de rebote, llevaría a las autonomías a agilizar los trámites, ya que a partir de ahí el gasto corre a su cuenta.

El presidente de la asociación, José Manuel Ramírez, ha advertido que, el próximo enero, cuando la ley también acoja a los dependientes moderados (unas 125.000 personas más), la espera “podrá llegar hasta los dos años”. La asociación también alertó de que las autonomías asumen más gasto que el Estado, en parte porque este les paga según el tipo de dependientes que atienden y no por el tipo de ayuda que prestan.

Comentario online Público:

Lluis Valencia 22-10-2010

En el País Valencià, el territorio con la peor Sanidad pública de todo el estado español (según las estadísticas anuales emitidas por la Federación de asociaciones en defensa de la sanidad pública), la Ley de la Dependencia no es más que un obstáculo para su beneficio privado.

De hecho, la Generalitat Valenciana ha optado por el modelo de Residencias privadas en la atención a los mayores.......

Las personas mayores, con un elevado grado de dependencia en muchos casos, prefieren ser atendidos por profesionales y familiares en su propia casa en lugar de ingresar en residencias. Y la Ley estatal de Dependencia así lo reconoce al impulsar prestaciones para la atención domiciliaria.....Sin embargo, la Generalitat que preside el corruPPto de CamPPs prefiere seguir defendiendo un modelo residencial que sólo garantiza los convenios con el sector sanitario privado....

Mientras el Ejecutivo socialista impulsa la Ley de Dependencia, más cercana a las demandas de los beneficiarios, la Generalitat Valenciana sigue defendiendo el modelo de residencias concertadas a pesar de representar un mayor coste para la Administración autonómica por su elevada exigencia de recursos públicos. ..........La Ley de Dependencia defiende la prevalencia de la atención domiciliaria: las encuestas muestran que más del 85% de las personas dependientes prefieren ser atendidas en su casa. Y establece que es el sujeto dependiente quien debe decidir el tipo de ayuda que desea recibir....

Frente a ello, la Generalitat Valenciana no hace más que incrementar el presupuesto destinado a la financiación de plazas en residencias privadas. Éste fue el modelo escogido por la Conselleria de Bienestar Social, dirigido en aquellos momentos por Juan Cotino, para ampliar la red pública de centros de atención social....En aquel momento, el Pleno Consell aprobó la ampliación de un convenio con residencias privadas por 15 años más y un importe total de 436,7 millones de euros (27,7 anuales)...El negocio se queda en el País Valencià en los centros privados !!!!... ...

Una más de la coruPPción y PPobredumbre que se ha apoderado de las instituciones políticas valencianas !!.

Bona nit des de València !!

Font: http://www.publico.es/espana/342960/17-meses-de-espera-para-la-dependencia


El pago de la dependencia reabre el debate de la Ley

La mayoría de las comunidades exigen que el Estado reparta el dinero por el tipo de ayuda que prestan y no por el grado de autonomía. Sanidad retoma mañana la negociación autonómica

VANESSA PI Público 21/09/2009

El coste de atender a un dependiente es muy dispar. No es lo mismo pagar los 1.800 euros mensuales de media que cuesta una plaza en una residencia que los 519 euros que recibe, como máximo, un cuidador no profesional cada mes. La teleasistencia aún es más barata: 20 euros mensuales. Las diferencias en el coste de las prestaciones que ofrece la Ley de Dependencia han llevado a la mayoría de las comunidades autónomas a pedir un cambio en la forma en que el Estado les reparte el dinero para aplicar la norma.

La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, llegó al cargo el pasado abril con el objetivo de relanzar la efectividad de la ley. Después de unos meses de protagonismo de la nueva gripe, el Ministerio retoma mañana durante la celebración del Consejo Territorial entre Gobierno y comunidades el debate sobre la financiación, aunque la remodelación del pago no forma parte del orden del día de Sanidad. "Lo marca la ley y no podemos desviarnos ni cambiar el sistema", defiende el secretario general de Política Social, Francisco Moza. El sistema trata de "compensar a nivel global", añade.

Protesta sin color político

Catalunya (PSC) va a la cabeza de las comunidades que con diferente color político piden que el dinero se reparta según el tipo de ayuda que reciben. Estado y comunidades financian al 50%, según la ley, las ayudas a los dependientes. Fundamentalmente, son dos partidas el nivel mínimo y el nivel acordado las que determinan los ingresos que las comunidades obtienen del Estado.

El nivel mínimo, según define la propia ley, es la cantidad que las comunidades reciben al finalizar el año, en función del grado y nivel de los dependientes a los que atiende. Cuanto menor es la autonomía del beneficiario atendido, mayor es la cantidad que se paga por prestarle la ayuda.

Madrid concede más ayudas en centros y Murcia, más económicas

Cada año se revisa esta cantidad, que se establece por meses y supone alrededor del 80% de lo que destina el Ministerio de Sanidad y Política Social para que la norma se haga efectiva. A la espera de que se contabilice el número exacto de dependientes del fin el año, los Presupuestos Generales del Estado contemplan 1.150 millones de euros para financiar la Ley de Dependencia. Además, hay una aportación extra de 400 millones.

"No cuesta lo mismo una plaza residencial que una prestación por cuidador familiar", recalcan en la consejería de Bienestar Social de Asturias. En el Gobierno balear (como el de Asturias, en manos del el PSOE, en coalición) recuerdan que el año pasado presentaron un modelo de financiación "basado en el tipo de ayuda que reciben las personas dependientes y que tenía en cuenta los diferentes costes".

También Castilla y León (PP) insiste en que ha apostado por "los servicios residenciales", por lo que asegura que realiza un "mayor esfuerzo económico". Hay que sumar que en entornos rurales aumenta el precio de una plaza en una residencia.

Según el PP, el modo de financiación no es acorde al coste real

Según los últimos datos publicados el 1 de septiembre por Sanidad sobre la implantación de la ley, Castilla y León es la quinta comunidad que más plazas de residencia concede a sus dependientes (un 18,66%). No obstante, otorga sobre todo ayudas económicas (un 34,82%), que suponen menos de una tercera parte del coste de la plaza residencial.

Catalunya que ya recalcó su postura en el último consejo territorial de dependencia, entre los consejeros y la ministra Trinidad Jiménez, considera además que el Estado debería aumentar las cuantías que ahora mismo aporta. También Castilla-La Mancha (PSOE) y Murcia (PP) opinan que se debe cambiar el criterio de distribución del nivel mínimo.

Perversión del sistema

Por otra parte, Baleares (PSOE) alerta de la perversión del actual sistema de reparto que no entrega el dinero por el tipo de ayuda y las comunidades acaban dando más dinero. Estas son más baratas, pero pese a ser una opción por la que se decantan muchas familias, contradice el espíritu de la Ley, que persigue la creación de infraestructuras para que el cuidado de los dependientes no recaiga en el entorno familiar (sobre todo en mujeres), como es costumbre en los países mediterráneos.

Una residencia cuesta unos 1.800 euros al mes, la teleasistencia, 20

El 51% de los dependientes que reciben ayudas cobran una pensión por cuidado en el entorno familiar. Murcia va a la cabeza: el 89% de las prestaciones que da son ayudas económicas para el cuidado familiar. Le sigue, con un 71%, Baleares. En cambio, en Madrid (PP), sólo un 13% de sus dependientes con ayuda efectiva tienen esta prestación.

El presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, denuncia que Madrid "ha cogido a los dependientes que ya tenía en residencias antes de la ley, cuyo coste pagaba de sus presupuestos, y los ha tramitado como beneficiarios de la ley". Con ello, explica, apenas se ha dado servicio a nuevos beneficiarios. "Les ha salido rentable", asegura, "porque ahora ya no tienen que pagar el total del coste de las plazas en residencias", denuncia.

Aunque las comunidades alcanzaran el consenso para modificar el modo de reparto del nivel mínimo Extremadura, Andalucía y Cantabria no lo creen oportuno y Euskadi y Aragón (todas socialistas) no entran en el debate, para introducir este cambio se debería modificar la ley.

El 51% de los dependientes que reciben ayudas cobran una pensión por cuidado en el entorno familiar

La secretaria ejecutiva de Política Social del PP, Ana Pastor, critica que, más allá de las discrepancias puntuales sobre la forma de repartir el nivel mínimo, "el modelo de financiación no es ni suficiente ni acorde con el coste real de los servicios que se están prestando, y eso genera inequidades".

El portavoz de CiU en el Congreso, Carles Campuzano, defiende abiertamente un cambio de la ley, que considera "está mal diseñada, no compensa a las comunidades por las infraestructuras de atención social que crearon antes de que entrara en vigor la Ley de Dependencia y ahoga a los gobiernos autonómicos".

En esa línea van las quejas de Madrid, País Valenciano (PP) y Navarra (UPN). Además de pedir que se reparta el nivel mínimo en función del tipo de ayudas, recalcan que las comunidades acaban aportando mucho más dinero que el Estado a la Ley de Dependencia, lo que imcumple la ley.

Las dos patas de la aportación del Estado

¿Cómo financia el Estado la ley de Dependencia?

Existen dos partidas. El nivel mínimo supone un 80% de la inversión. Se calcula al finalizar el año, multiplicando las cantidades que se fijan por cada dependiente atendido, en función del grado y nivel con que se les haya valorado. Esta forma de reparto está recogida en la Ley de Dependencia. La segunda partida es el nivel acordado, cuyo reparto consensuan las comunidades autónomas en el Consejo Territorial. Esta cantidad intenta compensar las diferencias entre territorios, como la insularidad, la dispersión de su población o su envejecimiento. En el último Consejo Territorial, en abril, se acordó que el número de personas valoradas tuviera un peso del 20% a la hora de definir el reparto.

¿Cuánto pagan las comunidades?

En teoría, al menos así lo marca la Ley, Estado y comunidades deben asumir a partes iguales el coste de la aplicación de la norma. No obstante, mientras el Estado incrementa año tras año su presupuesto y asegura que comparte el gasto como marca la ley, muchas comunidades denuncian que acaban asumiendo el peso del gasto de la aplicación de la Ley.

¿Se podría cambiar el modelo de reparto del nivel mínimo?

Para que el nivel mínimo se repartiera en función del tipo de ayuda que recibe cada dependiente, como reclama la mayoría de comunidades, se debería modificar la ley de dependencia. El PP reconoce que el modelo no es “suficiente ni es acorde con el coste real del servicio”. CiU defiende que se cambie la norma. De hecho, fue el modelo de financiación el que le hizo votar en contra de la Ley.

Comentario online Público:

¿ley de dependencia? ¿con pensiones de 400 euros? 21-09-2009

No se como vamos tienen el descaro de hablar de ayudas a la dependencia, cuando las pensiones de los españoles no llegan, de media, ni para pagar a un cuidador, cuando no hay apenas plazas de residencias públicas y las privadas cuestan dos veces el salario medio español, cuando las viviendas españolas son cada día más pequeñas (la mayor parte de las que se construyen hoy en día son de dos habitaciones) impidiendo siquiera la posicbilidad de llevar a los ancianos a vivir con sus hijos, cuando la gente limita el número de los hijos que tiene por la miseria de salarios que hay en este país. En fin: la mejor política para ayudar a los dependientes es la mejora de las condiciones sociales y económicas de aquellos de los que dependen y una mejora radical de las pensiones (cuantias razonables no miserias). Y solución al tema de la vivienda: un piso de 60 metros cuadrados no da para alojar en él (de forma sana) a un anciano, un matrimonio y un hijo. Viviendo en estrecheces se crea las condiciones óptimas para los malos tratos.


Font: Observatorio para el desarrollo de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia DE LA ASOCIACIÓN ESTATAL DE DIRECTORES
Y GERENTES EN SERVICIOS SOCIALES DE ESPAÑA
Síntesis de las jornadas de análisis y evaluación del proceso de implantación de la Ley celebradas en Alcázar de San Juan los días 28 y 29 de marzo de 2008 y dictamen del observatorio.

" En definitiva, lo que seguimos calificando como un indudable avance para la protección social en España, en la práctica -en una mala práxis- corre el peligro de convertirse en el cáncer de un Sistema de Servicios Sociales que era insuficiente en su funcionamiento, sí; pero que era un SISTEMA global y descentralizado para la atención a las necesidades sociales y un importante anuque silencioso agente de integración y cohesión social.

Si no se corrige el rumbo URGENTEMENTE, podríamos llegar a la paradoja de no sólo retroceder en los niveles de protección social que habíamos alcanzado sino, incluso –gracias a la sectorial y coyuntural atención a la dependencia- de arrumbar el propio sistema de Servicios Sociales."


CCOO PV denuncia que en el País Valenciano hay 30.000 dependientes que no han recibido todavía ninguna prestación

El sindicato exige que se aprueben nuevos procedimientos para reducir los plazos de espera, que se desarrolle el Servicio de Ayuda a Domicilio y que se ponga en marcha la figura del asistente personal.

22/10/2010 CCOO PV

La central sindical informa que en este momento hay 30.000 personas dependientes en el País Valenciano ( de los grados II y III, severos y grandes dependientes) que tienen derecho a prestación y no la reciben. Si a esta cifra le sumamos las casi 22.000 personas más valoradas como grado I a las que se tendrá que dar una prestación a partir del 1 de enero de 2011, tal y como estipula la ley, podemos llegar a tener más del 40% de personas en la famosa “lista de espera” de las prestaciones y cuya espera media se sitúa en 18 meses.

Según los datos del Imserso a fecha de 1 de octubre de 2010, en el País Valenciano se han realizado 101.435 solicitudes y 99.830 dictámenes de grado y nivel. De estos dictámenes, hay 63.719 personas con grados II y III, lo que les da derecho a prestación efectiva a fecha de hoy. Sólo alrededor de la mitad, 36.333, son beneficiarias de prestaciones.

Esta situación provoca que CCOO PV insista en la necesidad de impulsar la aplicación de la Ley de Dependencia en el País Valenciano, a partir de la aprobación inmediata de un nuevo procedimiento para el reconocimiento de la dependencia que consiga reducir los plazos de espera. El sindicato también exige una nueva normativa de compatibilidad de servicios que contemple la adjudicación de dos o más servicios del catálogo y señala la necesidad de regular la acreditación de centros y servicios, además del necesario desarrollo del Servicio de Ayuda a Domicilio en el País Valenciano. CCOO PV también se muestra crítico con el hecho de que el 58% de las prestaciones concedidas sean económicas, puesto que en la ley se consideran excepcionales y no generan empleo. Tan solo el 42% se basan en prestación de servicios.

En la línea de reivindicación y denuncia de la aplicación de la Ley de Dependencia en el País Valenciano, CCOO PV participará activamente mañana sábado 23 en el Festival Taronja (in)Dependents, acto lúdico y reivindicativo en L’Eliana, organizado por la Plataforma de Defensa de la Ley de Dependencia.

Por último, CCOO PV espera que la nueva ministra de Sanidad, Igualdad y Políticas Sociales, Leire Pajín, en su calidad de valenciana y por tanto conocedora de la realidad de nuestro territorio, se muestre sensible ante esta situación y sea capaz de impulsar políticas que ayuden a que las personas dependientes del País Valenciano no estén en el “furgón de cola” de la aplicación de la Ley de Dependencia.

Gabinete de Prensa

Font: http://www.pv.ccoo.es/nou2/com.asp?id=5164


+ Info:

El informe liberal de la Comisión de Dependencia del Congreso. Vicenç Navarro

Els plans de la patronal: "CEOE plantea una gran revolución sanitaria para ahorrar 5.053 millones"

Malas noticias para los servicios sociales, un recorte del 12% en el plan concertado de prestaciones basicas de servicios sociales para las coorporaciones locales.

LA LEY DE DEPENDENCIA: SOCIALDEMOCRACIA DEMEDIADA. Albert Recio


A la mateixa secció:


L’Assamblea per una Renda Básica al País Valencià presenta en Les Corts Valencianes la seua proposta alternativa a l’avantprojecte de llei de Renda Valenciana d’Inclusió.


Romper las cadenas de las deudas privadas ilegítimas (II)


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Dejemos de pensar que sabemos más que los pobres y apliquemos de una vez la renta básica


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