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dijous 7 d’octubre de 2010 | Manuel
Malas noticias para los servicios sociales, un recorte del 12% en el plan concertado de prestaciones basicas de servicios sociales para las coorporaciones locales.


El recorte en ayuda social resta 11 millones a los municipios

El Gobierno mengua el fondo de emergencia para los pobres

CARMEN MORÁN - El País, Madrid - 04/10/2010

El Ministerio de Sanidad y Política Social ha recortado el presupuesto destinado a los Ayuntamientos para que cubran las emergencias sociales, mucho más saturadas ahora por culpa de la crisis. Esta partida (el llamado Plan Concertado) se destina desde 1988 a los municipios para que estos "presten a las personas más necesitadas una última red cuando todo se ha caído, cuando ya no tienen ni el subsidio por desempleo, ni dinero para pagar la luz, la hipoteca, para las familias que ya no tienen ni para comer", en palabras de Patrocinio de las Heras, que fue quien creó este Plan Concertado. "No voy a creer que esto se haya recortado hasta que no lo vea. Esto iría en contra de todos los compromisos del presidente del Gobierno para con los más débiles en época de crisis. Y supondría un gran descrédito para los principios de solidaridad del Partido Socialista", añade De las Heras.

El presupuesto de este programa nunca ha sido muy airoso, pero siempre se ha mantenido o incrementado. Salvo una vez: cuando gobernaba José María Aznar, el ministro Eduardo Zaplana lo recortó en un 6% y se granjeó las críticas de numerosas comunidades gobernadas por el PSOE y de la Ejecutiva de este partido. Los socialistas lo repusieron al llegar al poder. El recorte es ahora mayor, un 12%, que restará más de 11 millones de euros a una partida ya magra de 97 millones. "Eso son casi 800.000 horas perdidas de ayuda a domicilio, por poner solo un ejemplo, la pérdida de trabajadores sociales y de auxiliares de hogar", lamenta el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez. En el sector se considera un ataque terrible a los servicios sociales municipales, cuyos representantes han enviado a Trinidad Jiménez la misma carta que en su día recibió Zaplana. "La medida supone un desprecio profundo hacia las personas más vulnerables, que dejarán de recibir las prestaciones necesarias para garantizar la convivencia personal y social", añade Ramírez.

Estos dos últimos años los Ayuntamientos han visto cómo crecían las necesidades sociales de sus ciudadanos. En algunos municipios los trabajadores sociales aseguran que la gente que va a sus oficinas para pedir una ayuda para pagar la hipoteca, para que no le corten la luz, para alimentos, se ha multiplicado por tres.

Las organizaciones humanitarias lo saben: "Estos dos últimos años se ha doblado la cantidad de gente que acogemos", dice Juan José López, de Cáritas. "Y más de la mitad son personas derivadas informalmente de los servicios sociales municipales", añade. "Ya antes de la crisis se necesitaban más recursos para estos servicios sociales", asegura López.

La Federación Española de Municipios y Provincias, que preside el alcalde de Getafe, el socialista Pedro Castro, declinó opinar sobre este asunto.


Políticas con visión de corto alcance

LUIS BARRIGA El País, 04/10/2010

Existe una partida en los Presupuestos Generales del Estado que casi podría calificarse de entrañable. Se trata de la 231 F, del Ministerio de Sanidad y Política Social, y sus 97 millones de congelados euros tienen por objeto sostener las prestaciones básicas sociales, o sea, nada menos que la financiación del sistema del que dependen la ayuda a domicilio, los albergues de transeúntes, la cobertura de las necesidades básicas de quienes no tienen nada, y tantos otros servicios prestados por las entidades locales en el marco de sus respectivas comunidades autónomas.

La partida en cuestión ya sufrió un grave ataque en los presupuestos de 2004 cuando Eduardo Zaplana tuvo la osadía de querer restarle 6,5 millones. Era un pequeño recorte, pero denotaba el escaso interés por mantener e impulsar los servicios sociales básicos.

Siete años después -Ley de Dependencia mediante- no podemos decir que estemos igual en materia de derechos sociales, no sería justo ni veraz. Pero la magra 231 F va a ser recortada en un 12% (11,5 millones de euros). Conocemos de antemano la dúplica: austeridad, crisis y necesidad de financiación de la dependencia (que aún así se recorta en 80 millones). Los servicios sociales básicos tendrán que seguir "tirando" gracias al sobreesfuerzo presupuestario municipal, tensando al límite la ya estirada goma del déficit local. Así que, tenemos Ley de Dependencia, pero, triste paradoja, podemos terminar con un peor sistema de servicios sociales.

Los servicios sociales son una de las más vergonzantes asignaturas pendientes de España y lo seguirán siendo mientras no se entienda que están en juego derechos fundamentales en el marco del Tratado de Lisboa; mientras no se asuma que la inversión en atenciones sociales genera empleo y riqueza; mientras no se comprenda que la política social es una política de Estado que requiere de visión de largo alcance.

No es por los 11,5 millones. Es por la sensación de haber caminado mucho en siete años como para llegar al mismo punto.

Luis Barriga es miembro de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.


Malas noticias para los servicios sociales, un recorte del 12% en el plan concertado de prestaciones basicas de servicios sociales para las coorporaciones locales supone un una falta de sensibilidad y de compromiso con las personas más vulnerables y con las corporaciones locales.

En fin seguiremos batallando. Hoy hemos mandado a trinidad jimenez la misma carta que enviamos a Zaplana cuando en el 2004 recorto en seis millones esta misma partida esperamos respuesta. salud (mental) y fuerza.

José Manuel Ramírez Navarro Presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
Trinidad Jiménez
Ministra de Sanidad y Política Social

Sra. Ministra:

Con estupor y preocupación hemos conocido que se ha reducido en once millones y medio de euros la partida destinada a garantizar las Prestaciones Básicas de Servicios Sociales a las personas más necesitadas.

Es difícil asumir que un Ministerio, como el que usted preside, entre cuyas responsabilidades está procurar condiciones de igualdad para las personas y grupos más vulnerables, sea capaz de asumir semejante tropelía. Sepa usted, señora Ministra, que esos once millones y medio de euros que ha recortado supondrán, por ejemplo:

* Casi un millón de horas del servicio de Ayuda a Domicilio dejaran de prestarse, más de 4.000 hogares de personas mayores o discapacitados o familias monoparentales dejarán de recibir el servicio en el año 2010.

* O que dejarán de existir casi 1000 plazas de alojamiento para personas sin hogar o en situaciones de grave crisis de convivencia, como es el caso de mujeres maltratadas.

Quizás para usted, señora Ministra, estos argumentos sean sólo cifras, como cualquier otra que se maneja al hablar de presupuestos. Para nosotros, trabajadores de los servicios sociales, cada unidad contenida en ellas es una historia real, personas de carne y hueso que necesitan ayuda para hacer realidad su derecho a una vida digna. Le recordaremos, señora Ministra, cada vez que tengamos que decir a alguna de estas personas mayores, discapacitados, mujeres maltratadas…, que no hay recursos para atenderles y que deben seguir soportando solos sus problemas, porque el Ministerio ha considerado que es más importante hacer otras cosas.

Además, la reducción de la partida del Plan Concertado supondrá también:

* La pérdida de unos 500 puestos de trabajo de profesionales de los servicios sociales

* o la de casi 1000 puestos de trabajo de auxiliares de hogar en el servicio de Ayuda a Domicilio.

Teniendo en cuenta el paro actual, estos argumentos también deberían ser valorados con la importancia que merecen.

Por último, y ahora que tanto se habla de lealtad institucional, no estará de más recordar, señora Ministra, que esa cantidad que su Ministerio detraen del Plan Concertado, es una partida finalista que debe ir a las Corporaciones Locales. Una partida que nace de un pacto estatal firmado entre el Ministerio y todas las Comunidades Autónomas, que tiene ya 22 años de trayectoria y que con esta decisión está poniendo en peligro.

Sabe usted muy bien que, digan lo que digan los Presupuestos Generales del Estado, serán los Ayuntamientos, Administraciones más próximas a la vida cotidiana, quienes seguirán recibiendo las demandas y la presión de sus ciudadanos en situaciones de especial necesidad. Serán los Ayuntamientos quienes tengan que asumir el coste de los servicios, porque a su ya de por sí limitada financiación, añade usted ahora está reducción de unos presupuestos destinados a complementar sus recursos en protección social básica.

Como verá, esta reducción en el presupuesto del Plan Concertado supone un desprecio profundo hacia las personas más vulnerables, que dejarán de recibir prestaciones necesarias a cambio de ver como su Ministerio alardea de lo bien que se ocupa de ellas. Supone además la pérdida de centenares de puestos de trabajo, y una falta de lealtad hacia las Comunidades Autónomas y hacia las Corporaciones Locales de toda España.

Aún entendiendo el gran esfuerzo que hay que hacer en época de crisis, pensamos que hubiera sido posible obtener esos once millones y medio de millones de euros reduciendo cualquier otra partida de gastos generales de su Ministerio, en lugar de hacerlo a consta de los más necesitados.

Por eso nos dirigimos a usted apelando, lisa y llanamente, a su sensibilidad como persona y a su responsabilidad como Ministro "de Política Social", pidiéndole que corrija esta tropelía. Cumpla usted, señora Ministra, sus compromisos en el Plan Concertado. Reponga esos once millones y medio de euros que han sido detraídos; fórmulas existen para ello, como usted bien sabe. Y desarrolle esta partida con los incrementos necesarios, porque va destinada a prestar servicios imprescindibles para que muchas personas y familias puedan vivir dignamente.

Piense en ellos, señora Ministra.

Fdo.: José Manuel Ramírez Navarro

Presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España

P.D.: Esta carta es idéntica a la que se envió al Sr. Zaplana en febrero del 2004 cuando era Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y recortó el plan concertado en 6 millones de euros.


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