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dimarts 14 de juliol de 2009 | administrador
Financiació autonòmica: un debat amb trampa neoliberal


El tira i arronsa entre les comunitats autònomes i el govern central pel repartiment del pastís en el "nou model de finançament autonòmic" continua. Per descomptat que la Generalitat Valenciana ja ha manifestat que "no donarà suport al nou model" [1]

Reproduïm, pel seu interés en relació a la qüestió, un article de Juan Torres López publicat a El Plural el 5-10-08:

Financiación autonómica: un debate con trampa neoliberal

Desde hace meses los ciudadanos contemplamos, yo creo que bastante atónitos, una puesta en escena verdaderamente lamentable entre las diversas comunidades autónomas. Casi todas contra todas, pugnan entre ellas para tratar de llevarse la mayor parte posible de la tarta de la financiación autonómica.

Además, al coincidir esa batalla con una crisis de tanta envergadura como la que vivimos los planteamientos se desdibujan, las reivindicaciones se radicalizan e incluso algunos generalmente lúcidos como Felipe González proponen que se retrase el asunto, olvidando que hay compromisos constitucionales y estatutarios que nunca es bueno que nazcan para ser incumplidos.

Lo más lamentable quizá sea que los argumentos tienden a territorializarse, olvidándose a menudo que la equidad, la solidaridad y la justicia más auténticas no son las que se dan o dejan de darse entre espacios sino entre personas. Y, sobre todo, que tal y como se está planteando el asunto es inevitable que todos veamos en el debate una contienda sin sentido del Estado, muy disgregadora y simplista.

Ahí está, por ejemplo, el desgraciado recurso de las balanzas fiscales, un instrumento de análisis que en sí mismo constituye una preclara expresión de lo imperfecto a la hora de evaluar la contribución de unos y otros, toda vez que, como foto fija que es, no permite nunca contemplar las realidades dinámicas, el peso de los factores históricos y, por supuesto, los idiosincráticos, las condiciones de entorno que unos han provocado sobre otros y que tanta importancia han tenido y siguen teniendo.

Pero lo que en mi opinión constituye el verdadero meollo de la cuestión es que el debate de la financiación autonómica se está planteando como un juego de suma cero que no puede resolverse sino en términos de ganadores y perdedores. Por eso estamos continuamente entrando en el discurso estúpido y peligroso de quién debe a quién, de quién se aprovecha del otro o de quién recibe más ayuda de los demás, es decir, en una espiral de juicios comparativos (como digo, generalmente a través de instrumentos de análisis bastante imperfectos y casi siempre concebidos ad hoc para demostrar lo que quiere ser demostrado) que no pueden crear sino sentimientos de insolidaridad y una suma de agravios entre comunidades que terminarán por erosionarnos a todos.

¿Y por qué me parece que este es un planteamiento falseado?
Lo que está ocurriendo es que las políticas económicas neoliberales que se vienen aplicando orientadas a controlar el gasto y especialmente el social están provocando un continuo deterioro en el fondo de recursos que las comunidades necesitan para afrontar la consolidación de un auténtico estado de bienestar en España.

La trampa del debate sobre la financiación autonómica, su falseamiento, consiste en que se obliga a las comunidades a luchar por el reparto de fondos insuficientes cuando lo que se precisa sería un aumento sustancial del tamaño de la tarta.

Esa es la cuestión. Los gobiernos vienen reduciendo el porcentaje del gasto social sobre el PIB español desde 1993, lo que significa que en lugar de converger con la Europa avanzada, se incrementa nuestro déficit social. Ni siquiera con el gobierno de Zapatero se ha logrado romper de modo sustantivo la tendencia que ya inició el último de Felipe González (en parte por la crisis de 1992 y en parte por el peso de las corrientes más liberales dentro del PSOE) y que se exacerbó de modo extraordinario en el mandato de Aznar.

Aunque Zapatero ha manifestado su voluntad de romper la tendencia anterior, la realidad es que su supeditación a un dogma tan reaccionario, injustificado, sin base científica y socialmente tan dañino como el de la estabilidad presupuestaria, le está impidiendo conseguir que las series estadísticas cambien como sería necesario para acercarnos a los estándares europeos.

Estamos entrando en un pelea de vecinos entre las comunidades no porque éstas sean insolidarias, o porque nuestro estado de las autonomías sea intrínsecamente perverso. No es por eso. Lo que está provocando esta situación es la insistencia en una política de gasto público antisocial e insuficiente que beneficia a los ricos (de unas comunidades y de otras) y que perjudica a los pobres (de unas comunidades y de otras).

Los dirigentes socialistas que están gobernando deberían tener la inteligencia de abordar el asunto con realismo y el valor para enfrentarse a dogmas sin fundamento científico, sin rigor y sin efectos positivos contrastados sobre la estabilidad económica y el bienestar.

Ahí está la crisis abriendo las tripas de todas las economía para que quien quiera ver a dónde llevan las desregulaciones, las privatizaciones, la renuncia de los gobiernos a gobernar y la demonización de lo público lo vea sin dificultades. ¿Dónde está la eficacia de todo eso para lograr estabilidad?

Lo que se debería hacer ahora que estamos en crisis no es ahuecar la cabeza debajo del ala dejando para otro momento un problema fundamental. Todo lo contrario, si queremos que la crisis se convierta en una oportunidad para iniciar un camino diferente, lo que hemos de pensar es el modo en que podemos hacer que nuestra economía descanse sobre otras bases.

Podemos aumentar la tarta del gasto público, como demanda nuestra sociedad y como es necesario para parecernos cada vez más a nuestro entorno más. Claro que para ello hemos de empeñarnos en hacer que nuestra sociedad sea más justa y, sobre todo, en evitar que los ricos (que son los que no necesitan gasto público social) tengan cada vez más privilegios.

En ese contexto, cuando las comunidades dispongan de los recursos que necesitan, el debate sobre financiación sería sin lugar a dudas de otra forma.

Juan Torres López es catedrático de Economía de la Universidad de Málaga. Su web personal: http://www.juantorreslopez.com


[1Levante-EMV 13-7-09

La C.Valenciana no apoyará el nuevo modelo

El Gobierno valenciano eleva a 2.400 millones la reclamación para la Comunitat, el doble de los 1.200 millones previstos en al reforma

EFE El Gobierno valenciano no apoyará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del miércoles el nuevo modelo de financiación autonómica, que prevé 1.200 millones de euros para la Comunitat Valenciana, y reclamará 2.400 para situarse "en un plano de igualdad" con autonomías como Cataluña o Andalucía.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa el conseller de Economía, Gerardo Camps, quien ha precisado no obstante que no van a "renunciar" a los 1.200 millones consignados, pues "se puede criticar perfectamente" un modelo que trata a los valencianos de forma "distinta y discriminatoria" sin renunciar a que llegue dinero.

El conseller ha defendido que el Gobierno valenciano no puede "aplaudir y apoyar" un modelo que es "insolidario" con los valencianos y les "discrimina", que no prima el crecimiento de la población, que ha buscado "soluciones particulares" para algunas autonomías y que es "injusto y un agravio" entre comunidades.

Además, ha asegurado que la Comunitat Valenciana no llega a la financiación media y probablemente esté "a 30 puntos" de la Comunidad más financiada, mientras que en financiación per cápita se aleja en más de 300 euros de la media, por lo que "seguirá a la cola".

Gerardo Camps ha calificado además de "sectaria" la negociación de este modelo, en la que ha primado el "pago de un peaje político", en la que se ha hecho un reparto de fondos "a la carta", y al que se intenta dar "carpetazo rápido" en el CPFF del próximo miércoles.

El conseller ha criticado que la Comunitat Valenciana reciba la misma cifra que se acordó el pasado febrero, 1.200 millones, a pesar de que el montante global para las autonomías ha crecido de 9.000 a 11.000 millones de euros, por lo que tendría que haber recibido 1.500 millones, un "mínimo absoluto" por debajo del cual se la "menosprecia".

Más aún, Camps ha explicado que esa cifra debería aumentar a los 1.600 millones de euros si se atiende a la financiación media del modelo, si bien ha defendido que la Comunitat reclamará 2.400 millones, que es lo que le corresponde en proporción a los 3.855 millones que percibirá Cataluña o los 3.485 millones de Andalucía.

Por tanto, ha explicado, la propuesta que le parecía "aceptable" a la Comunitat sería la de 2.400 millones de euros, porque los valencianos "no van a ser de peor condición" que otras autonomías, y esa cifra la situaría en una "plano de igualdad" con comunidades como la catalana o andaluza.

Sin embargo, ha aseverado que "una cosa es no apoyar el modelo, y otra cosa es renunciar a que llegue un solo euro a los valencianos", quienes "no entenderían" que se "renunciara" a 1.200 millones de euros de financiación extraordinaria.

El conseller ha adelantado asimismo que pedirá comparecer en la Diputación Permanente de Les Corts Valencianes nada más acabe" el Consejo de Política Fiscal para dar cuenta de su contenido, de la misma forma que convocará al grupo de expertos de la Comunitat para que empiecen a trabajar en su desarrollo.

En su opinión, sólo la Comunitat Valenciana, Canarias y Madrid estarán por debajo de la media a partir de la entrada en vigor del nuevo modelo, y ha denunciado que éste se aleja más que el actual de la valoración de la población, "penaliza" el crecimiento poblacional por la mayor ponderación de otros factores y no incluye los gastos sanitarios de los desplazados.

Gerardo Camps ha criticado además que se haya "aumentado a la carta" las necesidades de gasto de algunas autonomías, a través de la financiación de competencias propias, algo que la Comunitat también podría pedir, o por las mejoras tributarias, de las que los valencianos deberían recibir 200 millones de euros.

Asimismo, ha denunciado que, en la cuantía para la dependencia, 200.000 valencianos quedan fuera del sistema para la población ajustada, mientras que "desaparecen" 380.000 valencianos en la población protegidas, ya que no se aplica el mismo año base para todo el modelo.

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