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divendres 11 de febrer de 2005 | Fòrum Parlamentari Mundial
Declaració Final del 5 Fòrum Parlamentari Mundial


QUINTO FORO PARLAMENTARIO MUNDIAL

DECLARACIÓN FINAL.

Puerto Alegre, Brasil, 30 de enero de 2005.

El quinto Foro Parlamentario Mundial se reunió en Puerto Alegre (Brasil) los días 29 y 30 de enero de 2005, con ocasión del Quinto Foro Social Mundial. Al final de las sesiones, ha adoptado la declaración siguiente:

Los parlamentarios reunidos con ocasión del Quinto Foro Mundial, realizado en el marco del Quinto Foro Social Mundial de Puerto Alegre, reafirman su compromiso adoptado en los Foros de años precedentes, inspirados en la lucha por otro mundo posible. Este compromiso, se materializó en la organización de acciones concretas de la Red Parlamentaria Internacional, así el encuentro “Río + 10” de Johannesburgo, la Conferencia de la Organización Mundial de Comercio de Cancún en 2003, la declaración contra la guerra y la caravana de parlamentarios por la paz en febrero de 2003, que demuestran la importancia de una acción articulada de los parlamentarios comprometidos por un mundo justo en las diversas esferas de discusión sobre el futuro del planeta.

Red Parlamentaria Internacional

La consolidación de la Red, su implantación en polos regionales, el examen profundo de las relaciones y la adopción de una agenda común de debates y de acciones concretas, facilita la emergencia de un nuevo actor sobre la escena internacional. La participación en este ámbito, que hasta el momento era predominantemente monopolizada por los gobiernos nacionales y por las grandes empresas transnacionales, se reivindica de forma cada vez más intensa por la sociedad civil. La acción de los movimientos sociales, de las organizaciones no gubernamentales, la creación de un foro como el Foro Social Mundial y el Foro Parlamentario Mundial mismo, aportan una nueva calidad a los espacios tradicionales de debate como la ONU y los otros organismos multilaterales.

Es en este contexto en el que la intervención de los parlamentarios como legítimos representantes de la sociedad en cada uno de sus países, adquiere una nueva dimensión y constituyen un desafío: el de actuar de manera coordinada en un espacio que trasciende las fronteras nacionales. Este debate se ha profundizado con ocasión de este Quinto Foro Parlamentario Mundial, durante el que nos hemos propuesto avanzar en nuestra capacidad de acción articulada en tanto que Red.

Compromiso con la democracia

La democracia es un medio esencial de plantar cara a la crisis de la humanidad. Por todo el mundo, defendemos la democracia. El pluralismo político, las elecciones libres, las libertades sindicales y de asociación como derechos fundamentales de los pueblos y de los ciudadanos.

Los parlamentarios deben estimular y actuar en favor de la democracia participativa, con la participación directa de los ciudadanos en los diferentes ámbitos de poder político, como forma complementaria del ejercicio de la democracia representativa.

En este sentido, es fundamental que todos los espacios de poder y de decisión, en los ámbitos local, regional y mundial, estén provistos de mecanismos de participación directa de la población y de los movimientos sociales.

El combate por la paz y los derechos humanos

Comprometidos por la paz, el derecho de los pueblos a disponer de ellos mismos y la resolución pacífica de los conflictos, reafirmamos aquí el derecho de cada pueblo a su autodeterminación y denunciamos toda forma y toda tentativa de dominación militar, política o económica de un pueblo o de un Estado por otro.

En estos momentos de conflictos abiertos, como la invasión y la ocupación de Irak, del refuerzo de tomas de posición unilaterales y belicistas del actual gobierno de los Estados Unidos de América, la responsabilidad de los parlamentarios comprometidos por la paz es todavía mayor.

Reafirmamos que el respeto de los derechos humanos y de las Convenciones de Ginebra es una exigencia fundamental que no permite excepción alguna y que constituye un pilar jurídico intangible.

Los regímenes de detención y los tribunales de excepción, como aquellos a los que son sometidos los prisioneros de Guantánamo, así como la utilización de la guerra para promover la industria y los servicios privados de guerra son claramente contrarios a derecho e inaceptables para la humanidad.

Destacamos y defendemos el papel fundamental de la participación de las mujeres en el proceso de paz, tanto antes, como durante y tras los conflictos, tal y como se expresa en la Resolución de la ONU número 1.325.

La capacidad de movilización de la sociedad civil en nuestros países y de articulación de las acciones internacionales de prevención así como de reducción de los conflictos, debe ser constantemente reforzada. La efectiva construcción de una agenda internacional para la paz, se vería facilitada por la reestructuración de la Naciones Unidas así como por el fortalecimiento y la democratización de esta organización, con el fin de que pudiera ser un verdadero espacio de mediación y concertación. Estos son objetivos prioritarios para la acción de los parlamentarios de la Red.

La “guerra preventiva”, la “intervención preventiva”, conducen a la militarización de las relaciones internacionales cuyos efectos devastadores se hacen sentir en Hispanoamérica y Asia, pasando por el Oriente Medio. Esta política debe ser activamente rechazada y combatida en beneficio de una política de prevención de los conflictos y de la guerra, especialmente en cuanto concierne a Irán y Corea del Norte. Ahora bien, los Estados Unidos de América mantienen, frente y contra todo, la política de “guerra preventiva” por la que se arrogan el derecho de intervenir militarmente y unilateralmente en países extranjeros, violando el derecho internacional.

Con el pretexto de la lucha antiterrorista, los Estados Unidos no miran más que a objetivos económicos (apropiación del petróleo, el agua, la biodiversidad, etc...) y geopolíticos (refuerzo de su hegemonía), que le son propios, ello en detrimento de todos los otros países del mundo.

Ningún arma de destrucción masiva ha sido encontrada en Irak. Esto no impide que los Estados Unidos mantengan una ocupación particularmente brutal que ha causado ya la muerte de centenas de miles de iraquíes. No se puede exportar la democracia por las armas.

Exigimos la retirada inmediata de las tropas de ocupación iraquíes bajo la supervisión de las Naciones Unidas e invitamos a los gobiernos a actuar en este sentido, única solución real para permitir la reconstrucción y democratización del país.

Del mismo modo, debe ponerse fin a la carrera armamentística y a la proliferación nuclear, exigiendo especialmente la prohibición general de las armas nucleares, un tratado para reglamentar el comercio de armas ligeras, así como el respeto de la Convención de Ottawa sobre las minas antipersonales.

La guerra, como el sistema económico actual, los atentados contra el medio ambiente y las hambrunas que son consecuencia de los factores arriba citados, incrementan el número de inmigrantes a través del mundo. Es por ello indispensable, garantizar sus derechos. Demandamos insistentemente a los gobiernos que no se limiten a firmar y ratificar la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de los trabajadores inmigrantes y sus familias, sino que actúen de forma que se refuercen sus derechos.

En el ámbito regional, condenamos la militarización de Hispanoamérica. Solicitamos el desmantelamiento de las bases militares, la retirada de las tropas de los EEUU y el fin inmediato de la injerencia norteamericana en los países del continente americano.

Condenamos la agresión y la injerencia cometida con la República bolivariana de Venezuela y la violación del derecho internacional y de los principios establecidos por la Carta de las Naciones Unidas, que atentan contra su soberanía, independencia y el derecho a la autodeterminación.

El “Plan Colombia” es otro caso de injerencia inaceptable y de militarización de un país, constituye una amenaza real y concreta para la estabilidad de la región. Reclamamos una solución política negociada al conflicto social que atraviesa Colombia. La víspera de la reunión de Cartagena solicitamos insistentemente a la Unión Europea y a los países que participarán en esta reunión que no comprometan fondos de cooperación al desarrollo en apoyo a la política de guerra y de impunidad del gobierno colombiano.

Denunciamos y condenamos igualmente el bloqueo, que se endurece cada vez más, del que es víctima Cuba.

Defendemos las propuestas y medidas adoptadas por el Parlamento Centroamericano para que el proceso de integración centroamericano y el Caribe y el fortalecimiento de sus órganos, se inscriban en un pleno sistema comunitario.

Teniendo en cuenta la próxima elección del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), solicitamos que la persona elegida para este cargo, responda al perfil de una personalidad respetuosa con el derecho internacional, de la soberanía y del derecho de autodeterminación de los pueblos de América, que contribuya, en un espíritu de tolerancia y de respeto a la pluralidad, a la unidad de las naciones del continente. En este sentidos nos oponemos a la candidatura del ex Presidente de El Salvador, Francisco Flores, quien violó la Carta de la OEA al reconocer el Golpe de estado de Venezuela del 11 de abril de 2002 y por no haber respetado las resoluciones de los organismos del Sistema interamericano de derechos humanos.

En Oriente Medio, el relanzamiento del proceso de paz Israel-Palestina es esencial, así como el retorno al proceso de la “hoja de ruta”. Pero esta esperanza continúa siendo muy frágil. La responsabilidad de las fuerzas progresistas internacionales es hoy particularmente comprometida.


Desarrollo sostenible y catástrofes naturales

El modelo capitalista de “desarrollo” es destructor de los ecosistemas. Resulta necesario promover y poner en marcha, especialmente a través de los parlamentos, una cultura medioambiental como premisa fundamental para un nuevo modelo de desarrollo, articulándose de manera integrada con la economía solidaria al mismo tiempo que se refuerzan las empresas sociales. En la misma línea defendemos la creación de una Cámara internacional de comercio solidario y social.

Expresamos nuestra plena solidaridad con las víctimas del maremoto que devastó en diciembre del 2004, los países ribereños del Océano Índico. Las catástrofes pueden ser de origen natural, como el Sunami, o humano, como las inundaciones provocadas por la deforestación.

El precio pagado por la población en caso de catástrofe natural está relacionado, en gran medida, con factores sociales. Revela dramática y concretamente los déficits del modelo dominante de desarrollo, así como las desigualdades flagrantes que genera.

La dimensión medioambiental de estas tragedias evidencia con mayor claridad el carácter devastador del modelo capitalista dominante que privilegia únicamente el beneficio y la acumulación de capital.

¡A pesar de la gravedad del calentamiento climático para el futuro de la humanidad, el Protocolo de Kyoto no entrará en vigor hasta mediados del mes de febrero de 2005! Solicitamos con urgencia, de una parte la firma de este protocolo por todos los Estados y por otra, la adopción sin demoras por los gobiernos de las medidas previstas en este instrumento internacional.

Por estas razones y otras razones, la Red Parlamentaria Internacional considera necesario promover un cambio de modelo económico global. Es tiempo de avanzar en la puesta en funcionamiento de otro proyecto, que responda a los objetivos de todas y de todos y pueda contribuir al desarrollo sostenible, así como a la justicia social. Un proyecto que tiene en cuenta especialmente a los millones de campesinos y pescadores que hoy están aplastados por las políticas comerciales dominantes.

Financiación y desarrollo

La amplitud de las tragedias provocadas por las catástrofes de origen natural o humano subraya hasta qué punto es urgente orientar efectivamente las políticas económicas en función de las exigencias sociales y medioambientales y de romper, por este motivo, con el dogma neoliberal. Ello plantea vivamente la cuestión de la financiación del desarrollo.

La anulación inmediata y sin condiciones de la deuda exterior de los países más afectados por el maremoto es una verdadera deuda de solidaridad. Pero más allá de esta medida de urgencia, lo que debe ponerse en cuestión es la anulación de la deuda de los países en desarrollo y con mayor profundidad el sistema internacional de endeudamiento. Este sistema mantiene a los países del sur en una situación permanente de endeudamiento y de subordinación frente al Fondo Monetario Internacional y desvía en beneficio de los acreedores ricos, los recursos de los que las poblaciones están vitalmente necesitadas.

La tributación sobre transacciones financieras y otros impuestos mundiales (sobre la venta de armas, etc..) permitiría detraer los fondos indispensables para la puesta en práctica de políticas de erradicación de la pobreza. Estos nuevos recursos debieran suponer un plus y no reemplazar a la obligación de los países industrializados de consagrar al menos el 0.7 % de su Producto Interior Bruto al desarrollo, como fue decidido por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Otras medidas deben ser discutidas y preconizadas, de una parte la lucha contra el blanqueo de capitales, el control de la evasión fiscal y la abolición de los paraísos fiscales y de otra, las inversiones socialmente responsables.

Para combatir el hambre, las desigualdades y la pobreza, se deben adoptar decisiones concretas sin demora. Los actos deben seguir a las palabras, singularmente por parte de los países industrializados.

Reforma de las Instituciones Internacionales

Las transformaciones necesarias en el ámbito político no se pueden separar de las reformas profundas que son necesarias en el campo político.

Las instituciones multilaterales existentes han demostrado sus profundas limitaciones para prevenir los conflictos, promover la paz, reducir la pobreza en el mundo y trabajar para lograr una mayor equidad entre las naciones. Además del refuerzo de las Naciones Unidas, en oposición al unilateralismo y a las violaciones de los acuerdos internacionales, es preciso simultáneamente proceder a la democratización de estas instituciones, eliminando las desigualdades entre los países en términos de poder de decisión, especialmente en el Consejo de Seguridad y reforzando el poder de la Asamblea General.

En la perspectiva de una democratización de las instituciones internacionales, hacemos un llamamiento a la creación de una Asamblea parlamentaria mundial.

Recursos y servicios públicos

En el año 2004, la lucha por la defensa de los “recursos” y la existencia de verdaderos servicios públicos se acrecienta en el ámbito internacional. En Uruguay con ocasión del Referéndum de octubre pasado, la privatización de los servicios de abastecimiento de agua fue rechazada por una amplia mayoría de la población. Hoy en todo el mundo, se llevan a cabo comprometidas luchas al respecto.

El uso de los recursos comunes a la humanidad (agua, tierra, biodiversidad, energía...) y el acceso a los servicios públicos de calidad (sanidad, educación, transportes y comunicaciones...) debe garantizarse, también para la población de los países más pobres.

Los recursos y servicios públicos no debieran ser considerados, a este respecto, como sectores económicos sujetos a la ley del beneficio capitalista.

El agua es la expresión misma de la vida en el seno de diversas culturas, por lo que el acceso al agua debe ser reconocido como objeto de un derecho humano. De aquí que la construcción de otro mundo pase necesariamente por la concretización del derecho de acceso al agua para todos en el espacio de una generación como máximo. La privatización y la comercialización del agua conducen al mismo proceso inaceptable de privatización y comercialización de la vida, en consecuencia el agua debe ser reconocida como un recurso público mundial.

Nuestro esfuerzo por lograr más democracia y justicia social en el mundo, no puede disociarse de una mayor democratización y de un mejor acceso a los bienes simbólicos y culturales. Una mejor distribución de la riqueza y de los ingresos así como de la reducción de las desigualdades entre los países, son aspectos funmdamentales para procurar a todos el acceso a la cultura como instrumento de autoestima y de construcción de la propia indentidad. A este respecto, la cultura juega un papel fundamental ya que la valoración de la diversidad cultural es una dimensión fundamental en la lucha contra la xenofobia y el fundamentalismo. La cultura está relacionada con la identidad, con los valores, con la subjetividad. La producción cultural no puede funcionar centrándose en exclusiva sobre su dimensión comercial.

Un proyecto de Convención sobre la diversidad cultural se encuentra en la actualidad negociándose en la UNESCO. Esperamos vivamente que esta Convención sea adoptada con ocasión de la Trigésimo Tercera Conferencia de la UNESCO de septiembre de 2005. La mundialización en curso, los acuerdos de libre comercio, los acuerdos existentes sobre la propiedad intelectual y el poder de las multinacionales, especialmente en los sectores audiovisual y de edición, tienden a considerar el arte y la cultura como meras mercancías y servicios comerciales, y no como la expresión de la diversidad del mundo. La adopción de esta Convención contribuirá al reconocimiento y a la puesta en funcionamiento del derecho de las naciones a proteger y promover la cultura y el conocimiento sin exponerse a las sanciones de la Organización Mundial del Comercio. Ningún estado debe sacrificar, durante las negociaciones comerciales multilaterales o bilaterales en vigor o que tengan lugar en el futuro, el derecho a la libre expresión cultural de los pueblos.

Comercio Mundial

La próxima conferencia interministerial de la Organización Mundial del Comercio, tendrá lugar en Hongkong, en diciembre de 2005. Lo que está en juego en las negociaciones en curso, es considerable. Los sucesos de Seattle y Cancún han sacado a la luz la crisis de legitimidad del sistema internacional de comercio y el mito del “libre comercio” como única respuesta a los desafíos del desarrollo humano.

Las políticas de apertura económica sistemática no son la solución. Las políticas comerciales deben contribuir al desarrollo humano y al de los países, teniendo en cuenta los diversos niveles de desarrollo con objeto de no subordinar aún más a los países pobres, sino al contrario, favorecer su desarrollo. Manifestamos también nuestro apoyo a la defensa de la independencia y de la soberanía alimentaria de los pueblos de los países. En este sentido, saludamos la creación del G20 y del G90 (que reúnen a los países africanos) que representan un nuevo protagonismo de los países en desarrollo en la búsqueda de reglas más justas en el comercio internacional. El acuerdo general sobre el comercio de servicios (AGCS) cuestiona especialmente la posibilidad de que los estados controlen sus servicios públicos. El derecho esencial a la independencia y a la soberanía alimentaria debe también defenderse, contra las actuales reglas de la OMC que destruyen la agricultura campesina.

Confirmamos nuestro compromiso para llevar a cabo en nuestros respectivos parlamentos un debate sobre la necesidad de reorganizar el sistema comercial mundial que responda a las demandas de los movimientos sociales y de la sociedad civil en general.

Las organizaciones multilaterales como el Fondo Mundial Internacional, la Banca Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo deben también ser profundamente reestructuradas. Una transformación de forma y contenido, que permita ponerlos al servicio de la reducción de la pobreza y de las desigualdades, transformando profundamente el carácter de su acción, que se ha limitado a imponer políticas de ajuste estructural, ha conducido a desastres socio-económicos en la mayor parte de los países en los que estas organizaciones han actuado en el transcurso de estas últimas décadas.

El Foro Parlamentario Mundial apoya el desarrollo de nuevas formas de integración regional, diferentes de las que se basan en políticas neoliberales. Estas nuevas formas no deben limitarse a los aspectos comerciales, sino que deben fundamentarse sobre los principios de solidaridad y cooperación, teniendo como objetivo el desarrollo humano de todos los países. Este ideario debe incluir el desarrollo social y el respeto de los derechos sociales, la protección del medio ambiente, la defensa de la cultura y la identidad, el desarrollo de infraestructuras que faciliten la integración, la integración energética, las normas de protección de la propiedad intelectual y el establecimiento de un concierto en los foros internacionales.

En este sentido nos congratulamos por la reciente creación de la Comunidad Suramericana de las Naciones, siempre que comparta estos objetivos.

Solicitamos la inclusión en la agenda de los parlamentos nacionales concernidos y en el del Foro Social de las Américas, de la toma en consideración, el perfeccionamiento y la aprobación de la Carta Social de las Américas, promovida por el Parlamento latinoamericano y por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, que será discutido con ocasión de la próxima Asamblea de la Organización de Estados Americanos.


Consideraciones Finales

Nuestro objetivo es el de recuperar el papel central de la política en el proceso de toma de decisión de los estados y de los gobiernos. Sabiendo que en la era de la mundialización económica y financiera, el poder legislativo tiende a permanecer en un segundo plano, reafirmamos nuestro papel de representantes de nuestros pueblos y de nuestra lucha por el reconocimiento de su soberanía, el poder de los parlamentarios que los representan y el examen profundo del carácter participativo de nuestras democracias.

Con ocasión de la quinta sesión ordinaria, el Foro Parlamentario Mundial reafirma su plena solidaridad con los movimientos ciudadanos y sociales en lucha contra las políticas neoliberales, la supremacía de los mercados financieros y de las multinacionales en la economía internacional y las dinámicas de guerra. Estos movimientos se han reunido en Puerto Alegre, este mes de enero de 2005, para elaborar juntos proposiciones alternativas concretas al orden dominante. La Red Parlamentaria Internacional se comprometerá en los años 2005 y 2006, tanto en el plano mundial como en el regional, ante los movimientos ciudadanos y sociales para sostener sus movilizaciones y campañas.

Es en este contexto y en una época dónde las decisiones adquieren un carácter cada vez más y más internacional, la Red Parlamentaria Internacional asume una dimensión estratégica. La acción de los parlamentarios debe también asumir esta dimensión internacional.


Calendario de actividades para el 2005

Una sesión extraordinaria del Foro Parlamentario Mundial tendrá lugar en HongKong con motivo de la Conferencia de la Organización Mundial del Comercio, a semejanza de la que se llevó a cabo en septiembre de 2003 en Cancún.

¿Quid de la reunión fundamental para la reorganización de la ONU de 15 de septiembre de 2005 con vistas a discutir el informe Cardoso?

Sigue una lista con todas las proposiciones emitidas por escrito y que deben ser seleccionadas por acuerdo del grupo de redacción. (en cursiva en el original)

Los parlamentarios se comprometen a actuar de manera concertada con objeto de:

Conseguir que el derecho a la alimentación y el derecho de acceso al agua y a la tierra, sean reconocidos como derechos humanos universales.

Garantizar las políticas nacionales de cada estado para combatir la pobreza.

Exigir y obtener el respeto de cada país de las convenciones internacionales relativas a los derechos económicos, sociales y culturales.

Conseguir el respeto por los gobiernos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

Que los indicadores económicos y sociales de nuestros países estén en manos de organismos autónomos.

Introducir en nuestras legislaciones nacionales los principios de una educación fundada sobre los valores y los principios de respeto al medioambiente, la solidaridad, la subsidiaridad y la paz mundial.
Combatir las políticas electorales y clientelares que desvían la voluntad popular, no respetan la dignidad humana de sus supuestos beneficiarios.

Combatir las medidas discriminatorias con respecto a los trabajadores inmigrantes, con o sin papeles, tendentes a excluirles especialmente de la educación, los servicios de sanidad o las prestaciones sociales.

Los parlamentarios proponen realizar un seminario sobre el asunto de la campaña contra la pobreza.

Traducido del original en francés por el Técnico de Protocolo del Parlamento.

Pamplona, 9 de febrero de 2005

Fdo.: Tomás MENA GARCÍA


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